Corte Suprema confirma sentencia que condenó a banco a indemnizar a clienta suplantada en obtención de crédito

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó al Banco Ripley a pagar una indemnización de $15.000.000 (quince millones de pesos) a clienta que fue suplantada por una prima que solicitó un crédito.

En fallo unánime (causa rol 38.283-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Héctor Carreño, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich y el abogado (i) Jorge Lagos– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que condenó a la entidad bancaria a indemnizar a Magda Franulic de la Puente, quien fue suplantada en 2011, por Mourina de la Puente Vera en una sucursal ubicada en la capital de la Cuarta Región.

El fallo del máximo tribunal confirma la responsabilidad del banco por la falta de diligencia en el otorgamiento del empréstito, que le generó a la demandante una deuda y su ingreso a Dicom.

«La pretensión anulatoria del banco recurrente se afinca en que la demandante no advirtió oportunamente que había extraviado o que no mantenía consigo su cédula de identidad, postulando que esta conducta omisiva influyó causalmente en la contratación del crédito y en el daño cuya indemnización persigue, puesto que, de no haber incurrido en ella [esto es, de haberse dado cuenta de la pérdida del citado documento], la habría bloqueado y, consecuencialmente, su prima no habría podido obtener el empréstito al constatarse que dicho documento no estaba vigente», sostiene el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que: «sin embargo, el silogismo propuesto por el recurrente se estrella contra los hechos establecidos por los jueces del fondo desde que, como quedó dicho en el basamento cuarto, la demandante advirtió que no traía consigo su cédula de identidad el día 12 de julio de 2011, a raíz de una llamada telefónica por medio de la cual se le informaba acerca de una mujer que, portando su documento de identidad, se había acercado a una institución financiera requiriendo un crédito de consumo. Es decir, el día 6 de julio del mismo año, fecha en que doña Mourina de la Puente se presentó en la sucursal La Serena del Banco Ripley y exhibió la documentación que se le requirió para solicitar y obtener la aprobación de un empréstito, la demandante, doña Magda Franulic, no tenía conocimiento de que su documento de identificación le había sido sustraído desde la cartera que mantenía en su domicilio».

«Que la única omisión –continúa– que podría reputarse causalmente concurrente con la falta de diligencia del banco demandado y que impondría a los jueces del fondo la aplicación de la regla de atenuación de responsabilidad que consagra el artículo 2.330 del Código Civil sería aquella consistente en que, enterada la demandante del hecho que su prima le sustrajo su documento de identidad desde su billetera, no hubiere realizado ninguna acción en orden a bloquear tal instrumento e impedir su uso malicioso, cuestión que no fue demostrada en el proceso y, por el contrario, se acreditó que tan pronto tuvo conocimiento del extravío efectuó las gestiones necesarias ante la autoridad para precaver el uso indebido de su cédula de identidad».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema confirma sentencia que condenó a banco por clonación de tarjeta de crédito en el extranjero

CorteSupremaChileLa Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a BancoEstado a pagar una indemnización total de $5.900.000 (cinco millones novecientos mil pesos) a clienta a quien le clonaron tarjeta de crédito y realizaron una serie de giros en el extranjero.

En fallo unánime (causa rol 79.220-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa Maria Maggi y Juan Eduardo Fuentes– condenó a la entidad bancaria a pagar $2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos) por daño emergente, y $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos) por daño moral, a Verónica Ávila Valenzuela.

La sentencia del máximo tribunal ratifica el fallo recurrido que estableció la responsabilidad de BancoEstado por la clonación de la tarjeta de crédito de la clienta, quien viajó en febrero de 2013, a Brasil, país donde sufrió una serie de giros sin su autorización.

