Solicitan urgencia a iniciativa que propone dedicación exclusiva de abogados Consejeros del Consejo de Defensa del Estado

Consejo de defensa del estadoEl diputado Pilowsky solicitó al Ministro de Justicia, Jaime Campos, que el Ejecutivo le otorgue urgencia al proyecto presentado por el parlamentario junto a los diputados Espejo y Walker en el año 2015, que establece la exclusividad de funciones para el cargo de consejero del Consejo de Defensa del Estado.

Al efecto, caber recordar que el proyecto de ley propone modificar el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, estableciendo que estos funcionarios deberán tener dedicación exclusiva, al igual que otras autoridades, y solo podrán desarrollar actividades académicas en establecimientos educacionales y universitarios, hasta por un tope de 12 horas.

En la oportunidad, el parlamentarios manifestó que los intereses del Estado deben ser defendidos con “la máxima prioridad y exclusividad”, recordando que en la actualidad, los consejeros del CDE realizan también trabajos en el ámbito privado como abogados, como miembros de agencias de lobby y también defendiendo los intereses de proveedores del Fisco de Chile. Esta situación nos parece incompatible, entendiendo que los intereses del Estado deben ser defendidos con la máxima prioridad, exclusividad y sin mantos de dudas.

Agregó enseguida el diputado que defender a la vez intereses privados y públicos requiere de un cuidado extremo. Por ello creemos que es absolutamente razonable que todos los consejeros estén al margen de cualquier posible conflicto de interés. Para una administración más transparente, el manejo de intereses privados por parte de consejeros ante los tribunales y ante organismos como la Contraloría, es una situación compleja que debe ser regulada».

En ese sentido, concluyó afirmando que jugar con la camiseta del interés público en la mañana y con la camiseta del interés privado en la tarde es, a mi juicio, una situación incompatible. Es como jugar con la camiseta de Colo Colo en la mañana y en la tarde jugar por la U.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10160-07.

Presupuesto 2017: aprobadas partidas de la Presidencia, Congreso, Poder Judicial y Contraloría

presupuestoA las 10 de la mañana comenzó en la Cámara de Diputados la votación de las partidas del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2017. El debate se extenderá durante toda esta jornada y continuará en una sesión programada para mañana desde las 10:30 horas hasta total despacho.

La votación de las partidas se está realizando en orden correlativo. Tanto las partidas como sus indicaciones están a disposición de la ciudadanía en este enlace.

En primer lugar, con 72 votos, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para la Presidencia de la República, que contempla montos totales por $19.159 millones y una variación de 2,2%.

Los principales destinos de los fondos son para gasto en personal ($7.056 millones); bienes y servicios ($7.498 millones); y apoyo a las actividades presidenciales ($4.215 millones), donde se incluyen $1.719 millones para gastos reservados.

Posteriormente, se aprobó la partida del presupuesto del Congreso Nacional, que presenta recursos totales por $118.678 millones (con una variación negativa de -0,2%), para el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Consejo Consultivo de Asignaciones Parlamentarias.

En esta partida, la Cámara aprobó, entre otras enmiendas, indicaciones que buscan congelar el monto de 2016 de los viáticos para viajes internacionales del Senado y la Cámara; y que, con miras al aumento de parlamentarios, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias elabore un informe con el monto necesario, destino, reajustabiIidad y criterios de uso de los recursos destinados a las asignaciones parlamentarias, lo que debiera servir de base para la elaboración del presupuesto del Congreso para 2018.

Según explicó el Presidente de la Cámara, diputado Osvaldo Andrade, de esta manera se pretende equilibrar los montos de las asignaciones para la Cámara y el Senado, considerando que a partir de 2018 varios distritos de diputados coincidirán territorialmente con las circunscripciones, pero los senadores actualmente poseen asignaciones más altas – dado que su territorio de representación hoy en general agrupa a varios distritos.

Poder Judicial y Contraloría

A continuación, la Cámara aprobó los recursos del Poder Judicial, que incluyen además a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la Academia Judicial, y que ascienden a $541.625 millones, con un crecimiento de 5,1%.

En el caso de la Contraloría General de la República, pese a que se aprobó la partida, se rechazaron los gastos variables, como una manera de reclamar porque no se financiará la contratación de 26 nuevos fiscalizadores, con un costo asociado de $800 millones.

Al respecto, el Directos de Presupuesto, Sergio Granados, sostuvo que, en la situación actual, todos deben contribuir a las restricciones y destacó que entre 2012 y 2016 hubo aportes importantes para la Contraloría.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10912.

