Cámara de Diputados aprobó en general proyecto sobre control de armas

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general, con 84 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de ley que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad.

La norma, que deberá ser revisada en la Comisión de Seguridad Ciudadana para el debate de las observaciones, consiga que ninguna persona podrá poseer o tener armas largas con cañones recortadas; armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática; armas de juguete, fogueo, balines, postones o aire comprimido, adaptadas o transformadas para el disparo de municiones o cartuchos; armas con números de serie adulterados o borrados; ametralladoras y subametralladoras y metralletas automáticas y semiautomáticas.

En el debate, el diputado Daniel Farcas (PPD) dijo que «el proyecto es parte de una de las tareas importantes para prevenir el delito. Esto tiene que ver con la inmensa cantidad de armas de fuego que se encuentran en manos de particulares en el país». El legislador agregó que «muchas veces estas caen en manos de delincuentes y narcotraficantes».

En este sentido, precisó que «la norma tiene como objetivo introducir mayores controles y sancionar con una falta más grave la entrega de permisos a personas inadecuadas para su porte y también la venta de municiones a quienes no tienen registrada un arma de fuego».

El parlamentario del PPD subrayó que «han quedado tareas pendientes por parte del Ejecutivo como el ADN balístico, que ha sido solicitado por la Fiscalía Nacional» y detalló que «se trata de un registro que permitirá identificar quién y cuándo se disparó un arma».

Por otro lado, señaló que «es necesario establecer un impuesto especifico a los cartuchos y las balas, pues en la actualidad, aseguró, estas últimas cuestan en Chile más baratas que una cajetilla de cigarros».

Por su parte, el diputado Arturo Squella (UDI) dijo en el debate que «se trata de un proyecto positivo que recoge la intención de nueve proyectos de ley presentados a través de los años y que finalmente se trabajó en la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de una indicación sustitutiva».

El legislador de la UDI entregó sus observaciones respecto «a incluir dentro del control que ejerce esta norma las armas a postones». Hasta el momento explicó el diputado, «no estaban. Estaban en el listado del articulo número tres que las prohíbe, pero cuando han sido transformadas para el disparo de municiones o cartuchos, algo más cercano a un arma hechiza».

Según manifestó «lo que se estaría haciendo mediante este proyecto de ley, es incluirlas dentro de la lista del artículo número dos, que establece cuáles son las armas sujetas a control». Lo que a su juicio, «es una exageración que generaría un problema enorme, sobre todo en sectores rurales».

Acuerdo Internacional

En otra materia, la Sala de la Cámara aprobó y envió al Senado a segundo trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado que Modifica el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, suscrito en Andorra, el 12 de septiembre de 2016.

El texto legal precisa que, actualmente, las partes han considerado necesario modificar el referido Acuerdo de Sede, para cambiar la denominación “Oficina Técnica de Programas”, por la de “Oficina Nacional”, así como para indicar que esta comprenderá al Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, establecido mediante Resolución N° 04/2016, de 28 de enero de 2016, del Secretario General de la Organización.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10921-02.

Moción propone restablecer que nombramientos de oficiales superiores, generales y almirantes de las F.F.A.A. cuenten con aprobación del Senado

FUERZAS ARMADASLa moción del senador Navarro, expone que hasta el año 1973 la Comisión de Defensa del Senado, revisaba anualmente y cuando las circunstancias así lo requerían, la propuesta que el gobierno hacía respecto de los oficiales que obtenían los grados de coroneles y capitanes de navío, así como los futuros integrantes del alto mando, los generales y almirantes de la Fuerzas Armadas; posteriormente con su informe, era la Sala del Senado, la que aprobaba, dicho ascensos.

Observa luego que desde los inicios de la República, esta exigencia y criterio se utilizó en Chile por más de 160 años, plasmándose en los diferentes textos constitucionales, y cuya facultad del Senado rigió en plenitud hasta la vigencia de la Constitución de 1925.

