Con fecha 15 de febrero, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.069 que crea el instituto nacional de desarrollo sustentable de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala (INDESPA).

Dada la actual situación de la mayoría de las pesquerías en nuestro país, el proyecto de ley busca aumentar la productividad en el sector pesquero, otorgando a los actores más desfavorecidos la posibilidad de poder crear valor agregado a sus productos y facilitar la línea de comercialización de éstos para poder llegar a los destinos nacionales y extranjeros de forma más expedita. A través de medidas efectivas el INDESPA podrá gestionar de manera directa fondos a los pescadores artesanales para su fomento productivo, sin poner en riesgo la sustentabilidad  de los recursos hidrobiológicos, que son el sustento básico de sus propias familias, para de esta manera, aumentar la calidad de los productos del mar y contribuir a mejorar la actividad comercial de este sector.

Es por ello que el objetivo del proyecto de ley se inclina a  la creación de una institución con cobertura nacional que a través de oficinas regionales, contribuya a mejorar la capacidad productiva y/o comercial de los sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña escala, otorgando apoyo a estos sectores en casos de catástrofe e impulsando a su vez, obras de desarrollo de infraestructura con el fin de fomentar y promover el desarrollo productivo de sus beneficiarios.

En cuanto al contenido de la Ley destacamos los siguientes aspectos:

INDESPA

La Ley crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), como servicio público descentralizado, que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones,  sometido a la
supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo objetivo será fomentar y promover el desarrollo de la pesca artesanal, de la acuicultura de pequeña escala y sus beneficiarios, su domicilio será la ciudad de Valparaíso.

La acción del INDESPA comprenderá la facilitación del acceso al crédito, la asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios en todo el país, el financiamiento de aportes no reembolsables, así como también aquellos destinados a atender situaciones de catástrofe.

Se establece que un reglamento determinará cómo segmentar a los beneficiarios para las distintas áreas programáticas que desarrollará el INDESPA. Asimismo, establece el estatuto de personal a que estarán sujetos los funcionarios del INDESPA, así como las atribuciones del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo, precisando además, las normas referidas a su patrimonio.

Con la entrada en operación del INDESPA se ha previsto el término del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal y el traspaso al nuevo servicio de las funciones que correspondan actualmente al Fondo de Administración Pesquera en materia de pesca artesanal.

Estructura del Instituto

Considerará un Consejo Directivo integrado por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, quien lo presidirá; el Subsecretario deEconomía y Empresas de Menor Tamaño o quien éste designe; el Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo o quien éste designe; el Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura o quien éste designe, y el Director Nacional de Obras Portuarias o quien éste designe. Asimismo, integrará el Consejo el Director Ejecutivo, con derecho a voz, quien será el jefe superior del Servicio, y tendrá la calidad de alto directivo público.

Beneficiarios

Sólo podrán ser beneficiarios de las acciones desarrolladas o prestaciones otorgadas por el Indespa:
a) Los pescadores artesanales con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal, a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
b) Los acuicultores de pequeña escala que, de conformidad a la ley, cuenten con inscripción vigente en el registro que llevará el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
c) Las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente por pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala, legalmente constituidas. Los pescadores artesanales y los acuicultores de pequeña escala integrantes de organizaciones o personas jurídicas, deberán encontrarse inscritos en el registro pesquero artesanal o de acuicultura de pequeña escala, según corresponda.

Modificaciones

La Ley introduce modificaciones a  la Ley General de Pesca y Acuicultura, deroga su  párrafo 5° del Título IV y los artículos contenidos en él y modifica su artículo 173. Además modifica el artículo 17º de la ley N° 34 que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados.

Consulte Ley Nº 21.069 aquí

Con fecha 15 de febrero se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.075 relativa al «Fortalecimiento  de la regionalización del país» en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 3º que “La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”. Agrega dicha norma que “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.