Ingresó veto del gobierno reponiendo reajuste de 3,2% para el sector público

Camara-Diputados-ChileSobre la base de un acuerdo alcanzado con parlamentarios de la Nueva Mayoría, ingresaron hoy a trámite las observaciones (veto) de la Presidenta Michelle Bachelet al proyecto de reajuste del sector público, considerando la reposición del 3,2% y una nueva escala y montos para el bono de negociación.

Sobre este punto, en concreto, el nuevo artículo 49 establece la entrega de un bono especial, no imponible, que no constituirá renta para ningún efecto legal, que se pagará dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento del reajuste, de 104 mil pesos para los trabajadores con una remuneración líquida (a noviembre) igual o inferior a 550 mil pesos; de 75 mil pesos, para los que perciban entre 550 mil y 770 mil pesos; y 38 mil pesos para los que tengan remuneraciones sobre los 770 mil pesos y hasta los 920 mil pesos.

Se detalla que las remuneraciones (550 mil pesos, 770 mil pesos y 920 mil pesos) se incrementarán en 34 mil 807 pesos para el solo efecto de la determinación del monto del bono especial no imponible, respecto de los funcionarios beneficiados con la asignación de zona.

El veto también determina que las remuneraciones iguales o superiores a los cuatro millones cuatrocientos mil pesos no tendrán derecho al reajuste. La norma definía previamente un corte en las remuneraciones iguales o superiores a los cuatro millones ochocientos mil pesos.

Además, se especifica lo que se entenderá por remuneración líquida y se aclara que el Ministerio de Hacienda impartirá las instrucciones destinadas a normar las remuneraciones máximas de los contratos a honorarios de la Administración Central del Estado.

Según consta en el informe financiero, las presentes observaciones aumentan el costo fiscal del proyecto en tres mil 502 millones de pesos, costo que será ejecutado en el presente año. Con todo, el costo fiscal estimado para 2016 es de 152 mil 977 millones de pesos; en tanto que para el año 2017 es de 837 mil 737 millones de pesos. Costo total: 990 mil 715 millones de pesos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10938.

Reajuste del Sector Público: los beneficios que ya fueron aprobados por el Congreso

Funcionarios JudicialesPese al desacuerdo generado ayer en torno a algunos puntos claves del proyecto de reajuste del sector público, principalmente el porcentaje de aumento de las remuneraciones y el tope salarial para su aplicación, la iniciativa legal obtuvo igualmente la ratificación de una parte importante de sus contenidos.

En efecto, aparte de estos dos puntos, la propuesta contempla aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios del sector público; personal de las universidades y servicios traspasados; y para los trabajadores de establecimientos particulares de enseñanza subvencionados, de educación técnico-profesional, colaboradores del Sename, Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia.

Asimismo, la iniciativa contempla la entrega, en 2017, de un bono de invierno de $59.188 para los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores (Ley 16.744), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, los que se encuentren percibiendo aporte previsional solidario de vejez y a los beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez. Además, se consideran los respectivos aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para este sector.

Adicionalmente, el proyecto incluye la entrega de un bono de escolaridad y las ayudas complementarias a este beneficio; los aportes a los servicios de bienestar; el aporte a establecimientos de educación superior; la bonificación de nivelación y otras bonificaciones generales.

Pero, además de estas materias que se focalizan más bien en beneficios monetarios específicos para el sector público, la iniciativa aborda otras consideraciones que también fueron aprobadas por las dos Cámaras.

En este último contexto, se pueden mencionar una autorización para la modificación de la Planta de Personal de la Fiscalía Nacional Económica; cambios a los requisitos de ingreso y promoción de las Plantas de Profesionales y Administrativos de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño; la autorización para crear la Planta de Técnicos en la Dirección de Presupuestos; la modificación de requisitos de ingreso y promoción de la Planta de Profesionales del Consejo de Defensa del Estado; el perfeccionamiento de las leyes sobre incentivo al retiro; el otorgamiento de una asignación por desempeño en condiciones difíciles al personal asistente de la educación; y la entrega de una facultad al director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para crear un Plan Piloto de Teletrabajo, entre otros.

Escenario del reajuste

Luego que la Comisión Mixta no llegara a acuerdo, se procedió a notificar a la Presidenta de la República. La Mandataria podía hacer uso de la facultad constitucional de solicitar a la Cámara de Diputados que considerara nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por el Senado.

