Corte Suprema rechaza recurso de unificación y confirma tutela laboral de funcionaria municipal

La Cuarta Sala del máximo tribunal estableció que en sede de unificación de jurisprudencia, carece de efectividad práctica lo resuelto en la especie por el Tribunal Constitucional. [Read more…]

A ley proyecto que protege humedales urbanos

En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República quedó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de proteger los humedales urbanos, ello luego que la Sala de la Cámara de Diputados respaldara el informe de la comisión mixta que buscó superar las diferencias con el Senado en torno al tema.

Las diferencias que fueron abordadas en el informe de la comisión mixta, ratificado por 134 votos a favor y dos abstenciones, considera principalmente cuatro temas:

1. El plazo en que comenzará a regir la facultad de los municipios para denegar permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial o de construcción, en los terrenos en que se encuentren emplazados humedales urbanos reconocidos; y el procedimiento a seguir en la materia.
2. Las situaciones que son calificables como afectación de impacto ambiental y que pueden ser consideradas en este marco legal.
3. La consideración de los humedales urbanos en los instrumentos territoriales.
4. El plazo que tendrá el Ejecutivo para dictar el reglamento.

El texto aprobado define, en primer lugar, el objeto de la ley, cual es proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio de Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo.

Se entenderá por humedales urbanos todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano.

En el caso de que la solicitud sea efectuada por el municipio, el Ministerio del Medioambiente deberá pronunciarse dentro del plazo de seis meses.

Un reglamento expedido por el citado Ministerio, suscrito también por el Ministro de Obras Públicas, definirá los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo.

El proyecto también establece que las municipalidades deberán establecer, en una ordenanza general, los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos ubicados dentro de los límites de su comuna, para lo que utilizarán los lineamientos establecidos en el reglamento recién indicado.

La iniciativa, asimismo, establece que, desde la presentación de la petición de reconocimiento de la calidad de humedal urbano y hasta el pronunciamiento del Ministerio del Medioambiente, la municipalidad respectiva podrá postergar la entrega de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en que se encuentren emplazados.

Para las citadas situaciones, la propuesta plantea los procedimientos y plazos a cumplir, incluyendo en esto la opción de reclamación ante las resoluciones que emita sobre la materia el Ministerio de Medioambiente.

Consulte boletín 11256.

Fuente: Cámara.

Corte Suprema acoge excepción de pago de impuestos municipales de sociedad agrícola

La Corte Suprema acogió excepción de nulidad de la obligación de pago de impuestos municipales de sociedad agrícola que tiene casa matriz en la comuna de Lo Barnechea.

La Primera Sala del máximo tribunal  estableció que no corresponde el pago ejecutado por la Municipalidad de Lo Barnechea.

El fallo sostiene que los antecedentes reseñados permiten establecer que la actividad ejercida por la ejecutada es la cría de ganado y equino. A su vez, no resultó acreditado en autos que en tales labores medie algún proceso de elaboración de productos, ni que los artículos que obtiene de su ocupación se vendan directamente por ella en locales, puestos, kioskos o en cualquiera otra forma que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general. Tampoco se demostró que la ejecutada desarrolle alguna actividad de inversión a que alude su nombre social.

La resolución agrega que resulta evidente que la actividad económica que lleva a cabo la demandada debe ser encuadrada dentro de aquellas definidas como primarias o extractivas en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 484, en cuanto corresponde a una labor ganadera que consiste, en específico, en la crianza y engorda de animales.

Habiéndose acreditado que la ejecutada desarrolla una actividad primaria o extractiva y no existiendo elementos de juicio en autos que corroboren que en su ejercicio medie algún proceso de elaboración de productos, ni que vende los artículos que obtiene de su ocupación directamente al público o a cualquier comprador en general, forzoso es concluir que la ejecutada no se encuentra sujeta a la contribución de patente municipal contemplada en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, pues no se reúnen a su respecto los requisitos que, copulativamente, exige el legislador para su procedencia.

