Tribunal Ambiental de Valdivia acogió reclamación de comunidad indígena contra la calificación favorable del proyecto “Central Hidroeléctrica Doña Alicia”

tercer-tribunal-ambiental-300x195El pasado 28 de marzo el Director Ejecutivo del SEA dictó la Resolución Exenta Nº 0322 que dio cuenta de la decisión del Comité de Ministros que acogió la reclamación de “Hidroeléctrica Doña Alicia S.A” y calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa.

Con esta decisión el Comité de Ministros anuló la calificación desfavorable con que, en el mes de abril del año 2015, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de la Araucanía evaluó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la hidroeléctrica.

La decisión del Comité de Ministros fue reclamada ante el Tribunal Ambiental de Valdivia por la comunidad Indígena “Benancio Huenchupán” (R 38-2016) y por el Sr. Ignacio Donoso De la Noi y Otros -particulares y organizaciones sociales y turísticas de Malalcahuello- (R 39-2016 acumulada). En ambos casos, se reclamó que las observaciones ciudadanas no habían sido consideradas debidamente durante el procedimiento de evaluación.

Al respecto, el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Señor Michael Hantke Domas, presidente; Señor Pablo Miranda Nigro y Señora Sibel Villalobos Volpi, concluyó que “el titular no demostró en forma expresa y suficiente la no generación de los efectos adversos significativos sobre las comunidades indígenas presentes en el sector” ya que, el Informe Antropológico es “metodológicamente precario y poco riguroso”, situación que no fue corregida en el procedimiento de evaluación ambiental ni  posteriormente en el recurso administrativo. Por lo que esta deficiencia “se transmitió a las decisiones en torno a la consideración de las observaciones”.

En consecuencia, los Ministros resolvieron que la falta de motivación, detectada en la consideración de la Autoridad a las observaciones ciudadanas de los reclamantes, “resulta suficiente para anular la Resolución Reclamada” ya que se configura una ilegalidad sustancial que afecta de forma total al acto administrativo reclamado.

La resolución contó con el voto concurrente de la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi quien estuvo además por pronunciarse respecto de otras alegaciones que expusieron la existencia de ilegalidades que, a su juicio, obligan igualmente a “anular el acto reclamado”.

Proyecto “ Central Hidroeléctrica Doña Alicia”

El proyecto “Central hidroeléctrica Doña Alicia” considera una central de pasada en el río Cautín, en el sector de Piedra Cortada, comuna de Curacautín, Región de la Araucanía. Con una potencia de generación inicial de 6,3 MW y una inversión proyectada de 20 millones de dólares.

Moción propone crear marco normativo que sancione biopiratería

medioambienteLa moción de los senadores De Urresti, Lagos, Ossandón, Pizarro y Tuma, expone que en Chile están en peligro la biodiversidad y la diversidad cultural, debido a la falta de protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Observa luego que conocimientos formados y acumulados de manera colectiva y que han permitido una adaptación y relación armónica con la naturaleza son apropiados por terceros y desvinculados de su contexto cultural, empobreciendo así, las culturas que han aportado al uso abierto de procedimientos medicinales, diseños, narraciones, historias, mitos y elementos que forman parte de su patrimonio.

Al efecto, los autores de la iniciativa recuerdan que la biopiratería es definida por Vandana Shiva como “el uso injustificado de los sistemas de propiedad intelectual, con el objeto de asegurar la legitimidad de la apropiación exclusiva y en esta misma dirección, del control sobre múltiples recursos, productos y procesos biológicos, que se relacionan, fundamentalmente, con la diversidad genética». Agrega que la noción de biopiratería tradicionalmente describe las actividades de las corporaciones transnacionales occidentales apoyadas por los gobiernos en la dirección de adquirir indebidamente recursos biológicos o el conocimiento asociado de los pueblos indígenas y comunidades locales del sur global.

Por lo antes expuesto y con el objeto de que nuestro país genere un marco normativo y de protección destinado a los conocimientos tradicionales que permitan satisfacer las expectativas de los titulares de los conocimientos tradicionales para ejercer control sobre su uso y difusión; reconocimiento y atribución de su origen o autoría colectiva, así como para hacer una explotación económica de ellos, por ellos mismos o permitiendo el acceso y uso de terceros interesados, si así lo decidieran.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10772-04.