Este procedimiento, conocido como «insistencia» fue descartado por la Mandataria, según comunicó esta mañana, por lo que el proyecto fue remitido para su promulgación, constando en él solo aquellas materias en que no hubo discrepancias entre ambas Corporaciones.

Respecto de los puntos no aprobados por el Parlamento, la Presidenta Michelle Bachelet puede apelar a su derecho constitucional (artículo 73) de devolver el proyecto a la Cámara de origen con observaciones (veto), dentro del término de treinta días.

Para este último evento, la Constitución establece dos escenarios posibles:

1. Si las dos Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.

2. Si las dos Cámaras desechan todas o algunas de las observaciones e insisten por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.

Cabe mencionar que el veto puede tener tres características:

  1. Supresivo: elimina normas o partes de ellas.
  2. Aditivo: agrega una materia no considerada en el proyecto aprobado, pero que esté incluido dentro de sus ideas matrices o fundamentales.
  3. Restitutivo: reincorpora alguna materia considerada originalmente, pero que no logró la aprobación del Congreso Nacional.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10938.

Traspaso de competencias: rechazan proyecto con miras a una Comisión Mixta

Mapa-Chile-regiones-v2Pese a que en sesión anterior se había acordado avanzar en los puntos en los que existía coincidencia, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización rechazó el proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización, en tercer trámite constitucional, y acordaron recomendar a la Sala que se vote en contra todo el cuerpo legal, «para que el texto pueda ser perfeccionado en una Comisión Mixta. Ello, con el fin de entregar herramientas al nuevo gobernador regional, con sus respectivas transferencias de competencias», precisaron.

La decisión se adoptó, luego de que los integrantes de la instancia parlamentaria recibieran de parte de la Secretaría General de la Presidencia una pauta con los principales puntos del proyecto, lo que a juicio de la senadora Ena Von Baer, presidenta de la Comisión, «no mejora en nada lo que ya tenemos y no considera atribución real alguna».

«No estoy dispuesta a aprobar este proyecto como está, no puedo elegir gobernadores de papel, no hay traspaso de competencias, cosa que se pidió transversalmente en la Sala, pero la minuta deja claro que no hay ánimo de cambiar», agregó.

Cabe recordar que en la última reunión, antes de la semana regional, el senador Andrés Zaldívar había propuesta esta fórmula, pero no se había alcanzado acuerdo para concertar la medida. Revise nota relacionada.

Al respecto, el senador Jorge Pizarro detalló que «el tema que nos interesa es el traspaso de atribuciones para los gobiernos regionales, en materia de descentralización y lo que acordamos ahora es lo mismo que habíamos pedido hace 15 días atrás, y que la derecha no quiso, es rechazar el proyecto en su totalidad, de manera de ir de inmediato, con los diputados, a una Comisión Mixta y fijar ahí las bases del acuerdo con el gobierno para tener un traspaso efectivo. Espero que esté operativo para las próximas elecciones, algunos no quieren, pero nosotros lo estamos impulsando fuertemente».

En tanto, el senador Espina reiteró que «el proyecto hoy día es muy malo y es un engaño a la ciudadanía que cree que va a elegir al nuevo intendente y eso no es verdad, el nuevo intendente se va a llamar delegado presidencial y seguirá dependiendo del presidente».

Durante la sesión, además, los legisladores adoptaron el acuerdo de oficiar para que los consejeros regionales puedan tener un acceso más expedito a las dependencias del Senado, «ya que han manifestado que es restrictivo», precisó el senador Espina.

Asimismo, se solicitó que el Ejecutivo abordara prontamente las inhabilidades de los consejeros, para que puedan postular a cargos parlamentarios, para lo que los legisladores destacaron que se debe propiciar la competencia del sector.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 7963-06.

Comisión de Constitución despacha proyecto sobre elección de gobernadores regionales

Mapa-Chile-regiones-v2En una extensa discusión, la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de reforma constitucional que establece la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (que corresponde a los boletines refundidos 9834, 10.330, 10.422 y 10.443).

La instancia aprobó con modificaciones el texto remitido por el Senado que establece la elección del gobernador regional, exintendente, cuya función será la administración superior de la región, en conjunto con el Consejo Regional (cores) y cuyo objeto será el desarrollo social, cultural y económico de la región.