Asentado lo anterior, la Corte señala que corresponde dejar establecido que la causal de oposición de la excepción del número 14 del artículo 464 se refiere a la existencia o validez del acto o contrato que da origen a la obligación cuyo cumplimiento o pago se pretende en el juicio ejecutivo. Es decir, cuestiones relativas a los elementos y exigencias que determinan el nacimiento o legitimidad de la obligación. En ese entendido aparece de manifiesto que, tal como lo sostuvo la ejecutada al oponer la excepción en examen, la obligación que se cobra en autos carece de causa, esto es, está privada de motivación o antecedente que justifique su cobro por la Administración, en este caso, por la Municipalidad de Lo Barnechea, desde que no se demostró que la demandada se encuentre sujeta al pago del impuesto en cuestión.

Finalmente concluye que si bien Inversiones Ongolmo de la Florida Limitada ejerce una actividad primaria, no concurren, copulativamente, las exigencias contempladas en el artículo 23 de la citada ley y que la harían sujeto pasivo del impuesto materia de autos, de manera tal que falta a la obligación de cuyo cobro se trata la razón que justifica su existencia, esto es, el motivo que ha inducido a su nacimiento, conclusión de la que se sigue que la mentada obligación está afectada por un vicio que dice relación con su existencia o validez y, por consiguiente, que la excepción en análisis debe ser acogida, pues semejante defecto acarrea necesariamente su nulidad, en los términos previstos en el artículo 1682 del Código Civil.

Juzgado Civil de Santiago condena a Municipalidad de Melipilla por muerte de mujer en paradero de buses

El Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó a la municipalidad de Melipilla a pagar una indemnización total de $ 265.000.000 al cónyuge, hijos y hermana de una mujer que murió por las lesiones provocadas por la caída de un paradero de buses.
La sentencia sostiene que cabe dejar asentado que correspondiéndole hacerlo, la demandada Ilustre Municipalidad de Melipilla, no probó haber cumplido con su deber de mantener en buen estado los paraderos de locomoción colectiva o al menos haber señalizado su mal estado, obligaciones que le imponen los artículos 5 letra c), 26 letras c) y d) y 152 de la ley N° 18.695, lo que queda corroborado con el oficio remitido por el propio Director de Obras Municipales al Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Melipilla.
Agrega que más aún de los artículos 14 y 18 del DFL 850, se deja meridianamente claro que la responsabilidad de la Dirección General de Obras Públicas como de la Dirección de Vialidad es exclusivamente respecto a las fajas camineras, carpetas de rodado y demás obras de defensa caminera, tales como vallas, señales de tránsito, indicaciones de desvíos o empalmes con otras rutas, correspondiéndole, por tanto, al Ministerio de Obras Públicas, la obligación de dirigir, coordinar y fiscalizar que le encomienda la Ley, agregando su artículo 18 que «Sin perjuicio de las facultades de la Dirección, ésta se coordinará con las municipalidades respectivas y los propietarios colindantes, para los efectos del cuidado y mantención de la faja y su vegetación.
De todo lo cual se colige, añade, que en lo que dice relación con la instalación de paraderos de movilización colectiva, esta es efectuada por la Municipalidad respectiva, con la autorización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y su mantención y cuidado es responsabilidad del organismo que los instala, correspondiéndole a la Dirección de Vialidad solamente la función de tuición y fiscalización dentro de la cual no está considerada la labor de conservación y mantenimiento del paradero en cuestión.
Además, se considera que a mayor abundamiento, cabe tener presente que dentro de las atribuciones de una municipalidad, se encuentra la de aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna. Y para ello cuentan con la facultad de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público.
Que en ese contexto, nace adicionalmente la obligación de señalizar toda calle, camino u otro lugar destinado al tránsito, entendido como el desplazamiento de peatones, animales o vehículos por vías de uso público.
Adicionalmente, el artículo 169 de la ley de tránsito N° 18.290, establece la responsabilidad de las municipalidades por los daños que se causen con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización, no siendo admisible, de esta manera, la alegación de la entidad edilicia en orden a señalar que no resulta exigible para la Municipalidad la advertencia del caso, toda vez que admitirlo implicaría que la ciudad estuviese llena de letreros avisando los más mínimos desperfectos inherentes a calles y aceras y posibles caídas de cubiertas de paraderos de buses.

Corte Suprema rechaza recurso de protección en contra de municipalidad por dictar ordenanza que determinó zonas libres de humo en sus parques y plazas

La Corte Suprema acogió el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de las Condes y en consecuencia, rechazó el recurso de protección entablado por don J.H.L, en contra de la Municipalidad por la dictación de una Ordenanza Ordenanza Municipal que Determina Áreas o Zonas Libres de Humo en Parques y Plazas de la comuna.

El fallo descartó el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, explicando que ninguna libertad individual se desplega de manera absoluta, pues en este caso el acto de fumar encuentra sus limites en la afectación y protección de los derechos constitucionales de otros, especificamente de la vida, salud, y un medio ambiente libre de contaminación, los cuales se pueden ver afectado por fumar en determinados recintos.

Asimismo señala que las razones del municipio expresan que el ejercicio de las facultades relacionadas con la administración de los bienes nacionales de uso público que se emplazan en el territorio municipal, en virtud de la cual se proponen medidas tendientes al resguardo de la conservación del medio ambiente y salud de la comunidad local.

En razón de lo anterior La Corte razona que aunque los actos de fumar, beber alcohol, no realizar actividad física o no alimentarse adecuadamente, todo lo que implique la afectación a su integridad física, tal espacio de decisión no puede transformarse en ocasión de afectar los derechos de otros y, en el evento en que ello pudiere ocurrir, es deber del Estado o de los organismos de administración local poner los límites del caso. Por lo tanto no es posible constituir un derecho a fumar, sino una facultad individual para hacerlo, respetando la libertades y derechos de otros. De este modo, Tal distinción entre la prerrogativa de fumar y el derecho de las personas a gozar de la protección de su salud y de su vida adquiere relevancia, pues define los contornos de la pretensión del recurrente. Consulte fallo analizado en Microjuris.

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – IGUALDAD ANTE LA LEY – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – SALUD – ORDENANZA MUNICIPAL – TABACOS – PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Partes: Jocelyn-Holt c/ Ilustre Municipalidad de Las Condes s/ Tabaco – Espacios públicos
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Fecha: 25-sep-2019
Cita: ROL:18721-19, MJJ288669
Producto: Municipalidades – MJ

A través de la ordenanza impugnada, el municipio ha sido estricto en limitar racionalmente el espacio de autonomía constituido por la libertad a fumar; esto es, no se ha impedido fumar en términos generales, sino únicamente en ciertos lugares cuya cabida no permite asegurar que otras personas no se vean expuestas a la afectación de sus derechos. Así, en el ejercicio de la facultad de administración de los bienes nacionales de uso público, el ente edilicio ha buscado proteger derechos garantizados constitucionalmente, a través de una limitación razonable de libertades.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la municipalidad y rechazar el recurso de protección deducido en su contra por la actuación consistente en la dictación de una Ordenanza Municipal que Determina Áreas o Zonas Libres de Humo en Parques y Plazas de la comuna. Al respecto, no se acreditó la existencia, por parte de la recurrida, de un acto arbitrario o ilegal, pues el acto de fumar es parte del ejercicio de una libertad, esto es, un espacio de autonomía y libre desarrollo de cada sujeto, para ejecutar un acto que, resultando un hecho público y notorio que causa efectos nocivos para la salud, se enmarca en un ámbito de libre decisión, aun cuando ésta pueda tener efectos negativos para quien la adopta. Sin embargo, ninguna libertad individual puede desplegarse de manera absoluta, puesto que su extensión necesariamente encuentra límites que, en lo concerniente al presente recurso, dicen relación con la afectación y protección de los derechos constitucionales de otros, específicamente la vida, salud y un medio ambiente libre de contaminación, los cuales pueden verse afectados por el ejercicio irrestricto de ciertas libertades, a modo ejemplar, fumar en determinados recintos. De este modo, a través del cuerpo normativo impugnado, el municipio ha sido estricto en limitar racionalmente el espacio de autonomía constituido por la libertad a fumar; esto es, no se ha impedido fumar en términos generales, sino únicamente en ciertos lugares cuya cabida no permite asegurar que otras personas no se vean expuestas a la afectación de sus derechos. Así, en el ejercicio de la facultad de administración de los bienes nacionales de uso público, el ente edilicio ha buscado proteger derechos garantizados constitucionalmente, a través de una limitación razonable de libertades.

2.- En aquello que respecta al acto de fumar, se afirma que, en la medida en que importa para las personas una actividad autónoma no penalizada, existe libertad para hacerlo, aunque suponga arriesgar la propia salud; sin embargo, no existe un derecho de exigir compulsivamente su ejercicio ante la posibilidad de poner en peligro la salud de los no fumadores. Ahí radica la diferencia sustancial de esta prerrogativa respecto de los auténticos derechos, puesto que si bien las personas son libres – por ejemplo – de beber alcohol, no realizar actividad física o no alimentarse adecuadamente, todo lo cual también podría afectar su integridad física, tal espacio de decisión no puede transformarse en ocasión de afectar los derechos de otros y, en el evento en que ello pudiere ocurrir, es deber del Estado o de los organismos de administración local poner los límites del caso.

3.- No es posible construir un «derecho a fumar» en aquellos espacios donde está expresamente permitido, sino únicamente una facultad individual para hacerlo, respetando siempre las libertades, derechos de otros y la normativa que válidamente dispongan las autoridades respectivas. En este contexto, la consecuencia jurídica de encontrarse frente a un espacio de autonomía individual y no a un derecho, dice relación con que su restricción o limitación no necesariamente debe tener fuente legal, como sí ocurre al momento de regular el ejercicio de derechos constitucionales; en consecuencia, este tipo de facultades o prerrogativas, admiten reglamentaciones materializadas en normas de rango inferior. De este modo, Tal distinción entre la prerrogativa de fumar y el derecho de las personas a gozar de la protección de su salud y de su vida adquiere relevancia, pues define los contornos de la pretensión del recurrente.

4.- Las razones expresadas por el municipio en la ordenanza misma y que llevaron a su dictación, no expresan sino el ejercicio de las facultades relacionadas con la administración de los bienes nacionales de uso público que se emplazan en el territorio municipal, en virtud de la cual se proponen medidas tendientes al resguardo de la conservación del medio ambiente y salud de la comunidad local. Lo confirma, el hecho que el cuerpo de la Ordenanza no establece una prohibición en términos generales, sino que la regula únicamente para plazas y parques bajo cierta cabida, contemplando también la realización de campañas educativas sobre el particular.

5.- No es posible apreciar que la Municipalidad recurrida hubiere incurrido en una ilegalidad o arbitrariedad que signifique, para el recurrente o terceros, la conculcación de derechos fundamentales. Por el contrario, la Ordenanza busca precisamente que los bienes nacionales de uso público puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por todos los habitantes de la comunidad local, de manera que los no fumadores puedan libremente asistir a parques y plazas, sin que se vean impedidos de ello por la posibilidad de amenaza a su salud o a su derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Por tal razón, tampoco es posible afirmar que se rompa la estructura de estado unitario de nuestro país, por la vía de establecerse prohibiciones distintas a las consignadas en la Ley Nº19.419 , puesto que la recurrida únicamente se ha limitado a la determinación precisa de aquellos lugares abiertos donde, en la comuna, es posible ejercer la libertad de fumar, sin restringirla de la manera absoluta y sin establecer discriminaciones arbitrarias entre sus habitantes. A mayor abundamiento, constituye una adecuada realización de los principios contenidos en el artículo 3º de la Constitución.

6.- En aquello que concierne al derecho de propiedad, un cigarrillo constituye un bien de consumo, sin embargo, su uso, goce y disposición debe ajustarse a la normativa vigente y a la función social del dominio (artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República), más aún cuando su adquisición se realiza a sabiendas de las regulaciones que lo afectan y que dicen relación con la protección de los derechos constitucionales de terceros.

7.- No se observa que la Ordenanza incurra en una infracción del derecho constitucional al debido proceso, al momento de establecer que existe una amplitud de prueba para la acreditación de los hechos infraccionales y que dichas probanzas serán analizadas conforme a las reglas de la sana crítica, por cuanto tales disposiciones no son sino la forma de concretar aquello que ya dispone la Ley que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

8.- El recurso de protección es la vía adecuada para revisar normativa municipal, cuando ésta refiere a materias o establece medidas susceptibles de afectar los derechos de terceros, ello sin perjuicio de que existan diferentes acciones encaminadas a analizar la legalidad de esas normativas. Por tal causa, no hay razón que impida, en instancia de protección, pronunciarse por parte de los sentenciadores sobre una ordenanza municipal, a fin de examinar si puede considerarse alguno de sus preceptos como un acto ilegal o arbitrario que afecte alguno de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución.

Consulte texto completo de la sentencia.

 

Hacienda respaldó ley de cuotas de género para elecciones municipales y regionales

Cerca de mil 900 millones de pesos se destinarían para financiar la implementación de una ley de cuotas de género para las elecciones de cuerpos colegiados a nivel municipal y regional. Así lo establece el informe financiero del proyecto (boletín 11994) que pretende generar este cambio y que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Hacienda.

Los recursos, que provienen del Tesoro Público, se destinarán, principalmente, a financiar una bonificación de 0,01 UF por voto que obtengan todas las candidatas que postulen a los concejos comunales, alcaldías, gobiernos regionales y consejos regionales.

“Si bien la cuota se dispuso para los órganos plurinominales (consejos regionales y concejos municipales), el aporte financiero del Estado por voto a las candidatas se estimó que se otorgase a todas las candidaturas en elecciones municipales y regionales”, explicó el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

El secretario de Estado detalló en la Comisión de Hacienda que, sin perjuicio de que no haya una cuota, les «parece que es bueno entregar un incentivo, un estimulo a las candidatas que postulan a esos cargos y, además, así se evita una discriminación que sería odiosa al financiar ciertos cargos y otros no”.

Recursos comprometidos

La estimación de los recursos se hizo considerando datos de las elecciones municipales de 2016 y de consejos regionales de 2017. Para estimar el gasto que implicaría la nueva elección de gobierno regional, se realizó un cálculo considerando los resultados de las elecciones parlamentarias de 2017.

Con estos datos, se estimó que, para financiar la bonificación de los votos, se destinarían cerca de mil 500 millones de pesos, de los cuales dos tercios se utilizarán en las próximas municipales y el tercio restante en las de consejeros regionales de 2021.

La diputada Marcela Hernando (PR), promotora de este proyecto, valoró su aprobación en la instancia y la celeridad otorgada por el Gobierno a su tramitación legislativa. “Eso da cuenta de la transversalidad de los apoyos y esperamos ahora que el ministro Blumel le ponga urgencia para que sea visto luego en la Sala”, señaló.

La suma de estos nuevos recursos significaría un aumento de un 5,9% del presupuesto que actualmente se destina para el financiamiento de estos procesos eleccionarios.

El proyecto, que ahora será debatido y votado en Sala, también considera cerca de 350 millones de pesos para el Servel, de modo que pueda fortalecer los departamentos necesarios que tendrán que procesar un volumen mucho mayor de información cuando la norma entre en vigencia.

Consultar boletín N° 11994 aquí.

(Fuente: cámara)

Corte Suprema confirma sentencia que rechazó amparo económico contra Municipalidad de Santiago

La Corte Suprema confirmó sentencia que rechazó la acción de amparo económico deducida por Sociedad inmobiliaria, Constructora y de Inversiones contra Municipalidad de Santiago por decretar el término de permiso de ocupación de bien nacional de uso público que detentaba la recurrente.

Respecto a los hechos, consta que la recurrente es arrendataria a largo plazo de un edificio de la Comuna de Santiago, en el cual desarrolla actividades de hotel, decidiendo además en su oportunidad realizar una inversión para instalar una cafetería en el citado espacio, el cual se proyectó tanto dentro del edificio como en su exterior, debiendo ser utilizando en el exterior un espacio del bien nacional de uso público para la colocación del mobiliario necesario que abarca 16,36 metros cuadrados.

