Cámara de Diputados publicó declaraciones de intereses y patrimonio de sus autoridades

Tal como lo dispone la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y su reglamento, tanto los parlamentarios como las autoridades y funcionarios de la Corporación efectuaron la nueva Declaración de Intereses y Patrimonio.

El objetivo de esta norma es transparentar la relación entre la política y los negocios, minimizando los riesgos de conflictos de intereses a través de la publicación de estas declaraciones.

En conformidad al acuerdo suscrito con la Contraloría General de la República, el pasado 21 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados accedió a la plataforma electrónica creada y administrada por el órgano contralor, el que, en los plazos que la norma estipula, enviará dicha información al Consejo para la Transparencia, organismo que, por su parte, pondrá a disposición de los ciudadanos las declaraciones a través del portal http://www.infoprobidad.cl

La ley 20.880 señala que el principio de probidad consiste en “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

En concordancia, regula tres mecanismos para prevenir los conflictos de intereses:

  • La declaración de patrimonio e intereses
  • El mandato especial de administración de cartera de valores
  • La obligación de enajenar

La norma, asimismo, considera “intereses” a aquellas actividades económicas y profesionales en que participa un funcionario (remuneradas o no), y aquellas en las que ha participado en los últimos dos años; mientras que el “patrimonio” son los bienes muebles e inmuebles adquiridos en Chile y el extranjero (vehículos, derechos de aguas, acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo o participación en sociedades, entre otros.)

En el caso del Congreso Nacional, la declaración debe incluir también a los ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos), descendientes (hijos, nietos, bisnietos, tataranieto y choznos), hermanos, cuñados y suegros del declarante, aunque no toda esa información es pública, de acuerdo a la ley N° 20.880.

La ley establece sanciones en caso de realizar la declaración en el plazo, 31 de marzo. Sin embargo, la totalidad de los sujetos obligados de la Cámara de Diputados cumplió con esta obligación en el plazo legal.

Si existieran declaraciones incompletas o inexactas, la Comisión de Ética llamará al diputado para que en un plazo de 10 días hábiles la rectifique. Si no se lleva a cabo tal procedimiento, el diputado quedará sujeto a una multa de beneficio fiscal de 5 a 50 UTM, que se descontarán de su dieta y se reiterará en cada mes de retardo.

(Fuente: Diputados)

Aprueban normas administrativas para complementar ley sobre probidad y prevención de conflictos de interés

SENADOEse acuerdo se refiere al cumplimiento de dicha obligación por parte de los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, del Comité de Auditoría Parlamentaria y de los tres Jefes de Servicio del Congreso Nacional: los Secretarios Generales del Senado y de la Cámara de Diputados y el Director de la Biblioteca del Congreso.

De esa forma se completa la aplicación de una normativa común a todas las autoridades y funcionarios del Congreso Nacional obligados a efectuar las declaraciones de intereses y patrimonio, luego de que dicha propuesta había sido aprobada, previamente, por las Comisiones de Etica y Transparencia de cada Cámara respecto de los senadores y diputados.

Esa serie de normas administrativas complementa la aplicación de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés y su reglamento, con vistas a procurar una interpretación homogénea de sus disposiciones que, a la vez, siga los criterios generales contemplados para todo el sector público.

Así lo explicó el presidente de la citada instancia, senador Pedro Araya quien señaló que “la comisión bicameral aprobó un reglamento respecto del cómo deben rendirse las declaraciones de patrimonio e intereses. Hay que recordar que la ley entra en vigencia a partir del mes de marzo y hoy día se va a hacer todo en forma electrónica”.

En tal sentido, dijo que “se aprobaron las normas técnicas de cómo se va a hacer la declaración y se dio por parte del prosecretario del Senado una explicación respecto de la utilización de la página web para que los senadores, diputados y todas las demás personas obligadas puedan realizar su declaración que después la ciudadanía va a poder consultar en línea”.