Los cambios aprobados por la comisión corresponden a:

  1. Se modifica la denominación «delegado presidencial regional» -representante del Presidente de la República- por Secretario regional. Igualmente en el caso de la provincia pasa a denominarse Secretario provincial. Estos personeros tendrán por función la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un ministerio.
  2. Los secretarios regionales y provinciales no tendrán fuero, a diferencia de los gobernadores regionales. Estos últimos, además, podrán ser acusados constitucionalmente, durante el ejercicio de sus funciones y hasta seis meses después de la expiración en sus cargos.
  3. Se elimina la obligación establecida en el Senado sobre la transferencia de competencias de los ministerios o servicios públicos a los gobiernos regionales, manteniendo la actual norma constitucional que señala que el Presidente de la República «puede transferir» dichas competencias en carácter temporal o definitivo.
  4. Se establece que el ejercicio de las facultades de fiscalización, especialmente frente al gobernador regional, recaerá en el Consejo Regional y no en cada uno de los Cores.
  5. Finalmente, se aprobó la propuesta del Ejecutivo respecto a la norma transitoria aprobada en el Senado, respecto del itinerario de tramitación y entrada en vigencia de la presente reforma, de modo que se permitirá la tramitación en paralelo de la ley sobre transferencia de competencias y la Ley orgánica constitucional que regule la presente reforma.

(Fuente: Diputados)

Por mayoría: despachan a Sala articulado para la elección del gobernador regional

SENADOLa Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, despachó por mayoría el articulado del proyecto, en primer trámite constitucional, que permite la elección de gobernadores regionales, por votación popular.

Durante la primera sesión de la instancia parlamentaria se aprobó lo que los legisladores denominaron «el corazón de la propuesta”, constituida por la indicación del Ejecutivo para el artículo 111 que en su inciso primero establece que La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región”.

Esto fue respaldado por 3 votos a favor de los senadores Andrés Zaldívar, Rabindranath Quinteros y Carlos Bianchi y 2 abstenciones de la presidenta de la Comisión senadora Ena Von Baer y del senador Alberto Espina.

Al término del debate, junto con agradecer el apoyo, el Ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, adelantó que el Ejecutivo le pondrá discusión inmediata a la norma, para que pueda ser tramitada por la Sala del Senado la próxima semana.

Cabe precisar que a solicitud de la senadora Von Baer se sometió a votación el artículo 111, inciso por inciso, con lo que –a su juicio- “da claridad de lo que estamos respaldando y en lo que no estamos de acuerdo», al referirse a lo que calificó como un débil traspaso de competencias «(…) lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo transversal con el Ejecutivo, por la importancia que tiene este proyecto. Perdimos una oportunidad”, sentenció.

Otro de los puntos centrales despejados fue la fórmula para la elección que fija un piso de 40% de los votos para ser electo gobernador regional, lo que contó con 3 votos a favor, 1 abstención y el voto en contra de la senadora Von Baer quien manifestó que “yo estoy de acuerdo con la simple mayoría, no me gusta el 40% y como no llegamos a acuerdo con el gobierno, voto en contra”.

Asimismo, el Ministro Eyzaguirre, a solicitud del senador Bianchi se comprometió a darle urgencia al proyecto referido a la transferencia de competencias, que es parte de los puntos que solicitaba un sector de la Comisión para llegar a Sala con un acuerdo transversal, pero se reiteró que son proyectos diferentes. Lea nota relacionada.

“Nos apremia hacer efectiva esta elección, aprobar este proyecto, porque en paralelo está avanzando el tema de las competencias y podría decir que para este proyecto esperamos conversar y flexibilizar, pero en la elección es donde estamos muy apretados de tiempo”, sentenció el Secretario de Estado.

GOBERNADOR REGIONAL

Los legisladores argumentaron la votación de cada inciso del artículo 111 que prosigue:

“El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional.

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, a un cuarenta por ciento más uno de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente”.

DESCENTRALIZACIÓN

El senador Alberto Espina reiteró que “el país necesita descentralizarse a la brevedad y tienen 4 elementos básicos: elección popular de intendentes; facultades y competencias para una verdadera priorización para la región; financiamiento; y fiscalización del uso de los recursos (…); sin embargo, aquí realmente no estamos eligiendo una autoridad que tenga todo sus sentido en su región”.

«La diferencia de fondo –agregó- se nos produce con la forma en que esta está planteado, donde no se transfieren realmente las atribuciones”,

A su turno, el senador Bianchi indicó que “no queremos gobiernos de papel, pero sí necesitamos regionalización, manteniendo el Estadio unitario” y apeló a la «confianza» para aprobar la norma y permitir que pase a Sala con el informe favorable de la Comisión.