«En lo que incumbe al recurso de casación en el fondo que se viene relacionando, en el fallo cuestionado los sentenciadores dejan asentada la existencia de una obligación de la demandada para con sus clientes a fin de resguardar la seguridad de las transacciones bancarias en el extranjero, la que se materializa mediante un protocolo a cargo del banco, el que en la especie no se siguió ya que la actora no solicitó a la recurrida la activación de su tarjeta de crédito para realizar compras fuera del país, asumiendo la institución bancaria además la obligación de informar cabal y oportunamente de la documentación necesaria para hacer efectiva la cobertura del riesgo en caso de un seguro por fraude, estableciendo los jueces asimismo que, conforme a ese protocolo, la recurrente pidió a la demandante una serie de documentos que fueron recibidos por la ejecutiva del banco, señalándole que «estaban Ok, es decir, en lenguaje de uso común, que estaban bien, conformes», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Determinadas así las obligaciones que pesaban sobre la demandada en relación a los hechos que motivan la causa y aun cuando no haya sido discutido que entre el conocimiento de los hechos por parte de la demandante y la denuncia policial que realizó hayan transcurrido 47 días, los sentenciadores declaran que fue la demandada quien incurrió en incumplimiento de las obligaciones que se han establecido, deberes que debía satisfacer del modo que previene el artículo 1546 del Código Civil».

«Sucede, sin embargo –continúa–, que los jueces acertadamente han advertido que el banco incumplió sus obligaciones en lo que dice relación tanto con la falta de activación del protocolo que permitía el uso en el extranjero de la tarjeta de crédito que contrató la demandante, cuanto por la falta de información que requería la demandante para hacer efectivo el seguro contratado, por lo que mal puede ahora la recurrente escudarse en lo que estatuyen las cláusulas de la póliza contratada si su conducta anterior y posterior al acaecimiento del siniestro contribuyó a que la aseguradora no otorgara la cobertura convenida, máxime si es un hecho establecido que la propia agente del banco recibió conforme los documentos que requirió de la cliente cuando ésta solicitó información para hacer efectiva la cobertura».

(Fuente: Poder Judicial)

Diputados buscan perfeccionar funcionamiento de los cajeros automáticos

Finanzas DineroPerfeccionar el funcionamiento de los cajeros automáticos modificando el Decreto Supremo 222, que regula medidas mínimas de seguridad aplicables a su instalación y operación, es lo que solicita la Sala de la Cámara de Diputados al Ejecutivo.

La solicitud, aprobada por 92 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, fue presentada a la Cámara por los diputados RN Alejandro Santana, Bernardo Berger, Gonzalo Fuenzalida, Jorge Rathgeb, Marcela Sabat y René Manuel García, además de los UDI David Sandoval e Iván Norambuena y el socialista Fidel Espinoza.

Según expresaron los legisladores, el uso de los cajeros automáticos está regulado en nuestro país a través del Decreto Supremo 222, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual regula medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie.

Sin embargo, y aunque el mencionado decreto regula diversos cuerpos relativos a la seguridad y al funcionamiento, argumentaron que este no ha regulado un detalle relativo a la operación de la tarjeta bancaria durante el giro de dinero, u otra operación al interior de un cajero automático.

En ese contexto, argumentaron que en los cajeros de las mayorías de las entidades bancarias, la operación exige, para comenzar, que se inserte la tarjeta de débito o crédito en el interior del cajero automático y esta solo es devuelta una vez que la operación ha concluido. “Son muy pocos los cajeros que operan con la lógica contraria: el cliente debe insertar y retirar la tarjeta de crédito en el mismo acto y después de eso puede operar en el cajero hasta finalizar la operación”, acotaron.

Por lo anterior, manifestaron que esta última versión es la más segura, puesto que evita que el cliente olvide su tarjeta bancaria al interior del cajero automático, una vez que ha recibido el dinero. “La norma administrativa debiera ir en esta línea, pues se trata de un cambio deseable, barato de implementar, y que puede ayudar a la seguridad de todos los usuarios”, remataron.