El senador Araya indicó que “lo que se busca hoy es que exista una base de datos única con las declaraciones de patrimonio e intereses de las distintas autoridades del país y en estas no están exentas ni el Senado ni la Cámara y a partir de eso va a existir una página web que la ciudadanía va a poder consultar y va a poder ver cuáles son las declaraciones de patrimonio e intereses y a partir de eso ver si existen conflictos de interés o no cuando un senador o diputado esté votando un proyecto de ley o alguna otra autoridad o funcionario del Congreso adoptando una decisión en materias de su competencia”.

Se trata de la página web http://www.declaracionjurada.cl donde se puede descargar el formulario para hacer la declaración y también se pueden ver todas las declaraciones de las distintas autoridades. En la página web del Senado http://www.senado.cl también estarán disponibles las de los parlamentarios y de los funcionarios que están obligados por ley a entregar una declaración de patrimonio e interés.

“Durante el mes de marzo las distintas autoridades tienen que ingresar el formulario y a partir del 1 de abril la ciudadanía va a poder consultar en línea las declaraciones”, aseguró el senador Araya.

(Fuente: Senado)

Contraloría toma conocimiento de información remitida por el Consejo para la Transparencia sobre norma que regula el lobby

LobbyEl Consejo para la Transparencia ha remitido a la Contraloría General un informe sobre los registros reportados a esa entidad por sectionersos organismos de la Administración del Estado respecto a la Ley N° 20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.

Al efecto, cabe recordar que dicha ley dispone que el Órgano Contralor debe poner a disposición permanente del público, en un sitio electrónico, los registros de agenda pública a los que alude, asegurando su fácil y expedito acceso, como asimismo, en forma trimestral, un registro que contenga una nómina sistematizada de las personas que en tal periodo hayan sostenido reuniones o audiencias con los sujetos pasivos para fines de lobby o de gestión de intereses particulares.

Así, el CPLT informa que, en cumplimiento de ese mandato legal, tiene habilitado el sitio electrónico denominado “InfoLobby”, en el cual se publica la información remitida por los sujetos pasivos sobre estos registros de agenda pública y los datos de lobbistas y gestores de intereses particulares.

Además, expresa que, sin perjuicio del análisis que pueda desarrollar esta Contraloría General, se destacan en el informe determinados resultados estadísticos de ese trabajo, que enumera, los cuales a su juicio podrían ser de interés para el ejercicio de las funciones del Órgano de Control.

A mayor abundamiento, se refieren al alto porcentaje de los sujetos pasivos que no cuenta con registro alguno de audiencias, viajes y donativos; a que la mayoría de los sujetos pasivos informados desde el inicio de la vigencia de la ley corresponde al cargo «Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la ley N° 19.886»; a la existencia, en el ámbito de la administración central del Estado, de determinados organismos que no han reportado ningún registro de agenda pública, y, en general, a omisiones y deficiencias en la información por parte de ciertos entes.

De esa forma, la Contraloría expone haber tomado conocimiento de lo anteriormente señalado y que considerará esta información en las investigaciones futuras.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consejo para la Transparencia declaró inadmisible amparo de acceso a la información contra Ministerio de Justicia

TransparenciaSe dedujo amparo de acceso a la información en contra del Ministerio de Justicia, fundado en la denegación de la información solicitada referente al número de ingresos de causas de sectionorcios a los tribunales y el número de sentencias de sectionorcio desde el año de promulgación de la Ley (2004). También, solicitó el número de sectionorcios según los motivos de término de causa desde el año de promulgación de la Ley.

El Consejo para la Transparencia expresó que, atendido a lo dispuesto en el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Transparencia previene que la reclamación «deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso». Agrega, que el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento dispone que «Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible».

De esta manera, el CPLT sostiene que al momento de realizar el análisis de admisibilidad, no se advirtió con suficiente claridad el fundamento del mismo.