Asimismo, recuerda que el Estatuto de la Junta de Gobierno, en 1974, mantiene este criterio de nombramiento con aprobación de dos poderes del Estado, consagrándolo en su artículo 13°, señalando: “Con acuerdo de la Junta de Gobierno, el Presidente conferirá los empleos o grados de oficiales generales, mediante decreto supremo. Para la provisión de los empleos o grados de Coroneles o Capitanes de Navío, se estará a lo dispuesto en los reglamentos de las instituciones”.

De esa manera, el autor de la iniciativa sostiene que la tradición republicana antes expuesta se vio interrumpida para el Golpe de Estado de 1973, motivo por el cual y con el objeto restablecer la facultad que históricamente tuvo el poder legislativo y en este caso el Senado, por 162 años, desde 1818 y hasta 1980, propone una reforma constitucional al artículo 53 de la Carta Política, que establezca que los Ascensos a Oficiales Superiores, Generales y Almirantes de las FFAA, que hace el Ejecutivo, deba contar con la aprobación del Senado.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11043-07.

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Primera Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. A partir de esta nota,  comenzaremos a destacar de forma no exhaustiva algunas sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron este año.

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GLOBOS DE VIGILANCIA

Relación entre seguridad y privacidad

globoA principios de año, las Municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea implementaron un sistema de cámaras de vigilancia en globos en la comuna. Vecinos y organizaciones ciudadanas recurrieron de protección frente a este plan, reclamando que a través de él se vulneraban los derechos de la privacidad, al abarcarse tanto espacios públicos como privados en la vigilancia.

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PERSONAL A CONTRATA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Aplicación de normativa laboral

Funcionarios JudicialesDesde finales del año pasado, y durante todo este año, se ha dado un vuelco jurisprudencial importante relacionado con el estatuto que se le reconoce a distintos grupos de funcionarios públicos, en los cuales la Corte Suprema ha optado por la aplicación del régimen del Código del Trabajo.  A continuación, algunos fallos relevantes.

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RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS 

Multitienda responsable por mantener a clientes en Dicom 

deudoresDurante el mes de octubre, la Corte Suprema respaldo criterio de la sentencia que acogió la demanda colectiva llevada adelante por Sernac a causa de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito con la casa comercial. La Corte consideró que al firmar el convenio de pago entre la empresa y los clientes –existiendo en ellos la legítima expectativa de salir del registro de morosidad– se produce una novación, en la cual se extingue la primitiva deuda y surge una nueva.

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PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, CAMBIO JURISPRUDENCIAL

Presentación de la demanda interrumpe la prescripción

codigo civilEl 31 de mayo del presente año, la cuarta sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en juicio sumario sobre acción reivindicatoria especial del Decreto Ley 2695, rechazando la excepción de prescripción interpuesta en segunda instancia. Modificando un criterio jurisprudencial de larga data, el fallo comenta que (…) «es tiempo de variar el criterio mayoritario que ha sostenido que la interrupción de la prescripción requiere la presentación de la demanda y además su notificación aún devengándose el plazo de prescripción.Esta posición doctrinal y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la prescripción que sanciona el descuido, desidia y negligencia de quien detenta un derecho y en cambio privilegia una interpretación que no tiene asidero en los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código Civil».

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INTERNET

Rechazo del derecho al olvido

google

Mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca incorporar el derecho al olvido al ordenamiento nacional, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el sitio web El Mercurio Online, y contra el buscador Google por existir una noticia en la que se asociaba el nombre del recurrente a un delito, por el cual el mismo ya cumplió la pena. El tribunal capitalino estimó que el derecho al olvido no existe en la legislación nacional, ni tampoco ha sido incorporado por la jurisprudencia, por lo que no puede existir como un derecho alegable ante tribunales. Apelada la sentencia,  la Tercera sala de la corte Suprema, confirmó lo resuelto en resolución de fecha 22 de noviembre de 2016.

