Corte Suprema remite a la Cámara de Diputados informe sobre proyecto que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria

Pleno Corte SupremaReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 20 de enero recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley -iniciado por moción- que modifica la ley N° 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, para otorgar competencia a los juzgados de policía local en la remoción de miembros de los comités de administración de condominios. Informe que fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade Lara.

La iniciativa legal busca otorgar competencia al juez de policía local para resolver la remoción total o parcial de los integrantes de comités de administración de conjuntos habitacionales o condominios, debido a que la legislación actual exige altos quórums para celebrar asambleas extraordinarias y para adoptar este tipo de acuerdos.

«(…) el fundamento del proyecto en análisis estima que los quórums de convocatoria a asambleas extraordinarias (80% de los derechos en primera citación y 60% en segunda citación) y para adoptar el acuerdo de remoción total o parcial del Comité de Administración (75% de los derechos asistentes) son muy altos, lo que se ve agravado por la existencia de comunidades numerosas», establece el informe.

Oficio que agrega: «Pues bien, la vía de citación judicial mencionada permite al o los copropietarios interesados en la remoción de uno o más integrantes del Comité de Administración, acudir al juez respectivo y celebrar una asamblea sobre esa materia, sin necesidad de cumplir con los quórums específicos de constitución de la sesión. Sin embargo, lo anterior no significa que no deba satisfacerse el mínimo legal para adoptarse acuerdos, aunque es de mucha más fácil obtención, ya que opera respecto de los derechos de los comuneros asistentes (75%)».

Observaciones

Si bien la iniciativa legal en los términos propuestos podría prosperar, el pleno de ministros formula «observaciones y alcances sobre las consecuencias que la aprobación del proyecto podría acarrear, los «que deben ser debidamente ponderados», opina.

«(a) En lo que se refiere a las atribuciones de los tribunales
Cabe considerar que el proyecto entrega competencia a los Juzgados de Policía Local para que, a solicitud de cualquier copropietario, pueda remover total o parcialmente a los integrantes del Comité de Administración. Si bien la fundamentación del proyecto indica que esta competencia procedería cuando no se «reúna el quórum necesario para constituir la asamblea extraordinaria o bien no se alcancen los votos suficientes» y para acceder a la solicitud debieran concurrir «motivos fundados», el texto del mismo los omite completamente. Al respecto cabría preguntarse ¿Bajo qué causales podrá el juez decretar tal remoción? ¿Cómo podrían establecerse tales causales si ni siquiera para los propios comuneros existen normas legales que fijen requisitos para desempeñar el cargo de integrante del comité de administración? Estas omisiones merecen algún grado de reflexión.

La ausencia de elementos de definición o graduación que activen la competencia judicial (como es aquella expuesta en la fundamentación del proyecto, idéntica por lo demás a la prevista en el art. 19 inciso final de la ley ya analizado) producirían un alto incentivo de los copropietarios a litigar acerca de la permanencia de los miembros del Comité, pudiendo caer en desuso práctico la citación a asamblea extraordinaria para que la comunidad resuelva esa cuestión, y en la inestabilidad de esos cargos.

La segunda omisión es, sin lugar a duda, más relevante. En efecto, en los términos actuales de la redacción del proyecto, se desconoce totalmente el rol que le corresponde al juez en el litigio de remoción: es decir, puede remover a los miembros del Comité, pero se ignora cuáles son las causas o motivos que debiera verificar para decidir al respecto, cuál es, en definitiva, el ámbito que debe revisar y parámetro que debe emplear. E incluso, la utilización de la expresión «motivos fundados» tampoco resolvería el problema al que se enfrentará el juzgador, toda vez que la naturaleza del conflicto en cuestión se vincula a la gestión y administración de bienes. En otras palabras, el juez no dispondrá de guías o directrices a los cuales someter los hechos que se le pongan en conocimiento: así, el juez podrá determinar si se produjeron los hechos alegados por el demandante, pero no podrá saber si aquellos autorizan a remover al miembro del Comité.

