Diputados aprobaron en general proyecto que tipifica la desaparición forzada de personas

Tipificar la desaparición forzada de personas, introduciendo normas específicas al respecto en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, es el fin del proyecto (boletín 9818) que fuera aprobado hoy en general por la Sala de la Cámara de Diputados, por la unanimidad de 95 votos a favor.

El informe de la Comisión de Derechos Humanos, rendido a la Sala por el diputado René Saffirio (IND), aclara que la iniciativa avanza, en primer lugar, en reemplazar el actual título tercero del libro segundo del Código Penal definiéndolo como «De la desaparición forzada de personas, la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por los funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución”.

Luego, introduce como nueva norma en dicho cuerpo legal que «el empleado público o el que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, prive de libertad a una persona, seguida de la falta de información, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o paradero de la víctima, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años).

La misma pena se impondrá al empleado público que conociendo de la ocurrencia de estas circunstancias, no las impida o no las haga cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello, o estando en posición de hacerlo.

Si la privación de libertad se prolongare por más de 15 días, o si de ello resulta un daño grave en la persona o intereses de la víctima, el proyecto define que la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo (desde 10 años y un día a 20 años).

Además, se identifican dos situaciones especiales:
1. Que, además de la desaparición forzada se cometa en contra del afectado homicidio, tortura, violación, violación sodomítica o algunas de las siguientes lesiones: castración; mutilación de un miembro importante; o que quede demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido o notablemente deforme. En estos casos, el inculpado será castigado con presidio mayor en su grado máximo (desde 15 años y un día a 20 años ) a presidio perpetuo calificado.

2º Que alguno de los cuasidelitos a que se refiere el artículo 490, número 1° (crimen con malicia). Para este caso, la pena será de presidio mayor en su grado medio a máximo (desde 10 años y un día a 20 años).

La acción penal y las penas del delito recién mencionados son imprescriptibles.

El proyecto determina también que serán circunstancias agravantes cometer el delito de desaparición forzada en contra de mujeres embarazadas, menores de 18 años, mayores de 65 años y personas en situación de discapacidad. En tales casos la pena se aumentará en un grado.

Asimismo, se dispone que el juez podrá rebajar hasta dos grados la pena que corresponda a los partícipes del delito que hayan contribuido a la reaparición efectiva con vida de la persona desaparecida y en un grado a los que hayan entregado información sustancial que permita esclarecer efectivamente casos de desaparición forzada.

La propuesta, además, establece la inaplicabilidad de algunas normas del Código Penal respecto de los hechos constitutivos de desaparición forzada de personas (por ejemplo, eximirse de responsabilidad criminal argumentando haber obrado en cumplimiento de un deber) y determina que si el delito es cometido por uno o más miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros en contra de otro miembro de las Fuerzas Armadas o Carabineros, corresponderá conocer del mismo a la jurisdicción ordinaria y, en consecuencia, se aplicarán las normas contempladas en el Código Procesal Penal.

Finalmente, incorpora en el Código de Justicia Militar una norma que establece que, «tratándose de los delitos de lesa humanidad, genocidio y delitos y crímenes de guerra contemplados en la Ley 20.357 y respecto de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y desaparición forzada contemplados en el Código Penal, toda persona que reciba órdenes que dispongan, autoricen o alienten la comisión de tales delitos tiene el derecho y el deber de no obedecerlas.

La propuesta volvió a la Comisión de Derechos Humanos para segundo informe que de cuenta del tratamiento de las indicaciones presentadas en la materia.

Consultar boletín  N° 9818 aquí.

(Fuente: cámara)

Cámara de Diputados inició debate de proyecto que fortalece investigación de delitos terroristas

Con el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entregado por la diputada Claudia Nogueira (UDI), se inició este jueves la discusión del proyecto de ley, que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

En primer lugar, la propuesta autoriza en primer lugar al Fiscal Nacional para el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de hechos constitutivos de delitos terroristas, por un plazo de dos años prorrogable por otros dos cuando sea necesario.

