Corte Suprema rechaza recurso de funcionarios y oficia al ministerio de justicia por sobrepoblación en centros del Sename

La Corte Suprema rechazó recurso de protección presentado por asociaciones gremiales del Servicio Nacional de Menores, en contra de la directora del servicio por la sobrepoblación de los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín; sin embargo, ofició al Ministerio de Justicia advirtiendo de la situación denunciada.

En fallo unánime (causa rol 67.467-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Leonor Etcheberry– confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso que buscaba que se impidiera a dichos centros recibir más niños y adolescentes.

El tribunal establece que no cuentan con facultades para dictar tal medida, no obstante advirtió al Ministerio de Justicia de la situación de sobrepoblación de los recintos.

«Que aun cuando esta Corte comprueba la efectividad de los hechos delatados por los comparecientes, en cuanto a que los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín operan con una sobrepoblación que pone en riesgo la integridad psíquica de los niños y adolescentes internos, como de los funcionarios que sirven en ellos, no resulta procedente acoger el presente arbitrio en la forma como se propone, desde que esta Corte no puede acoger la prohibición de ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes a dichos planteles, ya que, tal como se reflexionó, merced a lo preceptuado en los artículos 8°, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 68 de la Ley N° 18.968, ante la constatación de transgresiones de derechos, los niños, niñas o adolescentes deben ser ingresados en centros que le deben proporcionar la debida protección, así como garantizar que los adolescentes objeto de persecución penal se internen en centros diferenciados de la población común», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «a mayor abundamiento, parece imperioso consignar que la medida requerida ni siquiera puede ser dispuesta a condición que se aumente la capacidad, recursos y planta de cada recinto, puesto que es materia de una política pública que escapa a las atribuciones de esta Corte.

En efecto, tal pretensión se vincula directamente con la inyección de recursos económicos necesarios para suplir el déficit que padecen esos centros como corolario de la sobrepoblación que los aqueja, lo que envuelve una acción del Estado tendiente a solucionar un problema público, que está en manos de la administración, encargada de discernir, dentro del marco de sus competencias, los recursos que deben destinarse a esos propósitos».

«(…) en atención a la imposibilidad de admitir este libelo –continúa– y de cara a la grave situación que afecta a los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín, esta Corte considera pertinente poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio de Justicia, de quien depende el Sename, a fin que vele por el cumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo social, para cuyos designios debe valerse de instituciones que dispongan de personal capacitado e instalaciones suficientes, junto con adoptar las medidas conducentes a ello, por tratarse de un problema público que concierne a los niños, un sector altamente vulnerable de la población, que por lo mismo, debiera constituir uno de los ejes centrales de las políticas públicas».

(Fuente: Poder Judicial)

Proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas encabeza tabla de este martes

El proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, entidad que vendrá a reemplazar y potenciar a la actual Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), encabeza la tabla de la Cámara de Diputados para este martes, 3 de abril.

Para el análisis de la propuesta legal, cuyo trámite legislativo se inició en junio de 2015, se contempla la rendición de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, que serán presentados por los diputados Giorgio Jackson (REVD) y Felipe De Mussy (UDI), respectivamente.

En particular, la iniciativa crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

Entre las diferencias contempladas entre el informe de la Comisión de Obras Públicas y el de Hacienda se encuentra la inclusión de un conjunto de normas, aprobadas por esta última instancia, que vienen a ratificar, de parte del Ejecutivo, los acuerdos que alcanzó con el personal de la CCOP, en enero pasado.

En concreto, dichas disposiciones integran al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y de otras asignaciones específicas, según corresponda.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las modificaciones impulsadas en Hacienda viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de dicha instancia, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros temas

La tabla de la Sala también contempla el posible tratamiento de otras dos iniciativas legales:

1. El proyecto, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, para eliminar la incompatibilidad entre el cargo de concejal y los cargos profesionales y técnicos en educación que existen en el ámbito municipal. Presenta informe rendido de la Comisión de Gobierno Interior y discusión pendiente.
2. La propuesta legal, iniciada en moción, que confiriere competencia a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en que los causahabientes del trabajador buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Contempla informe de la Comisión de Trabajo que será rendido por el diputado Matías Walker (DC).

Adicionalmente, la Sala considera analizar, en sesión especial a celebrarse entre las 16:30 y las 18:30 horas, «las graves denuncias de errores, vicios e irregularidades en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero denominado Dominga, en la región de Coquimbo».

Para este efecto, se considera la participación de los Ministros de Minería y de Medioambiente, además de director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Corte de Santiago modifica sanciones aplicadas por ISP a laboratorio por no respetar normas de bioequivalencia

La Corte de Apelaciones de Santiago modificó las sanciones aplicadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) al Laboratorio Chile S.A. por no respetar las normas de bioequivalencia en siete medicamentos registrados por la empresa farmacéutica.

En fallo unánime (causa rol 13.328-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Mireya López y Viviana Toro– revocó parcialmente las sanciones aplicada tras sumario sanitario, al establecer que la cancelación de los registros sanitarios de los medicamentos establecida por el ISP, atenta contra el debido proceso.

«El sumario sanitario incoado fue porque se imputó al Laboratorio Chile el haber infringido el artículo 221 del Reglamento antes mencionado, esto es, no haber efectuado la demostración de equivalencia terapéutica de los siete medicamentos indicados, sin que en lo puntual se le haya recriminado haber además incurrido en alguna de las causales de cancelación», sostiene el fallo del tribunal de alzada.

La resolución agrega que: «conforme a lo anterior se atenta contra el debido proceso cuando al momento de sancionar se hace extensible al Laboratorio la posibilidad cierta de cancelar sus registros farmacéuticos, sin que previamente se haya debatido sobre esa posibilidad, pues aquello lo deja en la indefensión (…) si bien la cancelación se ha dispuesto previo informe favorable del Ministerio de Salud, ello no revierte la indefensión del Laboratorio en la instancia sumarial, en la cual corresponde formular los descargos y rendir las probanzas de rigor».

Asimismo, el fallo rebaja a 500 UTM (unidades tributarias mensuales) el monto de las siete multas que deberá pagar el laboratorio por no respetar la normativa sobre estudios de bioequivalencia farmacéutica.

«I. – Que se revoca la sentencia apelada de cinco de mayo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 373 en la parte que confirmó la orden de cancelación de los siete registros farmacéuticos del Laboratorio Chile S.A. previo informe favorable del Ministerio de Salud, y en su lugar se deja sin efecto dicha orden de cancelación;
II. – Que se revoca la sentencia en la parte que condenó a la reclamante al pago de las costas de la causa y en su lugar se le absuelve de las mismas por no haber resultado totalmente vencida;
III . – Que se confirma en lo demás apelado la referida sentencia con declaración que se rebaja cada multa impuesta a la reclamante a 500 Unidades Tributarias Mensuales por cada uno de los siete medicamentos respecto de los que no se han hecho los estudios de bioequivalencia».

(Fuente: Poder Judicial)

Cámara de Diputados pide crear una Subsecretaría del Adulto Mayor

Por 91 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que pide a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, crear una Subsecretaría del Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

La solicitud fue presentada a la Cámara por los diputados UDI David Sandoval, Andrea Molina, Enrique Van Rysselberghe, Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Javier Hernández y Javier Macaya, además de Jorge Sabag (DC), Fernando Meza (PRSD), Leopoldo Pérez (RN) y Germán Verdugo (IND).

Según expresaron los parlamentarios, en la actualidad la institucionalidad encargada de la adopción de políticas públicas, planes y programas es desplegada fundamentalmente por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, un servicio público funcionalmente descentralizado y con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado en virtud de la Ley 19.828 y que se encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Agregaron que, desde su puesta en marcha el Senama constituyó la instancia institucional a través de la cual se plasmaban las políticas públicas en materia del adulto mayor. Sin embargo, tales políticas todavía son insuficientes para abordar con total eficacia los desafíos que depara la ancianidad en nuestro país, desafíos multidimensionales que requieren de la consagración de una institucionalidad más poderosa, desde el punto de vista presupuestario, normativo e institucional.

Por lo anterior, indicaron, la creación de una Subsecretaría del Adulto Mayor, constituye una propuesta coherente con los múltiples desafíos que depara para nuestro país este cada vez más numeroso segmento de la población.

(Fuente: Diputados)

Consulte la resolución de la Cámara N° 827.