(b) En cuanto al régimen de administración
La consecuencia directa que el juez no tenga elementos reglados para resolver si remover o no a un integrante del Comité, es que se altera íntegramente el régimen y modelo de administración en los condominios.

Como se expusiera en el punto 11 de este informe, el principio fundamental de la administración de los condominios es que ésta recae en los copropietarios, toda vez que ellos son los interesados en el mejor y más adecuado funcionamiento de la comunidad y los titulares de los derechos de propiedad sobres los bienes comunes, por consiguiente, es su voluntad colectiva la que debe resolver los asuntos comunes; por ello, siguiendo esa lógica el legislador, radicó la designación y remoción del Comité de Administración en la asamblea. Estas decisiones, cumpliendo los requisitos legales, no requieren fundamento, motivo o justificación alguna para ser válidas, pues corresponden al ejercicio soberano del derecho de propiedad.

Es por ello que, de seguirse el proyecto, al entregar al juez la facultad para remover a los miembros del Comité sin atender a la concurrencia de causales legales vinculadas a la voluntad presunta del colectivo, se desplaza una parte significativa de la administración del condominio de los copropietarios al juzgador, ya que este último deberá resolver conforme su criterio, como si fuera comunero, interfiriendo en las facultades que estos tienen sobre su propiedad y adoptando decisiones con menor información y a un mayor costo.

Una consecuencia adicional del proyecto, es la posibilidad que la decisión judicial contravenga la voluntad colectiva de los copropietarios. En efecto, es posible que el juez, llamado a pronunciarse a instancia de un copropietario descontento, decida remover al Comité, aun en contra de la voluntad de la mayoría de los comuneros (los que, por lo demás, no formarán parte del litigio), causando con ello un trastorno ostensible en las relaciones entre aquéllos.

Asimismo, el juez, a diferencia de las asambleas, carece de la potestad para designar a los miembros del Comité de Administración, por lo que, si accede a la remoción, el condominio no contará con este valioso órgano hasta que se constituya válidamente una asamblea que nombre nuevos representantes, pudiendo en el intertanto, causar desgobierno y mayores perjuicios a los interesados».

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el informe de la Corte Suprema.

Cámara de Diputados dio luz verde a proyecto que regula destino de inmuebles entregados por el Fisco a título gratuito

Camara-Diputados-ChileAl Senado, a cumplir su segundo trámite, fue enviado el proyecto de ley que modifica el Código Civil y el DL 1.939, de 1977, sobre Normas de Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en materia de destino de inmuebles entregados por el fisco a título gratuito, luego que la Cámara lo aprobara con 106 votos a favor y 1 abstención. .

La moción es iniciativa de los diputados Marcelo Chávez (DC) y sus camaradas de partido Fuad Chahin, Aldo Cornejo, Roberto León, Yasna Provoste, Ricardo Rincón, René Saffirio y Patricio Vallespín y a los diputados PPD Guillermo Ceroni y PS Leonardo Soto.

La propuesta surgió luego que se diera a conocer un informe pericial contable de la Policía de Investigaciones, de 2005, que da cuenta del caso de la Fundación Cema Chile, que pasó de un modelo dependiente de las subvenciones y donaciones del Estado, a financiarse casi exclusivamente de la venta y arriendo de inmuebles. «Solo entre 1996 y 2004, la PDI constató ingresos por más de $3.741 millones por concepto de inmuebles enajenados», enfatizaron.

En línea con lo recién señalado, el proyecto establece que, en caso de disolución de la persona jurídica de la corporación, o si los bienes transferidos por el Fisco a título gratuito se destinan a otro fin, deberán ser restituidos al Estado.

(Fuente: Diputados)

Piden disponer de modificaciones legales y administrativas en materia de políticas de tierras para comunidades indígenas

Comunidad indigenaDisponer modificaciones legales y administrativas en materia de políticas de tierras para comunidades indígenas y crear un fondo para víctimas de atentados en la región de la Araucanía, es lo que pide la Sala de la Cámara de Diputados al Ejecutivo por medio de la resolución 722.

La petición, aprobada por 81 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, fue presentada a la Cámara por un grupo de diputados.

Según expresaron los legisladores, la violencia en la Araucanía ha alcanzado niveles inéditos en los últimos años, con una escala de violencia que evidencia la incapacidad del Estado para proveer seguridad a la población de los sectores rurales.

Por ello, agregaron, el informe final de la Comisión Investigadora sobre violencia en la Araucanía expuso una serie de propuestas que permiten avanzar hacia una posible solución de este conflicto, considerando, de suma urgencia, que el gobierno y los demás órganos del Estado desarrollen las labores necesarias para implementar dichas intensiones.

Por lo anterior, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo ingresar una calificación de urgencia al proyecto de ley que modifica la Ley 19.253, para establecer prohibiciones en relación con la adquisición de tierras y el acceso a los beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, actualmente radicado en la Comisión de Gobierno Interior de la Corporación.

Adicionalmente, piden disponer la creación de un Fondo de reparación para víctimas de atentados en la región de la Araucanía, así como el establecimiento de un subsidio que les permita asegurar la maquinaria y vehículos utilizados en sus faenas productivas, atendida la falta de oferta o alto costo que enfrentan quienes desean asegurar sus bienes.

Asimismo, llaman a generar mecanismos de financiamiento para el reemprendimiento, como el otorgamiento de créditos blandos para las personas que lo han perdido todo producto de atentados en la zona.

Finalmente, los parlamentarios piden mandatar al Ministerio de Desarrollo Social para que realice un catastro de los títulos de merced que aún no se han subsanado hasta la fecha, en la región de la Araucanía.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10593.

Comienzan estudio de moción que impediría embargar las viviendas sociales

Vivienda SocialesPese a que los parlamentarios de la Comisión de Vivienda y Urbanismo coinciden en la necesidad de legislar sobre la modificación del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de declarar inembargables las viviendas adquiridas con subsidios del Estado que tengan un avalúo fiscal no superior a las 520 Unidades de Fomento (aproximadamente un $1.386.000); durante el análisis de la moción se aclaró que «se debe estudiar con mucha profundidad, para no perjudicar posibles solicitudes de créditos o desincentivar la construcción de viviendas sociales con los valores señalados».

¿CUÁL ES LA PROPUESTA QUE VIENE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS?

A grandes rasgos, el texto que estudia la Comisión de Vivienda del Senado señala que:

Artículo 445.- No son embargables: […]

«8° El bien raíz del deudor en que éste, su cónyuge, su conviviente civil o hijos residan, siempre que sea el único bien raíz de propiedad del deudor, y que concurra algunas de las siguientes circunstancias:

a) Se trate de una vivienda de emergencia y sus ampliaciones (…)

b) La vivienda haya sido adquirida por el deudor con aplicación de algún subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que garantice el acceso a la vivienda sin deuda;

c) La vivienda haya sido adquirida por el deudor con aplicación de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo distinto de aquellos a que se refiere el literal precedente, siempre y cuando dicho inmueble se encuentre exento del pago del Impuesto Territorial.

d) Se trate de una vivienda social o de cualquier otra vivienda certificada como vivienda social, y cuyo avalúo fiscal no exceda las cuatrocientas unidades de fomento o las quinientas veinte unidades de fomento, tratándose de viviendas acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria regulado por la ley N° 19.537.

En ningún caso podrán ser embargados los muebles de dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su cónyuge, conviviente civil o de los hijos que viven a sus expensas.».