Se establecen también normas de cooperación internacional para la persecución de delitos terroristas y la posibilidad de que embajadas y consulados colaboren con la Fiscalía.

Además, el Fiscal Nacional podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, y la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional.

Entre otras materias, se establece que en casos calificados en que el Ministerio Público justifique que la mantención del secreto más allá del término legal resulte indispensable para el éxito de la investigación, éste podrá renovarse mediante autorización judicial fundada. El plazo del secreto no podrá, en ningún caso, exceder de seis meses.

El fiscal especial podrá autorizar el uso de funcionarios policiales como agentes encubiertos y el uso de informantes, regulando que se entenderá por cada cual.

La Sala acordó que el texto legal será votado este martes 11 de abril.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10460.

Corte Suprema acoge recurso y anula fallo por incorporación de lectura de testimonio de testigo

La Corte Suprema acogió recurso de nulidad presentado en contra de sentencia dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a Ignacio Salazar Estelle a la pena de 7 años de presidio, como autor del delito de robo con violencia. Ilícito perpetrado el 24 de enero de 2016, en La Florida.

En fallo dividido (causa rol 4.693-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– ordenó al realización de un nuevo juicio, tras establecer que la resolución recurrida se dictó con infracción al debido proceso, al incorporar mediante lectura declaración de un testigo, modalidad que no estaba permitida a la época de los hechos.

«Que el análisis a que obliga la norma citada en el recurso y que supone la situación planteada, impone el estudio de la mayor o menor favorabilidad del estatuto que se reclama, lo que ha de hacerse en el caso concreto. De esta manera, entonces, se advierte desde ya el yerro del tribunal que pretende superar la objeción planteada sosteniendo que el nuevo escenario por el que reclama la defensa no es tal al encontrarse también a su disposición la misma herramienta en caso de requerirla, por cuanto tal argumentación es meramente formal y prescinde de analizar los efectivos derechos de que se ha visto privada la defensa con su empleo, en el caso en análisis», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «La situación producida, sin embargo, vicia, desde ya y gravemente, la sentencia dictada al dotarla de un grave sesgo de parcialidad, toda vez que se ha preferido una prueba ingresada sin los controles propios de la adversarialidad en relación a otra que lo fue con pleno goce de tales garantías, lo que no resulta posible de admitir».

«(…) cuando los jueces del fondo –continúa– autorizaron la introducción al juicio de una prueba en virtud de un estatuto diverso del que regía a la época de los hechos y que resulta más gravoso para el acusado, lo que impidió a la defensa el adecuado ejercicio de sus atribuciones, han dado aplicación retroactiva a una ley que le perjudica, lo que se encuentra vedado, incurriendo en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones (…), lo que en este caso quedó de manifiesto que no ocurrió, infracción que solo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación causal entre la prueba censurada y los hechos asentados, como ya se anotó, se retrotraerá la causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión de dicho testimonio en la forma que se ha censurado».

Por lo tanto, concluye: «se acoge el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública a favor de Ignacio Valentín Salazar Estelle y en consecuencia, se invalidan la sentencia de veintitrés de enero pasado y el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 1600081898-8, RIT 1-2017 del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose la posibilidad de presentar a juicio las declaraciones escritas, prestadas ante la fiscalía, por el testigo Camilo Arriagada Zavala, sin perjuicio de otros derechos».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Puerto Montt: beneficios de libertad vigilada a condenados por delitos sexuales contra menores por no cumplir el objetivo de resocialización

Con fecha 27 de Febrero de 2017, La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acoge el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía, revocando la resolución que otorgaba beneficio de libertad vigilada a los condenados por el delito de estupro. En el caso no se entregan en el proceso antecedentes sociales, laborales, educacionales y características de personalidad de los condenados, ni otros elementos suficientes que hubiesen permitido al Tribunal presumir que los beneficios carcelarios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores los disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

El voto de mayoría de la sentencia resolvió de tal manera, estimando que el espíritu de las penas sustitutivas es la de resocialización de los condenados por medio de sanciones cuyas consecuencias sean menos perjudiciales para éstos. De esta forma, el tribunal debe tener presente para determinar su procedencia y optar entre diversas penas sustitutivas, entre otras circunstancias: el tipo de delito cometido, las modalidades y móviles del ilícito, la extensión de la pena impuesta, y la existencia de penas anteriores. Todo esto, a fin de lograr un carácter disuasivo de la medida en el comportamiento posterior de éstos.

Por lo demás, se consideró que no se logró formar la convicción de que con la libertad vigilada intensiva y con la remisión condicional de la pena los condenados no volverán a delinquir, en atención a las naturaleza de los delitos imputados –estupro, obtención de servicios sexuales de menores de edad y almacenamiento de material pornográfico infantil–, su modalidad, su número y teniendo en especial consideración el estado de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas al momento de ser ofendidas penalmente.

Además, tampoco se allegan antecedentes sociales, laborales, educacionales y características de personalidad de los condenados, ni otros elementos suficientes que hubiesen permitido al Tribunal presumir que alguno de dichos beneficios lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos, resultando insuficiente para los fines perseguidos por la norma el único informe social que se conoció sólo respecto de uno de los condenados.

El fallo cuenta con el voto de disidencia del Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García, que estuvo por acceder al otorgamiento de las penas sustitutivas impuestas en la sentencia en alzada.

El disidente estima que los sentenciados estuvieron afectos a prisión preventiva y luego, hasta la fecha de comunicación de la sentencia, con arresto domiciliario total, medida cautelar esta última que ha sido cumplida de manera satisfactoria sin que exista constancia de su quebrantamiento. Con dicha conducta se revela que los condenados pueden someterse a condiciones especiales para evitar comisión de nuevos ilícitos, pudiéndose esperar en consecuencia una baja probabilidad de reincidencia.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema acoge recurso de queja por sobreseer a funcionarios policiales en caso Lucksinger Mackay

Carcel rejas preso La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto por un querellante, en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco por decretar el sobreseimiento definitivo de funcionarios policiales por apremios ilegítimos, en el contexto de la investigación del caso Lucksinger Mackay. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 8 de febrero, la sala segunda del máximo tribunal revocó la sentencia de nulidad que decretó el sobreseimiento definitivo por considerar que los hechos denunciados no constituían delito, confirmando la sentencia del tribunal de garantía.

La corte estimó que no resultaba procedente decretar el sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, ya que el avance de la pesquisa es insuficiente para justificar esta clase de resolución, más aún frente a una investigación del Ministerio Público que no estaba agotada. Incluso más, ente persecutor había dispuesto la práctica de un Informe del Servicio Médico Legal a la víctima para determinar la credibilidad del relato, el que a la fecha de la decisión se encontraba pendiente y debía pronunciarse sobre la solicitud de la querellante relativa a la toma de declaración de un testigo.

Aclara el tribunal que, si bien no es posible negar que los jueces recurridos actúan dentro de sus atribuciones al señalar que una hipótesis fáctica no es subsumible en la tipificación contenida en una determinada norma jurídica, tratándose de hechos ocurridos en por lo menos tres oportunidades perfectamente singularizadas, en una de las cuales el querellante se encontraba privado de libertad, en la especie no se explica el fundamento de no concurrir la coacción a propósito de una detención, exigencia que los recurridos entienden es un elemento del tipo legal, situación que podría explicar la atipicidad de algunos de los hechos descritos, pero no la totalidad de los mismos.

El fallo cuenta también con la prevención del abogado integrante Sr. Matus.

