Cámara de Diputados inició debate de proyecto que fortalece investigación de delitos terroristas

Con el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entregado por la diputada Claudia Nogueira (UDI), se inició este jueves la discusión del proyecto de ley, que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.

En primer lugar, la propuesta autoriza en primer lugar al Fiscal Nacional para el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de hechos constitutivos de delitos terroristas, por un plazo de dos años prorrogable por otros dos cuando sea necesario.

Se establecen también normas de cooperación internacional para la persecución de delitos terroristas y la posibilidad de que embajadas y consulados colaboren con la Fiscalía.

Además, el Fiscal Nacional podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, y la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional.

Entre otras materias, se establece que en casos calificados en que el Ministerio Público justifique que la mantención del secreto más allá del término legal resulte indispensable para el éxito de la investigación, éste podrá renovarse mediante autorización judicial fundada. El plazo del secreto no podrá, en ningún caso, exceder de seis meses.

El fiscal especial podrá autorizar el uso de funcionarios policiales como agentes encubiertos y el uso de informantes, regulando que se entenderá por cada cual.

La Sala acordó que el texto legal será votado este martes 11 de abril.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10460.

Diputados anuncian presentación de proyecto de ley para ampliar el ámbito de la legítima defensa

Tras conocerse el caso del comerciante viñamarino que quedó detenido por defender su negocio durante un asalto, los diputados UDI Osvaldo Urrutia y Gustavo Hasbún, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que buscará ampliar el ámbito de la legítima defensa.

Según explicaron los legisladores, la idea es evitar que “los Fiscales actúen en favor de los delincuentes y en contra de la gente”.

“La Fiscalía, una vez más, se equivoca metiendo preso al que defiende su propiedad y protegiendo a los delincuente (…). El señalar que la legítima defensa no se aplica porque el robo ya se había efectuado y los asaltantes escapaban es un absurdo jurídico y una torpeza del Ministerio Público”, remarcó el diputado Urrutia.

Para el diputado Gustavo Hasbún, “la señal que está dando el Ministerio Público es demasiada peligrosa; deja prácticamente en la indefensión a la gente y dándole carta ancha los delincuentes, usando la lógica del entrar, llevar y robar porque la Fiscalía nos defenderá”.

“No solo se encuentran protegidos por la Defensoría, sino que, además, por fiscales poco criteriosos en la aplicación de la ley”, sentenció.

Los diputados Urrutia y Hasbún anunciaron que la propuesta legal buscará que no quepa duda de su aplicación en resguardo de la gente, la vida y de la propiedad, «estableciendo una señal a los delincuentes para que la piensen antes de ingresar a robar”.

(Fuente: Diputados)

DD.HH. inicia discusión de proyecto que establece ley de derechos lingüísticos de pueblos originarios

Con el afán de adoptar políticas públicas integrales, la Comisión de Derechos Humanos inició la discusión del proyecto que establece una Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Originarios de Chile.

El texto, que surge como una propuesta de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos, recogida por los autores de la mocióm, busca proteger y fomentar los derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos, consagrar y definir los conceptos propios de la materia, además de reconocer expresamente la condición plurinacional de la sociedad chilena.

Asimismo, pretende determinar cuáles son las lenguas indígenas de Chile y establecer derechos a beneficio de los pueblos, además de obligar a los medios de comunicación, respecto a la difusión de las lenguas indígenas en los contenidos que emitan.

Al mismo tiempo, la iniciativa buscará estimular una sanción general por vulneraciones a los derechos anteriormente mencionados.

Al respecto, la diputada Camila Vallejo (PC), patrocinante del proyecto, señaló que desde la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos le hicieron ver la necesidad de que hubiese una ley en este ámbito, que permitiría a Chile cumplir de una vez por todas con los pactos internacionales en esta materia.

“Cuando desaparece una lengua, desaparece una cultura y la identidad de un pueblo originario, entonces la omisión del Estado, de alguna manera, estaría avalando una vulneración a derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos de los pueblos originarios. (…) Esperamos que este proyecto siga avanzando y que cree una institucionalidad que vele por resguardar estos derechos”, detalló.

La instancia acordó invitar en una próxima sesión a la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos y a representantes de comunidades de pueblos originarios.

Pueblo afrodescendiente

En segundo lugar, la Comisión inició también la discusión del proyecto de ley que otorga un reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Dicha iniciativa, que nace en la región de Arica y Parinacota, pretende que el Estado promueva la cultura y respete los símbolos de dicho pueblos, además de que incluya dentro del plan de educación nacional la historia de los afros.

Por otra parte, pretende incorporar a dichos pueblos como categoría en las encuestas censales del 2017-2022 del país, de manera de contar con información para la correcta promoción de políticas de inclusión.

“Esto tiene que ver con reconocer al afrodescendiente como un actor importantísimo en el desarrollo de nuestro país, porque cuando queremos avanzar como región es trascendental saber la identidad de cada una de ellas. En este caso, la identidad de Arica y Parinacota tiene el ADN muy fuerte de los afrodescendientes”, indicó el diputado Luis Rocafull (PS), autor del proyecto.

(Fuente: Senado)

Consulte los proyectos de ley, Boletines N° 9424 y 10625.

Ingresa a trámite proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal

A las comisiones de Agricultura, Recursos Hídricos y Hacienda fue enviado el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, luego que el Ejecutivo lo ingresara a tramitación este martes.

Mediante el texto se crea el Servicio Nacional Forestal, servicio público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura.

Este organismo tendrá por objeto la conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a éstas. Estas se definen como el conjunto de vegetación que cubre un área determinada, pudiendo formar diferentes asociaciones.

Para ello, el Servicio impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, protección y conservación de tales recursos, así como el desarrollo de emprendimientos económicos destinados a la producción de bienes y servicios basados en el uso de tales formaciones, de manera sustentable. Asimismo, deberá velar por la protección contra incendios forestales.

De igual forma, velará por que el cumplimiento de su objeto se realice de manera equitativa e inclusiva en los territorios y ámbitos de acción del Servicio.

Mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio Nacional Forestal mantendrá temporalmente las atribuciones en materia de conservación de la biodiversidad, dentro de las áreas silvestres protegidas. Es decir, aquellas funciones que actualmente desarrolla la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado seguirán siendo desarrolladas por el Servicio Forestal mientras no entre en funcionamiento la institucionalidad especializada que se creará para ello.

Funciones y atribuciones del Servicio

Dentro de las atribuciones específicas, se destacan aquellas destinadas a la ejecución de las políticas, planes y programas para la conservación, restauración, protección, fomento, desarrollo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país, como también de los componentes de la naturaleza asociados a éstas.

Asimismo, el Servicio deberá ejecutar las políticas y programas de protección contra incendios forestales, para lo cual podrá promover la participación ciudadana y acceder de inmediato a cualquier fuente de agua, natural o artificial, para el abastecimiento de aeronaves o equipos indispensables para el combate de incendios forestales.

También se dispone que corresponderá a un Consejo de carácter consultivo y ad honorem asesorar al Ministro de Agricultura en materia forestal, proponerle la política forestal y sus instrumentos.

Protección de incendios forestales y emergencias

En lo referente a la protección contra incendios forestales, se confiere al Servicio la potestad de elaborar planes regionales, sobre la base de mapas de prioridades de protección regional con el fin de reducir tanto la ocurrencia, propagación y daños de éstos, como los costos asociados a su control. Estos planes podrán determinar áreas, franjas o radios que deberán mantenerse libres de material combustible.

Además, en caso que identifique zonas críticas desde el punto de vista de riesgo de incendios forestales, el Servicio podrá elaborar planes de prevención contra incendios forestales cuyo cumplimiento será obligatorio, inclusive para los órganos del Estado, aplicándose en caso de infracción una multa a beneficio fiscal de entre 5 y 1.000 unidades tributarias mensuales.

Asimismo, se contempla que los planes de manejo que prevé la legislación forestal deban incorporar técnicas de silvicultura preventiva, con el objeto de disminuir la propagación de incendios forestales. Será obligación del propietario de las plantaciones forestales ordenar los rodales, de manera de disminuir la continuidad de combustible.

Por último, se establecen facultades para abordar de manera eficaz emergencias forestales, decretadas por el Ministro de Agricultura. En estos casos, el Director o Directora Nacional podrá disponer la celebración de tratos o contrataciones directas para la provisión de bienes y servicios con el objeto de abordar la emergencia y por el tiempo necesario para solucionar los problemas que de ella se deriven. Asimismo, podrá contratar personal transitorio por el tiempo que permita atender adecuadamente la emergencia.

Igualmente, se establece un deber de coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia para la planificación, dirección, y coordinación intersectorial de las acciones de respuesta a la emergencia.

En todo caso, si la emergencia corresponde a uno o varios incendios forestales, la dirección técnica de las labores tanto de planificación, como operativas de combate y control de los mismos, corresponderá al Servicio Nacional Forestal.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11175.

Proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas encabeza tabla de este martes

El proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, entidad que vendrá a reemplazar y potenciar a la actual Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), encabeza la tabla de la Cámara de Diputados para este martes, 3 de abril.

Para el análisis de la propuesta legal, cuyo trámite legislativo se inició en junio de 2015, se contempla la rendición de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, que serán presentados por los diputados Giorgio Jackson (REVD) y Felipe De Mussy (UDI), respectivamente.

En particular, la iniciativa crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

Entre las diferencias contempladas entre el informe de la Comisión de Obras Públicas y el de Hacienda se encuentra la inclusión de un conjunto de normas, aprobadas por esta última instancia, que vienen a ratificar, de parte del Ejecutivo, los acuerdos que alcanzó con el personal de la CCOP, en enero pasado.

En concreto, dichas disposiciones integran al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y de otras asignaciones específicas, según corresponda.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las modificaciones impulsadas en Hacienda viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de dicha instancia, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros temas

La tabla de la Sala también contempla el posible tratamiento de otras dos iniciativas legales:

1. El proyecto, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, para eliminar la incompatibilidad entre el cargo de concejal y los cargos profesionales y técnicos en educación que existen en el ámbito municipal. Presenta informe rendido de la Comisión de Gobierno Interior y discusión pendiente.
2. La propuesta legal, iniciada en moción, que confiriere competencia a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en que los causahabientes del trabajador buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Contempla informe de la Comisión de Trabajo que será rendido por el diputado Matías Walker (DC).

Adicionalmente, la Sala considera analizar, en sesión especial a celebrarse entre las 16:30 y las 18:30 horas, «las graves denuncias de errores, vicios e irregularidades en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero denominado Dominga, en la región de Coquimbo».

Para este efecto, se considera la participación de los Ministros de Minería y de Medioambiente, además de director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Cámara de Diputados publicó declaraciones de intereses y patrimonio de sus autoridades

Tal como lo dispone la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y su reglamento, tanto los parlamentarios como las autoridades y funcionarios de la Corporación efectuaron la nueva Declaración de Intereses y Patrimonio.

El objetivo de esta norma es transparentar la relación entre la política y los negocios, minimizando los riesgos de conflictos de intereses a través de la publicación de estas declaraciones.

En conformidad al acuerdo suscrito con la Contraloría General de la República, el pasado 21 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados accedió a la plataforma electrónica creada y administrada por el órgano contralor, el que, en los plazos que la norma estipula, enviará dicha información al Consejo para la Transparencia, organismo que, por su parte, pondrá a disposición de los ciudadanos las declaraciones a través del portal http://www.infoprobidad.cl

La ley 20.880 señala que el principio de probidad consiste en “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

En concordancia, regula tres mecanismos para prevenir los conflictos de intereses:

  • La declaración de patrimonio e intereses
  • El mandato especial de administración de cartera de valores
  • La obligación de enajenar

La norma, asimismo, considera “intereses” a aquellas actividades económicas y profesionales en que participa un funcionario (remuneradas o no), y aquellas en las que ha participado en los últimos dos años; mientras que el “patrimonio” son los bienes muebles e inmuebles adquiridos en Chile y el extranjero (vehículos, derechos de aguas, acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo o participación en sociedades, entre otros.)

En el caso del Congreso Nacional, la declaración debe incluir también a los ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos), descendientes (hijos, nietos, bisnietos, tataranieto y choznos), hermanos, cuñados y suegros del declarante, aunque no toda esa información es pública, de acuerdo a la ley N° 20.880.

La ley establece sanciones en caso de realizar la declaración en el plazo, 31 de marzo. Sin embargo, la totalidad de los sujetos obligados de la Cámara de Diputados cumplió con esta obligación en el plazo legal.

Si existieran declaraciones incompletas o inexactas, la Comisión de Ética llamará al diputado para que en un plazo de 10 días hábiles la rectifique. Si no se lleva a cabo tal procedimiento, el diputado quedará sujeto a una multa de beneficio fiscal de 5 a 50 UTM, que se descontarán de su dieta y se reiterará en cada mes de retardo.

(Fuente: Diputados)

Diputados piden urgencia a debate sobre Protección de Datos Personales

Como un tema urgente de abordar en el país calificó el diputado de la Democracia Cristiana y presidente del Comité de Evaluación de la Ley, Pablo Lorenzini, la modernización de la normativa vigente sobre protección de datos personales.

El parlamentario explicó que este es un proyecto muy complejo, que se analizó en el Departamento de Evaluación de la Ley, y que tiene que ver con el mundo privado, la ciudadanía y con las reglamentaciones internacionales.

En ese contexto, señaló que, tras revisar la realidad actual, queda en evidencia la vulneración a la privacidad de los chilenos, ya que las bases de datos son compartidas entre las empresas privadas, sin que exista un control adecuado al respecto.

Por ello, el diputado pidió que se asigne urgencia al debate sobre protección de datos personales, considerando, además, que se suscribió un compromiso con la OCDE para avanzar en esta línea, que aún no se ha concretado.

“Es necesario legislar en este ámbito, manteniendo los resguardos para no tener un efecto contraproducente, ya que hay aspectos sobre probidad y transparencia que, en el caso de las autoridades, deben ser públicos”, aclaró.

Asimismo, resalto que se requiere, además, la creación de una Agencia de Protección de Datos que pueda fiscalizar el nuevo sistema con total independencia, respecto del trabajo de los ministerios.

Proyecto de Ley

La iniciativa abordaría una serie de temas que dicho departamento analizó, entre los que se destacan el establecimiento de siete principios que regirían el tratamiento de los datos personales: licitud del tratamiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad e información. En este último se incorporan los Derechos Arcos, que a su vez, tipifican claramente los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición.

El nuevo texto crearía, además, el derecho de portabilidad de la información, regularía la cesión de datos, definiría datos sensibles y categorías especiales sobre estos. También incorporaría reglas especiales para ciertos tipos de datos, como por ejemplo, los relativos a la salud.

Al mismo tiempo, regularía el tratamiento de datos personales por parte de organismos públicos y crearía una Agencia de Protección de Datos Personales.

Evaluación de la Ley

Cabe destacar que los profesionales del Departamento de Evaluación de la Ley realizaron un estudio de la eficiencia y eficacia de la actual Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, texto que fue entregado al Ministerio de Hacienda a fines del 2016 y que recomienda, entre otras cosas, modificar el concepto de dato personal, como también el de dato estadístico, así como identificar el de personal identificable.

Asimismo, señala que la definición de «fuentes accesibles al público» es poco clara en la ley actual y con escaso control sobre su finalidad. Al tiempo que existiría una utilización abusiva de datos sensibles.

A lo anterior, se añade la ausencia de límites en el tratamiento de datos por organismos públicos y el escaso cumplimiento de las instituciones del estado de inscribir sus bases de información en el registro de bancos de datos personales a cargo del Servicio de Registro Civil. Las cifras oficiales señalaron que a mayo del 2016 sólo 99 entes públicos de un universo de 700 habían cumplido con esta obligación.

Por último, se establece que la actual Ley N° 19.628 carece de sanciones efectivas en caso de infracción a la normativa y la ausencia de un órgano administrativo autónomo que vele por el cumplimiento de esta.

(Fuente: Diputados)

Solicitan modificar la forma de cálculo de la devolución del Fondo de Estabilización de Precios del Cobre

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita a la Presidenta de la República modificar la forma de cálculo de la devolución del Fondo de Estabilización de Precios del Cobre.

La resolución solicita, además, que mientras se modifique el cálculo de devolución; no se incorpore en las liquidaciones de pago el descuento por el cobro del crédito de sustentación a los pequeños mineros.

Los parlamentarios argumentaron que dicho fondo ha sido un gran beneficio para la pequeña minería, ya que puede ver disminuidas las grandes fluctuaciones en los precios de compra del mineral. Pudiendo así, los pequeños productores, ajustar sus flujos de caja para el año y poder prever con mayor certeza sus costos de operaciones y así evitar fuertes cambios de escenarios económicos.

A lo anterior agregaron que las asociaciones de pequeñas operaciones mineras sienten inquietud respecto de la forma en que se llevará a cabo la devolución del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para la pequeña minería, puesto que con la dictación del oficio 2100 se fijó que el precio de largo plazo será de 2,56 centavos de dólar por libra y tendrá aplicación inmediata, es decir, desde el mes de septiembre de 2016, siendo efectivo hasta el 31 de diciembre del mismo año. “Esta aplicación inmediata trae aparejado un problema, ya que modifica el concepto de precio anual, que anteriormente estaba fijado en 2,98 centavos de dólar por libra”, señalaron.

Esta reducción, indicaron, de más de 40 centavos de dólar por libra, genera un cambio de escenario grave para la pequeña minería, siendo la aplicación de este fondo, un nuevo foco de incertidumbre para la pequeña minería.

En ese contexto, añadieron que existe permanente disposición del sector de la pequeña minería de cumplir con sus obligaciones y compromisos, por lo que se solicita la revisión de la actual modalidad de devolución del fondo.

(Fuente: Diputados)

Consulte la Resolución de la Cámara N° 828.

Cámara de Diputados pide crear una Subsecretaría del Adulto Mayor

Por 91 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que pide a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, crear una Subsecretaría del Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

La solicitud fue presentada a la Cámara por los diputados UDI David Sandoval, Andrea Molina, Enrique Van Rysselberghe, Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Javier Hernández y Javier Macaya, además de Jorge Sabag (DC), Fernando Meza (PRSD), Leopoldo Pérez (RN) y Germán Verdugo (IND).

Según expresaron los parlamentarios, en la actualidad la institucionalidad encargada de la adopción de políticas públicas, planes y programas es desplegada fundamentalmente por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, un servicio público funcionalmente descentralizado y con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado en virtud de la Ley 19.828 y que se encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Agregaron que, desde su puesta en marcha el Senama constituyó la instancia institucional a través de la cual se plasmaban las políticas públicas en materia del adulto mayor. Sin embargo, tales políticas todavía son insuficientes para abordar con total eficacia los desafíos que depara la ancianidad en nuestro país, desafíos multidimensionales que requieren de la consagración de una institucionalidad más poderosa, desde el punto de vista presupuestario, normativo e institucional.

Por lo anterior, indicaron, la creación de una Subsecretaría del Adulto Mayor, constituye una propuesta coherente con los múltiples desafíos que depara para nuestro país este cada vez más numeroso segmento de la población.

(Fuente: Diputados)

Consulte la resolución de la Cámara N° 827.

Comisión de Hacienda de Diputados despachó proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

Sobre la base de las indicaciones comprometidas por el Gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, con lo cual la propuesta quedó en condiciones de ser visto prontamente por la Sala.

En su mayoría, las modificaciones presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Comisión dicen relación a los acuerdos alcanzados en enero pasado con el personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), entidad que será reemplazada por la nueva Dirección.

«Lo que hacen es incorporar en la ley algo que está en el espíritu en el mensaje y es que los funcionarios mantendrán exactamente las mismas condiciones que tienen hoy día en la situación transitoria cuando pasen a la situación permanente y que eso quede claro, prístino en la ley», explicó en su minuto el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

En concreto, se integra al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y otras asignaciones específicas.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las indicaciones viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de Hacienda, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros datos

La propuesta legal, ingresada a trámite legislativo en junio de 2015, crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

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