En función de dicho mandato, el Ejecutivo ha procurado implementar una serie de acciones que apuntan en la dirección de terminar con lo que muchos consideran un centralismo asfixiante, que le quita el oxígeno a las regiones y, simultáneamente, tiene también asfixiada a la Región Metropolitana de Santiago, de forma tal de permitir que la vida económica, cultural y política no se centralice de manera excesiva en la capital del país.  Se requiere de acciones que permitan fortalecer aún más la autonomía de las regiones, lo cual comprende un aumento en las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales, lo que les permitirá fortalecer aún más su capacidad de gestión. Se busca alcanzar   una efectiva y real descentralización, dotando a las regiones de órganos representativos y con suficientes atribuciones para ser factores principales en el desarrollo y planificación de sus territorios, respondiendo a las realidades y aspiraciones de los habitantes de las distintas regiones del país.

De acuerdo al contenido de la ley resaltamos los siguientes puntos

Coordinación entre órganos de la Administración del Estado

Introduce en la Ley Nº 19.175 un reconocimiento expreso a la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones, tanto de forma directa como con otros órganos de la administración del Estado. Esto en búsqueda de materializar el mandato legal de asegurar la debida coordinación entre los órganos de la administración del Estado para facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales.

Nuevas funciones generales de los Gobiernos Regionales

El proyecto de ley incorpora nuevas funciones generales de los gobiernos regionales. Así, aquéllos podrán diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, los cuales deberán ajustarse a las políticas nacionales de desarrollo y al presupuesto de la Nación. Del mismo modo, los gobiernos regionales podrán efectuar los estudios, análisis y proposiciones referidas al desarrollo regional, a la vez que se les faculta para orientar el desarrollo territorial de la región, y coordinar la acción de los servicios públicos. Junto a lo anterior, podrán administrar fondos y programas de financiamiento de aplicación regional.

Nuevas funciones en el ámbito del Ordenamiento Territorial

La presente iniciativa legal incorpora un nuevo instrumento de desarrollo regional que orientará la gestión del territorio urbano y rural. Se trata del Plan Regional de Ordenamiento Territorial  el cual es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio. También establecerá, con carácter vinculante, condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación respectiva.

Nuevas funciones en materia de Desarrollo Social y Cultural

Se incorpora como función de los Gobiernos regionales la tarea de proponer, en coordinación con las autoridades competentes, programas y proyectos de impacto en grupos vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento. Del mismo modo, se incorpora la tarea de promoción de programas y proyectos que fomenten la práctica deportiva, así como su financiamiento. En lo propiamente cultural, se añade la función de financiar y difundir actividades y programas de esta naturaleza, promoviendo el fortalecimiento de la identidad regional. Por último, se agrega la competencia de mantener información actualizada acerca de la realidad socio económica de la región, identificando al efecto las áreas y sectores de pobreza extrema, lo cual deberá acompañarse de la propuesta de programas en la materia.

Nuevas atribuciones de los Gobiernos Regionales

Se contemplan el diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes, programas dentro de su territorio, y, además, ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende. Lo anterior constituye una ampliación considerable de las atribuciones de los gobiernos regionales, dándoles un rol de planificación del desarrollo de la región del cual carecían

Transferencia de Competencias.

En este ámbito, el proyecto de ley  incorpora un nuevo Párrafo 2° al Capítulo II del Título Segundo de la Ley señalada, estableciendo la forma y el contenido para la transferencia de las funciones y atribuciones a las que podrán acceder uno o más gobiernos regionales, mediante un procedimiento ágil. De esta manera El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente   con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. En virtud de dicha colaboración, el Presidente de la República transferirá, a uno o más
gobiernos regionales, en forma temporal o definitiva, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, y ordenará las adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieran. Tales transferencias podrán realizarse de oficio o a solicitud de un gobierno regional

Estructura Organizacional y Servicio Administrativo de los Gobiernos Regionales.

