Diputados piden urgencia a debate sobre Protección de Datos Personales

Como un tema urgente de abordar en el país calificó el diputado de la Democracia Cristiana y presidente del Comité de Evaluación de la Ley, Pablo Lorenzini, la modernización de la normativa vigente sobre protección de datos personales.

El parlamentario explicó que este es un proyecto muy complejo, que se analizó en el Departamento de Evaluación de la Ley, y que tiene que ver con el mundo privado, la ciudadanía y con las reglamentaciones internacionales.

En ese contexto, señaló que, tras revisar la realidad actual, queda en evidencia la vulneración a la privacidad de los chilenos, ya que las bases de datos son compartidas entre las empresas privadas, sin que exista un control adecuado al respecto.

Por ello, el diputado pidió que se asigne urgencia al debate sobre protección de datos personales, considerando, además, que se suscribió un compromiso con la OCDE para avanzar en esta línea, que aún no se ha concretado.

“Es necesario legislar en este ámbito, manteniendo los resguardos para no tener un efecto contraproducente, ya que hay aspectos sobre probidad y transparencia que, en el caso de las autoridades, deben ser públicos”, aclaró.

Asimismo, resalto que se requiere, además, la creación de una Agencia de Protección de Datos que pueda fiscalizar el nuevo sistema con total independencia, respecto del trabajo de los ministerios.

Proyecto de Ley

La iniciativa abordaría una serie de temas que dicho departamento analizó, entre los que se destacan el establecimiento de siete principios que regirían el tratamiento de los datos personales: licitud del tratamiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad e información. En este último se incorporan los Derechos Arcos, que a su vez, tipifican claramente los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición.

El nuevo texto crearía, además, el derecho de portabilidad de la información, regularía la cesión de datos, definiría datos sensibles y categorías especiales sobre estos. También incorporaría reglas especiales para ciertos tipos de datos, como por ejemplo, los relativos a la salud.

Al mismo tiempo, regularía el tratamiento de datos personales por parte de organismos públicos y crearía una Agencia de Protección de Datos Personales.

Evaluación de la Ley

Cabe destacar que los profesionales del Departamento de Evaluación de la Ley realizaron un estudio de la eficiencia y eficacia de la actual Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, texto que fue entregado al Ministerio de Hacienda a fines del 2016 y que recomienda, entre otras cosas, modificar el concepto de dato personal, como también el de dato estadístico, así como identificar el de personal identificable.

Asimismo, señala que la definición de «fuentes accesibles al público» es poco clara en la ley actual y con escaso control sobre su finalidad. Al tiempo que existiría una utilización abusiva de datos sensibles.

A lo anterior, se añade la ausencia de límites en el tratamiento de datos por organismos públicos y el escaso cumplimiento de las instituciones del estado de inscribir sus bases de información en el registro de bancos de datos personales a cargo del Servicio de Registro Civil. Las cifras oficiales señalaron que a mayo del 2016 sólo 99 entes públicos de un universo de 700 habían cumplido con esta obligación.

Por último, se establece que la actual Ley N° 19.628 carece de sanciones efectivas en caso de infracción a la normativa y la ausencia de un órgano administrativo autónomo que vele por el cumplimiento de esta.

(Fuente: Diputados)

Sala de Cámara de Diputados aprobó proyecto que reforma el Consejo Nacional de Televisión

TELECOMUNICACIONESCon 106 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputados ratificó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que moderniza el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), concede asignaciones y delega facultades para fijar su planta de personal.

La iniciativa entrega a los trabajadores de planta y contrata del CNTV una asignación de estímulo para velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

Esta asignación, de pago mensual, equivale al 9% de la suma de las siguientes remuneraciones, según corresponda:

a) Sueldo base asignado al grado respectivo.
b) Asignación establecida en los artículos 17 y 18 de la ley N° 19.185.
c) Asignación establecida en el artículo 19 de la ley N° 19.185.
d) Asignación establecida en el artículo 6 del decreto ley N° 1.770, de 1977.

Este proyecto es fruto del esfuerzo de los trabajadores, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). En concreto, permite, después de 42 años, una modernización del organismo, administrativa y jurídicamente, al tiempo que se propicia a los trabajadores (110 funcionarios) posibilidades de tener una mejor carrera funcionaria.

El proyecto avanza en Transparencia para el organismo, estableciendo que el CNTV deberá enviar, anualmente, un informe a ambas ramas del Congreso Nacional con los resultados de la política de fomento audiovisual, de la promoción de programación cultural y educativa y el control de gestión de multas.

En marzo de cada año, además, deberá dar cuenta pública y a través de su sitio electrónico institucional, de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su gestión presupuestaria.

Asimismo, el Consejo deberá publicar las actas de sus sesiones; confeccionar y difundir un informe de gestión y un plan de auditoría interna, y se adscribirá al sistema de compras públicas del Estado.

Además, se establece que los cargos de Secretario Ejecutivo, Secretario General y demás directivos del Consejo, deberán realizarse de acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública. El personal de planta o a contrata que reúna las condiciones exigidas por la ley N° 19.882 y se desempeñe en funciones calificadas como críticas, pasará a recibir la asignación, que es fijada anualmente por la Ley de Presupuestos en cuanto a la cantidad máxima de funcionarios que la perciben y los recursos destinados para su pago.

Por otra parte, el jefe de servicio del Consejo pasará a percibir la asignación de dirección superior de la ley N° 19.863, siéndole aplicable la normativa sobre incompatibilidades y límites que la regula. El porcentaje de dicha asignación alcanzará el 50% de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le corresponde recibir.

Finalmente, esta iniciativa delega en la Presidenta de la República la facultad de fijar las nuevas plantas de personal del Consejo y los correspondientes requisitos específicos de ingreso y promoción, entre otras materias conexas.

Al efecto, se contemplan diversas normas, tales como los grados inferiores y superiores por estamento y disposiciones para proceder al encasillamiento del personal.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10922.

Moción consagra derecho al acceso a internet y especial protección a la vida privada en ambientes digitales

Twitter internet identidadLa moción de los senadores Girardi y Ossandón, expone que el desarrollo de Internet ha generado no solo grandes progresos para el ser humano, sino que también nuevos desafíos que subyacen en esos avances.

Observa luego que uno de los avances más relevantes en el último tiempo es el triángulo que forman las permanentes necesidades de conectividad, con el ejercicio de la libertad de expresión y la custodia de la privacidad de las personas en sus actividades en línea.

Se agrega luego que la Internet moderna ha superado el modelo lineal de intercambio de información, en el cual un usuario requería los datos desde un proveedor en cualquier parte del mundo. Así, indica que el nuevo modelo genera múltiples interacciones, convirtiendo al usuario en un generador de contenidos y, en tal esquema, la persona -o al menos su personalidad en línea- es la pieza central de interés para algunas líneas de negocios, así como para los Estados.

En ese sentido, los autores de la iniciativa sostienen que Internet se ha convertido en la fuente más importante de datos sobre las personas que jamás haya existido en la historia, ya sea a través de información directa y personal que pueda ser almacenada sobre los usuarios, así como los metadatos generados por las actividades realiza y servicios que consume la persona en la red; y, obviamente, los contenidos que los propios usuarios utilizan en Internet.

De esa manera, el proyecto recoge el llamado de Naciones Unidas para abordar las problemáticas mencionadas, especialmente aquellas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y la protección de la vida privada. Agrega que para la protección de tales derechos, se debe incorporar un nuevo ordinal al artículo 19 de la Constitución, y modificar el artículo 20 para incorporar nuevos derechos susceptibles de ser custodiados por el recurso de protección, consagrando de esta forma cinco conceptos: el acceso a internet como derecho garantizado a todas las personas; la protección de la libertad de expresión ejercida en internet; prohibición constitucional a la que estarán sujetos los órganos del Estado, respecto del control de las comunicaciones electrónicas, o el ejercicio de actividades de vigilancia a través de la recolección masiva e indiscriminada de datos de las personas, utilizando medios como la interceptación de comunicaciones en la red pública; la facultad de los tribunales de justicia de autorizar excepcionalmente la interceptación de comunicaciones circunscrita a una persona determinada, siempre y cuando se cumplan los requisitos objetivos; y, el mandato constitucional de dictar una ley que aborde el tratamiento de los datos personales, en el marco de las garantías a la privacidad de las personas y al derecho de autodeterminación informativa.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 11037

Expertos en derecho digital analizaron junto a Comisión de Constitución el proyecto de derecho al olvido

internacional tratados cooperacion diplomaticos diplomaciaPedir la eliminación de información desfasada y eventualmente perjudicial en una red o páginas específicas de información, es lo que busca regular el proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, para efectos de garantizar al titular de datos personales el derecho al olvido, que fue analizado este miércoles por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Renato Jijena, profesor en derecho informático de la Universidad Católica de Valparaíso, señaló que debatir en torno a esta iniciativa es de gran importancia, debido a que esto abre un debate donde son varios los bienes jurídicos que requieren ser amparados.