Comisión de Hacienda de Diputados despachó proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

Sobre la base de las indicaciones comprometidas por el Gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, con lo cual la propuesta quedó en condiciones de ser visto prontamente por la Sala.

En su mayoría, las modificaciones presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Comisión dicen relación a los acuerdos alcanzados en enero pasado con el personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), entidad que será reemplazada por la nueva Dirección.

«Lo que hacen es incorporar en la ley algo que está en el espíritu en el mensaje y es que los funcionarios mantendrán exactamente las mismas condiciones que tienen hoy día en la situación transitoria cuando pasen a la situación permanente y que eso quede claro, prístino en la ley», explicó en su minuto el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

En concreto, se integra al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y otras asignaciones específicas.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las indicaciones viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de Hacienda, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros datos

La propuesta legal, ingresada a trámite legislativo en junio de 2015, crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Diputados presentan proyecto que modifica estatutos que rigen a los consejeros del CDE

Los diputados Jaime Pilowsky (DC), Sergio Espejo (DC) y Tucapel Jiménez (PPD), presentaron un proyecto de ley con el objetivo de modificar los estatutos que rigen la duración y nominación de los abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

Este proyecto se suma a la iniciativa presentada en junio de 2015 por los mismos parlamentarios, que dice relación con la exclusividad de funciones de los consejeros del organismo, moción por la que Pilowsky solicitó urgencia al Ejecutivo previo a la nominación de Javiera Blanco como miembro del Consejo.

El legislador dijo que “defender los intereses del Estado es una tarea de la más alta responsabilidad en la cual se requiere a profesionales que sean servidores públicos comprometidos y calificados. Dicho lo anterior, nos pareció adecuado profundizar en su modernización, ya que en la actualidad los miembros del consejo son prácticamente inamovibles en sus cargos”.

El parlamentario explicó que en lo sustancial, “el proyecto modifica el tiempo de permanencia de los consejeros el CDE, que en la actualidad se pueden desempeñar hasta a los 75 años de edad, a un período de permanencia en el cargo de 10 años. Además, modifica el sistema de nominación, pasando de ser atribución exclusiva del Presidente(a) de la República, a una terna formada por las reglas del sistema de Alta Dirección Pública”.

Para el diputado Espejo “la actual estructura del CDE no es capaz de combinar el valor de la experiencia con la apertura a las nuevas realidades a que debe enfrentarse la protección del interés fiscal. Reformar el CDE para potenciarlo desde una nueva combinación de experiencia y renovación jurídica es indispensable”.

(Fuente: Diputados)

Contraloría amplió el requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país

Patente MunicipalesCon la publicación de las Instrucciones sobre la Preparación de los Estados Financieros Municipales por parte de este organismo de control, se inicia el período de elaboración y presentación de la información financiera del ejercicio contable 2016. Los antecedentes deberán ser remitidos a la CGR hasta el 30 de abril de este año.

Cabe señalar que los estados financieros deberán considerar las operaciones ejecutadas durante 2016 en forma comparativa con las operaciones del año anterior.

La CGR establece que su elaboración tendrá que cautelar la aplicación de la normativa y procedimientos contables vigentes, especialmente en lo que dice relación con las notas explicativas, las que constituyen uno más de los estados exigidos.

Tres son los principales cambios que Contraloría estableció en las Instrucciones de este año:

El primero corresponde a la ampliación del requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país. Hasta el ejercicio anterior esta obligación sólo se había limitado a una muestra de gobiernos locales.

El segundo cambio está dado por la introducción de medidas específicas para asegurar la confiabilidad de las cifras al cierre del ejercicio, tales como la correcta declaración de los saldos vigentes de deudores por rendiciones de cuentas; los saldos de deuda corriente, no corriente y otras; y la ejecución presupuestaria municipal.

La tercera modificación se refiere a la exigencia adicional de entregar información financiera de las corporaciones municipales, en forma de nota explicativa. Este antecedente será de gran relevancia para dar a conocer la situación financiera municipal de una manera integral.

La información que deberá ser aportada por los municipios a través de estos estados financieros no sólo constituirá, de acuerdo a la CGR, un insumo para mejorar la fiscalización de éste órgano sobre los municipios, sino que también permitirá a las propias entidades edilicias manifestar su compromiso con la transparencia financiera, empleando estos informes como un instrumento para dar a conocer las fuentes y destino de los recursos municipales.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría toma conocimiento de información remitida por el Consejo para la Transparencia sobre norma que regula el lobby

LobbyEl Consejo para la Transparencia ha remitido a la Contraloría General un informe sobre los registros reportados a esa entidad por sectionersos organismos de la Administración del Estado respecto a la Ley N° 20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.

Al efecto, cabe recordar que dicha ley dispone que el Órgano Contralor debe poner a disposición permanente del público, en un sitio electrónico, los registros de agenda pública a los que alude, asegurando su fácil y expedito acceso, como asimismo, en forma trimestral, un registro que contenga una nómina sistematizada de las personas que en tal periodo hayan sostenido reuniones o audiencias con los sujetos pasivos para fines de lobby o de gestión de intereses particulares.

Así, el CPLT informa que, en cumplimiento de ese mandato legal, tiene habilitado el sitio electrónico denominado “InfoLobby”, en el cual se publica la información remitida por los sujetos pasivos sobre estos registros de agenda pública y los datos de lobbistas y gestores de intereses particulares.

Además, expresa que, sin perjuicio del análisis que pueda desarrollar esta Contraloría General, se destacan en el informe determinados resultados estadísticos de ese trabajo, que enumera, los cuales a su juicio podrían ser de interés para el ejercicio de las funciones del Órgano de Control.

A mayor abundamiento, se refieren al alto porcentaje de los sujetos pasivos que no cuenta con registro alguno de audiencias, viajes y donativos; a que la mayoría de los sujetos pasivos informados desde el inicio de la vigencia de la ley corresponde al cargo «Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la ley N° 19.886»; a la existencia, en el ámbito de la administración central del Estado, de determinados organismos que no han reportado ningún registro de agenda pública, y, en general, a omisiones y deficiencias en la información por parte de ciertos entes.

De esa forma, la Contraloría expone haber tomado conocimiento de lo anteriormente señalado y que considerará esta información en las investigaciones futuras.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría se pronunció sobre incumplimiento de pago de honorarios y contratación de personas con discapacidad por parte de municipalidad

Contraloría General de la RepublicaSe denunció ante la Contraloría General de la República el incumplimiento en los pagos por servicios prestados en la Municipalidad de Cerro Navia en calidad de honorarios correspondientes al mes de abril y a los primeros días de mayo de 2016, por cuanto el trabajo que se habría desarrollado en esa entidad no tenía relación con el decreto alcaldicio que aprobaba la respectiva contratación, situación que habría originado la dilación en el desembolso de otros periodos en que ejerció sus labores. Añade que cuando consultó por la situación que le aquejaba, no tuvo respuesta por parte del Alcalde, la Administradora Municipal ni del Contralor Municipal.

Al respecto, el ente de control recordó que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa contenida en sus dictámenes N°s. 7.266 de 2005 y 40.050 y 49.429, ambos de 2014, ha considerado que las personas contratadas a honorarios, no le son aplicables las disposiciones de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por cuanto no tienen la calidad de funcionarios municipales.

Enseguida, la Contraloría indica a propósito de las indagaciones efectuadas sobre el particular, permitieron tomar conocimiento que la Municipalidad de Cerro Navia, el 30 de julio de 2015, dictó el reglamento N° 1 sobre “Contratación de Personas a Honorarios”, aprobado por la autoridad comunal en igual fecha, señalando sus artículos 23 y 24, las condiciones y fijación de la fecha de pago de esas personas dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.