(Fuente: Diputados)

Consulte la resolución de la Cámara de Diputados N° 794.

4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condena a 29 años de presidio a líder de robo a sucursal de banco en calle Beauchef

juez justicia penal garantíaEl Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó hoy –martes 1 de noviembre– a Fabián Cristopher Solís Troncoso a las penas efectivas de 15 años y un día de presidio, como autor del delito consumado de robo con violencia causando lesiones graves; 7 años y un día de presidio, como autor del delito de robo con intimidación, y 7 años de presidio, como autor de un segundo robo con intimidación. Ilícitos perpetrados en la comuna de Santiago, en octubre de 2014.

En fallo unánime (causa rol 418-2016), el tribunal –integrado por magistrados María Inés Collin (presidenta), José Flores y Romina Onetto (redactora)– además condenó a Rafael Andrés Bahamondes Rojas y Cristián Andrés Sancy Almuna, a penas efectivas de 15 años de presidio, más accesorias legales, por su responsabilidad como autores del delito consumado de robo con violencia causando lesiones graves, perpetrado en la comuna de Santiago el 8 de octubre de 2014, en contra del Banco de Crédito e Inversiones y Jaime Ortega Gajardo, respectivamente. En tanto, Brian Leopoldo Trujillo Cerda deberá purgar 13 años de presidio efectivo; y Luis Francisco Golppi Sepúlveda 10 años y un día.

Por voto de mayoría, el tribunal condenó a Daniel Alejandro Lobos Guzmán como coautor del delito, a 5 años de libertad vigilada intensiva con plan de intervención individual; y a Alberto Jhonatan Godoy Rivera en calidad de cómplice, a 3 años de libertad vigilada intensiva con plan de intervención individual.

Asimismo, una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

Los hechos
Fallo que dio por acreditado que aproximadamente a las 8.20 horas del 8 de octubre de 2014, los condenados, previamente concertados y simulando ser funcionarios de la PDI, arribaron hasta la sucursal del Banco BCI, ubicada en calle Beauchef 1453, en la comuna de Santiago, procediendo a ingresar al inmueble, premunidos de armas de fuego con las que intimidan al agente del banco, de iniciales C.I.R., quien bajo amenaza y golpes, ingresa la clave de la bóveda, junto a la tesorera de la sucursal de iniciales K.S.J.A, apropiándose los imputados de la cantidad de $15.000.000 en dinero en efectivo que introdujeron en un bolso, huyendo del lugar con solo $100.000 del dinero ante el aviso de llegada de Carabineros.
En el intertanto, Bahamondes Rojas mantuvo amenazados con arma de fuego a los jardineros que realizaban trabajos en las afueras del banco; y Lobos Guzmán esperaba a los malhechores a bordo de un automóvil para huir del lugar.

En dicho contexto, además, los agresores sustrajeron a una de las víctimas dos teléfonos celulares, especies con las que se dieron a la fuga.

Al ver la presencia de Carabineros en el lugar, «disparan en contra del furgón policial y del personal que se trasladaba en aquel, con la posibilidad cierta de impactarlos y lesionarlos. Producto de lo anterior resultó lesionado con dos impactos de bala, el Carabinero de servicio JAIME FELIPE ORTEGA GAJARDO, quien resultó con herida de bala región supraescapular derecho, herida de bala muslo izquierdo y fractura apófisis espinosa T1, lesiones atribuibles por agresión con arma de fuego, de pronóstico médico legal grave».