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Expertos en derecho digital analizaron junto a Comisión de Constitución el proyecto de derecho al olvido

internacional tratados cooperacion diplomaticos diplomaciaPedir la eliminación de información desfasada y eventualmente perjudicial en una red o páginas específicas de información, es lo que busca regular el proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, para efectos de garantizar al titular de datos personales el derecho al olvido, que fue analizado este miércoles por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Renato Jijena, profesor en derecho informático de la Universidad Católica de Valparaíso, señaló que debatir en torno a esta iniciativa es de gran importancia, debido a que esto abre un debate donde son varios los bienes jurídicos que requieren ser amparados.

“Se tiene que ver cómo conjugar la necesidad de que exista transparencia de acceso a la información, con ciertos antecedentes que, eventualmente, fueron verdaderos en el pasado, y analizar qué pasa con esa información años después (…). Creo que el mejor ejemplo que se ha usado es el de los antecedentes penales”, afirmó.

Al mismo tiempo, Jijena añadió que el proyecto, como toda idea a debatir, es genérica y la mejor regulación requiere precisión y detalle. “Hay que trabajar las excepciones, porque son distintas las situaciones que se pueden presentar, entonces como un marco genérico conceptual de debate, me parece una muy buena iniciativa”, resaltó.

Una legislación completa

En tanto, Francisco Arellano, representante de la Fundación Datos Protegidos, aseguró que es sumamente importante que haya una discusión y legislación sobre el tema del derecho al olvido, pero el proyecto que se presenta es incompleto e impreciso, puesto que se corre el riesgo de vulnerar otros derechos fundamentales que colisionan con la legislación sobre el olvido.

“El derecho al olvido podría vulnerar la libertad de expresión, la memoria histórica, el ejercicio periodístico y el derecho a la información, entonces se requiere una legislación robusta y completa que se haga cargo de casos específicos, por ejemplo cuando una persona que fue imputada busca ser reinsertada en la sociedad”, planteó.

Asimismo, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, argumentó que las causales que establece este proyecto, para la aplicación del derecho al olvido, son excesivamente amplias y, por tanto, no permiten la correcta ponderación de los distintos intereses en juego, situación que según aclaró, podría significar una lesión a otros derechos constitucionales como lo son la libertad de prensa, el derecho al acceso a la información, la memoria histórica y el ejercicio del periodismo de investigación.

“Chile no cuenta con la legislación como la que tiene Europa y, al mismo tiempo, tampoco es efectivo que el camino europeo sea el más deseable, porque al establecer que se tiene que reclamar entre los motores de búsqueda, como lo ha hecho la Unión Europea, es hacer que sea un empresa privada la que, en primera instancia, tenga que decidir qué contenidos pueden estar o no disponibles en internet. Creemos que eso es complicado en términos de libertad de expresión y otros derechos fundamentales”, insistió.

Luis Pardo, presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social, en tanto, manifestó que el proyecto presenta muchos elementos difusos que son necesarios de precisar. “Es una iniciativa que está anclada a una ley que tiene que ver con la protección de datos personales, pero que incursiona en materias que dicen relación con la libertad de expresión y de prensa”, afirmó.

Materia controversial

Según expresó el presidente de la Comisión y autor de la moción, diputado Guillermo Ceroni (PPD), las exposiciones han permitido clarificar un tema que es complejo y donde se tendrá que legislar en forma especial. “El sentido que tiene el proyecto es que se elimine y quede caduco, después de un cierto tiempo, algún hecho de la vida privada, pero eso hay que hacerlo de tal manera que no signifique afectar el derecho a la información y borrar la historia de un país”, comentó.

En esa línea, el legislador recalcó que es un tema complejo e interesante de analizar, sobre todo porque, además, tendrían que existir tribunales especializados en la materia y no como existen hoy día en conjunto con otras entidades públicas.

Sobre lo anterior, precisó que se espera poder resolver el tema en una legislación compacta y escuchando a más expertos con el fin de compatibilizar otros derechos. “Vamos a escuchar al Consejo para la Transparencia; a la Defensoría Penal; y representantes de empresas como Google, para trabajar en un proyecto de ley mucho más completo”, expresó.

