Corte Suprema: concepto de familia para declaración de bien familiar abarca a cónyuge separada madre de hijo común fallecido

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que negó la declaración de bien familiar, pues en el inmueble convivió el demandado con la madre y el hijo común que falleció, hasta que aquél abandonara la propiedad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, la cuarta sala del máximo tribunal consideró que concurre el presupuesto establecido en el artículo 141 inciso primero del Código Civil para declarar el inmueble como bien familiar, ya que sirve de residencia principal de la familia, entendiéndola en un sentido amplio. Así, la cónyuge separada judicialmente que fue madre del hijo en común fallecido, con la cual vivió junto al hijo, está incluida dentro del concepto de «familia» del Código Civil.

Según el fallo, el sentido amplio de «familia» implica que es una institución natural y social que, basada en vínculos de sangre y afecto, vincula a los individuos que la integran para cumplir en comunidad los fines de la vida en el orden espiritual y material, habitualmente bajo la autoridad de un ascendiente originario, o sea, para auxiliarse recíprocamente en todas las circunstancias de la vida.

En tal sentido, el fallo considera que no hay justificación razonable para concluir que la terminología del artículo 141 del Código Civil –en el sentido que puede declararse bien familiar el inmueble que «sirva de residencia principal de la familia»– no permite abarcar el caso en que vive uno de los cónyuges separados, madre de un hijo común fallecido.

El fallo contiene una prevención del Abogado Integrante Sr. Matus. En ella, estima que el concepto de familia del artículo 141 inciso primero del Código Civil debe entenderse como el grupo de personas vinculadas por matrimonio o acuerdo de unión civil y su descendencia, cuando la haya, que viven juntas o, en caso de separación o abandono del hogar común, vivieron juntas. Pero de todas maneras, este concepto legal concuerda plenamente con los hechos que se han tenido por acreditados en la causa para el concepto de familia.

Adicionalmente, la sentencia contiene un voto disidente de la ministra señora Chevesich y abogada integrante señora Etcheberry.

La disidencia estima que el objeto de la declaración de bien familiar es proteger el núcleo familiar, por la vía de asegurarle la mantención del hogar físico, ante conflictos o desavenencias que pudieran poner fin a la vida en común entre los cónyuges, por cuanto es una «garantía para el cónyuge que tenga el cuidado de los hijos, en casos de separación de hecho o de disolución del matrimonio» (Ramos, René, Derecho de Familia, Editorial Jurídica, año 2007, página 350, citando al profesor Enrique Barros). Aquello permite concluir que si el matrimonio ha cesado en su convivencia, residiendo sólo uno de los cónyuges en el inmueble cuya declaración de bien familiar se pretende, sin la presencia de hijos en común, no se cumple la finalidad de la institución analizada, desde que en tales circunstancias no puede considerarse que en la actualidad sea la residencia de la familia, de modo que no concurre el requisito de constituir el inmueble la residencia principal de la misma, al estar habitado exclusivamente por el cónyuge demandante, interpretación que se ajusta al tenor y espíritu del artículo 141 y siguientes del Código Civil.

Corte Suprema: a la responsabilidad del porteador por incumplimiento del contrato de transporte no se le aplica la prescripción especial del Código de Comercio

Con fecha 2 de marzo de 2017, la primera sala de la Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante, revocando la sentencia que declaró la excepción de prescripción opuesta en juicio ordinario de resolución de contrato. Al no estar acreditado que las mercaderías se encuentren perdidas, la responsabilidad del porteador sólo puede entenderse circunscrita al incumplimiento de las obligaciones que el contrato de transporte le impone al porteador.

El juicio se constituye alrededor del plazo especial de prescripción de seis meses sin dar por establecida la hipótesis de responsabilidad por pérdida de las mercaderías que exige el artículo 214 N° 4 del Código de Comercio, que el fallo de apelación impugnado había aplicado. En el caso, atendiendo a su índole de ley especial, debe entenderse circunscrita a las hipótesis determinadamente señaladas en su texto: las acciones que se vinculan con las obligaciones del porteador por pérdidas, desfalcos y averías derivadas del contrato de transporte definido en el artículo 166 del mismo cuerpo legal y siempre que ese transporte se realice dentro del territorio de la República o se dirija desde Chile a territorio extranjero. Pero precisamente es esa señalada característica la que impide extender su aplicación a situaciones no contempladas en la norma, como lo es aquella relacionada con acciones destinadas a hacer efectiva la responsabilidad del porteador por incumplimiento del contrato de transporte, caso en el cual la prescripción ha de entenderse regida por la normativa general prevista sobre la materia en el artículo 822 del mismo Código, de acuerdo con el cual las acciones que procedan de las obligaciones de que se trata en el Libro II -en cuyo Título V se regula precisamente el transporte terrestre- y que no tengan un plazo especial de prescripción, durarán cuatro años.