En el escape, Fabián Solís, en la intersección de las avenidas Club Hípico con Avenida Pedro Montt, «procedió a intimidar a la víctima de iniciales R. G. S. apuntándolo con un arma de fuego e indicándole que lo mataría, bajándolo a él y a dos pasajeros del vehículo que manejaba, apropiándose del taxi colectivo marca NISSAN modelo V16 PPU BJRC.77 dándose a la fuga en éste. Luego de huir en el vehículo, choca el automóvil contra vehículo al no respetar la luz roja de un semáforo, bajando luego de éste, dejándolo abandonado. A continuación de lo anterior, el acusado Solís Troncoso, procede a intimidar a la víctima de iniciales C. M. T. G. diciéndole que era un asalto, apropiándose de su automóvil, marca Suzuki modelo SX4 PPU CSFR.74, dándose a la fuga con el vehículo en su poder, para luego colisionar con otro automóvil, abandonándolo en el lugar».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago ordenó a SBIF entregar información por ley de transparencia

TransparenciaEn fallo unánime, la Corte de Santiago rechazó recurso de reclamación presentado en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) entregar copias de los requerimientos que formuló, en agosto de 2015, y de la respuesta del banco Scotiabank Chile, del 28 de julio de 2015, sobre deudas de la empresa Francisco Armijo Núñez y Cía. Limitada con la entidad bancaria.

La resolución sostiene que «se puede concluir de las disposiciones constitucionales citadas, artículos 32 N° 3 y 64 de la Constitución Política, que el artículo 7° contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 1997, no tiene el rango de ley de quorum calificado por mandato constitucional, sino que por el contrario se trata necesaria y esencialmente de una ley de nominación constitucional simple u ordinaria, por lo que el citado artículo 7 del D.F.L. N° 3 no se encuentra comprendido en la causal de reserva que establece el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia N° 20.285, toda vez que no se trata de una ley de quorum calificado, conclusión que per se es suficiente para desestimar la pretensión de la SBIF, en cuanto estaría legitimada para no tener que dar cumplimiento a la Decisión de Amparo impugnada».

El fallo de la Corte de Santiago agrega que «(…) a mayor abundamiento, atendido lo razonado en los considerados anteriores y atento al rango constitucional del principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado y las excepciones a la publicidad que se contemplan en el artículo 8º inciso 2º de la Constitución refuerzan lo que son: excepciones limitadas a las causales en él referidas, sin que pueda sostenerse en el presente caso que el citado artículo 7° de la Ley General de Bancos sea un caso de reserva de información pública de aquellas contempladas en dicha norma constitucional, sino más bien un deber funcionario como muchos otros, orientados a la protección del bien jurídico «recta administración del Estado»: legalidad, imparcialidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, racionalidad, probidad, neutralidad política y otros».

(Fuente: Diario Constitucional)

Despachan en particular proyecto que permite las tarjetas de prepago no bancarias

tarjeta creditoEn condiciones de ser analizado por la Sala del Senado, una vez que concluya la redacción del informe respectivo quedó el proyecto –iniciado en mensaje- que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias, que cursa su segundo trámite.

Ello, luego que la Comisión de Hacienda concluyera el despacho del texto legal en particular, tras la presentación de 17 indicaciones.

Así lo dio a conocer el senador Eugenio Tuma, integrante de la instancia, quien explicó que en lo fundamental, el texto legal, en lo referido al ingreso de Metro a esta industria se mantuvo en los mismos términos en que se aprobó en general, pues se declararon inadmisibles algunas de las indicaciones presentadas en esa materia.

Agregó que el debate estuvo centrado en relación a las atribuciones del Banco Central porque también se declararon inadmisibles algunas indicaciones en esa línea y «lo que hicimos algunos de los autores es hacer un punto en el sentido que se requiere mayor competitividad entre las instituciones de prepago».

«El Banco Central no solo tiene por finalidad resguardar la seguridad de los depósitos y ahorrantes sino garantizar la fe pública entre instituciones. Y lo que veíamos era que existe poco equilibrio entre la seguridad y las exigencias», dijo el legislador.