“Se tiene que ver cómo conjugar la necesidad de que exista transparencia de acceso a la información, con ciertos antecedentes que, eventualmente, fueron verdaderos en el pasado, y analizar qué pasa con esa información años después (…). Creo que el mejor ejemplo que se ha usado es el de los antecedentes penales”, afirmó.

Al mismo tiempo, Jijena añadió que el proyecto, como toda idea a debatir, es genérica y la mejor regulación requiere precisión y detalle. “Hay que trabajar las excepciones, porque son distintas las situaciones que se pueden presentar, entonces como un marco genérico conceptual de debate, me parece una muy buena iniciativa”, resaltó.

Una legislación completa

En tanto, Francisco Arellano, representante de la Fundación Datos Protegidos, aseguró que es sumamente importante que haya una discusión y legislación sobre el tema del derecho al olvido, pero el proyecto que se presenta es incompleto e impreciso, puesto que se corre el riesgo de vulnerar otros derechos fundamentales que colisionan con la legislación sobre el olvido.

“El derecho al olvido podría vulnerar la libertad de expresión, la memoria histórica, el ejercicio periodístico y el derecho a la información, entonces se requiere una legislación robusta y completa que se haga cargo de casos específicos, por ejemplo cuando una persona que fue imputada busca ser reinsertada en la sociedad”, planteó.

Asimismo, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, argumentó que las causales que establece este proyecto, para la aplicación del derecho al olvido, son excesivamente amplias y, por tanto, no permiten la correcta ponderación de los distintos intereses en juego, situación que según aclaró, podría significar una lesión a otros derechos constitucionales como lo son la libertad de prensa, el derecho al acceso a la información, la memoria histórica y el ejercicio del periodismo de investigación.

“Chile no cuenta con la legislación como la que tiene Europa y, al mismo tiempo, tampoco es efectivo que el camino europeo sea el más deseable, porque al establecer que se tiene que reclamar entre los motores de búsqueda, como lo ha hecho la Unión Europea, es hacer que sea un empresa privada la que, en primera instancia, tenga que decidir qué contenidos pueden estar o no disponibles en internet. Creemos que eso es complicado en términos de libertad de expresión y otros derechos fundamentales”, insistió.

Luis Pardo, presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social, en tanto, manifestó que el proyecto presenta muchos elementos difusos que son necesarios de precisar. “Es una iniciativa que está anclada a una ley que tiene que ver con la protección de datos personales, pero que incursiona en materias que dicen relación con la libertad de expresión y de prensa”, afirmó.

Materia controversial

Según expresó el presidente de la Comisión y autor de la moción, diputado Guillermo Ceroni (PPD), las exposiciones han permitido clarificar un tema que es complejo y donde se tendrá que legislar en forma especial. “El sentido que tiene el proyecto es que se elimine y quede caduco, después de un cierto tiempo, algún hecho de la vida privada, pero eso hay que hacerlo de tal manera que no signifique afectar el derecho a la información y borrar la historia de un país”, comentó.

En esa línea, el legislador recalcó que es un tema complejo e interesante de analizar, sobre todo porque, además, tendrían que existir tribunales especializados en la materia y no como existen hoy día en conjunto con otras entidades públicas.

Sobre lo anterior, precisó que se espera poder resolver el tema en una legislación compacta y escuchando a más expertos con el fin de compatibilizar otros derechos. “Vamos a escuchar al Consejo para la Transparencia; a la Defensoría Penal; y representantes de empresas como Google, para trabajar en un proyecto de ley mucho más completo”, expresó.

Por su parte, el diputado Daniel Farcas (PPD), también autor de la iniciativa, aclaró que esto es, sin duda, una materia controversial en donde lo que se quiere es que las personas tengan una oportunidad de defenderse frente a imputaciones que han sido injustas o que han sido desacreditadas a lo largo del tiempo.

“Lo que hemos escuchado, de parte de los expertos, es siempre esta contraposición de dos valores, es decir, cómo hacemos que en una sociedad democrática no exista ningún tipo de restricción a la libertad de prensa, pero, por otro lado que las personas sí tengan alguna posibilidad de defenderse, y lo que hemos visto en la experiencia europea es que hay una rigurosidad muy importante y significativa para terminar con este tipo de prácticas que tienen una defensa bastante más sistemática y rápida frente a este tipo de situaciones”, enfatizó.

Finalmente, el parlamentario añadió que, si bien el tema es muy complejo de analizar, se busca llegar a un equilibrio entre ambos valores, pero además entre metodologías de buscadores que hacen una labor tecnológica. “Esperamos llegar a aunar criterios y votar un proyecto de ley que permita a las personas algún tipo de procedimiento para poder salir de este atolladero”, concluyó.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10.608.

A Sala de Senado el «Convenio de Budapest»

SENADOLuego del respaldo de la Comisión de Relaciones Exteriores, el pleno del Senado deberá pronunciarse sobre el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001.

El acuerdo que se encuentra en su segundo trámite constitucional, «establece el acuerdo entre países para poder combatir los delitos informáticos que es la forma de delinquir de estos tiempos, lo que significa clonaciones de tarjetas, intervenir cuentas bancarias, hackear determinados programas, entre otros actos», precisó en senador Jorge Pizarro, Presidente de la Comisión de RR.EE.

DESARROLLO DE UNA POLÍTICA CRIMINAL

Al respecto, según consta en el mensaje, el principal objetivo del Convenio es el desarrollo de una política criminal común frente al ciberdelito, mediante la homologación de la legislación penal, sustantiva y procesal, y el establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.

Así, es posible constatar que existen diversos ilícitos asociados al uso de plataformas tecnológicas. Algunos de ellos son exclusivamente del ámbito del ciberespacio, como el sabotaje informático o el acceso indebido a sistemas de información, en tanto otros pueden ser facilitados o tener un alcance mayor gracias a internet, como la estafa, la adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil y la comercialización y producción de éste.

Nuestro país no está ajeno a la ocurrencia de este tipo de criminalidad y, de hecho, contamos desde el año 1993 con una ley que tipifica figuras penales relativas a la informática (ley 19.223). Es más, según informa la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el incremento en el uso de internet ha aumentado de 585.489 conexiones fijas en el año 2000 a 2.556.914 en el año 2015, lo que conlleva mayores probabilidades de que ocurran ilícitos de este tipo.

En este escenario, se puede manifestar que de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio Público los casos ingresados por sabotaje informático han aumentado de 5 el año 2006 a 770 el año 2014, mientras el espionaje informático aumentó de 1 caso el año 2006 a 206 el año 2014.

No obstante lo anterior, nuestra legislación no tipifica ciertas figuras penales. La adhesión al Convenio de Budapest nos obligaría a considerar un catálogo de delitos más exhaustivo y actualizado. En efecto, dicho instrumento establece que las Partes deberán adoptar en sus legislaciones nacionales determinados tipos penales relativos a violaciones de sistemas informáticos, fraude informático, pornografía infantil e infracción a la propiedad intelectual.

EL CIBERESPACIO NO RECONOCE FRONTERAS

El ciberespacio no reconoce fronteras, permitiendo iniciar en un Estado la ejecución de una conducta ilícita para generar sus efectos en otro y aprovecharse de las ganancias en un tercero. Todo esto puede ocurrir en forma instantánea, debido a que el desarrollo tecnológico basado en la interconexión global permite lograrlo a bajo costo, con menores riesgos y con altos niveles de eficacia. Por este motivo, para la detección y sanción de estas prácticas ilegales, es imperiosa la asistencia internacional que nos ofrece el Convenio de Budapest, particularmente el sistema de comunicación y asistencia técnica entre países en un formato de veinticuatro horas al día, siete días a la semana.

A juicio del senador Pizarro, «el Acuerdo significa una oportunidad de trabajar en acuerdo, en línea, en red, con contactos a nivel de todos los países que forman parte de este convenio y además en los tiempos adecuados. Muchos de estos delitos, para poder investigarlos o seguirlos, hay que hacerlo casi en el mismo tiempo, de manera simultánea, y formar parte de este convenio nos permitirá tener los datos, las informaciones, lo que está sucediendo en todo el resto del mundo y así ser más eficaces en la lucha contra este tipo de delitos».

«Son normas que requieren de actualización y de una tipificación muy técnica, por ello tuvimos varias sesiones donde escuchamos distintos expertos que han estado trabajando en estas materias, desde el plano legislativo y también desde el control policial de estos delitos», agregó el legislador.

CONTEXTO

El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el “Convenio de Budapest”, constituye el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y de otros sistemas informáticos. Fue elaborado por expertos del Consejo de Europa, con ayuda de especialistas de otros países ajenos a la Organización, como Estados Unidos, Canadá y Japón.

Entró en vigor el 1° de julio de 2004 y, a la fecha, ha sido ratificado por cuarenta y siete Estados. Además, cabe señalar que han sido invitados a hacerse Parte del referido Convenio otros Estados no miembros del Consejo de Europa, entre ellos, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, México y Perú.

El Convenio se encuentra estructurado sobre la base de un Preámbulo, en donde se consignan los motivos que tuvieron a las Partes para adoptarlo; y de cuarenta y ocho artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo dispositivo.

Tribunal de Justicia Europeo se pronuncia en favor de gestores de páginas web y reconoce derecho a conservar registro de direcciones IP

corte-europea-de-justiciaEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que el gestor de un sitio web puede conservar, más allá del cierre de la sesión, un registro de las direcciones IP dinámica de sus usuarios, pues tiene un interés legítimo en garantizar la continuidad del funcionamiento del sitio ante eventuales ataques.

Cabe recordar que el pronunciamiento se realizó en el contexto de una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo Civil y Penal de Alemania, en la que se preguntaba, por un lado, si las direcciones IP «dinámicas» constituyen en relación con el gestor del sitio de Internet, un dato personal del usuario, que disfruta de la protección prevista para tales datos y, por otro, si el gestor de un sitio de Internet debe, al menos en principio, tener la posibilidad de recoger y utilizar posteriormente los datos personales de los usuarios con el fin de garantizar el funcionamiento general de su sitio.

Lo anterior se inició ante la pretensión de un ciudadano alemán que se opuso, ante los órganos jurisdiccionales alemanes, a que los sitios de Internet de los organismos federales alemanes que consulta registren y conserven sus direcciones de protocolo de Internet («direcciones IP»).

En su sentencia, el TJUE declaró, en primer término que una dirección IP dinámica registrada por un «proveedor de servicios de medios en línea» (es decir, por el gestor de un sitio de Internet, en el presente asunto los organismos federales alemanes) durante la consulta de su sitio de Internet accesible al público constituye, respecto al gestor, un dato personal cuando éste dispone de medios legales que le permitan identificar al usuario gracias a la información suplementaria de que dispone el proveedor de acceso a Internet de dicho usuario. Así, indica que existe en Alemania vías legales que permiten al proveedor de servicios de medios en línea dirigirse, en particular en caso de ataques cibernéticos, a la autoridad competente a fin de que ésta lleve a cabo las actuaciones necesarias para obtener dicha información del proveedor de acceso a Internet y para ejercitar a continuación acciones penales.

Enseguida, la sentencia indica que, conforme al Derecho de la Unión, el tratamiento de datos personales es lícito, entre otros supuestos, si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento (o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos), siempre que no prevalezcan el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado.

De esa forma, el fallo concluye señalando  que los organismos federales alemanes que suministran servicios de medios en línea podrían tener un interés legítimo en garantizar, más allá́ de cada utilización concreta de sus sitios de Internet accesibles al público, la continuidad del funcionamiento de sus sitios.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte texto de sentencia

Entra en vigencia tramitación electrónica de causas ante Corte Suprema

supremaConforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio del Autoacordado que regula el funcionamiento de tribunales que tramitan electrónicamente, a contar del 16 de septiembre de 2016, la tramitación electrónica entrará en vigencia en un determinado universo de causas que se tramitan ante el máximo Tribunal del país.

En ese sentido, el grupo de causas señaladas corresponden a las siguientes:

  1. Acciones cuya tramitación se inicia ante la Excma. Corte Suprema de Justicia (Recursos de revisión, error judicial, exequátur, extradiciones);
  2. Recursos que provienen de causas cuya primera instancia se haya iniciado bajo la vigencia de la ley de tramitación electrónica, es decir, recursos de causas que provengan de los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valsectionia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, cuya tramitación se haya iniciado con posterioridad al 18 de junio de 2016; y
  3. Recursos que provienen de causas cuya tramitación se haya iniciado antes de la vigencia de la ley de tramitación electrónica, es decir, con anterioridad al 18 de junio de 2016, que provengan de tribunales que tramitan con carpeta electrónica, es decir, en tribunales con competencia en materia penal, de familia, laboral y de cobranza laborar y previsional, de los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valsectionia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

De acuerdo a lo anterior, toda presentación que se deba llevar a cabo en este tipo de causas, deberá realizarse exclusivamente por el portal virtual del Poder Judicial, y la consecuente utilización de la clave única otorgada por el Registro Civil o de firma electrónica avanzada.

(Fuente: Diario Constitucional)

Bruselas sanciona a Apple con la devolución de 13.000 millones por ventajas fiscales

Fuente: Wikipedia

Fuente: Wikipedia

La Comisión Europea obligará a la compañía de tecnología a devolver hasta 13.000 millones de euros más intereses a Irlanda en impuestos no pagados. La firma se benefició de un régimen fiscal favorable de forma ilícita gracias a un acuerdo con Irlanda que le permitió pagar solo el 1% en impuestos por sus beneficios de 2003, el primer año que disfrutó de reglas benevolentes, tasa que fue reduciéndose hasta el 0,005% en 2014, el último ejercicio bajo la lupa. La cantidad que deberá desembolsar representa prácticamente el doble del beneficio mundial que logró Apple en el último trimestre, y un tercio de todas sus ventas en dicho periodo. Competencia ha estimado que las ventajas que otorgó Irlanda a la compañía para abaratar considerablemente su factura con el fisco durante más de una década son ayudas de Estado ilegales, e impone la mayor devolución de impuestos registrada nunca en suelo comunitario.

«Han reducido artificialmente la factura fiscal de Apple y queremos enviar un mensaje claro: los Estados no pueden dar ventajas fiscales a las empresas, da igual que sean grandes o pequeñas, extranjeras o europeas», ha afirmado este martes la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Las acciones de la compañía dirigida por Tim Cook apenas acusan el revés en la apertura de Wall Street, y cotizan con ligeras caídas. El montante de la devolución está cerca del peor escenario para Apple que calculaba JP Morgan, el banco de inversión de la compañía de Cupertino, que cifraba el golpe en hasta 17.000 millones de euros.

El enfrentamiento tomará ahora la vía judicial. Tanto Apple como Irlanda han expresado ya su decisión de recurrir la decisión. «Confiamos en que la medida será revocada», ha afirmado la compañía en un comunicado. La respuesta de Apple incluye un inquietante recado para Europa advirtiendo de que en caso de tener que efectuar el desembolso, sus efectos también se notarían en Europa: «tendrá un profundo y dañino efecto en la inversión y la creación de empleo en Europa», avisan.

Las reacciones en Irlanda, cuyo sistema fiscal ha quedado en entredicho, tampoco se han hecho esperar. «Estoy en profundo desacuerdo con la Comisión», ha dicho contundente el ministro de Finanzas, Michael Noonan, en un comunicado. «La decisión no nos deja otra opción que recurrir para defender la integridad de nuestro sistema fiscal», ha añadido. Bruselas considera que Apple declaró en Irlanda la «práctica totalidad» de los beneficios que obtuvo en la UE para pagar menos impuestos.

El asunto va más allá de un conflicto entre una empresa y la Unión Europea. La macrosanción, que llevaba semanas esperándose ha abierto grietas en las relaciones entre Bruselas y Washington, con el Tesoro norteamericano acusando directamente a la Comisión de extralimitarse de sus funciones al investigar a Apple, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, y tachándola de erigirse en un organismo fiscal supranacional. La Comisión responde que las leyes son iguales para todos independientemente de su tamaño o nacionalidad, y rechaza cualquier insinuación de persecución antinorteamericana.

Para ello pone de ejemplo sus actuaciones contra Starbucks y Fiat-Chrysler, a las que exigió la devolución de entre 20 y 30 millones de euros en impuestos atrasados a Holanda y Luxemburgo respectivamente. También el caso de las 35 multinacionales a las que en enero de este año ordenaron devolver 700 millones de euros al fisco belga después de que dicho país empleara durante una década prácticas dignas de los más avezados paraísos fiscales. «La mayoría son empresas europeas», recuerdan desde Bruselas.

(Fuente: El País)

Proyecto que busca garantiza una velocidad mínima de acceso a Internet quedó listo para ser votado por la Sala

telefonia telecomunicaciones redes conexionesEn condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Ello, luego que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobara algunos de los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados en su segundo trámite y rechazara otras disposiciones.

Así lo informó el presidente de la citada instancia legislativa, senador Manuel Antonio Matta, tras explicar que es muy probable que se tenga que constituir una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias en torno a la iniciativa.

«El gran debate que tuvimos es de qué forma los servicios que procuran dar un servicio de internet adecuado al pago que realiza el usuario, efectivamente se cumple», dijo el senador tras precisar que «hoy existe una extremada liberalidad en la materia respecto de que lo que se cancela por parte del usuario no es el servicio que se otorga por parte de las empresas».

El senador Matta indicó que «tuvimos controversia con los criterios de la Cámara de  Diputados y al ser rechazados por parte nuestra, vamos a llegar a una mixta para poder subsanar los criterios diferenciadores».

En lo fundamental el proyecto busca lograr garantizar la velocidad de acceso a internet fijando, a su vez, un organismo independiente, externo y técnico a cargo de la verificación de los accesos de internet que ofrecen las compañías.

Los senadores aprobaron las normas que dicen relación con dotar de mayor autonomía e independencia a la entidad externa que verificará lo que ofrecen las compañías y las rechazadas dicen relación con los derechos de los usuarios y las garantías a las que se verían obligados los proveedores.

DECODIFICACIÓN ILEGAL

Asimismo, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones continuó con el estudio del proyecto, en primer trámite, que establece sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital de pago (boletín 10.294-15)

La iniciativa, tiene su origen en una moción de los senadores Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Manuel José Ossandón y Patricio Walker, quienes buscaron una fórmula para poder sancionar la decodificación ilegal de la televisión satelital de pago.

Según cálculos extraoficiales, en base a los registros de Aduanas, se estima que en Chile existen alrededor de 300.000 usuarios de dispositivos destinados a decodificar señales satelitales de forma ilegal, hecho que ha producido pérdidas de más de 66 millones de dólares en las empresas operadoras de TV satelital de pago, pérdidas que en Latinoamérica alcanzarían los 3.200 millones de dólares, lo que según los operadores puede atentar en contra del desarrollo de esta industria en la región.

Esta iniciativa pretende avanzar en la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de televisión satelital de pago, impidiendo la comercialización transfronteriza e intrafronteriza de dispositivos y/o softwares con capacidad de decodificar señales satelitales encriptadas, sin la debida autorización del distribuidor legal y/o dueño del contenido.

Se precisa que no se persigue sancionar a los dueños; meros tenedores; o poseedores de los dispositivos y/o softwares descritos previamente, ya que el objetivo es sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago.

Según explicó el senador Matta «se busca evitar cualquier situación de uso ilegal del sistema y poder sancionar debidamente con multa y decomiso, básicamente el uso ilegal… hay espíritu mayoritario de ver para entender requerimientos para mejorar el proyecto de decodificación ilegal».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 8584-15.

Despachan nuevo sistema de transmisión eléctrica

carretera_electricaEn condiciones de ser visto por la Comisión de Hacienda, en los artículos de su competencia, quedó el proyecto –iniciado en mensaje– en segundo trámite, que establece nuevos sistemas nuevos sistemas de trasmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Minería y Energía terminaran de despachar las 1264 indicaciones en sesiones extraordinarias. Durante la jornada de ayer, los legisladores terminaron de revisar la parte final de la norma y los artículos transitorios.

Tras la aprobación, la presidenta de la instancia parlamentaria, la senadora Isabel Allende valoró el trabajo realizado por los asesores de los propios congresistas y los del Ministerio de Energía. “Hemos hecho un trabajo intenso con sesiones más largas y varias horas para sacar adelante un sistema eléctrico seguro y a la vez permita rebajar las tarifas. Es un tema muy complejo y técnico, de hecho nuestros asesores analizaron las propuestas de cambio al texto durante dos meses”, relató.

Por su parte, el senador Alejandro Guillier también valoró la aprobación, destacando los consensos alcanzados. “En general hubo coincidencia con el Ejecutivo respecto de muchas materias, de hecho el Gobierno patrocinó algunas indicaciones nuestras que eran inadmisibles”, aclaró en cuanto a procedimiento.

Respecto del texto que venía de la Cámara Baja, el legislador explicó que se hicieron algunos cambios significativos, por ejemplo “el nuevo trazado será responsabilidad del Gobierno, pero se despejaron todas la dudas respecto a las evaluaciones de impacto ambiental, las que sí o sí se realizarán. También se aprobó que se hagan consulta a las comunidades indígenas cuando corresponda sobre todo respecto a la definición de polo de desarrollo. Asimismo, se fijaron procedimientos para hacer más claro el cobro de las tarifas”.

DEBATE ÚLTIMA SESIÓN

En la última jornada los parlamentarios votaron una serie de aspectos en concordancia con el Ejecutivo. Aprovechando la presencia del Ministro de Energía, Máximo Pacheco se despejaron diversas materias colaterales al proyecto.

Al momento de revisar los artículos transitorios se abordó cómo se traspasarán las funciones de los actuales Centros Económicos de Despacho de Carga (Cedec) al nuevo organismo coordinador independiente del sistema eléctrico. Por ejemplo, se estableció que cuatro meses después de publicada la ley, debe generarse el consejo directivo respectivo, y dos meses después se deberá nombrar al director ejecutivo y su estatuto. De esta forma se busca que el 1 de enero de 2017, la institucionalidad pueda operar.

Respecto de la tarificación, el senador García Ruminot consultó por los cargos de corte y reposición del servicio. “Actualmente a las personas le cobran por cortarle y reponerle la luz. Creemos que eso debe ser eliminado en el caso de grupos vulnerables como la tercera edad”, comentó.

Al respecto, el ministro Pacheco explicó que el proyecto de equidad tarifaria –en trámite– elimina dicho cobro, por lo que desde diciembre de este año, ello debería ser erradicado de las prácticas de la compañías eléctricas. Para tener más antecedentes de aquello, como también del denominado Net Metering, la Comisión acordó hacer una sesión especial con la presencia del secretario de Estado.

Otro tema presente fue la implementación de los medidores inteligentes. El ministro anunció que comenzó la marcha blanca de la instalación de estos dispositivos. “50 mil se han dispuesto para la región Metropolitana y 5 mil para la región de Valparaíso. Estos no se van a cobrar y buscan mejorar la gestión del consumo, es decir, que las personas sepan a qué hora gastan más y a qué hora podrían generar un ahorro. Acá estamos hablando de servicios complementarios a esta ley”, detalló.

A ese respecto, el senador Alejandro García Huidobro puso el tema de la ‘hora punta’. “En zonas de sequía las personas riegan sus campos en las noches, pero ese momento se considera hora punta y el costo es elevadísimo. Por eso quiero que el ministerio evalúe estos horarios y cómo afectan el desarrollo de ciertas actividades productivas”, solicitó.

Finalmente, se abordó el cobro de la electricidad. Actualmente el 80% del costo es pagado por las generadoras que inyectan energía al trazado. Eso va a cambiar de manera que todos los actores se prorrateen el costo, lo que a la larga producirá una baja de las cuentas de los clientes.

Para producir el cambio, y considerando que los contratos en vigencia ya fueron licitados con determinados costos y se extienden por un plazo de 20 años, se diseñaron tablas en las que los generadores irán progresivamente pagando menos entre el 2019 y el 2034; mientras que los clientes individualizados (66 empresas que gastan más) y no individualizados irán aumentando su carga de costos en el mismo tramo.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10240-08.

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