Por lo anterior, se señala que el Consejo ejerció la facultad prevista en el citado artículo 46 del Reglamento, requiriendo a la parte recurrente subsanar el amparo deducido en los términos referidos.

n embargo, el CPLT indicó que la reclamante no realizó presentación alguna destinada a subsanar el amparo interpuesto; por tal motivo, declaró la inadmisibilidad de la presente reclamación al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y el artículo 46 de su Reglamento.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consejo para la Transparencia declaró inadmisible reclamo por infracción a normas de transparencia activa por parte de Universidad de Aysén

TransparenciaSe dedujo reclamo por infracción a los deberes de transparencia activa en contra de la Universidad de Aysén, fundado en que el acceso a la información no es expedito. Específicamente, reclama que la Universidad no posee un formulario electrónico para realizar solicitudes de acceso en línea.

Al respecto, el Consejo para la Transparencia sostuvo que, atendido lo dispuesto en los artículos 7° y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 3°, letra i), 6°, 50 y siguientes de su Reglamento, para que el CPLT pueda conocer de los reclamos por infracción a las normas de transparencia activa interpuestos en contra de los órganos de la Administración del Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad tenga lugar el supuesto que establece la ley a este respecto, esto es, que no se mantengan a disposición permanente del público, a través de los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado, los antecedentes señalados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.

Por lo anterior, se resuelve que, del análisis del reclamo por infracción a las normas de transparencia activa deducido, se advierte que no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Ello, por cuanto la presentación del recurrente tendría por objeto realizar una denuncia respecto de barreras de acceso existentes para efectuar solicitudes de acceso a la información, pero no reclamar por la falta de completitud o de acceso al listado de la información que las normas antes indicadas obligan a mantener en los sitios electrónicos a los órganos de la Administración del Estado.

De esta forma, el Consejo concluyó declarando la inadmisibilidad del requerimiento.

(Fuente: Diario Constitucional)

A Sala del Senado proyecto que aumenta sanciones a los delitos de cohecho y soborno

cohechoEn condiciones de ser discutido y votado en la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica el Código Penal aumentando las penas para los delitos de cohecho y soborno y que tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal. Ello, luego que la Comisión de Constitución aprobara la iniciativa que fue presentada por los senadores Alberto Espina, Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Felipe Harboe y Hernán Larraín.

Según explicó el senador Espina, el proyecto “hace cambios muy importantes en toda la ley que sanciona los delitos de cohecho, de soborno cometidos por funcionarios públicos chilenos, e incluso aquellos cometidos por funcionarios públicos extranjeros y también se sanciona a los particulares que incurran en el acto de soborno, elevando las penas considerablemente”.

En tal sentido, señaló que “dependiendo de la gravedad, las penas quedan desde cinco años de cárcel como mínimo a 15 años, lo que a nosotros nos parece que es un cambio muy importante en nuestra legislación porque hoy día las penas por estos delitos de corrupción son extremadamente bajas y por lo tanto, una persona condenada, lo probable es que quede en libertad”.

El legislador indicó que “adicionalmente cambiamos el beneficio que reciba el funcionario público. Hoy día se señala que tiene que ser “un beneficio económico” nosotros lo ampliamos a un beneficio de cualquier otra naturaleza pero que sea indebido, con lo que se amplía el margen de acción, porque puede haber un soborno que se haga para un funcionario público y que no sea plata, puede ser otro beneficio indebido y que no corresponda”.

Según el senador Espina, “los actos de soborno dicen relación con pagarle a un funcionario público para que realice un acto que está dentro de su competencia pero se le paga para que lo realice indebidamente. Lo segundo es para que realice un acto que no puede hacer porque está fuera de su competencia y en tercer lugar queda aquel en que se le paga para que cometa un delito como funcionario público y eso tiene una sanción más alta”.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10739-07.

Congreso y Ejecutivo concuerdan medidas para regular remuneraciones de altas autoridades del estado

congreso nacional smallEn el marco de la necesidad de fortalecer la legitimidad del servicio público, ante el aumento de los estándares éticos que la ciudadanía espera que cumplan quienes se desempeñan como servidores públicos, el Congreso Nacional y el Gobierno iniciaron en 2015 un trabajo conjunto para revisar el sistema actual de dietas parlamentarias y remuneraciones de las altas autoridades del país, para efectos de fijar criterios para su determinación y reajustabilidad.

Hoy, los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber, y de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, junto al Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, suscribieron el convenio que plasma los acuerdos alcanzados, enfocados en dos líneas de propuestas:

I. Establecer un mecanismo de reajuste de remuneraciones
II. Impulsar moción que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional en lo relativo a Probidad y Transparencia

Al respecto, el ministro Valdés calificó la propuesta como «soluciones bastante innovadoras que alejan los conflictos» que podrían existir cuando los parlamentarios deben legislar sobre sus propios rejaustes.

De esta manera, en primer término, el Congreso le dará al Presidente de la República un poder especial para fijar el monto del reajuste, previo informe de un organismo asesor que propondrá el reajuste de remuneraciones de las altas autoridades del Estado, el cual no podrá ser superior al general dispuesto para el sector público.

Dicho Consejo estará compuesto por tres miembros, los cuales deberán haber ejercido en alguno de los siguientes cargos: Consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director de Presupuestos, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos o Director Nacional del Servicio Civil. Todos los miembros serán nombrados por el Presidente de la República y ejercerán su cargo ad honorem.

El Presidente de la Cámara destacó que «este esfuerzo se viene realizando por las corporaciones desde antes del presente mandato» y que es especialmente relevante, en materia de reajuste, porque los parlamentarios recibían constantemente «una crítica severa de que nosotros nos pronunciábamos sobre nuestro propio reajuste y aparecía como un privilegio».

Modificación ley orgánica del Congreso Nacional

En segundo lugar, se propone enfatizar algunas medidas contenidas en el proyecto que modifica la LOC:

1. Dedicación Exclusiva de la Función Parlamentaria y deber de abstención de los parlamentarios. La citada moción regula estas materias entendiendo por función parlamentaria todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes. Además, se plantea que los parlamentarios solo podrán ejercer la administración de los bienes que no estén afectos a la obligación de ser delegados a terceros; desempeñar actividades docentes hasta por un máximo de doce horas mensuales; y producir, crear y publicar obras literarias, científicas, artísticas o técnicas.

En cuanto al deber de abstención de los parlamentarios, la moción establece que los miembros de ambas corporaciones no podrán promover ni votar asuntos en el que tengan un interés directo o lo tenga su cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, cuando sea de tal naturaleza que, objetivamente, pudiera considerarse que adquiere preminencia sobre el interés general. El parlamentario que infrinja el deber de abstención, será sancionado con censura.

2. Sobre el efecto del desafuero en las asignaciones parlamentarias, la Comisión sugiere incorporar como indicación un artículo que consagre legalmente este efecto, de acuerdo a lo ya acordado tanto en la Cámara como en el Senado en la materia. Es decir, que las asignaciones solo corresponderán a la parte “que no esté comprometida por contratos válidamente celebrados por la institución o que recaiga en recursos destinados al ejercicio mismo de la función parlamentaria”.

3. En materia de multas por inasistencia de los parlamentarios, se propone perfeccionar la norma, ampliando la sanción a la inasistencia injustificada a sala también a las comisiones; estableciendo un rango de multas que deberá aplicar el organismo interno de las respectivas Corporaciones. Así solo se entenderá por ausencia justificada la que se funde en una licencia médica, un impedimento grave, la realización de alguna gestión encomendada por la Corporación o alguna de las actividades propias de la función parlamentaria.

Antecedentes

Cabe recordar que este trabajo surgió del acuerdo alcanzado el 21 de septiembre de 2015, en el marco de la discusión del Reajuste del Sector Público, donde los poderes Ejecutivo y Legislativo, representados por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y los entonces Presidentes del Senado, Patricio Walker y de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, suscribieron un protocolo de acuerdo que contempló que el reajuste de ese año no se aplicara a los mas altos cargos del Estado, incluyendo a la Presidenta de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes Regionales, Senadores y Diputados.

Pero, además, se acordó revisar el sistema actual de dietas parlamentarias, los criterios para su determinación y los mecanismos para su reajustabilidad, de tal forma que ellos sean definidos mediante procedimientos externos al quehacer parlamentario.

Paralelamente, y de manera consistente, tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional han avanzado en otras medidas tendientes a dotar de mayor legitimidad a la función pública y, en particular, a la función parlamentaria, como por ejemplo:

  1. Reforma constitucional que estableció la obligación de una Cuenta Pública a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados (Ley N° 20.854);
  2. Reforma constitucional que establece la cesación en el cargo de parlamentarios, alcaldes y concejales, por infracción a las normas sobre transparencia y gasto electoral (Ley N° 20.870);
  3. Ley sobre Probidad en la Función Pública, que regula la declaración de intereses y patrimonio a autoridades públicas (Ley N° 20.880).
  4. Conformación del Consejo de Modernización de la Labor Legislativa.
  5. Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de Probidad y Transparencia, que precisa impedimentos de los parlamentarios; que prohíbe el uso de información privilegiada; refuerza el deber de asistencia, entre otras medidas (Boletín N° 10.264-07).
  6. Medidas de gestión interna del Congreso Nacional:
    1. Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, sobre procedencia del pago de asignaciones a un diputado que se encuentra desaforado.
    2. Elaboración de nuevo Estatuto Parlamentario para la Cámara de Diputados, que busca revisar y definir un conjunto de prerrogativas, derechos, deberes y prohibiciones que rigen el ejercicio del cargo parlamentario.
    3. Norma de la Comisión de Ética del Senado que obliga a los parlamentarios a hacer pública, mediante la ley de lobby u otra fórmula de registrar sus audiencias, las reuniones que sostengan con personas que postulen a algunos de los cargos en los cuales el Senado tiene participación en la decisión final.
    4. Avances para tener un sistema de transmisión televisiva de las diversas comisiones del Senado.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10264.

Desde hoy Ley Reservada del Cobre deja de ser secreta

codelcoHoy se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.977, que exige la publicación de la Ley N° 13.196, Reservada del Cobre. De esta forma, se culmina el proceso iniciado por los diputados DC Jaime Pilowsky, Ricardo Rincón y Yasna Provoste, Marcelo Schilling (PS), Guillermo Ceroni (PPD) y el independiente René Saffirio, quienes en enero de este año presentaron una moción para terminar con el secreto de esta normativa.

La derogación de la norma cruzó el debate legislativo durante este año, principalmente por la compleja situación económica que pasa Codelco, que llevó al Ejecutivo a presentar esta semana una iniciativa legal para su capitalización extraordinaria, precisamente, con recursos de la Ley Reservada del Cobre.

El cuerpo normativo que desclasifica la Ley Reservada del Cobre, señala lo siguiente: “El texto de la ley N° 13.196, incluidas sus modificaciones, dejará de tener el carácter de secreto o reservado a contar de la fecha de publicación de esta ley. En el Diario Oficial, conjuntamente con la publicación de la presente ley, deberá insertarse el texto íntegro y actualizado de la ley N° 13.196.”.

En tanto, la norma liberada establece el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas a través de recursos aportados por la Corporación Nacional del Cobre, Codelco.

De esta forma, el primer artículo señala que “el 10% del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre, incluidos sus subproductos, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y el 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha Corporación, deberán ser depositados por el Banco Central de Chile en moneda dólar de los Estados Unidos de América, en la Tesorería General de la República, con el objeto de que el Consejo Superior de Defensa Nacional cumpla con las finalidades de la ley N° 7.144.

“Anualmente, deberá practicarse una liquidación final del rendimiento de esta ley y, si la cantidad total del rendimiento del 10% fuera inferior a ciento ochenta millones de dólares (US$ 180.000.000,00) los que serán reajustados año a año a contar del 1° de enero de 1987, en la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Por Mayor de los Estados Unidos de América del año anterior al del respectivo reajuste, la diferencia deberá ser completada por el Fisco. Al efecto, deberá consignarse un ítem excedible en la Ley de Presupuestos de la Nación de cada año.

“El Fisco, con cargo al ítem establecido en el inciso precedente, podrá otorgar anticipos, que la Tesorería General de la República descontará de los recursos posteriores que perciba de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, y los ingresará a arcas fiscales”, concluye.

(Fuente: Diputados)

Consulte la Ley Reservada del Cobre, Nº 13.196.

Consejo para la Transparencia conforma su primer Consejo de Sociedad Civil

Entre el 13 de junio y el 8 de julio pasado el Consejo para la Transparencia extendió una invitación a organizaciones y ciudadanos a postular como miembro integrante del primer Consejo de la Sociedad Civil de esta institución (COSOC).

El pasado 16 de agosto de 2016, el Consejo Directivo del CPLT analizó los antecedentes de quienes postularon y definió, de acuerdo a criterios que asegurasen la mayor representatividad y diversidad, su integración de la siguiente manera:

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El Consejo de la Sociedad Civil será un órgano de carácter consultivo y deliberativo conformado de manera diversa, representativa y pluralista, que estará compuesto por representantes de las diversas asociaciones sin fines de lucro como asimismo, personas naturales relacionadas con las políticas, servicios, programas y/o planes que ejecuta el Consejo para la Transparencia.

El objetivo del COSOC será colaborar y apoyar, cada vez que sea requerido por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en las acciones, políticas y programas impulsados por esta corporación, participando con carácter consultivo en su diseño, implementación y evaluación.

(Fuente: Consejo para la Transparencia)

Corte de Santiago ordenó a SBIF entregar información por ley de transparencia

TransparenciaEn fallo unánime, la Corte de Santiago rechazó recurso de reclamación presentado en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) entregar copias de los requerimientos que formuló, en agosto de 2015, y de la respuesta del banco Scotiabank Chile, del 28 de julio de 2015, sobre deudas de la empresa Francisco Armijo Núñez y Cía. Limitada con la entidad bancaria.

La resolución sostiene que «se puede concluir de las disposiciones constitucionales citadas, artículos 32 N° 3 y 64 de la Constitución Política, que el artículo 7° contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 1997, no tiene el rango de ley de quorum calificado por mandato constitucional, sino que por el contrario se trata necesaria y esencialmente de una ley de nominación constitucional simple u ordinaria, por lo que el citado artículo 7 del D.F.L. N° 3 no se encuentra comprendido en la causal de reserva que establece el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia N° 20.285, toda vez que no se trata de una ley de quorum calificado, conclusión que per se es suficiente para desestimar la pretensión de la SBIF, en cuanto estaría legitimada para no tener que dar cumplimiento a la Decisión de Amparo impugnada».

El fallo de la Corte de Santiago agrega que «(…) a mayor abundamiento, atendido lo razonado en los considerados anteriores y atento al rango constitucional del principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado y las excepciones a la publicidad que se contemplan en el artículo 8º inciso 2º de la Constitución refuerzan lo que son: excepciones limitadas a las causales en él referidas, sin que pueda sostenerse en el presente caso que el citado artículo 7° de la Ley General de Bancos sea un caso de reserva de información pública de aquellas contempladas en dicha norma constitucional, sino más bien un deber funcionario como muchos otros, orientados a la protección del bien jurídico «recta administración del Estado»: legalidad, imparcialidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, racionalidad, probidad, neutralidad política y otros».

(Fuente: Diario Constitucional)

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