La prevención considera que el fondo de la cuestión debatida consiste en haberse decretado por los recurridos el sobreseimiento definitivo de la causa a pesar que existían al menos una diligencia decretada por el propio Ministerio Público (un examen médico legal) y otra solicitada por la querellante (una declaración testimonial) que podrían servir para dilucidar la realidad de los hechos investigados, sin que la resolución reclamada se haga cargo de las mismas; circunstancias que permiten determinar la existencia de una controversia sobre la realidad de los hechos materia de la querella, controversia ante la cual no era posible que los recurridos decretaran su sobreseimiento definitivo sin privar al órgano encargado de la investigación y a los tribunales designados de sus facultades de conocer y juzgar el conflicto planteado, lo que constituye una falta o abuso grave que, en este estadio procesal, no puede ser remediada sino por esta vía.

Comunicado: Poder Judicial lamenta y repudia violento incidente en Juzgado de Garantía de San Bernardo

Pleno Corte SupremaAnte el ataque realizado en plena audiencia por un reo a un gendarme y a un juez, se realizó un comunicado el día de ayer sobre los hechos:

El Poder Judicial, representado por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, lamenta los violentos hechos ocurridos hoy, lunes 13 de febrero, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo y que tuvieron como resultado un juez amenazado y agredido.

Los hechos ocurrieron en la zona de calabozos del tercer piso del tribunal, cuando el interno Leonardo Andrés Azagra Valdivia se encontraba a la espera de una audiencia y agredió a un gendarme, a quien le quitó su arma de servicio. Armado se desplazó hasta la sala de audiencias, donde amenazó al magistrado Sergio Henríquez y lo bajó del estrado, llevándolo hasta la calle, amenazando a quienes intentaron detenerlo, para luego huir en un automóvil.

El Poder Judicial repudia estos hechos, considerando que se puso en riesgo la vida y la integridad de muchas personas y solidariza especialmente con el juez que en el cumplimiento de sus funciones, se vio enfrentado a esta agresión que lo dejó lesionado.

El presidente de la Corte Suprema, enterado de lo ocurrido, se comunicó con el magistrado para darle su apoyo y conocer su estado de salud. Tras ello sostuvo que «es un hecho grave, pero aislado y estamos preocupados de la seguridad e integridad de todos nuestros jueces y funcionarios. Sin perjuicio de eso, reafirmamos nuestro compromiso con la función a la que estamos llamados, de administrar justicia con independencia y celeridad, resguardando los derechos y garantías de todas las personas».

El ministro Dolmestch agregó que «estamos recabando toda la información de lo sucedido para disponer las medidas pertinentes que aseguren que episodios como este no vuelvan suceder. Asimismo estamos preocupados de la salud del juez y de todas las personas agredidas durante el desarrollo de esta acción que terminó en una fuga».

En tanto, el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, encabezado por la presidenta María Teresa Díaz, tomó conocimiento de los hechos y solicitó informes a Gendarmería de Chile, sobre el desarrollo de los acontecimientos. Asimismo, dispuso que el administrador de la CAPJ de San Miguel, concurriera hasta el tribunal para recabar información y prestar apoyo en lo que sea requerido, a la vez que se comunicó con el juez Henríquez para manifestarle su solidaridad y apoyo.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Coyhaique acoge recurso y ordena la prisión preventiva de imputado por homicidio

corte-de-apelaciones-coyhaique1La Corte de Coyhaique acogió ayer –jueves 9 de febrero- el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva de Cesar Ignacio Barría Soto, imputado como autor del delito de homicidio preterintencional en contra de Héctor Javier Figueroa Bastías, ilícito perpetrado el 9 de noviembre de 2016, en la ciudad.

En fallo dividido (causa rol 8-2017), el tribunal de alzada –integrado por los ministros Alicia Araneda, Luis Sepúlveda y Pedro Castro– revocó la resolución apelada, dictada el 8 de febrero de 2017 por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, que dejó al imputado con arresto domiciliario total, ordenando el ingreso en prisión preventiva de Barría Soto por considerar «que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad», sostiene la resolución.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Luis Sepúlveda, quien estuvo por confirmar la resolución recurrida en razón de los propios fundamentos contenidos en la resolución dictada por el Juzgado de Garantía.

Según antecedentes del Ministerio Público, «el miércoles 09 de noviembre, cuando ambos estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de un domicilio de la Población Bernardo O’Higgins mantuvieron una pelea, donde el imputado agredió a la víctima con golpes de puño en su cabeza y rostro. A raíz de los anterior, la víctima sufrió una hemorragia cerebral que progresivamente fue deteriorando su estado de salud, falleciendo el viernes 11 de noviembre cerca de las 15 horas».

(Fuente: Poder Judicial)

Amparo de Machi Linconao: modificación de medida cautelar no dispone liberación de la amparada, por lo que no requiere unanimidad

Foto: La Tercera

Foto: La Tercera

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo interpuesto a favor de una Machi mayor de edad imputada por delitos de carácter terrorista, resolviendo la sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 5 de enero, la primera sala del tribunal de apelaciones regional acogió el amparo, disponiendo que la Machi pase de un régimen de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

No resulta discutido por los intervinientes en el proceso, que la formalización y acusación deducida en contra de la amparada en la sede jurisdiccional correspondiente, lo es por una de las conductas contenida en la Ley N° 18.314, la que dispone de una regulación procesal especial en la materia, según se puede leer de la norma contenida en el artículo 19 N° 7 letra e) inciso segundo de la Constitución Política de la República. Esta regulación especial exige que «la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9° (delitos terroristas), será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares.»

En este contexto, el tribunal acogió el recurso de amparo sólo en cuanto se ordena la reposición de los efectos naturales de la resolución confirmatoria del Tribunal ad quem, ordenando que opere la sustitución del lugar donde deberá cumplirse la privación de libertad que pesa sobre la amparada. El fallo de mayoría entiende que la resolución dictada por el Tribunal de Garantía no dispuso la liberación de la amparada, sino por el contrario, ordenó que la privación de libertad que le fuere impuesta sea cumplida en un lugar distinto al centro de detención dependiente de Gendarmería, esto es, en el domicilio fijado por la defensa. Por esta razón, resuelve que los supuestos requeridos por el legislador en el inciso segundo de la letra e) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no se cumplen, por cuanto no se ha ordenado la libertad de la amparada.

Es decir, la resolución que confirmó lo resuelto en primera instancia tiene el efecto de mantener firme la decisión del juzgado de garantía, pero sustituyendo la forma en que debe cumplirse la privación de libertad. Por eso mismo,no se requiere la unanimidad prevista en la letra e) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución, de modo que el voto de mayoría tiene los efectos naturales previstos en el artículo 85 del Código Orgánico de Tribunales, y no aquel que se produjo en los hechos.

El fallo contiene un voto de disidencia por la Ministro Sra. María Elena Llanos Morales.

La disidente estima que no se ha acreditado que hubieren antecedentes que en su momento se tuvieron en consideración al decretar la prisión preventiva de la imputada, teniendo presente, además, la naturaleza del delito, carácter y pena asignados al mismo. Además, considera que no se exhibió o acompañó documento alguno proveniente de profesional capacitado que haya dado cuenta del real estado de salud de la imputada, quien se encontraba enferma a raíz de la huelga que voluntariamente decidió hacer.

Finaliza diciendo que su razonamiento reconoce lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y 19 N° 2 que dispone que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Proyecto exige a fiscales fundamentar archivo provisional en delitos que merezcan pena aflictiva

FiscaliaLa moción de los diputados Farcas, Fuenzalida, Monckeberg, Nogueira, Sabat y Silber, expone que, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio Público, de un total de 803.588 causas terminadas hasta junio del presente año, 367.137 corresponden a archivos provisionales, representando un total de 48% de causas archivadas, lo que en síntesis importa que casi de la mitad de las investigaciones de hechos delictivos fueron desestimadas ya que a juicio del ente persecutor no aparecieron antecedentes que permitieran desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Observa luego que esta ineficacia en la persecución penal genera una sensación de frustración que afecta tanto a la ciudadanía como a los agentes policiales que auxilian a los fiscales en su labor persecutoria.