Por su parte, el diputado Daniel Farcas (PPD), también autor de la iniciativa, aclaró que esto es, sin duda, una materia controversial en donde lo que se quiere es que las personas tengan una oportunidad de defenderse frente a imputaciones que han sido injustas o que han sido desacreditadas a lo largo del tiempo.

“Lo que hemos escuchado, de parte de los expertos, es siempre esta contraposición de dos valores, es decir, cómo hacemos que en una sociedad democrática no exista ningún tipo de restricción a la libertad de prensa, pero, por otro lado que las personas sí tengan alguna posibilidad de defenderse, y lo que hemos visto en la experiencia europea es que hay una rigurosidad muy importante y significativa para terminar con este tipo de prácticas que tienen una defensa bastante más sistemática y rápida frente a este tipo de situaciones”, enfatizó.

Finalmente, el parlamentario añadió que, si bien el tema es muy complejo de analizar, se busca llegar a un equilibrio entre ambos valores, pero además entre metodologías de buscadores que hacen una labor tecnológica. “Esperamos llegar a aunar criterios y votar un proyecto de ley que permita a las personas algún tipo de procedimiento para poder salir de este atolladero”, concluyó.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10.608.

Corte de Santiago condenó a medio de comunicación escrito a pagar una indemnización por vincular a ex Oficial de Carabineros con narcotraficantes

FUERZAS ARMADASEn fallo unánime, la Corte de Santiago condenó a El Mercurio SAP a pagar una indemnización de $20.000.000 a ex Comandante de Carabineros, Juan Ignacio Loyola Villalobos, quien fue vinculado por la empresa periodística con una banda de narcotráfico conocida como «Los Carejarro», en julio de 2008.

La sentencia de la Corte capitalina, la cual confirma el fallo dictado por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad de la empresa por falta de cuidado o negligencia al difundir dicha información, sostiene que «aparece manifiesta la falta de cuidado, culpa o negligencia de la demandada al difundir la información en los términos en que fue publicada (tanto en la portada como en los titulares del cuerpo interior), del momento que vincula una «expulsión» del demandante del cuerpo de Carabineros (hecho que no había ocurrido) con nexos con una banda de narcotraficantes; en circunstancias que la propia fuente de la información que cita señala que no hay antecedentes de esos nexos. Sigue de ello que si por los dichos del General de Carabineros que dio la información, y que le constaban al medio de prensa demandado al citarlos textualmente, no aparecían hasta ese momento «nexos» con la banda de narcotraficantes ya mencionada, la demandada obró con culpa evidente al destacar la existencia de tales nexos tanto en la portada como en los titulares del cuerpo interior. Es decir, cuando efectuó la publicación de la manera antes indicada, y sabiendo que tales vínculos no se habían establecido, actuando desaprensivamente, informó como si fueren efectivos, relacionando a ellos la salida de Carabineros del actor. Por tanto, la demandada sabía que la información no tenía caracteres de veracidad».

La resolución del Tribunal de Alzada agrega que «(…) no exonera de responsabilidad a la demandada la circunstancia que se hubiese informado en términos similares, por otros medios de comunicación, sobre los hechos que dieron origen al proceso, como quiera que es facultad del agraviado demandar a uno, a más de uno o a todos los que le habrían inferido el daño; no pudiendo diluir su propia responsabilidad por haber incurrido otros en hechos similares. Con todo, y aun cuando se aceptara la teoría de la equivalencia de las condiciones –que cita– para establecer el nexo causal, ello tampoco lo libera de responsabilidad, del momento que si otros medios concurrieron al hecho dañoso, sólo demostraría ello la existencia de causas concurrentes o concausas, pero no que por tal razón queda eximido uno de los que contribuyó al daño producido».