Divisiones: El proyecto de ley propone modificar la estructura administrativa de los gobiernos regionales. Así, y con el objeto de solucionar un vacío originado al aprobarse la Ley N° 20.035, a consecuencia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en cuanto a que la organización interna de los gobiernos regionales sólo puede ser fijada por la ley, se propone hacer la adecuación pertinente en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, estableciendo expresamente en su texto la estructura administrativa de estas entidades. Es por ello que El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará con la siguiente estructura organizacional:

a. División de Planificación y Desarrollo Regional.

b. División de Presupuesto e Inversión Regional.

c. División de Administración y Finanzas.

d. División de Fomento e Industria.

e. División de Infraestructura y Transportes.

f. División de Desarrollo Social y Humano.

Administrador Regional: El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del gobernador regional, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el artículo 68. El administrador regional será un funcionario de la exclusiva confianza del gobernador regional y para su nombramiento requerirá contar con un título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia
profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.

 Unidad de Control:  El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución financiera y presupuestaria.

Administración de las Áreas Metropolitanas

En cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas que serán administradas por el gobierno regional respectivo con el objeto de coordinar las políticas públicas en un territorio urbano. Para efectos de la presente ley se entenderá por “área metropolitana” la extensión territorial formada por dos o más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos cincuenta mil habitantes. Un reglamento emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser suscrito también por los Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de Hacienda, fijará, principalmente, los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas, singularizando y especificando los requerimientos de espacio territorial, utilización conjunta de
infraestructura, servicios y equipamiento.

Modificaciones

La ley modifica los siguientes cuerpos legales:

1. Ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional: Modifica sus artículos 20 bis, 22, 24, 25, ,27, 36, 39, 41, 43 bis, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 78, 81 y 100. Agrega los artículos 20 bis, 21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21 quinquies, 21 sexies, 21 septies, 21 octies, 36 bis, 36 ter, 68 bis, 68 ter, 68 quáter, 68 quinquies, 81 bis, 81 ter, 104 bis bis, 104 ter, 104 quáter, 104 quinquies, 104 sexies y 104 septies. Deroga los artículos del 48 al 60, 67, 107, 107, 110

2. Ley General de Urbanismo y Construcciones: Modifica los artículos 3, 28, 37, 47 y 55. Deroga los artículos 30, 31, 32 y 33.

3. Código Procesal Penal: Modifica el párrafo 2º del Título IV del libro cuarto y el artículo 423.

4. Ley  orgánica  constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: Modifica el artículo 75.

5. Ley  orgánica constitucional de Municipalidades: Modifica el artículo 3 y agrega nuevos los artículos 8 bis y 8 ter.

6. Ley  orgánica del Ministerio de Obras Públicas: Modifica el artículo 18.

7. Deroga el decreto ley Nº 2.339, del Ministerio del Interior, de 1978, que otorga denominación a la Región Metropolitana y a las Regiones del país, en la forma que indica.

Finalmente la ley establece en su  artículo 9°: «Las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional, para el gobierno y administración interior del Estado, se denominarán de la siguiente forma:

Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
Región del Maule
Región de Ñuble
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena».

Consulte Ley Nº 21.075 aquí

Con fecha de  15 de febrero  se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.075 que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, la cual establece y regula los sistemas de reutilización de las aguas grises, aplicable a áreas urbanas y rurales para abrir campo a un uso más eficiente de los recursos hídricos, especialmente en el norte del país.

El proyecto distingue las aguas grises de las aguas negras, entendiendo que las aguas grises provienen del uso domestico resultante del lavado de manos, duchas y lavaplatos y pueden ser recuperadas mediante la instalación de mecanismos de limpieza y depuración de mediana complejidad y servir para el llenado de inodoros, riego o limpieza de exteriores, por su parte las aguas negras son  aguas residuales contaminadas por elementos fecales y detergentes o sustancias no biodegradables que requieren de sistemas de canalización.