Al respecto, los autores de la moción citan el trabajo del profesor Passara, denominado “Claroscuros en la reforma procesal penal chilena: el papel del Ministerio Público”, el que pretende dejar en evidencia esa sensación; y se constata como ello repercute en el celo indagatorio de las policías y en la omisión de denuncias de particulares que ven en dicho trámite una pérdida de tiempo.

De la misma forma, señalan que durante la investigación se examinaron cerca de cien carpetas en la Fiscalía Centro-Norte de la Región Metropolitana, y se pudo constatar que se archivaban causas donde se podía identificar a los partícipes del delito, omitiéndose la persecución principalmente por tratarse de delitos menores o porque no había interés de la víctima, aun cuando se trataba en algunos casos de delitos de acción pública.

Por los antecedentes antes expuestos, y con el objeto de elevar los estándares para el archivo de causas, obligando al Ministerio Público a fundamentar su decisión y a señalar detalladamente las diligencias de investigación practicadas, el proyecto de ley propone modificar el artículo 167 del Código Procesal Penal, estableciendo que la decisión de archivo provisional deberá ser siempre fundamentada por el Ministerio Público; y en ella se señalarán detalladamente las diligencias de investigación practicadas.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10959-07.

Tribunales laborales: proponen precisar los plazos para las sentencias en procedimientos monitorios

TRIBUNALESLa Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó dos proyectos de ley, con el primero de ellos respaldó las enmiendas propuesta por la Cámara de Diputados, para la norma, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, en materia de plazo para audiencia única del procedimiento monitorio.

HASTA TRES DÍAS

Cabe recordar, que la instancia parlamentaria, había aprobado que el juez decrete sentencia el mismo día de la audiencia, «vale decir, que no se prolonguen los juicios a la eternidad, sino que se desarrolle en forma expedita un procedimiento monitorio. Sin embargo, esto que así fue aprobado por el Senado, tuvo algunas modificaciones en la Cámara y fueron aprobados por unanimidad y lo que hace es otorgar la posibilidad al juez de extender hasta por tres días la sentencia en casos muy calificados, particularmente cuando el caso es complejo y hay temas de riesgo», detalló la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión.

La idea, reforzó la legisladora es tener «sentencias más sólidas». Ahora será la Sala la que deberá pronunciarse sobre el proyecto.

UNIFICA TRIBUNALES

En segundo lugar, se despachó la moción que modifica el artículo 420 del Código del Trabajo, confiriéndole competencia a los tribunales laborales para conocer las contiendas en que los familiares de los trabajadores buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Según explicó la senadora Muñoz, «se busca unificar en sede de los tribunales laborales para todos los procesamientos laborales que llevan a cabo los familiares de trabajadores que han sido víctimas fatales de algún accidente del trabajo».

«Hoy –agregó la parlamentaria– los sobrevivientes, las familias, generalmente las esposas, son las que llevan esta carga de ir a los tribunales a establecer las anomalías laborales, infracciones que podrían haberse cometido en estos accidentes. Con este proyecto estamos buscando que sea solamente le tribunal laboral solamente el que conozca estas causas y no como hoy día ocurre, que son también los tribunales civiles y laborales».

«De esta manera, se pretende que las causas sean más expedito y los trámites se harán de forma más simple», comentó.

La norma fue aprobada en general y en particular y ahora le corresponderá a la Sala del Senado pronunciarse sobre la moción.

(Fuente: Senado)

Consulte los proyectos de ley, Boletines Nº 9623-13 y 8379-13.

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