ANTECEDENTES  DE LA MOCIÓN

En el proyecto se hace presente que en Chile la vivienda social ha cumplido un rol fundamental en aportar al desarrollo de las familias trabajadoras con escasa capacidad de ahorro y, por sobre todo, para que exista responsabilidad por parte del Estado en el aseguramiento del derecho a la vivienda.

Los destinatarios de las viviendas sociales son precisamente personas que junto a su entorno familiar, ameritan especial protección debido a una general condición de vulnerabilidad. Trabajadores con escaso o nulo acceso a créditos o a fomentos monetarios semejantes para adquirir un lugar donde habitar, por lo que si un Estado no desarrolla estos programas, incurre en una grave vulneración de los derechos de sus ciudadanos.

Tampoco bastaría con el simple acceso, se argumenta  que la vivienda social debe ser protegida para su uso y finalidad, impidiendo que se convierta en un bien de mercado o simplemente una garantía crediticia.

Por lo tanto, en virtud del derecho de prenda general se permite trabar embargo sobre cualquier inmueble del deudor, lo que incluye a la vivienda de interés social destinada únicamente a la casa y habitación de las familias, incluso por aquellas deudas no relacionadas con ese bien específico.

Como se ha señalado, la vivienda social no tiene como finalidad la entrega de una garantía para créditos o préstamos, sino que su destino principal es el aseguramiento de la calidad de vida de una familia y el aportar fundamentalmente a la superación de la pobreza y la marginalidad.

Los autores de la moción consideran que la ejecución de las deudas por créditos debieran ejecutarse sobre otros bienes y no sobre la vivienda que el Estado entrega para la habitación de los sectores más vulnerables.

Por ello, la vivienda social merece una especial protección, considerando además que los recursos que el Estado dispone para lograr los objetivos de la política nacional de vivienda, no pueden ser considerados como una oportunidad para recuperar créditos, préstamos o inversiones de particulares, sobre todo por aquellas transacciones comerciales no relacionadas con la directa adquisición de la vivienda.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 9706-14.

Proyecto elimina calificación jurídica de animales como «cosas»

perro-jugandoLa moción de los senadores Allende, Chahuán, Girardi, Navarro y Walker, expone que la disociación del ser humano de conocer y aprender el entorno ha construido una lamentable relación hombre-naturaleza caracterizada por la posición de superioridad, control y dominación de nuestra especie sobre las otras especies vivas y en general sobre todo el medio físico.

Observa luego que nos encontramos hoy ante crisis ambiental que exige una revalorización y re-conceptualización del sistema planetario que nos sostiene, y con ello una revalorización de la importancia de los sistemas vivos, puesto que la «biodiversidad ofrece a la humanidad los servicios ecológicos esenciales: el reciclaje de elementos nutritivos y la descontaminación natural de la tierra y del mar, la conservación de la calidad del agua, del suelo y del aire, la regulación de los sistemas climáticos, los mecanismos de reproducción de animales y plantas, y de las invasiones biológicas, la conservación de los paisajes incluso en sus dimensiones estéticas, culturales, recreativas y espirituales».

Al efecto, los autores de la iniciativa estiman que la degradación ambiental y la alteración de los ciclos biológicos hacen evidente que este relacionamiento con el medio ambiente, que desagrega «lo vivo» a una categoría de objeto, estático, es quizás una de las causas más directas de los caóticos efectos que se manifiestan actualmente a escala global dando cuenta que los procesos atmosféricos, geológicos, hidrológicos y biológicos del Sistema Tierra, entre otros, están siendo alterados por la lógica en las actividades humanas.

En tal sentido, y con el propósito de enmendar la ruta que ha tomado nuestra civilización, transitando hacia una modificación en la estructura de valoraciones de la cual actualmente la sociedad se dota, que resitúe el comportamiento humano a uno que reconozca el necesario equilibrio y respeto con el cual debemos coexistir en nuestro planeta Tierra, el proyecto de ley propone modificar el marco legal relativo al tratamiento de los animales.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10651-12.

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