En tanto, el senador Quinteros recordó que “un intendente designado tiene atribuciones, hoy suman 23 y en esta reforma se aumentan a 49 nuevas y paulatinamente se van a ir agregando otras. Todos entendemos que una reforma trascendental como ésta, requiere de gradualidad”.

Para el senador Zaldívar “tenemos que determinar si queremos elegir o no a la autoridad regional. (…) Efectivamente estaba a favor de una mayoría absoluta, pero se ha escuchado a todos y quiero dejar en claro que hemos logrado eficacia legislativa, no estamos legislando en forma improvisada”.

YA NO EXISTIRÁ INTENDENTE

Por su parte, la senadora Von Baer fue enfática al manifestar que “aquí no estamos eligiendo al intendente, este desaparece. Hoy tiene tareas importantes como la coordinación de los seremis, que ya no estarán a su cargo. El intendente supervisa a los servicios públicos, pero con esta nueva figura no dependerán de él sino que del Delegado Presidencial; lo único que les quedará es el 10% del presupuesto regional”.

En la misma línea la legisladora y el senador Espina recordaron que le solicitaron al Gobierno el establecer servicios públicos regionales, “nos preocupa porque el Gobernador electo siempre necesitará a un servicio público, pero este estará centralizado, por lo que se podrían producir problemas d gobernabilidad”.

“Buscábamos llegar a un acuerdo con atribuciones autónomas desde el día en que asuman, pero hoy no existe claridad”, recalcaron.

INDICACIONES

Durante la sesión de la tarde, la Comisión abordó las indicaciones presentadas por los senadores y el Ejecutivo, varias de ellas fueron rechazadas, entre otras mantener el nombre de “intendente”; mientras que algunos perfeccionamientos fueron retirados por sus propios autores.

Además, se rechazó la indicación 41 propuesta por la Presidenta de la República, en la que se señala que: “Toda transferencia de competencias a las municipalidades deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo.”

No obstante, a juicio de los senadores Quinteros y Zaldívar “da mayor certeza de la procedencia de los recursos y resguarda aún más los intereses municipales”; posición adversa manifestaron los senadores Von Baer, Espina y Bianchi, éste último manifestó que su voto en contra es para que en Sala se pueda analizar con mayor precisión y que no exista duda de “esta transferencia de recursos, porque este ha sido el eterno problema de las administraciones municipales: traspasos sin los dineros. Debe haber un debate profundo en la Sala sobre esta indicación”, sentenció.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9834-06.

Contraloría planteó la necesidad de revisar aportes estatales en establecimientos de educación superior públicos y privados

Contraloría General de la Republica“Nosotros como Contraloría estamos convencidos de que donde está la plata pública tiene que estar la revisión y tiene que estar la Rendición de Cuentas, independientemente de la forma jurídica”. Con estas palabras, el Contralor General, Jorge Bermúdez, abordó la situación del financiamiento fiscal a la Educación Superior en seminario sobre la materia, realizado el jueves 22 de septiembre, en la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

La actividad contempló las ponencias de especialistas en los temas vinculados al aporte estatal en materia de educación y fue organizado por el Observatorio de Educación Superior, de las universidades del Estado de Chile (OBESUP).

El Contralor mencionó que todas las instituciones de educación que reciben recursos del Estado deben responder de la misma manera por la utilización de esos montos y planteó que el norte de la Institución que lidera durante los próximos años será velar por el cuidado y buen uso de los recursos públicos.

Esta obligación –explicó– está definida en el artículo N° 85 de la Ley Orgánica de la CGR, lo que implica que “debemos preocuparnos de ver adónde van esos recursos” y aseguró tener una mirada crítica respecto al proyecto de reforma a la Educación Superior, porque “lejos de establecer controles sobre los recursos lo que hace es quitarlos”.

A modo de ejemplo, señaló que en 2015 el financiamiento fiscal a la educación superior fue de 2.300 millones de dólares; y este año, de 2.500 millones de dólares. Asimismo, gran parte de esos dineros -indicó- va a instituciones de educación privada, las que de acuerdo a la normativa vigente no están obligadas a cumplir con las mismas revisiones que las estatales. “¿Puede ser que esa plata no tenga ningún control? ¿Puede ser que se entregue como una especie de cheque en blanco? Evidentemente, la respuesta no puede ser sino negativa”, enfatizó.