El senador Tuma añadió que si bien quedó conforme con el texto legal «creo que hay detalles» respecto a los contratos por vía tecnológica y los consentimientos que deberían a juicio del legislar quedar explicitados con condiciones objetivas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

En lo fundamental el proyecto de ley, iniciado en mensaje, tiene por objeto potenciar la inclusión financiera de los sectores de menos ingresos de la población al promover y facilitar su acceso a los medios de pago electrónicos, mediante el desarrollo de instrumentos de pago con provisión de fondos o prepago, que no sean sólo extendidas por entidades bancarias, que permitan almacenar fondos en forma previa, ya sea en tarjetas, cuentas de internet, teléfonos móviles o cualquier otro soporte.

De este modo:

– Autoriza a las entidades no bancarias para emitir y operar medios de pago con provisión de fondos (prepago), estableciendo en una ley propia, distinta de la Ley General de Bancos, el marco regulatorio al que estarán sujetas.

– Las empresas emisoras y operadoras deberán constituirse en el país como sociedad anónima especial de giro exclusivo, debiendo sujetarse a las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas abiertas, cumplir las exigencias que el Banco Central establezca y someterse a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

– La operación de estos medios de prepago podrá ser ejercida por empresas operadoras constituidas en virtud del presente proyecto de ley, o por sociedades de apoyo al giro bancario, siendo necesario, en este último caso, que dichas sociedades establezcan para la provisión de tales servicios, condiciones y exigencias objetivas y no discriminatorias de contratación.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 9197-03.

Corte Suprema ordena a banco pagar indemnización por cobro irregular de crédito hipotecario

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió parcialmente demanda interpuesta y condenó al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –BBVA– pagar a clienta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos), por concepto de daño moral, por el cobro irregular de un crédito, lo que llevó al remate de la propiedad de la afectada.

En fallo unánime (causa rol 4168-2015), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa María Maggi, Juan Eduardo Fuentes, el fiscal judicial Juan Escobar y los abogados (i) Daniel Peñailillo y Juan Figueroa– ordena pagar la indemnización a Hilda María Guzmán Vargas, quien contrató un crédito hipotecario con BBVA, entidad que remató el inmueble adquirido al retrasarse Guzmán Vargas en el pago de cuatro cuotas.

«Que el ilícito por el cual se condena a la demandada consiste en la conducta indebida y negligente que la entidad bancaria ha tenido en el procedimiento de cobro del mutuo otorgado a la demandante, el que se compone de un conjunto de hechos y actos que determinaron, en definitiva, que se procediera a una ejecución improcedente en que se remató el bien hipotecado, sin que la ejecutada hubiera sido legalmente emplazada en el mismo, lo que provocó su indefensión y culminó con el hecho dañino de la pérdida del inmueble», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Que, siendo el cuasidelito civil del cual ha resultado responsable la actora un hecho complejo, compuesto por conductas activas y omisivas de la demandada, el plazo de prescripción extintiva establecido por el artículo 2332 del Código Civil debe ser contado desde el término de la configuración del ilícito, que tiene lugar con el remate del inmueble y consiguiente pérdida de la propiedad; no -como lo pretende la demandada- desde la interposición de la demanda en el juicio ejecutivo referido (con la que se inicia) ni con un acto de notificación viciado y que fue posteriormente anulado (que integra el conjunto cuando se está desenvolviendo)».

Finalmente concluye:

«Por estas consideraciones, lo previsto en las normas citadas y en atención, además, a lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de nueve de mayo de dos mil catorce, escrita a fojas 140 y siguientes, en cuanto rechazó íntegramente la demanda, y en su lugar se declara:
1.- Que se acoge la demanda interpuesta sólo en cuanto se condena al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a pagar a la actora Hilda María Guzmán Vargas la suma de $25.000.000, por concepto de daño moral, con interés y reajuste según variación del Índice de Precios al Consumidor desde que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el día del pago efectivo.
2.- Que se rechaza la excepción de prescripción, deducida subsidiariamente por la demandada.
3.- Que se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia.»

(Fuente: Poder Judicial)

A %d blogueros les gusta esto: