Piden disponer de modificaciones legales y administrativas en materia de políticas de tierras para comunidades indígenas

Comunidad indigenaDisponer modificaciones legales y administrativas en materia de políticas de tierras para comunidades indígenas y crear un fondo para víctimas de atentados en la región de la Araucanía, es lo que pide la Sala de la Cámara de Diputados al Ejecutivo por medio de la resolución 722.

La petición, aprobada por 81 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, fue presentada a la Cámara por un grupo de diputados.

Según expresaron los legisladores, la violencia en la Araucanía ha alcanzado niveles inéditos en los últimos años, con una escala de violencia que evidencia la incapacidad del Estado para proveer seguridad a la población de los sectores rurales.

Por ello, agregaron, el informe final de la Comisión Investigadora sobre violencia en la Araucanía expuso una serie de propuestas que permiten avanzar hacia una posible solución de este conflicto, considerando, de suma urgencia, que el gobierno y los demás órganos del Estado desarrollen las labores necesarias para implementar dichas intensiones.

Por lo anterior, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo ingresar una calificación de urgencia al proyecto de ley que modifica la Ley 19.253, para establecer prohibiciones en relación con la adquisición de tierras y el acceso a los beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, actualmente radicado en la Comisión de Gobierno Interior de la Corporación.

Adicionalmente, piden disponer la creación de un Fondo de reparación para víctimas de atentados en la región de la Araucanía, así como el establecimiento de un subsidio que les permita asegurar la maquinaria y vehículos utilizados en sus faenas productivas, atendida la falta de oferta o alto costo que enfrentan quienes desean asegurar sus bienes.

Asimismo, llaman a generar mecanismos de financiamiento para el reemprendimiento, como el otorgamiento de créditos blandos para las personas que lo han perdido todo producto de atentados en la zona.

Finalmente, los parlamentarios piden mandatar al Ministerio de Desarrollo Social para que realice un catastro de los títulos de merced que aún no se han subsanado hasta la fecha, en la región de la Araucanía.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10593.

Ley N° 20.930, establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental

medioambienteEste sábado 25 de junio se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.930 que “establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental”. El objeto de esta institución consiste en establecer un instrumento general, que constituido por particulares o instituciones públicas en general, que permita fijar gravámenes a un inmueble que tendrán como finalidad la conservación del patrimonio ambiental.

El proyecto de ley se basó en la “conservation easement” o  servidumbre de conservación, vigente en Estados Unidos, que permite proteger las propiedades asegurando los fines de conservación. Del articulado de la Ley N° 20.930, es posible destacar los siguientes puntos centrales:

Concepto:

El artículo 2° de ley define el Derecho Real de Conservación como un: “derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de éste”. Este derecho se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada”.

Características:

Se caracteriza, de acuerdo al artículo 3° de la ley, como un derecho: inmueble, distinto del dominio del bien raíz gravado; transferible, transmisible, inembargable, indivisible e inseparable del inmueble o de la parte de él que se grava, y se puede constituir sobre cualquier bien inmueble. Expresa además que “Es de duración indefinida, salvo que las partes acuerden lo contrario. Para los efectos de la presente ley, los atributos o funciones del patrimonio ambiental del predio se considerarán inmuebles”. En cuanto a su titularidad, el artículo 4° expresa que puede ser titular de este derecho, toda persona natural o jurídica, pública o privada

Constitución del Derecho:

De acuerdo a los artículos 5° y 8°, éste derecho se constituye mediante «contrato constitutivo» celebrado por escritura pública, el que se deberá inscribir en extracto en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces respectivo. El incido final del artículo 5°, “el derecho real de conservación producirá sus efectos desde su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo”.

Efectos del Derecho:

La constitución de este derecho produce el establecimiento de gravámenes al inmueble que tendrán como finalidad la conservación del patrimonio ambiental. El artículo 6° inciso 1° de la ley, expresa que: “las partes deberán acordar al menos una de las siguientes prohibiciones, restricciones u obligaciones:

1.- Restricción o prohibición de destinar el inmueble a uno o más determinados fines inmobiliarios, comerciales, turísticos, industriales, de explotación agrícola, forestales o de otro tipo.

2.- Obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración o uso y aprovechamiento racionales del bien raíz.

3.- Obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo acordado en el contrato constitutivo, con miras al uso y aprovechamiento racionales de los recursos naturales del inmueble gravado, dentro del marco de un uso sostenible de los mismos”.

Se podrán fijar límites de montos para las obligaciones pecuniarias que se acuerden, así como convenir plazos diferentes para el cumplimiento de los distintos gravámenes que se establezcan”.

A continuación expresa el artículo 6° que: “el derecho real de conservación se extiende a todas las servidumbres activas constituidas a favor del inmueble y está sujeto a todas las servidumbres pasivas preexistentes, o a las nuevas que se puedan establecer por el dueño del predio sin vulnerar este derecho, o que se impongan posteriormente por mandato legal.