Su intervención fue la antesala de la presentación detallada del Informe Fiscal de Financiamiento a la Educación Superior 2015, elaborado por la CGR, que estuvo a cargo del jefe del Área Análisis Contable Empresas Públicas y Universidades de la División de Análisis Contable de la CGR, Nicolás Espinoza.

El programa del encuentro contempló también la ponencia del Rector de la USACH Juan Manuel Zolezzi, quien planteó que la Reforma a la Educación Superior que se encuentra en el Parlamento legitima y profundiza un modelo privado, “donde el Estado está al servicio de los intereses particulares y desconoce su responsabilidad con la educación pública”. Añadió que no es partidario que se retire el proyecto sino que es preciso hacer “un salvataje que rescate su espíritu original”, afirmó.

Manifestó, entre otros temas, que como institución no se opone a la Rendición de Cuentas, pero insistió en que su interés es que esa condición se aplique a todas las entidades educacionales que reciben recursos públicos. También se manifestó contrario a la sobrerregulación que puede “ahogar a las universidades del Estado si no hacemos el ensamble necesario para que esto funcione correctamente”.

El encuentro contó con la participación del Director Ejecutivo de OBESUP, Tito Flores; el académico de la Universidad de Tarapacá e investigador asociado OBESUP, Enrique Fernández; y la investigadora CIAE de la Universidad de Chile, Académica de la Universidad de Valparaíso e investigadora asociada OBESUP, Carolina Guzmán.

(Fuente: Contraloría)

Moción establece que gastos reservados se declaren en forma detallada y con documentación de respaldo

presupuestoLa moción de los senadores Araya, Biachi, Guillier, Pérez y Prokurica, expone que la Ley N° 19.863, que establece la normativa sobre gastos reservados, dicta que se entenderán como tales «los egresos de los ministerios y las entidades establecidas en esta ley puedan realizar, para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto».

Observa luego que en la actualidad, la normativa establece que en La Ley de Presupuestos del Sector Público es donde se fijarán anualmente las sumas a las que ascenderán los gastos reservados para los siguientes ministerios y entidades: Presidencia de la República; Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores; Dirección de Fronteras y Límites del Estado; Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra (actual Subsecretaría de Fuerzas Armadas); Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada); Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones; Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (actual Agencia Nacional de Inteligencia).

Enseguida, los autores de la iniciativa recuerdan que los aludidos gastos reservados se rinden hoy día, de forma anual genérica y secreta, directamente ante el Contralor, si bien considera el contenido fundamental de dicho gasto y se acompaña por una declaración jurada, hoy día no es posible realizar examen de una cuenta rendida con información agregada.

Por el motivo antes expuesto, y con el objeto de dar mayor transparencia y cautela del tesoro y gasto público, el proyecto de ley propone modificar la citada Ley Nº 19.863, estableciendo la obligación de rendir los gastos reservados ante el Contralor General, de forma detallada y con la documentación de respaldo y manteniendo forma reservada y secreta.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Hacienda del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10822-05.

Avanza proyecto que elimina prohibición para que personas con discapacidad sean jueces y notarios

discapacitadoAvanzando en la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, la Cámara de Diputados aprobó, con un respaldo de 105 votosun proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales, eliminando la prohibición de que personas ciegas, sordas o mudas puedan ser jueces o notarios.

El proyecto se originó en una moción de los senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Alberto Espina y Felipe Harboe, que busca eliminar de la legislación relativa al Poder Judicial una norma que va en contra de los principios de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, permitiendo la plena inclusión de de las personas.

Una moción similar habían presentado los diputados Osvaldo Andrade, Jaime Bellolio, Fuad Chahin, Sergio Espejo, Jaime Pilowsky, Ricardo Rincón, René Saffirio, Leonardo Soto, Renzo Trisotti y Matías Walker. El proyecto fue aprobado en la Cámara y se encuentra en trámite en el Senado.

No obstante, ante la imposibilidad de unir ambos proyectos, puesto que tienen origen en cámaras diferentes, la Comisión de Constitución decidió respaldar la propuesta del Senado, priorizando de esta forma la aprobación de esta materia, relevante para garantizar la plena inclusión de personas con discapacidad.

El texto debe ser revisado nuevamente por el Senado, luego que la Cámara cambiara en el título del proyecto la frase «personas con capacidades especiales» por «personas en situación de discapacidad».

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9372.

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