Transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano: respaldan idea de legislar

Fuente de imagen: http://www.infogate.cl

Por unanimidad, la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consta de tres ejes fundamentales: mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo, perfeccionar el impuesto territorial y, en el caso puntual de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano, establecer un tratamiento tributario específico para que los incrementos de valor generados en este proceso sean compartidos, en mayor medida, con la comunidad entera.

Cabe precisar que la norma, una vez que reciba segundo informe de la Comisión de Vivienda, deberá ser estudiada también por la Comisión de Hacienda, para las normas de su competencia.

NO QUEREMOS SEGUIR SUBIENDO IMPUESTOS

El presidente de la instancia parlamentaria, senador Iván Moreira precisó que «hay algunos temas que yo diría que son controversiales, porque este proyecto de ley tiene un impuesto y obviamente muchos de nosotros no somos partidarios de seguir subiendo los impuestos en Chile, pero entendemos que este es un proyecto importante que debemos resolver; además, se necesita una regularización y una ley que regule la venta de terrenos y no sufra especulaciones».

«En este último tiempo -agregó el legislador- hemos conocido escándalos de marca mayor, en donde ha habido especulación de suelo, influencias, en fin y como se dio el minuto de tener que asumir una responsabilidad legislativa y hacernos cargo de este tema, en primera instancia en forma unánime hemos apoyado en general este proyecto y una vez que se vea en la Sala tendrá un espacio de alrededor de un mes para hacer indicaciones».

«Hay un espíritu de avanzar y lo haremos de una manera profesional, siempre buscando la transparencia y también protegiendo los intereses del Estado y de todos los chilenos porque si esto trae consigo un nuevo impuesto, bueno las cosas siguen subiendo y se generaría un paso más en las alzas de impuestos, cuando ya tuvimos una reforma tributaria en donde nosotros entendíamos que esta iba a ser la única alza de impuestos durante este gobierno», recalcó.

IMPUESTO PARA EL ESTADO

Se argumenta en el mensaje, que el mercado del suelo, por su naturaleza, tiende a la opacidad, lo que dificulta la competencia de los actores que intervienen en él, incrementa los precios y posibilita conductas indebidas. Para combatir estos fenómenos se propone, primero, profundizar y anticipar las instancias de participación existentes en los instrumentos de planificación territorial; segundo, facilitar el acceso a la información contenida en aquéllos; tercero, implementar en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo un observatorio del mercado del suelo que permita generar mayores simetrías de información entre los agentes que participan del mercado, y, por último, facilitar el acceso y ampliar la información que contiene el Catastro de Bienes Raíces que mantiene el Ministerio de Bienes Nacionales.

Se plantean en el proyecto modificaciones al impuesto territorial, que permitirán facilitar su actualización cuando ocurren cambios en los instrumentos de planificación territorial, asegurando su aplicación ante aumentos importantes en el valor de los bienes raíces y ampliando la operatoria de la sobretasa a los sitios eriazos buscando impedir sus externalidades negativas.

Por último, se establece un impuesto que permita al Estado capturar una mayor parte del incremento del valor que experimentan los bienes raíces en aquellos procesos de cambio de los Planes Reguladores que incluyen una ampliación del límite urbano, gravando con una tasa de 10% el incremento de valor que se produzca en dichos casos, cuyo cobro se materializará en el momento de la enajenación del inmueble.

COADYUVAR AL EJECUTIVO

En otro orden, e recién asumido nuevo presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, senador Iván Moreira, adelantó que hay una serie de mociones parlamentarias que se irán incorporando a la tabla de las sesiones, «pero fundamentalmente nosotros también queremos coadyuvar al Ejecutivo en materia de vivienda, de cómo el gobierno tendrá su política pública en cuanto a la distribución de los subsidios, porque aspiramos a que el Ministerio sea lo más eficiente posible para resolver los problemas de vivienda que hay en nuestro país».

«Podemos coadyuvar con legislaciones y además esperamos que en la discusión, en el debate existan recursos necesarios en materia de viviendas para el próximo año. La política habitacional debe ser de continuidad, independiente del color del gobierno de turno y asumir el tema de los campamentos para su erradicación», resaltó el parlamentario.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10163-14.

Proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas encabeza tabla de este martes

El proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, entidad que vendrá a reemplazar y potenciar a la actual Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), encabeza la tabla de la Cámara de Diputados para este martes, 3 de abril.

Para el análisis de la propuesta legal, cuyo trámite legislativo se inició en junio de 2015, se contempla la rendición de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, que serán presentados por los diputados Giorgio Jackson (REVD) y Felipe De Mussy (UDI), respectivamente.

En particular, la iniciativa crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

Entre las diferencias contempladas entre el informe de la Comisión de Obras Públicas y el de Hacienda se encuentra la inclusión de un conjunto de normas, aprobadas por esta última instancia, que vienen a ratificar, de parte del Ejecutivo, los acuerdos que alcanzó con el personal de la CCOP, en enero pasado.

En concreto, dichas disposiciones integran al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y de otras asignaciones específicas, según corresponda.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las modificaciones impulsadas en Hacienda viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de dicha instancia, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros temas

La tabla de la Sala también contempla el posible tratamiento de otras dos iniciativas legales:

1. El proyecto, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, para eliminar la incompatibilidad entre el cargo de concejal y los cargos profesionales y técnicos en educación que existen en el ámbito municipal. Presenta informe rendido de la Comisión de Gobierno Interior y discusión pendiente.
2. La propuesta legal, iniciada en moción, que confiriere competencia a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en que los causahabientes del trabajador buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Contempla informe de la Comisión de Trabajo que será rendido por el diputado Matías Walker (DC).

Adicionalmente, la Sala considera analizar, en sesión especial a celebrarse entre las 16:30 y las 18:30 horas, «las graves denuncias de errores, vicios e irregularidades en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero denominado Dominga, en la región de Coquimbo».

Para este efecto, se considera la participación de los Ministros de Minería y de Medioambiente, además de director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Creación del Fondo de Infraestructura S.A.: avanza estudio de las indicaciones

En la mitad de la revisión de las indicaciones del proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., que cursa su primer trámite, están los integrantes de la Comisión de Obras Públicas.

En su última sesión, los legisladores continuaron analizando las mejoras realizadas al texto tanto por el Ejecutivo como por los propios senadores. Todos coinciden en la necesidad de generar un fondo para reimpulsar las concesiones, dándoles un nuevo estatus.

En tal sentido, el senador Juan Antonio Coloma comentó que “las concesiones han tenido un bajón importante en los últimos años. Es cosa de recordar lo que pasó en el sector salud con las concesiones que buscaban construir nuevos hospitales, política que fue eliminada de plano”.

“También sentimos la necesidad de desarrollar proyectos en regiones que es donde más falta. Queremos que las obras tengan un impacto cierto porque no se trata de construir por construir”, aseguró.

Respecto a las indicaciones, el senador Antonio Horvath explicó que “estamos abogando por algunas mejoras que hicimos a la redacción. Por ejemplo, queremos que con cargo a este fondo se puedan hacer estudios y proyectos, y así se pueda rehabilitar vías defectuosas sean camioneras, ferroviarias o portuarias”.

“También nos interesa que las obras puedan ser realizadas por terceros o, de manera directa, por los ministerios o servicios implicados (…) Una cosa que no nos parece y que fue presentada por el Ejecutivo, es que el Ministerio de Desarrollo Social sea el que entregue el visto bueno para el financiamiento de una propuesta. Creemos que esa cartera no coordina ni planifica”, hizo ver.

EQUIDAD TERRITORIAL

Un tema que se hizo presente en sesiones anteriores dice relación con la equidad territorial. En este sentido, el senador Alfonso De Urresti –quien es presidente de la Comisión- declaró que “se requiere una visión integradora que equilibre el desarrollo del país, pensando también en las zonas menos pobladas o donde habitan pueblos originarios. Se trata de armar una estructura con visión integradora, de manera de no concentrar las obras en grandes ciudades donde la rentabilidad es mayor”.

Por su parte, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga se mostró confiando en la tramitación de la propuesta, planteando “que ya se ha votado lo más complejo que dice relación con el objetivo del proyecto, ver como el fondo se relacionará con otros servicios y también, los senadores decidieron que esta herramienta permita financiar todo tipo de infraestructura, no solo las tradicionales carreteras”.

Queda pendiente votar las indicaciones relacionadas con la organización del fondo y temas operacionales. Se presume que en dos sesiones más, el texto podría ser despachado a la Comisión de Hacienda para su estudio.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10647-09.

Comisión aprobó proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

En condiciones de ser visto por la Comisión de Hacienda quedó el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego que la Comisión del ramo concluyera su análisis y votación esta semana.

La propuesta legal, ingresada a trámite legislativo en junio de 2015, da cuenta que para implementar el programa de concesiones de manera ágil y flexible, surgió dentro del Ministerio de Obras Públicas una institución especializada hoy denominada «Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP).

Dicha unidad, explicitó el Ejecutivo, se constituyó como el organismo técnico encargado de ejecutar los procesos asociados a las concesiones, siendo responsable de, entre otras cosas, articular la generación y el diseño de proyectos susceptibles de operar bajo esta modalidad; llevar a cabo los procesos de licitación; y realizar el seguimiento de las distintas instancias de desarrollo de los proyectos ya concesionados, es decir, la gestión contractual tanto en la etapa de construcción como en la de explotación.

Sin embargo, expuso el Gobierno, frente a la actual dimensión de los proyectos en curso y por venir, se reconoció la necesidad de crear una nueva entidad capaz de sacar adelante las iniciativas con una adecuada planificación, en cuanto a plazos y recursos, de manera de no afectar la ruta crítica para el éxito en la adjudicación y posterior ejecución de la nueva cartera, ni a los proyectos actualmente en construcción y/o ejecución.

En esta línea, la iniciativa crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos; el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros.

Según se informó desde la Comisión que preside el diputado Felipe Letelier (PPD), el proyecto fue aprobado prácticamente en los mismos términos en que fue ingresado, salvo la introducción de una norma negociada con el Ejecutivo que permite que el director general de Concesiones de Obras Públicas, previa aprobación del Ministro del ramo, pueda delegar en funcionarios de su dependencia atribuciones específicas para una o más regiones o localidades, cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, y pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.

Acuerdos y cambios pendientes

En la sesión de este miércoles, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, informó de los alcances de la negociación llevada a cabo con el personal de la CCOP y que quedaron plasmados en un protocolo de acuerdo firmado el 27 de enero de este año.

La autoridad explicó que entres los acuerdos se considera que, a través de distintos mecanismos, el 95% del personal de la Coordinación, independiente si es a contrata o a honorario de suma alzada, se podrá traspasar a la nueva Dirección General, manteniendo las rentas brutas actuales, mediante un proceso gradual y con reconocimiento de la antigüedad laboral. Además, se contemplará la entrega de una asignación de modernización general y una asignación transitoria excepcional para técnicos y administrativos.

«Este acuerdo reconoce el mérito y la experiencia de los equipos humanos de la CCOP, que han venido desarrollando esta labor con el mayor profesionalismo hace más de 20 años», remarcó el Ministro en su presentación.

Según se especificó en la sesión, los acuerdos afectarán principalmente a los artículos transitorios, los cuales se espera modificar durante el trámite en la Comisión de Hacienda. Entre los puntos a abordar está la inclusión de las citadas asignaciones, que tendrán un costo fiscal de $528 millones anuales.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Aprueban modificaciones a normas sobre antenas celulares

Siete son las mociones que componen el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de instalación de torres soporte de antenas de telecomunicaciones.

El propósito es dar mayor participación a los vecinos que sufren con las antenas, tanto patrimonialmente como en términos de salud. Muchas veces, no son notificados a tiempo, sino hasta cuando la antena ya fue construida, y tampoco se avisa al propietario del terreno contiguo, que pierde la plusvalía de su propiedad al no poder vender o arrendar su predio.

Junto con mejorar la participación de los vecinos y de sus respectivas agrupaciones, la norma también busca desincentivar la instalación de este tipo de estructuras en zonas residenciales.

El texto, que ahora será revisado por el Senado, también modifica normas sobre la notificación a los vecinos afectados, los plazos para otorgar los permisos de instalación, la regulación de sus instalaciones, las medidas de compensación y la identificación de las empresas de telecomunicaciones que hacen uso del soporte de antenas, entre otras materias.

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) planteó que la idea es mejorar la notificación a los vecinos y a los propietarios, quienes ven afectados su entorno en términos patrimoniales y de salud, ya que nadie los indemniza.

Señaló que las propiedades pierden plusvalía, y eso es lo que se busca evitar. Es decir, que en las zonas residenciales se instalen estructuras que soporten antenas. En ese marco, se faculta a los vecinos para organizarse e incluso demandar a quien arriende un terreno provocando el daño mencionado. En suma, el parlamentario recalcó que el texto legal aumenta la participación y desincentiva el uso e instalación de mega torres en zonas residenciales.

Agregó el legislador que se igualan las condiciones en las direcciones de obras para obtener los permisos y se amplían los plazos.

Por su parte, el diputado Marcelo Chávez (DC), si bien calificó el proyecto como un avance, lamentó que lo aprobado carezca de una mejor planificación urbana en términos de instalación de antenas y de incentivos para las compañías para desarrollar tecnologías menos invasivas con el entorno, los vecinos y las comunidades.

El parlamentario destacó que en las zonas declaradas como sensibles como hospitales, jardines infantiles y escuelas, las torres de menos de 18 metros tengan un distanciamiento mayor, de 50 a 100 metros.

Por último, el diputado Rodrigo González (PPD) coincidió en la falta de una adecuada planificación de las ciudades en el proyecto despachado por el Senado a segundo trámite constitucional. Recordó que una iniciativa impulsada por él y que no fue considerada por la Sala, precisaba las zonas donde se podían instalar las antenas, lo que permitía a los vecinos saber si en sus barrios habría o no torres.

Las zonas de distanciamiento definidas por el proyecto, a juicio del diputado González, son absolutamente limitadas puesto que su propuesta contemplaba 250 metros en vez de los 100 metros aprobados. Concluyó señalando que el Congreso desaprovechó una gran oportunidad de regular de verdad la instalación de antenas en beneficio de las comunidades.

(Fuente: Diputados)

Consulte los proyectos de ley, Boletínes N° 10387-15, 9658-159647-159641-15.

Corte de Apelaciones la Serena rechaza recurso de protección por construcción de centro comercial Paseo Balmaceda

Corte La SerenaLa Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto por vecinos de la comuna en contra del secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, por la aprobación del estudio de transporte urbano del proyecto de construcción del centro comercial Paseo Balmaceda, en julio pasado.

En fallo unánime (causa rol 2085-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada  –integrada por los ministros Humberto Mondaca, Marta Maldonado y el fiscal judicial Miguel Montenegro–  rechazó la acción cautelar por considerar que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones legales.

«(…) lo concreto y no lo supuesto como quiere anticiparse los recurrentes, es que mediante el ya citado oficio ordinario N°754, de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el Señor Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Región de Coquimbo, se comunicó la aprobación EISTU del Centro Comercial Paseo Balmaceda y que contempla 590 estacionamientos, aprobación que queda condicionada al cumplimiento de acciones y medidas de mitigación, las que se consignan a su vez en el Informe de Factibilidad Técnica de Medidas de Mitigación del EISTU, esto es del Estudio de Impacto sobre Transporte Urbano, acciones y medidas de mitigación de corte técnico que no corresponde en este recurso determinar si adolecen o no de defectos, bastando sólo constatar que se cumplió con la legalidad», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «igualmente cabe concluir que la recurrida no ha conculcado la garantía constitucional consistente en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que tampoco se logra atisbar respecto a la manera en que la autoridad haya incurrido en una arbitrariedad e ilegalidad que traiga consigo la contaminación del medio ambiente».

Por lo que, concluye: «se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por los recurrentes, ya individualizados, en contra del Secretario Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, don Oscar Pereira Peralta».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Valparaíso rechaza reclamo de ilegalidad por permisos de construcción de centro comercial en Puerto Barón

Corte-de-Apelaciones-de-Valparaiso-pjud.cl_La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó ayer –jueves 16 de febrero– el reclamo de ilegalidad presentado por un grupo de vecinos en contra del municipio porteño que autorizó la construcción del mall Puerto Barón.

En fallo unánime (causa rol 588-2013) la Quinta Sala del tribunal de alzada porteño –integrada por los ministros María Angélica Repetto, Max Cancino y Rosario Lavín- descartó infracción de ley en la resolución municipal que otorgó el permiso de edificación del proyecto: «alteración, reparación y ampliación de la bodega Simón Bolívar y obra nueva de edificio centro comercial, áreas verdes y vialidad interior».

«Que habiéndose desestimado las alegaciones de ilegalidad formuladas en el reclamo respecto al permiso de edificación N° 79, sólo puede concluirse que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 y 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 24 letra a) de la Ley N° 18.695, la Directora de Obras Municipales de Valparaíso concedió el permiso de construcción, de acuerdo con los antecedentes acompañados y cumpliendo el proyecto con las normas urbanísticas establecidas vigentes a la fecha de su emisión, particularmente aquella contenida en los planes reguladores», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «(…) se desestima el reclamo de ilegalidad municipal presentado por don Mario Zumelzú Codelia, don Pablo Andueza Guzmán y don Edgardo Piqué González, abogados, en representación de don Carlos Rómulo Manterola Carlson, don Edison Schultz Vera, don Óscar Hormazábal Ciudad, don Raúl Alcázar Cruz, don Jorge Bustos Bustos, doña Lorena Colivoro Villalón, doña María José Oyarzún Solís, don Camilo Vargas Koch, doña Andrea Silva Alarcón, doña Sara Herrera Mora, doña María Flores Pastén y doña Patricia Araya Mancilla, en contra de la Municipalidad de Valparaíso, respecto a la resolución que otorgó el permiso de edificación N° 79, de 14 de febrero de 2013 emitida por la Directora de Obras Municipales de la misma ciudad, sin costas, por estimar que los actores litigaron con motivo plausible».

(Fuente: Poder Judicial)

Comisión de Transportes despacha proyecto que regula la circulación de vehículos en casos de congestión y contaminación

autopista urbanaTras un intenso debate la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó y despachó el proyecto que busca regular la circulación de vehículos en casos de congestión y contaminación. Ahora corresponde que la Comisión de Hacienda analice la iniciativa antes de ser votada por la Sala.

Cabe recordar que este proyecto fue presentado por los senadores Guido Girardi, Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón y en lo fundamental, busca establecer el marco normativo para que las autoridades competentes determinen, en razón de la contaminación atmosférica o de la congestión vehicular, restricciones al parque vehicular.

Según explicó el presidente de la Comisión de Transportes, senador Manuel Antonio Matta, el proyecto “implica el establecimiento en zonas de perímetros claramente establecidos de tarificación vial. Esto incluye a todos los vehículos motorizados, exceptuando a motos, motonetas”.

Agregó que “hemos hecho especial mención de forma que no tengan tarificación aquellos vehículos, por ejemplo, que usan energías no contaminantes como es el caso de la propulsión eléctrica o el caso de otras alternativas que tienen que ser debidamente calificadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

El senador Matta señaló que “este proyecto está tratando de despejar hasta donde sea posible las congestionadas calles de las urbes metropolitanas de Chile”.

En la misma línea, el senador Alejandro García Huidobro manifestó que “logramos dejar afuera todo lo que es el transporte menor de motocicletas, vehículos de emergencia, también los vehículos eléctricos y las nuevas tecnologías que tienen que irse desarrollando”.

Agregó que “se abrió una discusión importante en que se aprobó en general este proyecto con la idea de irlo perfeccionando en la sala. Quedó aprobada la posibilidad que una persona que tenga restricción por congestión ese día, pagando una tarifa va a poder utilizar las vías públicas”.

El senador García Huidobro señaló que el problema de la congestión vehicular es producto del “Transantiago, que es una pésima política pública que lo que hizo fue aumentar el parque vehicular y el parque de motos…exigí que esto sea solamente para la Región Metropolitana, pero desgraciadamente mi propuesta no fue aceptada pero eso lo vamos a discutir en la sala”.

(Fuente: Senado)

En Senado comienzan estudio sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano

autopista urbanaCon las exposiciones de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball y del asesor de la Subsecretaría de Hacienda, Sergio Henríquez, la Comisión de Vivienda y Urbanismo comenzó con el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano.

Cabe precisar que la norma se está analizando en general y también deberá ser estudiada por la Comisión de Hacienda, para las normas de su competencia.

ALGO TIENE QUE VER CON LAS ESPECULACIONES

El presidente de la instancia parlamentaria, senador Eugenio Tuma, explicó que la norma «tiene algo que ver con las especulaciones de los terrenos, pero en realidad es para darle transparencia al mercado de suelo que están al interior del plan regulador de los terrenos urbanos y también aquellos que están fuera del radio urbano y que se incorporarán a través de un cambio de uso de suelo».

En concreto, reiteró el legislador, «tiene que ver con la plusvalía que obtienen los terrenos producto de decisiones del Estado. A veces un terreno que está fuera del radio urbano en promedio se está comercializando a 0,33 UF el metro, pero aquellos que están dentro del radio urbano y siguen siendo rurales, están a 1,73 UF; entonces, son 6 décimas más de un terreno que está justo dentro del límite del radio urbano».

EL ESTADO DEBE SER BENEFICIADO

«Cuando se hace un cambio por políticas de planificación territorial, ya sea comunal o regional, inmediatamente los terrenos suben de precio, en ese sentido creemos que el Estado tiene que ser beneficiado de parte de esa plusvalía», agregó.

Para las próximas sesiones se espera contar con la presencia de actores de la universidad, el presidente del consejo de desarrollo urbano, representantes ciudadanos y otras sugerencias que harán los senadores, «para tener una amplia opinión respecto de este proyecto», precisó el senador Tuma.

Si bien existe acuerdo general en avanzar en el mensaje, algunos legisladores manifestaron sus dudas con respecto al impuesto, lo que se deberá dilucidar en las siguientes sesiones.

EXPOSICIÓN

Según detallaron los expositores, el proyecto de ley sigue recomendaciones de la Comisión Engel y del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano articuladas en 3 ejes:

  • Mejorar los niveles de transparencia y participación en la tramitación de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).
  • Mejorar la eficiencia, oportunidad y justicia con que se captura el incremento de valor asociado al cambio en el uso de suelos por la vía del impuesto territorial.
  • Establecer un impuesto que permita capturar una mayor parte del incremento de valor asociado a las modificaciones de los Planes Reguladores que incluyan una ampliación del límite urbano.
CIUDADES JUSTAS Y EQUITATIVAS

El mensaje señala, además, que  el programa del actual Gobierno planteó la necesidad de contar con ciudades equitativas y justas, integradas socialmente y construidas en forma democrática y participativa. Además, tanto el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, se han pronunciado por mayor transparencia y participación en la planificación urbana.

El primero propuso “Aumentar las instancias de participación ciudadana durante los procesos en que se realicen cambios en los planos reguladores, procurando que sean representativos de la comunidad afectada, y que se utilicen sus resultados como antecedentes que justifican las decisiones en la materia”.

Asimismo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en sus recientes recomendaciones para una política de suelo para la Integración Social Urbana, postuló “ampliar las instancias de participación ciudadana a todos los ámbitos de la planificación urbana y desarrollo de proyectos de obras del Estado, en una etapa temprana, estableciendo por ley las obligaciones asociadas a los procesos de participación ciudadana y los casos en que será obligatorio realizar consultas públicas”.

Por otra parte, el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción sugirió “Estudiar medidas que permitan que el Estado capture una mayor parte de las ganancias asociadas a su propia acción, por ejemplo, en casos de cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano, que hoy no se captan a través de las actualizaciones de los avalúos o de los impuestos a las ganancias de capital”.

Tres son los objetivos del proyecto, según el mensaje: mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo, perfeccionar el impuesto territorial y, en el caso puntual de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano, establecer un tratamiento tributario específico para que los incrementos de valor generados en este proceso sean compartidos, en mayor medida, con la comunidad entera.

IMPUESTO PARA EL ESTADO

Se argumenta, que el mercado del suelo, por su naturaleza, tiende a la opacidad, lo que dificulta la competencia de los actores que intervienen en él, incrementa los precios y posibilita conductas indebidas. Para combatir estos fenómenos se propone, primero, profundizar y anticipar las instancias de participación existentes en los instrumentos de planificación territorial; segundo, facilitar el acceso a la información contenida en aquéllos; tercero, implementar en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo un observatorio del mercado del suelo que permita generar mayores simetrías de información entre los agentes que participan del mercado, y, por último, facilitar el acceso y ampliar la información que contiene el Catastro de Bienes Raíces que mantiene el Ministerio de Bienes Nacionales.

Se plantean en el proyecto modificaciones al impuesto territorial, que permitirán facilitar su actualización cuando ocurren cambios en los instrumentos de planificación territorial, asegurando su aplicación ante aumentos importantes en el valor de los bienes raíces y ampliando la operatoria de la sobretasa a los sitios eriazos buscando impedir sus externalidades negativas.

Por último, se establece un impuesto que permita al Estado capturar una mayor parte del incremento del valor que experimentan los bienes raíces en aquellos procesos de cambio de los Planes Reguladores que incluyen una ampliación del límite urbano, gravando con una tasa de 10% el incremento de valor que se produzca en dichos casos, cuyo cobro se materializará en el momento de la enajenación del inmueble.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10163-14.

Pendiente votación para proyecto que tipifica como falta grave conducción por la izquierda de la calzada

automovil permiso circulacionCon el fin de fortalecer un buen hábito de conducción y evitar cualquier tipo de accidente carretero, se comenzó el debate en general para la moción, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante en carreteras de dos o más pistas.

El proyecto fue iniciado por los senadores Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón y establece, en concreto, como infracción grave el desplazamiento vehicular por la pista izquierda de manera constante, en carreteras de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido, impidiendo el adelantamiento de los vehículos y del desplazamiento normal y adecuado de la circulación.

En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Alejandro García Huidobro, Antonio Horvath, Alejandro Navarro y Rabindranath Quinteros, quien solicitó segundo discusión de la norma.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10495-15.

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