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte de Apelaciones de Santiago dirime competencia en el denominado Milicogate

leopard tanque armaLa Corte de Apelaciones de Santiago determinó que corresponde al Segundo Juzgado Militar de Santiago seguir la tramitación de la investigación por infracción al artículo 367, número 1, del Código de Justicia Militar –falsificación de documentos militares–, en el  caso conocido como «Milicogate».

En fallo unánime (causa rol 3489-2014), la Undécima Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Alejandro Rivera, Jorge Norambuena Carrillo y el abogado (i) Jorge Norambuena Hernández– resolvió que la causa debe radicar en la justicia castrense por tratarse de una investigación por delitos militares en la cual se encuentra procesados el coronel de Ejército Clovis Montero Barra y el cabo Juan Carlos Cruz Valverde.

«Esta Sala por unanimidad plantea que las conductas a las cuales se han hecho mención, en relación a la investigación que se lleva actualmente en sede militar, dicen relación con delitos militares, en particular con el procesamiento respecto del 367 N°1 delito de iguales características y cometido por un funcionario público-militar, en consecuencia, dado lo dispuesto en el artículo 5° del Código de Justicia Militar, y lo señalado por el Ministerio Público Judicial, en su informe agregado a estos antecedentes, es de parecer de esta Sala que corresponde el conocimiento al Juzgado Militar en el cual actualmente se está tramitando esta investigación, en consecuencia, confirmando la resolución apelada, queda dirimida esta cuestión debiendo continuar el tribunal que actualmente se encuentra a cargo de esta investigación, debiendo comunicarse esta decisión a ambos tribunales, tanto al que se planteaba la contienda el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago como obviamente al Segundo Juzgado Militar de Santiago y además procediendo de conformidad a los artículos 109 del Código de Procedimiento Civil y 191 y 192 del Código Orgánico de Tribunales», sostiene el resolución.

(Fuente: Poder Judicial)

Moción propone agilizar declaración de muerte presunta de las personas desaparecidas en el mar

mar_oceanoBuscando enfrentar un problema real que afecta a muchas familias del sector pesquero, un grupo misceláneo de legisladores, presentó una moción que permite agilizar los trámites relativos a la declaración de muerte presunta de las personas desaparecidas en el mar.

El proyecto, derivado a la Comisión de Constitución para su estudio, fue ingresado a trámite legislativo el pasado 14 de abril y dado a conocer en la cuenta de la Sala del día 2 de mayo. Acompañaron en la diputada en la firma de la iniciativa su compañero de partido Fidel Espinoza y los diputados RN Bernardo Berger; PRSD Marcela Hernando; PPD Cristián Campos; DC Iván Flores y Juan Morano; independiente Iván Fuentes; PC Daniel Núñez; y UDI Jorge Ulloa.

Según relataron los parlamentarios, hay antecedentes de mujeres que han debido esperar más de 40 años como viudas, con el consecuente impacto para su familia, a la espera de una resolución que acredite la situación del pescador desaparecido.

En respuesta a esta situación, el proyecto se fija el objetivo de agilizar la tramitación judicial no contenciosa de solicitud de declaración de muerte presunta de las personas desaparecidas en el mar, determinando que no será necesario que hayan transcurridos a lo menos cinco años desde la ocurrencia del hecho. «Se propone modificar los plazos de ausencia requeridos por la normativa actual, para los casos en que la desaparición se haya producido luego de un naufragio, una vez terminadas las búsquedas oficiales, transcurrido el plazo de tres meses señalado en la ley», se informó.

Luego, se perfecciona lo relativo a la publicidad exigida por la ley para la citación de los desaparecidos, esto es, las publicaciones respectivas en los periódicos locales y oficial. Sobre el punto, la iniciativa establece que se deberán ser realizar en no menos de 15 días entre cada una, acortando los plazos exigidos.

Finalmente, se exime del informe del Defensor de Ausentes, ya que se estima que, en la práctica, dilata innecesariamente el procedimiento, toda vez que el resguardo de los bienes que se pretende otorgar en este sentido no se condice con la realidad social de las personas afectadas. Para este efecto se determina que el juez competente podrá prescindir de la diligencia, si a juicio fundado estima satisfactorias las pruebas presentadas por los deudos y por la Dirección General de la Armada.

«Mediante estas modificaciones se busca dar alivio y seguridad jurídica, no sólo a los seres queridos de las víctimas, sino que también a los familiares y amigos de todas las personas cuya desaparición tengamos que lamentar en el futuro», se precisó.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10624.

Aprueban en general proyecto que exige publicación de ley reservada del cobre

TRABAJADORES DEL COBRELa Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó -por 8 votos a favor y 5 en contra- el proyecto de ley que exige la publicación en el Diario Oficial de la Ley 13.196, Reservada del Cobre.

Al efecto, el diputado Pilowsky indicó que “Esta ley tiene que ser conocida por todos los chilenos, no es posible que en pleno sistema democrático aún no exista una ley de público conocimiento”.

En ese sentido, precisó que hay tres elementos que, a partir del análisis de la ley, podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Sobre esto, mencionó el 10% de las ventas de Codelco, de exportados respectos del cobre y sus derivados. “Ocurre que ese porcentaje aparece todos los años en la Contabilidad de Codelco y es un hecho público notorio que apareció, también, en el Libro de la Defensa del año 2010”.

Por otra parte, el Browne señaló que la ley no implica ningún riesgo para la seguridad nacional y que no hay nada de lo que no se tenga conocimiento. “Prácticamente todo se conoce y la verdad es que tenemos que ir despejando dudas que los ciudadanos tienen respecto de cómo están operando y financiándose las Fuerzas Armadas, porque se hace innecesario tener esta reserva de una ley que no compromete, absolutamente, nada.

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, y se espera que en la próxima sesión sea aproaba en particular.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10518-07.

Juzgado civil de Santiago acoge demanda de indemnización de servicios por negligencia de organismos públicos durante tsunami

terremoto catastrofeEl Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios por el fallecimiento de familiares a causa del tsunami causado por el terremoto del 2010.

La resolución del tribunal establece que si bien el SHOA no estuvo, por causas inimputables, en condiciones de cumplir rápidamente con su obligación reglamentaria de dar aviso a las respectivas autoridades navales y marítimas para la adopción de las medidas preventivas, sí podía dar aviso a estaciones de Carabineros con asiento en los puertos y caletas afectadas, cuyas comunicaciones no tenían impedimento alguno. Consulte fallo de primera instancia analizado por Microjuris.

El tribunal de primera instancia determinó la responsabilidad del Fisco en la muerte de los familiares de los demandantes debido a las negligencias graves ocurridas durante la emergencia, pues no realizó la comunicación a organismos a los que debió haber informando, lo que constituye una infracción gravísima al protocolo de emergencia que lo obligaba a informar, actuando con culpa por infracción de reglamentos.

Según el fallo, en el SHOA recae un deber exclusivo: es la única autoridad oficial en el país responsable de evaluar las informaciones sísmicas y de mareas para determinar la posibilidad de generación de un tsunami, emitir alertas y/o alarmas de maremotos y difundirlas o cancelarlas, todo según el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM) en el que participan las autoridades marítimas y civiles conforme a las disposiciones contenidas en la publicación Nº 3014, «Instrucciones Generales sobre el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos». Asimismo, la finalidad principal del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos será hacer llegar toda la información relacionada con la magnitud y hora estimada de llegada de un maremoto a nuestras costas, información que el SHOA debe entregar a las autoridades navales, marítimas y civiles (ONEMI) para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, entre ellas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en los puertos y caletas del litoral.

El SHOA debía poner en conocimiento de la alerta de tsunami a las autoridades civiles —como a la ONEMI, cosa que efectivamente hizo— pero también a autoridades navales y marítimas, para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, entre ellas las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en los puertos y caletas del litoral. Lo último no ocurrió, y los motivos esgrimidos —el colapso del sistema de comunicaciones, no del SHOA sino de los potenciales destinatarios— no justifican dicha omisión, pues no es efectivo dicho colapso respecto de Carabineros.