Tribunal Ambiental de Santiago autorizó nueva clausura parcial del sector de pozos de extracción de agua de Minera en Atacama

segundo tribunal ambientalEl ministro de turno del Tribunal Ambiental de Santiago, Sebastián Valdés, autorizó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para decretar, por 15 días hábiles, la clausura temporal y parcial del sector de pozos de extracción de agua del proyecto Refugio de Compañía Minera Maricunga (CMM), ubicado en la precordillera de la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

“Se autoriza la medida urgente y transitoria, conforme al artículo 3 letra g) de la LOSMA, de clausura temporal y parcial del sector de pozos de extracción de agua de la Compañía Minera Maricunga (pozos RA-1, RA-2 y RA-3), ubicados en el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, consistente en la prohibición de extracción de agua de dichos pozos en un caudal superior a lo indicado por la Superintendencia del Medio Ambiente en su solicitud, la que se hará efectiva desde la fecha de notificación que efectúe el Superintendente, y por un plazo de 15 días hábiles, o hasta que la Compañía Minera Maricunga ejerza su derecho consagrado en el artículo 56 de la LOSMA, lo que ocurra primero, señala dice la resolución.

Cabe recordar que en marzo de este año la SMA sancionó a CMM con la clausura definitiva de dichos pozos, tras establecer que la faena minera habría desecado al menos 70 hectáreas de humedales en el corredor biológico Pantanillo- Ciénaga Redonda.

Esta es la tercera ocasión en que el Tribunal Ambiental autoriza una solicitud de la SMA para dictar medida provisional contra CMM; en abril se solicitó la clausura total de dichos pozos, mientras que en las medidas de mayo y junio se solicitó la clausura parcial.

Antecedentes

  • Compañía Minera Maricunga es titular del “proyecto minero Refugio”, cuya faena principal se encuentra en las inmediaciones del complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
  • El proyecto cuenta con varias resoluciones de calificación ambiental favorable, que regulan su actividad. En lo relacionado con el presente proceso destacan las RCA’s N°2/1994, que calificó el EIA del “Proyecto minero Refugio”; N°4/2004, de la DIA del proyecto “Modificación instalaciones y diseños proyecto Refugio”; N°268/2009, de la DIA del proyecto “Optimización proceso productivo proyecto Refugio”; y N°45/2011, de la DIA del proyecto “Modificación proyecto minero Refugio racionalización de la operación mina-planta”.
  • 6 de mayo de 2015, la SMA inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra el proyecto, calificando el incumplimiento ambiental imputado como gravísimo (rol D-14-2015, de la SMA).
  • 17 de marzo de 2016, la SMA sancionó a Compañía Minera Maricunga con la clausura definitiva de sus pozos de extracción, tras comprobar que debido a su acción se desecaron al menos 70 hectáreas de humedales ubicados en el complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.
  • 28 de marzo de 2016, la empresa interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución sancionatoria de la SMA. El que fue acogido por el ente fiscalizador el pasado 23 de junio
  • 25 de abril de 2016, la SMA ingresa al Tribunal Ambiental la solicitud de autorización de la medida provisional de clausura temporal total de los pozos de extracción de agua, rol S-33-3016. La medida fue autorizada el 26 de abril, por 15 días corridos.
  • 18 de mayo de 2016, la SMA ingresa al Tribunal Ambiental solicitud de autorización de la medida provisional de clausura temporal y parcial de los pozos de agua, rol R-36-2016. La medida fue otorgada por 25 días hábiles.
  • 23 de junio de 2016, la SMA acogió el recurso de reposición de CMM, adecuando la sanción de clausura definitiva (Res. Ex. N°234/2016) conforme a los siguientes lineamientos técnicos (i) suspender la incorporación de cianuro a las pilas de lixiviación; (ii) dar comienzo al inicio de lavado de dichas pilas, para lo que se autorizó extraer desde los pozos RA-1 y RA-2 un caudal promedio mensual específico, determinado sobre la base de las pérdidas por evaporación y requerimientos de los trabajadores que permanecen en faena (Tabla N° 1 y 3); (iii) la extracción será autorizada sólo hasta que se alcance el límite objetivo de cianuro en las pilas, lo que será definido por la SMA sobre la base de la concentración de cianuro presente en ellas; (iv) para determinar lo anterior, la SMA ordenó a CMM una serie de medidas de seguimiento y control (Res. Ex. N°571/2016.
  • 23 de junio de 2016, la SMA ingresó al Tribunal Ambiental solicitud de autorización de la medida provisional de clausura temporal y parcial de los pozos de agua, rol R-39-2016

(Fuente: Tribunal Ambiental)

Consulte el expediente de la causa Rol S-39-2016.

Diputados aprueban en último trámite proyecto que establece el derecho real de conservación

medioambienteCon el voto unánime de 103 diputados se ratificaron el martes 31 de mayo por la tarde las modificaciones del Senado al proyecto que establece el derecho real de conservación.

Según se indica en el texto legal, el derecho de conservación es un derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de éste. Este derecho se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada y será regulado por esta ley y por el contrato constitutivo.

Asimismo, se establece que el derecho real de conservación es inmueble y distinto del dominio del bien raíz gravado. Es, además, transferible, transmisible, inembargable, indivisible e inseparable del inmueble o de la parte de él que se grava, y se puede constituir sobre cualquier bien inmueble. Es de duración indefinida, salvo que las partes acuerden lo contrario. Para los efectos de esta normativa, los atributos o funciones del patrimonio ambiental del predio se considerarán inmuebles.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, podrá ser titular del derecho real de conservación.

El contrato constitutivo del derecho real de conservación deberá celebrarse por escritura pública, que también servirá como título para requerir la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Efectos del contrato

En el contrato constitutivo se establecerán los gravámenes al inmueble que tendrán como finalidad la conservación del patrimonio ambiental. Para tal efecto, las partes deberán acordar al menos una de las siguientes prohibiciones, restricciones u obligaciones:

  1. Restricción o prohibición de destinar el inmueble a uno o más determinados fines inmobiliarios, comerciales, turísticos, industriales, de explotación agrícola, forestales o de otro tipo.
  2. Obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración o uso y aprovechamiento racionales del bien raíz.
  3. Obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo acordado en el contrato constitutivo, con miras al uso y aprovechamiento racionales de los recursos naturales del inmueble gravado, dentro del marco de un uso sostenible de los mismos.

Se podrán fijar límites de montos para las obligaciones pecuniarias que se acuerden, así como convenir plazos diferentes para el cumplimiento de los distintos gravámenes que se establezcan.

El derecho real de conservación se extiende a todas las servidumbres activas constituidas a favor del inmueble y está sujeto a todas las servidumbres pasivas preexistentes, o a las nuevas que se puedan establecer por el dueño del predio sin vulnerar este derecho, o que se impongan posteriormente por mandato legal.

Sin perjuicio de las normas de carácter general, serán nulos los contratos en que se estipulen gravámenes al inmueble que no sean específicos; que sólo consistan en obligarse a cumplir normas vigentes; o que no se ajusten a lo dispuesto en esta ley.

No es lícito al propietario impedir, obstaculizar o perjudicar el ejercicio de este derecho.

En tanto, el derecho real de conservación no faculta a su titular para percibir los frutos naturales o civiles que deriven de la conservación del inmueble, salvo en aquello que se acuerde explícitamente por las partes.

Se podrá transferir el derecho real de conservación a cualquier título, salvo que en el contrato original se estipule algo diverso. El respectivo acto o contrato deberá celebrarse por escritura pública y practicarse la pertinente inscripción.

El derecho de conservación se extinguirá por las causales generales de terminación de los derechos reales y, especialmente, por la transferencia del bien gravado; la disolución de la persona jurídica titular del derecho, salvo estipulación en contrario; o la expropiación del inmueble gravado. Si se expropia parcialmente, subsistirá el derecho real de conservación sobre la parte no expropiada.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 5823.

Contraloría establece que Comité de Ministros debe responder oportunamente solicitudes formuladas

Contraloría General de la RepublicaSe reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de un particular- en contra del Comité de Ministros a que se refiere el artículo 20 de la ley N° 19.300 -sobre bases generales del medio ambiente-, por cuanto aún no se ha pronunciado acerca de la solicitud que él formuló ante dicho órgano el 28 de septiembre de 2015 y que reiteró el 30 de diciembre del mismo año, a fin de que pida informes a los organismos sectoriales con competencia ambiental, para efectos de resolver el recurso de reclamación que interpuso en relación al proyecto “Sistema de Disposición de Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse Ovejería”.

Al respecto, el ente contralor constató que efectivamente las solicitudes del recurrente a la fecha no han sido respondidas por la autoridad.

En ese sentido, la Contraloría precisó que en armonía con su jurisprudencia administrativa, contenida en dictámenes N°s. 98.344 de 2014, y 55.314 de 2015, consigna que es obligación de los órganos de la Administración y, por ende, del Comité de Ministros, dar respuesta a los requerimientos que les son formulados por los interesados, debiendo adoptar una determinación frente a lo pedido por ellos, ya sea acogiendo o denegando lo solicitado, según proceda en derecho, y comunicándoles tal decisión.

Asimismo, el dictamen expresa que corresponde que las peticiones que les son planteadas a dichos organismos sean atendidas con la debida prontitud, en cumplimiento de los principios de celeridad y economía procedimental, consagrados en los artículos 7° y 9° de la ley N° 19.880, exigencia que no se verifica en la especie.

En consecuencia, la CGR concluyó indicando que la autoridad ambiental debe arbitrar las medidas correctivas que resulten conducentes para subsanar las deficiencias detectadas, de lo cual tendrá que informar a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General.