Así, consta en dichos decretos la aprobación de las labores a honorarios del recurrente, fijándose como periodo de desempeño entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, cuyo cometido para el primer acto administrativo tenía relación con el “Estudio o proyecto que permita conocer de manera sistemática la situación actual de las organizaciones sociales de Cerro Navia, para construir fundamentalmente una propuesta que permita apoyar su desarrollo”, objetivo que fue cambiado en el mes de octubre de 2015 para “Desarrollar procedimientos de control interno a las operaciones que desarrolla la Dirección de Administración y Finanzas, en las áreas de Patentes Comerciales, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Recursos Humanos, con el fin de asegurar la eficiencia y resguardar la gestión municipal en éstas áreas”. Añade, que estas últimas funciones se prorrogaron y sancionaron para el año siguiente en el decreto alcaldicio N° 31, de 2016.
A su vez, la Contraloría hace presente que consultada a la autoridad comunal, esta indicó que habiendo revisado los libros de ingreso de correspondencia en la unidades de Recursos Humanos, Administración y Oficina de Partes, no existió constancia de la renuncia del denunciante, y que al no presentarse a trabajar la autoridad comunal dictó el decreto alcaldicio N° 312 de 2016, que le puso término al contrato a contar del 6 de mayo de ese año, en conformidad con la cláusula primera del acuerdo. Agrega, que conjuntamente se remitieron los desembolsos de las mensualidades de los servicios prestados por el afectado, desde el 2015 a marzo de 2016 y la hoja de observaciones N° 70, de 12 de abril de ese último año, del Contralor Municipal, quien no aprobó el pago de servicios del denunciante en el mes de marzo, pagaderos en abril, argumentando que la labor específica para la cual fue contratado no tenía relación con el informe mensual de actividades que describía las tareas asociadas al proceso de conciliación bancaria, concluyendo que eran ajenas a lo requerido y la improcedencia que fueran retribuidas.

Posteriormente, la autoridad comunal complementó la respuesta entregada inicialmente a la Contraloría, indicando que en forma previa al entero de los honorarios el ex contratado debe subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal en las hojas de observaciones N°s. 61, y 70, del 7 y 12 de abril de 2016, respectivamente, que objetaron el pago por los servicios prestados en marzo de este año, reiterando que las actividades informadas no daban cuenta del cumplimiento de las labores contratadas. Respecto a los desembolsos efectuados al ex servidor, se comprobó que en los meses de enero, febrero, agosto y septiembre todos de 2015, el entero se realizó en una fecha posterior a la periodicidad mensual establecida en el contrato a honorarios suscrito entre las partes y que existen montos adeudados desde abril de 2016 hasta los cinco primeros días de mayo.

Sobre la improcedencia del pago argumentada por el Director de Control de esa corporación edilicia, el órgano contralor aduce que tal como lo ha reconocido, los honorarios constituyen una contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador, en razón del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, en el cual el desempeño de una labor para la Administración lleva aparejado el pago de las sumas pertinentes, de manera que, de no realizarse dicho desembolso, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de ella, situación que acontecería en el caso que se analiza si no se pagan denunciante sus honorarios respecto del periodo mencionado precedentemente (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 75.482 de 2010, 54.812 de 2011, 62.690 de 2012, 5.620 de 2013 y 61.314 de 2014, todos de este origen).

De esa forma, la Contraloría concluye en síntesis manifestando que, en mérito de lo expuesto, la Municipalidad de Cerro Navia deberá, en el más breve plazo, pagar al afectado, informando de ello al Departamento de Atención y Denuncia Ciudadana, y ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que no adecuaron oportunamente el cambio de cometido asignado al afectado, remitiendo al citado Departamento la copia del decreto alcaldicio que lo disponga y la designación del fiscal en el plazo ya indicado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consejo para la Transparencia declaró inadmisible amparo de acceso a la información contra Ministerio de Justicia

TransparenciaSe dedujo amparo de acceso a la información en contra del Ministerio de Justicia, fundado en la denegación de la información solicitada referente al número de ingresos de causas de sectionorcios a los tribunales y el número de sentencias de sectionorcio desde el año de promulgación de la Ley (2004). También, solicitó el número de sectionorcios según los motivos de término de causa desde el año de promulgación de la Ley.

El Consejo para la Transparencia expresó que, atendido a lo dispuesto en el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Transparencia previene que la reclamación «deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso». Agrega, que el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento dispone que «Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible».

De esta manera, el CPLT sostiene que al momento de realizar el análisis de admisibilidad, no se advirtió con suficiente claridad el fundamento del mismo.

Por lo anterior, se señala que el Consejo ejerció la facultad prevista en el citado artículo 46 del Reglamento, requiriendo a la parte recurrente subsanar el amparo deducido en los términos referidos.

n embargo, el CPLT indicó que la reclamante no realizó presentación alguna destinada a subsanar el amparo interpuesto; por tal motivo, declaró la inadmisibilidad de la presente reclamación al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y el artículo 46 de su Reglamento.

(Fuente: Diario Constitucional)

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