En su defensa, el Fisco aduce imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho, a causa del corte de comunicaciones post-catástrofe.

Pierde vigor la alegación de imprevisibilidad desde que el SHOA (que constituye un ente con Mando Técnico y es el único facultado para calificar la probabilidad de un maremoto) decretó alerta de tsunami y remitió dicha alerta por fax al CAT de la ONEMI a las 04:07 am, apoyado además en el primer boletín del Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, PTWC) recibido en la sala SNAM a las 03:48 horas, documento que había sido remitido por el PTWC a las 06:46, hora internacional, 03:46 hora de Chile, que indicaba también probabilida de tsunami. Ante este hecho cabe preguntarse dónde está la imprevisibilidad de una ocurrencia de tsunami. Abona lo dicho el que la alerta de tsunami emitida por el SHOA sólo fue cancelada a las 05:10 am, por lo que en el tiempo en que la ONEMI recibe la alerta de tsunami y finalmente ésta es erróneamente cancelada (varias olas ya azotaban las costas de Chile) se aprecia una conducta culposa del ente estatal. En consecuencia, era previsible la ocurrencia de un tsunami, pues así lo comunicaba la alerta del SHOA y el boletín del PTWC.

En cuanto a la irresistibilidad, por las evidentes razones de anormalidad vividas, se asentó em el procedimiento que la Armada de Chile estuvo imposibilitada sin culpa de hacer llegar la alerta a las autoridades navales y marítimas. Sin embargo, sí estuvo en condiciones de comunicarse con Carabineros apostados en las zonas afectadas, pues las comunicaciones de estos se mantuvieron en pie, y estaba obligado por protocolo a hacerlo y no lo hizo, lo que constituye una omisión culposa y no un caso fortuito o fuerza mayor.

Diputados presentan proyecto para homologar plazos de prescripción de responsabilidad administrativa en Fuerzas Armadas

FUERZAS ARMADASUn grupo de diputados presentaron una iniciativa legal para modificar el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, así como la ley orgánica constitucional de Carabineros, para aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria ante hechos irregulares.

El texto aumenta de dos a cuatro años el plazo de prescripción administrativa en caso de ilícitos para miembros de las FF.AA y Carabineros, hecho que hace justicia con el período que actualmente rige para quienes se desempeñan en la administración pública.

La propuesta surgió en el marco de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Investigadora del Fraude en el Ejército, particularmente, tras la presentación realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien indicó que uno de los problemas en la aplicación de sanciones por parte del órgano fiscalizador es el hecho que los uniformados tienen plazos de prescripción de su responsabilidad administrativa mucho menor al resto de los funcionarios públicos, dos años en el caso de los miembros de las FFAA y seis meses en el caso de Carabineros.

En los argumentos de esta moción, se señala que la probidad administrativa surgió en nuestro ordenamiento jurídico a propósito de la función pública y adquirió rango constitucional el año 2005. De esta manera, el principio de probidad exige a los funcionarios públicos, observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, poniendo el interés general siempre por sobre el particular.

De ahí entonces que exista un conjunto de deberes que deben cumplir todos los funcionarios de la Administración del Estado, y que la responsabilidad administrativa se origine en una infracción cometida por el funcionario público a dichos deberes, prohibiciones y/o incompatibilidades que le afecten.

Sin embargo, como toda responsabilidad, independiente de su naturaleza, una de las formas de extinguirla es por el transcurso del tiempo, vale decir la prescripción. La regla general de prescripción de la responsabilidad administrativa para los funcionarios se encuentra consagrada en el Estatuto Administrativo, que dispone que la acción disciplinaria prescribirá en un plazo de cuatro años.

Pero, tratándose del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estos plazos son diferentes, existiendo así «una manifiesta desigualdad entre la totalidad de los funcionarios públicos».

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de Ley, Boletín Nº 10623.

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