Sobre los Sistemas de reutilización:

La Ley establece que los sistemas de reutilización de aguas grises  deberán contar con la aprobación de proyecto y autorización de funcionamiento de la autoridad sanitaria regional respectiva. La solicitud de aprobación de proyecto deberá contener:

1.- La identificación del peticionario.
2.- La individualización precisa del lugar, área o áreas donde tendrá lugar la reutilización.
3.- El nombre o identificación del operador si fuera un sistema de tratamiento domiciliario.
4.- La indicación clara y precisa de los fines que se dará a las aguas grises tratadas.
5.- El sistema de tratamiento a emplear.
6.- La acreditación del hecho de contar con conexión a la red pública de alcantarillado, cuando éste exista, o con un sistema particular de aguas servidas, sea este individual o colectivo.

Para ello el Ministerio de Salud dictará un reglamento que contendrá las condiciones sanitarias que deberán cumplir los sistemas de reutilización de aguas grises, el que establecerá los requisitos o antecedentes adicionales que se deberán acompañar a las solicitudes de aprobación del proyecto y autorización de funcionamiento, según corresponda, tomando en especial consideración su aplicación tanto para área urbana como rural. Dicho reglamento  establecerá el destino que podrá darse a las aguas grises tratadas y los requisitos que deberá cumplir el sistema de reutilización de aguas grises para cada uso autorizado, así como las calidades específicas del
efluente tratado y las exigencias de control de su funcionamiento.

Por su parte los sistemas de recolección, tratamiento y reutilización de aguas grises se de interés público que excedan el ámbito domiciliario podrán ser de iniciativa municipal, del Servicio de Vivienda y Urbanización o de otro órgano de la Administración del Estado con competencia sobre el territorio, los establecimientos o respecto de las materias en que incida la declaración. Dichas entidades podrán licitar directamente o solicitar a la Superintendencia que realice la licitación pública para la recolección, tratamiento y reutilización de estas aguas. La
gestión de estos servicios se otorgará por un plazo determinado, de acuerdo al interés público comprometido y la magnitud de las inversiones según se defina en las bases de licitación. Adjudicada la licitación, el adjudicatario deberá obtener la aprobación del proyecto y la autorización de funcionamiento de dicho sistema de la respectiva autoridad sanitaria.

La ley prohíbe la reutilización de aguas grises tratadas para  el consumo humano y en general servicios de provisión de agua potable, así como riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidas crudas por las personas, o que sirvan de alimento a animales que pueden transmitir afecciones a la salud humana; procesos productivos de la industria alimenticia; uso en establecimientos de salud en general; cultivo acuícola de moluscos filtradores; uso en piletas, piscinas y balnearios; uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos; Uso en fuentes o piletas ornamentales en que exista riesgo de contacto del agua con las personas y cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgoso para la salud.

En caso de incumplimiento de esta ley o de la Ley General de Servicios Sanitarios, se aplicarán las sanciones
administrativas que este cuerpo legal o el Libro X del Código Sanitario contemplen, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar por los daños de cualquier naturaleza provocados por el sistema de reutilización de aguas grises. Corresponderá a la autoridad sanitaria y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dentro de sus respectivas competencias, la fiscalización de las disposiciones que comprende la presente ley.

Finalmente indica que La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá las edificaciones en que será obligatorio contar con sistemas de reutilización de aguas grises. Dicha determinación tendrá por finalidad asegurar la utilización eficiente de los recursos hídricos en estos proyectos y se hará en consideración a la ubicación geográfica, déficit de recursos hídricos, carga de ocupación o uso potencial de agua.

Modificación:

La ley incorpora  en el inciso segundo  del artículo 6° de la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios, la siguiente oración final: “Deberá considerarse el menor costo que exista en cada etapa producto de la recolección, tratamiento y disposición separada de las aguas grises, para lo cual los procesos de fijación de tarifas deberán determinar un factor de descuento que dé cuenta del menor uso de las redes y sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas».

Consulte Ley Nº 21.075 aquí.

El sábado 27 de enero se publicó con vigencia inmediata, en el Diario Oficial la Ley Nº 21.064 que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones, dichas modificaciones van dirigidas al marco regulatorio que rige a las aguas (Código de aguas), con la finalidad de aumentar las sanciones por extracciones no autorizadas de aguas y, en general, por infracciones a la normativa vigente en esta materia; fortalecer las potestades fiscalizadoras y sancionatorias, y mejorar la cantidad y calidad de la información sobre recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas.

Es por ello que el ejecutivo planteó dentro del proyecto modificatorio como «mas urgentes» los siguientes objetivos:

-Aumentar la efectividad y cobertura de los tipos penales establecidos en los artículos 459 y 460, del Código Penal;

– Reforzar la efectividad del artículo 173 del Código de Aguas, como norma sancionadora de las contravenciones a la normativa que rige las aguas, de manera de hacerla más acorde con la realidad, estableciendo las descripciones de las hipótesis de conductas sancionadas, nuevos límites para los montos de las multas y criterios para la fijación de las mismas; y

-Dotar a la Dirección General de Aguas de herramientas que le permitan recabar, en forma más efectiva, la información relacionada con recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas, de modo de favorecer una mejor planificación del recurso, una correcta asignación originaria de derechos de aprovechamiento de aguas, y una adecuada operación y distribución óptima de tales derechos.

La  Ley introduce modificaciones al Código de Aguas,  Código Penal  y  Código Procesal penal.

Modificaciones al Código de Aguas

Se modificaron los artículos 30, 38, 41, 48, 58, 62, 67, 68, 92, 119, 122, 122 bis, 129 bis, 135, 137, 138, 140, 171, 172, 173, 175, 176, 277, 278, 294, 299, 300, 302, 303, 306 y  3017 y se incorporan  los artículos 172 bis, 172 ter, 172 quáter, 172 quinquies, 172 sixies, 173 bis, 173 ter, 173 quáter, 299 bis y 299 ter, nuevos.

Dentro de estas modificaciones podemos destacar:

– En primer lugar el artículo 173 del Código de Aguas establecía una sanción general para toda contravención a dicho cuerpo legal que no esté especialmente sancionada, la cual consistía en una multa que no podría exceder de 20 unidades tributarias mensuales, por su escaso monto, no tenía un efecto disuasivo realmente eficaz para prevenir infracciones a la normativa de aguas vigente y al no existir una descripción de la hipótesis de conducta sancionada se ha convertido en una norma inaplicable. Es por ello que la Ley sustituye este artículo, indicando que La Dirección General de Aguas será la encargada de aplicar una multa a beneficio fiscal  y fijará el plazo para su pago cuyo monto se determinará de conformidad a lo dispuesto en dicho artículo, a quienes incurran en las infracciones que a continuación se describen:

1. Una multa de primer grado cuando se trate de infracciones relativas a la obligación de entregar información en la forma y oportunidad que disponen este Código y las resoluciones de la Dirección General de Aguas.

2. Una multa de segundo grado cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones que dispone el Código o sus reglamentos referentes a la instalación y mantención de sistemas de medición de caudales, de volúmenes extraídos y de niveles freáticos de la obra y de sistemas de transmisión de dicha información.

3. Una multa de tercer grado en caso de incumplimiento de la resolución que otorga nuevo plazo para la instalación de los sistemas señalados en el número anterior, previo procedimiento sancionatorio abreviado consistente en una visita a terreno, notificación del acta respectiva y recepción de los descargos pertinentes, dentro del plazo de treinta días contado desde la visita a terreno.

4. Una multa de cuarto grado cuando se realicen actos u obras, sin contar con el permiso de la autoridad competente, que afecten la disponibilidad de las aguas.

5. Una multa de quinto grado a quien, siendo titular actual de un derecho de aprovechamiento de aguas o no, de forma intencional obtenga una doble inscripción de su derecho en el Registro de Propiedad de Aguas del conservador de bienes raíces, para beneficio personal o en perjuicio de terceros. En caso de que proceda, al autor material del hecho se le sancionará, además, con la revocación de su título duplicado y la cancelación de la inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 460 bis del Código Penal.

6. Las infracciones que no tengan una sanción específica serán sancionadas con una multa cuya cuantía puede variar entre el primer y tercer grado.

