Corte Suprema: la revisión de los contactos de un celular incautado está dentro de la hipótesis de flagrancia que permite actuar autónomamente a la policía

Con fecha 6 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el acusado, frente a la sentencia de juicio oral que lo condenó como autor de un delito de robo con intimidación y de un delito de hurto. Fundamenta su recurso en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, señalando la infracción al debido proceso en relación al derecho a un proceso previo legalmente tramitado, por efectuarse llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautan al imputado y por un reconocimiento fotográfico deficiente. Sin embargo, se estima que en una situación de flagrancia los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito, pudiendo revisar los celulares que tenía el detenido con el fin de encontrar testigos o posibles víctimas. Así, por ser flagrancia tal situación no requiere autorización del Ministerio Público.

La sentencia considera respecto a la realización de diligencias no autorizadas, que en el caso se está frente a la situación de flagrancia de los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal, debido a que la policía recogió la denuncia de una presunta víctima que señaló la comisión de un reciente ilícito y del lugar por donde huía su hechor, obteniendo la pronta detención del sujeto. En esta circunstancia, los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito y de los objetos utilizados para cometerlo. De esa manera, la incautación del celular se encontraba autorizada expresamente en ese supuesto, de conformidad al artículo 187 del Código Procesal Penal.

Además, señala el recurso que los policías efectuaron llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautaron al imputado, realizando así una diligencia autónoma no autorizada. Sin embargo, los agentes estatales se encontraban facultados para realizar –sin necesidad de instrucción previa del Ministerio Público– las diligencias básicas e indispensables para identificar a los posibles testigos, según lo establece el artículo 83 letra d) del Código Procesal Penal. Por su parte, el acusado no señaló ningún derecho sobre los aparatos, por lo que no puso en duda la legitimidad de su revisión por parte de los policías.

Ahondando más en el asunto, la corte considera que se está ante lo que la doctrina ha llamado «descubrimiento inevitable», planteamiento que diluye el vínculo entre la supuesta infracción y el hallazgo de la evidencia incriminatoria. Conforme a esta doctrina, puede afirmarse que existiendo medios probatorios que indiquen que la prueba cuya ilicitud se discute también pudiese haber sido descubierta por medios lícitos, se puede también sostener la pérdida del vínculo causal entre la ilicitud original y el hallazgo posterior. Por lo tanto, el hallazgo de la prueba incriminatoria es inevitable y lícito. Dado que el acusado fue detenido de manera flagrante, de todas formas la Fiscalía iba a instruir la revisión de los teléfonos, sea inmediatamente después de que se le comunicara la detención y sus circunstancias, o durante el curso de la investigación, por lo que los policías no hacen sino adelantarse –con facultades para ello– a una diligencia que necesariamente debía ejecutarse más adelante.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema rechaza recurso de reclamación en contra de pronunciamiento del TDLC en mercado de telefonía

TELECOMUNICACIONESLa Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia –TDLC– que modificó instrucciones de carácter general del sistema denominado on-net off-net de telefonía.

La resolución del tribunal establece que el pronunciamiento no se basa en la prohibición de discriminar entre tarifas on-net/off-net, sino que, por la inversa, se asienta específicamente en que las diferencias de tarifas que puedan derivar de la contratación de un Plan Grupal Monocontratado no derivan de la red de destino de las llamadas, puesto que todos ellas se efectúan exclusivamente dentro de la red de una misma compañía. Consulte fallo de la Corte Suprema analizado por Microjuris.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– confirmó la resolución impugnada por las compañías de telecomunicaciones que validó los cambios en dicho mercado.

Los denominados «planes monocontratados» se refieren a aquellos planes de telefonía móvil que incluyan dos o más números o usuarios, contratados por una única persona natural o jurídica, que tengan tarifa preferencial en relación con las llamadas que se cursen entre dichos números o usuarios. La resolución del TDLC establece explíticamente que estos planes no están incluidos dentro de la prohibición de cobro diferenciado fundado en la red de destino de la llamada, de la regla A.4 de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012. Esta norma reza que a partir de su entrada en vigencia, «los planes de prepago y post pago que comercialicen las empresas de servicios de telefonía móvil no podrán contener diferenciación de tarifas o de minutos incluidos en un plan, fundada en la red de destino de la llamada. Se entenderá que no están fundadas en la red de destino de la llamada las diferencias de tarifas o minutos contenidas en los planes de telefonía móvil que incluyan dos o más números o usuarios, contratados por una única persona natural o jurídica, en relación con las llamadas que se cursen entre dichos números o usuarios».

Al respecto, el máximo tribunal establece que la modificación introducida a las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 por la resolución que se revisa es adecuada, esto es, no afecta la libre competencia, a la vez que las reclamaciones en examen no se encuentran revestidas del fundamento suficiente que justifique su corrección, motivos por los que las mismas serán desestimadas. En efecto las eventuales dificultades que los operadores móviles virtuales puedan enfrentar para replicar Planes Grupales Monocontratados -es decir, aquellos donde se consideran varios números para abaratar tarifas- no tienen relación directa con la diferenciación de tarifas según la red de destino y, por lo tanto, con los riesgos para la competencia que las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 pretenden resolver, de lo que se sigue que tal materia, por consiguiente, escapa al ámbito del presente proceso. En efecto, el objetivo tenido a la vista por el TDLC al dictar las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 y su modificación se vincula con los efectos que, en la libre competencia, podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil basada en la red de destino de las llamadas, también conocida como distinción entre tarifas on-net y off-net.

A la vez, el tribunal comenta que en el procedimiento de modificación de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012 impugnado, se ha buscado evitar la ocurrencia de los perniciosos efectos que podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil, sin que haya sido objeto del procedimiento el examen de la conducta de las empresas incumbentes y de las medidas que eventualmente podrían adoptarse, en el caso de que se estableciera su ocurrencia, para corregirla. Tampoco formó parte de las materias examinadas por los jueces del TDLC la definición de cuál sería el modelo más adecuado para regular el mercado de la telefonía móvil, puesto que sólo se abordó un preciso y determinado aspecto de la actividad en este ámbito, el que se ha restringido exclusivamente a la llamada distinción entre tarifas on-net y off-net.

Finalmente, se desestima también la alegación consistente en que las Instrucciones de Carácter General N° 4/2015 afectan gravemente a la libre competencia al no establecer los mecanismos necesarios para que los operadores entrantes puedan competir con las incumbentes en la comercialización de los planes grupales en igualdad de condiciones. Esto, puesto que esto supone que se debió ordenar a estas últimas presentar a los operadores entrantes ofertas de facilidades que les permitieran comercializarlos con márgenes económicos positivos; que se incorporasen mecanismos para reducir los costos de cambio que implica la portabilidad del plan grupal a otras compañías y que se determinase la cantidad máxima de líneas adscritas al plan grupal. Pero para llegar a tal determinación, se tomaron en cuenta asuntos que no fueron materia de análisis en el procedimiento de modificación de las Instrucciones de Carácter General N° 2/2012, toda vez que en la especie se ha buscado evitar la ocurrencia de los perniciosos efectos que podría provocar la diferenciación de precios en los servicios públicos de telefonía móvil basada en la red en que se practican y terminan las llamadas, sin que haya sido objeto del procedimiento el examen de la conducta de las empresas incumbentes ni la definición de cuál sería el modelo más adecuado para regular el mercado de la telefonía móvil.

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