Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena a carabineros reincorporar a subteniente

carabineros fuerzas de orden protestaLa Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por oficial de Carabineros en contra de la decisión que dispuso su retiro temporal de la institución y ordenó su reincorporación a las filas.

En fallo dividido (causa rol 58.862-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y el abogado (i) Jorge Lagos– revocó resolución que había rechazado la acción cautelar presentada por el subteniente Diego Vega Vidal, tras establecer que Carabineros actuó de manera arbitraria e ilegal al disponer el retiro de las filas del recurrente, quien había sido sancionado con 10 días de arresto por mala conducta.

«Tratándose de la conducta de un funcionario en servicio activo, a quien se ha impuesto ya una sanción disciplinaria, que hace efectiva su responsabilidad infraccional sin otro alcance o consecuencias, la negativa del recurrido a reincorporarlo a las filas de la institución deviene en un castigo adicional, al margen de lo que la propia investigación sumaria encargada de castigarlo dictaminó, constituyéndose de este modo en una doble sanción, al margen de todo merecimiento y proporción», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «como ya lo ha resuelto en reiterados pronunciamientos este mismo tribunal, una actuación como la denunciada en el recurso que constituye otro castigo por unos mismos hechos vulnera el principio del «non bis in idem», con arreglo al cual nadie puede ser objeto de sanción dos veces por un mismo hecho, pues en definitiva ello importaría dar cabida a una manifiesta desproporción entre la falta y su castigo, determinación que no es compatible con un elemental sentido de justicia –como se ha establecido, entre otros, en autos rol N° 1068-2008, de esta Corte–».

Como consecuencia de lo desarrollado –continúa–, la negativa de Carabineros de Chile de reincorporar al actor a las filas de la institución constituye una actuación ilegal y arbitraria, vulnerando la garantía constitucional establecida en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que se le sanciona doblemente por un hecho en circunstancias que a otras personas ello no les ha sido aplicable cuando se han encontrado en una situación similar a la del recurrente».

Por lo tanto, concluye: «se revoca la sentencia apelada de once de agosto de dos mil dieciséis, y, en cambio, se declara que se acoge el recurso de protección deducido en estos autos en contra de la Dirección General de Carabineros, quien deberá dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 96 de 6 de mayo de 2016, reincorporando al recurrente en las filas de la institución».

Decisión adoptada con los votos en contra del ministro Aránguiz y el abogado (i) Lagos.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: ¿Reconocimiento espontáneo o diligencia probatoria?

Carcel rejas preso La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de 2 menores de edad por vulneración de las garantías del debido proceso, aduciendo que la diligencia probatoria de reconocimiento de los imputados fue realizada sin la presencia de abogados defensores, atentando contra el debido proceso. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, el pasado 5 de enero la sala segunda del máximo tribunal consideró que el reconocimiento realizado por la víctima de los dos menores imputados fue accidental, no constituyéndose propiamente tal como una diligencia probatoria.

Según los hechos asentados en el caso, los dos menores se habrían encontrado detenidos en la Décima Comisaría de La Cisterna, dentro del contexto de un control de identidad por supuesto delito de porte ilegal de armas, cuando fueron reconocidos por la víctima de un robo con violencia o intimidación cometido en la comuna de El Bosque dos horas atrás. Es decir, el control de identidad se efectuó por una denuncia de infracción a la ley de armas, deteniéndose al conductor y a los pasajeros de un automóvil por el delito flagrante de manejo en estado de ebriedad, pero en el caso el delito por el cual se acusó corresponde a un robo con intimidación.

Según el voto de mayoría, no resultaba exigible en el contexto cuestionar que la identificación por parte de la víctima se haya realizado sin la presencia del abogado defensor de los menores, como demanda el artículo 31 de la Ley N° 20.084, sencillamente porque no correspondió a una actuación o diligencia de investigación llevada a efecto o preparada ni por el Ministerio Público ni por las policías, sino a una identificación accidental de la víctima, que es luego informada a los policías que no participan en la misma.

Según la defensa ello habría constituido una diligencia probatoria de reconocimiento de imputados, llevada a efecto sin la presencia del abogado defensor, infringiendo lo dispuesto por el artículo ya mencionado de la Ley N° 20.084, y con ello la garantía al debido proceso de un procedimiento racional y justo. Sin embargo, la sentencia considera que el reconocimiento obrado por la víctima del robo con violencia o intimidación no constituye una gestión probatoria sino meramente un reconocimiento espontáneo, toda vez que tiene lugar nada más al entrar a la Comisaría y ver a los imputados, quienes se encontraban momentáneamente detenidos conforme a derecho en el contexto del control de identidad por el supuesto porte ilegal de armas.

El fallo contienen disidencia del Ministro Sr. Haroldo Brito, que estuvo por anular sentencia, dictaminando que un nuevo tribunal no inhabilitado realizara un nuevo juicio oral excluyendo la prueba derivada del reconocimiento que efectúa el ofendido de los acusados en la unidad policial.

Según el disidente, cuando los carabineros de la Décima Comisaría de La Cisterna recibieron la noticia a las 14:30 hrs. acerca del robo con violencia o intimidación cometido en otra comuna a la misma hora, ya habían determinado la identidad de los acusados, porque sabían que el vehículo en que fueron habidos los acusados se apuntaba como aquel en que huyen los autores del robo. No obstante lo anterior, en vez de liberar a los acusados, ellos fueron retenidos en los «calabozos» o «sala de control de identidad» hasta la llegada de la víctima del delito de robo con violencia o intimidación, lo que importa un reconocimiento en las irregulares condiciones ya descritas. Dicha coordinación da cuenta de una diligencia probatoria de reconocimiento de imputados y no un mero reconocimiento espontáneo, y que conforme al artículo 31 de la ley N° 20.084, no podía llevarse a cabo sin la presencia del abogado defensor de los menores de edad.

Senado aprueba Agenda Corta Antidelincuencia y proyecto queda en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación

carabineros fuerzas de orden protestaCon 29 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias en torno al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal, más conocido como agenda corta antidelincuencia. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su firma y promulgación como ley de la República.

En lo medular, el proyecto incrementa las sanciones aplicables a quienes sean culpables de los delitos contra la propiedad de mayor connotación social como robo con violencia o intimidación; eleva de 15 a 40 años de prisión efectiva, el rango de las penas a quien, con motivo del robo, cometa además los delitos de homicidio o violación. Si la víctima sufre castración, mutilaciones o lesiones graves que ocasionen incapacidad absoluta para trabajar, entonces la pena máxima será de presidio perpetuo simple.

Asimismo, se restringe el efecto de la aplicación de las atenuantes y se elevan las sanciones en los casos de reincidencia en los delitos de hurto y robo; y crea un Banco Unificado de Datos para facilitar una labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el nuevo procedimiento sobre control de identidad.  En este punto se acordó excluir a los menores de 18 años y se estableció que se podrá controlar la identidad in situ, no se podrá extender el procedimiento por más de una hora y se podrá exhibir cualquier documento oficial en el cual conste la identidad de la persona requerida, tales como: cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10240-08.

Aprueban control preventivo de identidad y despachan agenda corta antidelincuencia

juez justicia penal garantíaCon la aprobación, con 20 votos a favor y 14 en contra de la norma que establece el control preventivo de identidad, la Sala del Senado terminó la discusión del proyecto de agenda corta antidelincuencia y despachó la iniciativa a cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados. En total fueron cinco las sesiones de Sala que se destinaron para debatir la iniciativa que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Si bien el proyecto contiene una serie de disposiciones, el debate de la jornada pasada estuvo marcado por la controversia que genera la disposición sobre control preventivo de identidad, que es considerada por algunos como una suerte de detención por sospecha, y también por la discusión de la norma sobre filtraciones en las investigaciones.

En lo fundamental, el proyecto establece que los funcionarios policiales podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

Asimismo, se señala que los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla. Se precisa que este procedimiento no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18.

FILTRACIONES

Además, con 29 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala aprobó la norma propuesta por la Comisión de Constitución para precisar quiénes son sujetos de sanción cuando se produzcan filtraciones en las investigaciones judiciales en proceso. Cabe recordar que la norma anterior había generado suspicacia en diversos sectores, que estimaban que la disposición podría atentar contra la libertad de información, razón por la cual se optó por precisar a quienes afecta.

De este modo, la norma aprobada señala que «los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12 respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso. Las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 UTM o presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días)».

BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Otra de las normas aprobada con 26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, dice relación con precisar que en los delitos más graves los condenados podrán acceder a los beneficios de libertad condicional una vez cumplidos al menos 2/3 de sus penas, además de otros requisitos. Por regla general, para acceder a la libertad condicional se requiere que el condenado haya cumplido al menos el 50% de la pena.

Si bien se estimaba que implícitamente se consideraba el robo de cajeros automáticos dentro de los delitos más graves, se excluyó de esa disposición por estimar que se trata de un ilícito que afecta a un lugar privado donde el dinero además está asegurado.

BANCO DE DATOS Y RAZONES HUMANITARIAS

Asimismo, se aprobó en forma unánime una indicación trabajada en conjunto por el senador Juan Antonio Coloma y el Ministerio de Justicia, que buscaba precisar la forma en que los distintos organismos entregan información al Banco Unificado de Datos. De acuerdo a la norma establecida, la forma en que se incorporaban dichos organismos era a través de un decreto supremo, pero se estableció que en los organismos con autonomía constitucional ello debía hacerse con una ley y no a través de un reglamento.

También por unanimidad, la Sala acordó rechazar las normas que tenían que ver con la aplicación de medidas humanitarias para los adultos mayores. Ello porque se estimó la necesidad de estudiar estas materias en una legislación aparte dado que tal como fue redactada la norma en la Cámara de Diputados presentaba algunos vacíos.

(Fuente: Senado)

Consulte la tramitación del proyecto de ley, Boletín Nº 9885-07.

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