La Dirección comunicará la resolución a la Tesorería General de la República para efectos de su cobro, una vez que ésta se encuentre ejecutoriada.

– En segundo lugar el Código de Aguas contempla algunas normas que permiten a la autoridad exigir de titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, organizaciones de usuarios, notarios públicos y conservadores de bienes raíces la entrega de información relacionada con extracciones de agua y transferencias o transmisiones de derechos de aprovechamiento de aguas, como son las contempladas en los artículos 68, en relación a extracciones de aguas subterráneas, y 122 y 122 bis en relación a transferencias o transmisiones de dominio de derechos de aprovechamiento de aguas, dichas normas han resultado insuficientes e ineficaces para la obtención de información sobre los recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas, por ello se realizan las siguientes modificaciones:

a. En cuanto al artículo 68,  el texto modificado establece que  «La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación y mantención de los sistemas de medición de caudales, de volúmenes extraídos y de niveles freáticos en las obras, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga al respecto y requerir la información que se obtenga. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución al acuífero. La Dirección General, por resolución fundada, determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir la obligación dispuesta en este artículo”.

b. En el artículo 122 referido al Catastro Público de Aguas que debe llevar la Dirección General de Aguas en el que consta toda la información que tenga relación con ellas, se estableció que en dicho catastro constituido por los archivos, registros e inventarios que el reglamento establezca  deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se consignarán todos los datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso, con las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de aprovechamiento, con los derechos reales constituidos sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos.

Agrega que «Para los efectos señalados en el inciso anterior, los conservadores de bienes raíces deberán enviar a la Dirección General de Aguas, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del acto que se realice ante ellos y en la forma que determine el reglamento del Catastro Público de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, la información de las inscripciones relativas a los derechos de aprovechamiento de aguas y sus antecedentes, y de las inscripciones de las organizaciones de usuarios de aguas y sus antecedentes. El incumplimiento de esta obligación por parte de los conservadores será sancionado según lo previsto en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.”.

c. El artículo 122 bis establece que ya no solo a petición de cualquier interesado sino también de oficio podrá ser sancionado el incumplimiento de la obligación  que tienen las organizaciones de usuarios de remitir a la Dirección General de Aguas  la información actualizada que conste en el registro que diga la relación con los usuarios, especialmente aquélla referida a las mutaciones en el dominio de los derechos de aprovechamiento y   la incorporación de nuevos derechos a las misma.

Modificaciones al Código Penal 

Se modificaron los artículo 459 y 460 y se incorpora el artículo 460 bis, nuevo.

En cuanto a estas modificaciones podemos señalar que a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, contenidas en los artículos 459 y 460 del Código Penal, y de los esfuerzos desplegados durante los últimos años por la autoridad para aumentar la fiscalización de dichas extracciones, el diagnóstico común es que estas medidas, en la forma que estaban establecidas no han resultado eficaces en la reducción de este tipo de ilícitos.

Dicho esto el artículo 459 modificado establece que sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de veinte a cinco mil unidades tributarias mensuales, los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos  practiquen la extracción no autorizada de aguas. Por su parte el artículo 460 indica que cuando los simples delitos a que se refiere el artículo 459 se ejecutaren con violencia o intimidación en las personas, si el culpable no mereciere mayor pena por la violencia o intimidación que causare, sufrirá la de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cincuenta a cinco mil unidades tributarias mensuales. Por ultimo se intercala el artículo 460 bis que establece que el que a sabiendas duplique la inscripción de su derecho en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces sufrirá las penas de presidio menor en su grado mínimo, multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, la revocación del título duplicado y la cancelación de la inscripción duplicada.

Modificaciones al Código Procesal Penal

Se modificó el artículo 166 agregando un inciso final que establece: «En los delitos previstos en los artículos 459 y 460 del Código Penal, recibida la denuncia el fiscal comunicará los hechos a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.”.

Consulte Ley Nº 21.064 aquí