Sin perjuicio de las normas de carácter general, serán nulos los contratos en que se estipulen gravámenes al inmueble: a) que no sean específicos; b) que sólo consistan en obligarse a cumplir normas vigentes, o c) que no se ajusten a lo dispuesto en esta ley.

No es lícito al propietario impedir, obstaculizar o perjudicar el ejercicio de este derecho.

El derecho real de conservación no faculta a su titular para percibir los frutos naturales o civiles que deriven de la conservación del inmueble, salvo en aquello que se acuerde explícitamente por las partes”.

Extinción del Derecho:

En cuanto a su Extinción, el artículo 12°, expresa que: “El derecho de conservación se extinguirá por las causales generales de terminación de los derechos reales y, especialmente, por:

1.- La transferencia del bien gravado, de conformidad con el inciso segundo del artículo 11.

2.- La disolución de la persona jurídica titular del derecho, salvo estipulación en contrario.

3.- La expropiación del inmueble gravado. Si se expropiare parcialmente, subsistirá el derecho real de conservación sobre la parte no expropiada, si fuere posible. Lo anterior será sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan.

Las prestaciones mutuas a que pudiere dar lugar el término del derecho real de conservación se regularán por las normas contempladas en los artículos 904 a 914 del Código Civil”.

Para ver más, consulte texto completo de la Ley N° 20. 930

 

Diputados aprueban en último trámite proyecto que establece el derecho real de conservación

medioambienteCon el voto unánime de 103 diputados se ratificaron el martes 31 de mayo por la tarde las modificaciones del Senado al proyecto que establece el derecho real de conservación.

Según se indica en el texto legal, el derecho de conservación es un derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de éste. Este derecho se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada y será regulado por esta ley y por el contrato constitutivo.

Asimismo, se establece que el derecho real de conservación es inmueble y distinto del dominio del bien raíz gravado. Es, además, transferible, transmisible, inembargable, indivisible e inseparable del inmueble o de la parte de él que se grava, y se puede constituir sobre cualquier bien inmueble. Es de duración indefinida, salvo que las partes acuerden lo contrario. Para los efectos de esta normativa, los atributos o funciones del patrimonio ambiental del predio se considerarán inmuebles.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, podrá ser titular del derecho real de conservación.

El contrato constitutivo del derecho real de conservación deberá celebrarse por escritura pública, que también servirá como título para requerir la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Efectos del contrato

En el contrato constitutivo se establecerán los gravámenes al inmueble que tendrán como finalidad la conservación del patrimonio ambiental. Para tal efecto, las partes deberán acordar al menos una de las siguientes prohibiciones, restricciones u obligaciones:

  1. Restricción o prohibición de destinar el inmueble a uno o más determinados fines inmobiliarios, comerciales, turísticos, industriales, de explotación agrícola, forestales o de otro tipo.
  2. Obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración o uso y aprovechamiento racionales del bien raíz.
  3. Obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo acordado en el contrato constitutivo, con miras al uso y aprovechamiento racionales de los recursos naturales del inmueble gravado, dentro del marco de un uso sostenible de los mismos.

Se podrán fijar límites de montos para las obligaciones pecuniarias que se acuerden, así como convenir plazos diferentes para el cumplimiento de los distintos gravámenes que se establezcan.

El derecho real de conservación se extiende a todas las servidumbres activas constituidas a favor del inmueble y está sujeto a todas las servidumbres pasivas preexistentes, o a las nuevas que se puedan establecer por el dueño del predio sin vulnerar este derecho, o que se impongan posteriormente por mandato legal.

Sin perjuicio de las normas de carácter general, serán nulos los contratos en que se estipulen gravámenes al inmueble que no sean específicos; que sólo consistan en obligarse a cumplir normas vigentes; o que no se ajusten a lo dispuesto en esta ley.

No es lícito al propietario impedir, obstaculizar o perjudicar el ejercicio de este derecho.

En tanto, el derecho real de conservación no faculta a su titular para percibir los frutos naturales o civiles que deriven de la conservación del inmueble, salvo en aquello que se acuerde explícitamente por las partes.

Se podrá transferir el derecho real de conservación a cualquier título, salvo que en el contrato original se estipule algo diverso. El respectivo acto o contrato deberá celebrarse por escritura pública y practicarse la pertinente inscripción.

El derecho de conservación se extinguirá por las causales generales de terminación de los derechos reales y, especialmente, por la transferencia del bien gravado; la disolución de la persona jurídica titular del derecho, salvo estipulación en contrario; o la expropiación del inmueble gravado. Si se expropia parcialmente, subsistirá el derecho real de conservación sobre la parte no expropiada.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 5823.

A %d blogueros les gusta esto: