Contraloría se pronuncia sobre requisito de trabajador a contrata para acceder vía concurso interno a calidad de contratado indefinido

Contraloría General de la RepublicaLa Contraloría Regional de la Araucanía remitió al ente contralor, la solicitud realizada por una servidora a honorarios de la Municipalidad de Lumaco, acerca de la revisión del cumplimiento del requisito de continuidad en su desempeño para acceder, vía concurso interno, en virtud del artículo 2° de la ley N° 20.858, a la calidad de contratada en carácter de indefinido, toda vez que, según señala, le faltarían 22 días para completar el período de 3 años exigido en dicho cuerpo normativo.

El municipio en cuestión informó que la propia peticionaria reconoce que le faltan 22 días para cumplir con el plazo de 3 años exigido por la anotada ley N° 20.858, y que, en la especie, no procedería hacer una interpretación extensiva de dicho cuerpo normativo que modifique un término legal.

Sobre el particular, el órgano fiscalizador hizo presente que la disposición por la cual se consulta establece un beneficio de carácter excepcional, por lo que conforme al principio de interpretación estricta de las normas de esta naturaleza, solo debe aplicarse en los casos expresamente contemplados, no pudiendo extenderse, sea por similitud o analogía, a otra situación no prevista en dicha normativa, como sería aceptar como cumplido el requisito de 3 años continuos de desempeño a honorarios para acceder vía concurso interno a la calidad de funcionario con contrato indefinido, respecto de aquellos servidores a los que les falten algunos días para que dicho plazo se verifique (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 5.438, de 2012 y, 68.584, de 2015).

Enseguida, sostiene el Contralor que, de los antecedentes tenidos a la vista, en especial de los contratos a honorarios de la recurrente y del certificado de fecha 28 de diciembre de 2015, emitido por el Encargado de Personal del Centro de Salud Familiar de Lumaco, aparece que la reclamante ha prestado servicios, en forma ininterrumpida, en esa calidad, con una jornada de 44 horas semanales desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que a aquella, al 11 de agosto de esta última anualidad -fecha de publicación de la anotada ley N° 20.858-, le faltaban 11 días para cumplir el periodo de tres años continuos sujeta a una jornada de trabajo de 33 o más horas semanales que exige la preceptiva en análisis.

Así, la Contraloría concluye señalando que al no verificarse en el caso el requisito antes señalado, no procedería que, en virtud de lo dispuesto en el aludido inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 20.858, acceda, vía concurso interno, a la calidad de contratada en carácter de indefinido.

(Fuente: Contraloría)

Consulte el Dictamen de Contraloría Nº 2.877 de 2016.

Proponen inviolabilidad de remuneraciones para funcionarias que gocen de fuero maternal

lactancia maternaA propósito del reciente fallo de la Contraloría General de la República que niega el derecho a fuero maternal de las trabajadoras a contrata, se formuló una moción de los senadores Allende, Goic y Muñoz, expone que actualmente las empleadas a contrata, tanto de la administración central del Estado como de las Municipalidades, que se encuentran en estado de embarazo pueden ser objeto de una modificación a la baja en sus grados y de sus remuneraciones, de forma discrecional y en muchas veces arbitraria por parte de la autoridad.

Observa luego que, a pesar lo dispuesto en el art. 93° del «Estatuto Administrativo», el cual señala que «Los funcionarios tendrán derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca la ley, en forma regular y completa»; y de lo prevenido en el art. 92° del «Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales», el que a su vez establece que: «Los funcionarios tendrán derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca la ley, en forma regular y completa», la Contraloría General de la República ha permitido la modificación de los grados y de las remuneraciones durante el periodo de embarazo, es así como en diferentes dictámenes.

Al efecto, los autores de la iniciativa recuerdan que, en cuanto al fuero maternal, la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría, contenida, entre otros, en el dictamen N° 12.476 de 2013, ha concluido que “dicho beneficio solo otorga protección en lo relativo al cese, acorde con lo prescrito en el artículo 174 del Código del Trabajo, pero no confiere inviolabilidad a las remuneraciones, de modo que la variación de ellas, y que, por lo demás, obedeció al cambio de las funciones experimentado por la interesada, se ajusta a derecho» Dictamen 81.858/2014”.

Por los motivos antes expuesto, y con el objeto de resguardar los derechos remuneracionales, funcionarios y constitucionales de las empleadas a contrata que se encuentran embarazadas, el proyecto de ley propone modificar secciones de los cuerpos normativos estableciendo la invariabilidad remuneracional de las empleadas a Contrata, que se encuentren en estado de embarazo.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10821-06.

Contraloría establece criterio de «confianza legítima» en renovación de contrata en servicios públicos

Contraloría General de la RepublicaUna sustantiva modificación en la jurisprudencia existente hasta la fecha en materia de renovación de contratas en la Administración Pública estableció la Contraloría General de la República, mediante el dictamen N° 22766, de 24 de marzo de 2016.

Este pronunciamiento jurídico establece que si la Administración a través de sus actuaciones ha renovado una contrata de manera recurrente, ello genera en el funcionario público la confianza legítima de que ello se repita en lo sucesivo, al ser el comportamiento habitual del servicio.

En este dictamen se aplica a esta materia el principio de la protección de la “confianza legítima”, que se traduce en la expectativa y creencia de que no se cambiará una práctica reiterada por parte de la Administración, dado que se genera la convicción de que se seguirá actuando de manera similar.

Señala también que en caso que una autoridad administrativa, conforme a sus facultades, decida no renovar una contrata, debe hacerlo por una razón fundada y para ello tiene que emitir un acto administrativo que explique los fundamentos de tal decisión. Así, se fortalece la estabilidad en el empleo público, pero al mismo tiempo se refuerza la relevancia de considerar la eficiencia y el buen desempeño de los funcionarios, pues de lo contrario la respectiva jefatura tendrá fundamentos para la no renovación.

En el pronunciamiento jurídico, y en base al principio de realidad, la Contraloría considera que es frecuente que las contratas se renueven sucesivamente por largo tiempo en la Administración Pública.

El señalado dictamen, que responde a presentaciones de dos funcionarios municipales afectados por la no renovación de su contrata (luego de 15 y 4 años de renovaciones sucesivas), reconsidera el criterio contenido en los dictámenes N°s 19.385, de 2001; 58.781, de 2010; 68.642, de 2011; 38.825, de 2012; y 48.889, de 2012, así como toda la jurisprudencia en contrario del criterio planteado en el pronunciamiento de la CGR.

Esta Institución precisa, además, que, en virtud del dictamen N° 65.125, de 2009, entre otros, “al producirse necesariamente un cambio de jurisprudencia, en resguardo del principio de seguridad jurídica, el nuevo criterio sólo genera efectos para el futuro, sin afectar las situaciones acaecidas durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento”.

Atendida la diversidad de situaciones en que puede resultar aplicable este criterio, la CGR se encuentra trabajando en un instructivo que precise el alcance del mismo y la forma en que deberá materializar el término de una contrata.

Término anticipado de contrata

En otro dictamen relativo a materias de personal, el N° 23518, del 29 de marzo de 2016, la Contraloría reconoce la atribución de la autoridad administrativa para poner término anticipado a una contratación, cuando ha sido dispuesta con la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”. Sin embargo, en base a la normativa que impone el deber de fundamentar los actos administrativos, concluye que para que tal decisión sea legítima y no arbitraria es menester que en el acto se expliciten las razones que fundamentan esa medida.

Ello permite que el funcionario afectado conozca las razones de tal decisión, fomenta el control del contenido del acto e impide que la determinación se adopte de manera arbitraria o discriminatoria.

(Fuente: Contraloría)

Consulte los dictámenes de Contraloría Nº 22766 y 23518.

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