En su sentencia, la Corte de Santiago indicó en su oportunidad que es necesario que el tribunal investigue y constate la o las infracciones denunciadas, lo que en el presente caso se traduce en averiguar si existen los hechos que la constituirían, si son o no susceptibles de plantearse por la presente vía y si ellos importan una alteración de la actividad económica de la recurrente, debiendo existir, en relación con esto último, una vinculación o nexo causal; sin que deba examinarse, necesariamente, la legalidad de la conducta reprochada.

Enseguida, el fallo agrega que, en efecto, esto último es más propio del recurso de protección, establecido precisamente para dicho objeto. Es éste el matiz que diferencia a la acción de protección con el presente denuncio, ya que por éste se debe determinar si los hechos en él expresados perturban o no la actividad económica ejercida conforme a las normas legales que la regulen, de quien lo formula o de aquella en cuyo interés se efectúa el mismo. En otras palabras, pretende la actora que esta Corte realice un examen de legalidad de la ordenanza antes singularizada, sin que esta sea la vía idónea para ello.

Finalmente, el Tribunal de alzada concluyó que de acuerdo con lo antes expuesto y razonado resulta evidente que la presente no es una materia que corresponda sea dilucidada por medio de la presente acción cautelar, razón suficiente para el rechazo del amparo económico deducido.

Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia.

La decisión fue acordada con la prevención de la Ministra Sandoval, quien concurrió a la decisión, pero en virtud de estimar que recurso de amparo económico no es idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental.

(Fuente: pjud)

Comisión aprueba cuota de género para próximas elecciones municipales y regionales

Avanza el proyecto de ley que establece una cuota de género para las próximas cuatro elecciones de autoridades municipales y consejeros regionales , ello luego que la Comisión de Gobierno Interior respaldara la futura normativa que ya tuvo su paso por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y por la Sala, donde fue aprobada en general.

La iniciativa que ahora será revisada por la Comisión de Hacienda en sus aspectos financieros, busca equiparar un sistema que hoy no tenemos, explicó la presidenta de la comisión de Gobierno Interior. “En los casos uninominales establecimos que era muy complejo porque no existe en Chile un sistema en que haya una cuota para los cargos uninominales, ni encontramos en jurisprudencia comparada. Entonces, dijimos, bueno, dejamos la ley de cuota igual como la tenemos hoy en el Parlamento, en consejos comunales y en consejos regionales. Una cuota que va en 60 /40 a nivel nacional”, precisó.

Agregó que diputadas oficialistas y de oposición manifestaron al Gobierno que es necesario profundizar en materia de democracia, dando espacio por igual a hombres y mujeres. “Hubo una buena recepción del Ejecutivo, con la ministra Pla, el ministro Blumel y el presidente Piñera para tener una ley de cuota con financiamiento en los órganos colegiados e ir equiparando: parlamento, consejos comunales y regionales”, acotó.

La diputada MH (UDI) celebró el compromiso con el Ejecutivo, ya que se avanzará en la retribución del 0,01% del gasto electoral respecto del financiamiento público de las campañas. “Hemos logrado el compromiso del Presidente Piñera para avanzar y poder financiar, porque es una atribución que hoy no tenemos, esta cifra que es bastante simbólica, pero que sirve en lo que es la retribución electoral”, destacó.

Fuente: PJUD.

Corte Suprema confirma fallo que rechaza demanda contra Municipalidad por transeúnte que sufrió una caída en la vía pública

En fallo unánime, la Corte Suprema rechaza la demanda presentada en contra de la Municipalidad de Concepción por transeúnte que sufrió una caída en la vía pública, al no acreditarse los hechos en que se hace consistir la falta de servicio del municipio en el accidente.

La sentencia sostiene que de la sola lectura del arbitrio, queda en evidencia que no se configura la causal invocada, porque su argumentación radica en la valoración de la prueba que efectuaron los jueces de la instancia sobre las fotografías que indica, pretendiendo que esta Corte realice una revisión de mérito de aquellas. En efecto, como se dijo, el recurrente afirmó que las referidas fotografías, ‘a diferencia de lo resuelto por la sentencia que impugna, muestran con claridad el lugar donde ocurrieron los hechos’, es decir, no se alega la falta.

La resolución agrega que sin perjuicio que lo expuesto es suficiente para descartar el yerro invocado, resulta apropiado señalar que la sentencia impugnada que confirmó el fallo de primer grado, hizo suyas las consideraciones de este último, el que, a su vez, desde sus razonamientos duodécimo a décimo cuarto, ponderan la prueba rendida, expresando los motivos por los cuales se desestima el valor probatorio de las fotografías a las que alude el recurrente, desde que de aquellas no es posible determinar si se trata del lugar donde la actora señaló haber sufrido el accidente: ‘Al respecto, es necesario señalar que si bien, en las fotografías acompañadas por el demandante se puede apreciar una vereda con las falencias por ella descritas, lo cierto es que las fotografías no dan cuenta de que esa sea la vereda ubicada en la intersección de las Calles Carrera con Colo Colo, por no contener georreferencias, letreros con nombres de calle, enumeración de casas o terrenos colindantes u otro elemento que permita ubicar espacialmente dicha imagen con el lugar de los hechos, pudiendo corresponder incluso, a una intersección de calles de otra comuna del Gran Concepción, no configurándose entonces la falta de servicio, razón por la cual no se podrá dar por acreditada

Por último, concluye que como se observa, la sentencia sí se hace cargo de las fotografías que esgrime el recurrente, sin que aquella incurra en el vicio que se le imputa, puesto que tras el análisis de la prueba rendida, dota al fallo de fundamentos suficientes para sustentar lo expresado en lo resolutivo.

Fuente: PJUD.

 

Corte Suprema confirma sentencia que acogió reclamo de ilegalidad contra municipalidad por negar patente de alcoholes de local

La Corte Suprema rechazó un recurso casación y confirmó la sentencia que acogió un reclamo de ilegalidad en contra de una decisión de la Municipalidad de Providencia que negó una patente de alcoholes a local comercial en la comuna.

En fallo unánime (rol 13.774-2019) la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Julio Pallavicini- confirmó la sentencia que estableció actuar ilegal del municipio al negar el permiso.

«Que de la normativa antes descrita y, en lo que interesa para la decisión del arbitrio, es necesario dejar establecido que uno de los principios formativos del proceso es el de la congruencia, que, en la especie, se traduce en la obligación en la coherencia que debe existir en la línea argumentativa que se exponga entre el reclamo que se efectúa ante el Alcalde, el que se presenta ante el órgano jurisdiccional y el informe del municipio, desde que el eje sobre el cual se erige cada uno de ellos, tiene como única base, la decisión de la municipalidad que es impugnada, la que, por tanto, debe contener cada una de las razones y motivos que se tuvieron en consideración para adoptarla, de forma tal, de permitirle a las partes y, luego al órgano jurisdiccional elaborar, respectivamente, sus teorías del caso y sobre éstas decidir, sí aquella se ajustó a derecho.
Lo anterior, tiene su fundamento, a su vez y, como bien lo señaló la judicatura de base, en la garantía fundamental del debido proceso, dentro de la cual, se comprende, entre otros, el derecho del afectado por el acto administrativo, de conocer en su integridad las razones por las cuales se adoptó una determinada decisión en su contra, porque sólo así podrá desarrollar de manera eficiente su defensa, por lo tanto, como bien se resolvió en la sentencia que se analiza, las nuevas alegaciones formuladas por la reclamada, no pueden ser consideradas para los efectos de la determinación de la legalidad del acto que se impugna», dice el fallo.

Agrega que: «bajo este contexto normativo, es que los jueces de alzada desestimaron las alegaciones del ente municipal, pero no sólo porque dichas defensas eran ajenas a la decisión original de no conceder al reclamante la patente de Restaurant de Turismo, sino porque, además, concluyeron que aquellas constituirían una discriminación arbitraria para el actor, que carece de cualquier sustento fáctico y legal.
Debiendo precisar, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, que lo discutido no fue la facultad de la señora Alcaldesa y el Concejo Municipal, para conceder la patente en cuestión, sino la legalidad de dicha decisión y, que conforme quedó establecido, tanto en los hechos como en el derecho, el Decreto Exento N° 1.410, carecía de ambos al no encontrase ajustado a la realidad que se acreditó y al derecho aplicable en la especie»

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