(Fuente: Diario Constitucional)

Proponen consagrar constitucionalmente protección de plantas y animales

medioambienteLa moción expone que nos encontramos hoy ante una crisis ambiental que exige una revalorización y re-conceptualización del sistema planetario que nos sostiene, y con ello una revalorización de la importancia de los sistemas vivos, puesto que la «biodiversidad ofrece a la humanidad los servicios ecológicos esenciales: el reciclaje de elementos nutritivos y la descontaminación natural de la tierra y del mar, la conservación de la calidad del agua, del suelo y del aire, la regulación de los sistemas climáticos, los mecanismos de reproducción de animales y plantas, y de las invasiones biológicas, la conservación de los paisajes incluso en sus dimensiones estéticas, culturales, recreativas y espirituales».

Observa luego que la degradación ambiental y la alteración de los ciclos biológicos hacen evidente que este relacionamiento con el medio ambiente, que desagrega «lo vivo» a una categoría de objeto, estático, es quizás una de las causas más directas de los caóticos efectos que se manifiestan actualmente a escala global dando cuenta que los procesos atmosféricos, geológicos, hidrológicos y biológicos del Sistema Tierra, entre otros, están siendo alterados por la lógica envuelta en las actividades humanas.

Al efecto los autores de la iniciativa, arguyen que se torna necesario enmendar la ruta que hemos tomado, transitando hacia una modificación en la estructura de valoraciones de la cual actualmente la sociedad se dota, que resitúe el comportamiento humano a uno que reconozca el necesario equilibrio y respeto con el cual debemos coexistir en nuestro planeta Tierra.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10604-12.

Segundo Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamaciones contra SMA

segundo tribunal ambientalPor unanimidad, el Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago, dictó sentencia y acogió parcialmente las reclamaciones respecto de la Resolución Exenta N° 722, de 25 de agosto de 2015, en cuanto se deben realizar diversas modificaciones en dicha resolución de acuerdo a lo que se resolvió.

Al efecto, cabe recordar que las dos reclamaciones tienen relación con la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que archivó las denuncias presentadas en contra de un proyecto de condominio inmobiliario en Tunquén, por estimar que no procedía iniciar el procedimiento administrativo sancionador solicitado.

A partir de lo anterior, el 21 de septiembre de 2015, se presentaron dos reclamaciones judiciales en contra de la resolución de la Superintendencia, solicitando su anulación, o bien su modificación subsidiaria, por estimar que incurría en diversas ilegalidades.

En su sentencia, la Magistratura Ambiental estimó fundada la decisión de la Superintendencia de archivar las denuncias presentadas, toda vez que “como presupuesto para el ejercicio de la potestad sancionatoria de la SMA consagrada en el artículo 35 letra b) de la LOSMA, es necesaria la existencia de un proyecto en ejecución o el desarrollo de actividades para los que la ley exige RCA, lo que, según se ha descrito, no se presentó en el caso en análisis al momento de dictarse la resolución reclamada”.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal anulo parcialmente en su fallo la resolución reclamada, en aquella parte en que se pronuncia sobre la competencia de la Municipalidad de Algarrobo para determinar la procedencia del ingreso al SEIA del proyecto, como también ciertos considerandos de la resolución que hacen referencia a la tipología de ingreso al SEIA del proyecto inmobiliario cuestionado, sin que ello afecte la legalidad de las restantes consideraciones que fundamentan la decisión de archivo. Lo anterior, por cuanto estos razonamientos confunden a los intervinientes en el sistema, pueden dar pie a la generación de controversias, y se trata de argumentos innecesarios e inconvenientes.

(Fuente: Diario Constitucional)

Tercer Tribunal Ambiental admite a trámite reclamación de comunidad indígena contra Comisión de Evaluación Ambiental

Tercer Tribunal AmbientalEl Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Valdivia, acogió a trámite un recurso de reclamación deducido por parte José Cayún Quiroz en representación de la comunidad indígena, en contra de la Resolución Exenta N° 105/15, del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que ejecuta el acuerdo N° 16/15 del Comité de Ministros. En el referido acuerdo, se resolvió decretar el rechazo del recurso de reclamación interpuesto en contra de la Resolución de Calificación Ambiental  N° 128/14 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos.

Al efecto, cabe recordar que el proyecto en cuestión contempla la instalación una Central de Pasada denominada “Mediterraneo”, ubicada en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos. En su libelo, la reclamante arguye que el recurso de reposición debió ser acogido, toda vez que la Resolución Exenta N° 128/14 no se hace cargo de todos los impactos ambientales que generaría el citado proyecto al tiempo que constituiría una seria violación a Derechos Humanos de los pueblos originarios.

Admitida a tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental ofició al Comité de Ministros, a fin de que informe de conformidad al artículo 29 de la Ley N° 20.600, esto es, adjuntando copia física autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la reclamación.

(Fuente: Diario Constitucional)

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