Los jueces del fondo, si bien acogen la prescripción de seis meses estipulada en el artículo 214 N° 4 del Código de Comercio, no dan por establecidos los presupuestos de la responsabilidad del porteador por pérdidas, desfalcos y averías, sino que, descartadas estas últimas dos hipótesis por ser impertinentes a los hechos, lejos de dar por sentado que las especies estuviesen perdidas, dan por acreditado que las especies fueron recibidas el 31 de mayo de 2013 por la empresa que correspondía.

Habiendo resuelto lo anterior, se considera también que al no estar acreditado que las mercaderías se encuentran perdidas, la responsabilidad del porteador sólo puede entenderse circunscrita al incumplimiento de las obligaciones que el contrato de transporte le impone al porteador de acuerdo al artículo 191 del Código de Comercio, en particular la de concluir el viaje entregando las especies en el lugar de destino.

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Corte Suprema: no se dan por establecidos los elementos ni el desequilibrio de poder negociador para que haya un contrato de adhesión

Con fecha 2 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, en juicio ordinario sobre indemnización de perjuicio por infracción al derecho del consumidor por estimarse que el contrato de promesa de compraventa realizado con una inmobiliaria no es de adhesión. Para decidir esto, el tribunal considera que se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa suscrito con la inmobiliaria fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales. Sin embargo, no se prueba ni esto, ni un desequilibrio de poder negociador que permitiría imponer estas cláusulas.

La sentencia unánime considera que para que sea aplicable la norma que permite al consumidor recurrir siempre a la justicia ordinaria debe tratarse en el caso de un contrato de adhesión. En efecto, el artículo 16 de la Ley 19.946 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se ubica en el párrafo 4° del Título II, titulado «Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión». Por lo demás, el inciso que inicia el artículo 16, que determina el ámbito de las reglas, se refiere expresamente a los contratos de adhesión. Sin embargo, el demandante no puede demostrar que existe un contrato de adhesión, por lo que para resolver cualquier conflicto del contrato corresponde se debe ejecutar la cláusula de arbitraje y no recurrir a la justicia ordinaria, como permite la ley.

El demandante ha fundado su alegación de que el contrato de promesa de compraventa es de adhesión en la circunstancia que habría sido redactado por la Inmobiliaria demandada, y en que existen varios contratos del mismo tipo celebrados por ella con otros promitentes compradores en los que la competencia queda radicada en los tribunales ordinarios, mientras en otros se radica ante el juez árbitro, lo que en su concepto demostraría que la cláusula de competencia queda entregada al arbitrio de la demandada. Tales postulados resultan insuficientes para evidenciar que en la promesa de venta de que se trata el consentimiento se haya formado mediante la sola aceptación expedida por el actor, de las condiciones dispuestas por la demandada.

Por regla general la compraventa de un inmueble es (y lo propio puede sostenerse de una promesa de compraventa, si se mantuviere la aplicación de estas reglas a ella) un contrato de libre discusión en el que las partes debaten y estipulan libremente su contenido. Por otra parte, si bien la doctrina reconoce que los contratos de adhesión pueden presentarse no sólo en aquellas situaciones en que hay condiciones generales de contratación o estandarización contractual, sino también en una convención aislada entre dos sujetos (donde la oferta no tendrá las características ni de generalidad ni de permanencia, y probablemente tampoco de minuciosidad, caracteres comúnmente pedidos para la adhesión), en todo caso debe estar presente un rasgo que se tiene por decisivo para calificar la adhesión: el desequilibrio del poder negociador de los contratantes.

En tal sentido, se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales: en particular, las relativas a la cosa, el precio, la forma de pago, y al plazo o condición que fija la época de celebración del contrato prometido en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1554 del Código Civil. Además, ciertamente debió demostrarse la presencia de elementos constitutivos de aquel desequilibrio del poder negociador que constituye el contrato por adhesión.

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Corte Suprema confirma sentencia que condenó a banco por clonación de tarjeta de crédito en el extranjero

CorteSupremaChileLa Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a BancoEstado a pagar una indemnización total de $5.900.000 (cinco millones novecientos mil pesos) a clienta a quien le clonaron tarjeta de crédito y realizaron una serie de giros en el extranjero.

En fallo unánime (causa rol 79.220-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa Maria Maggi y Juan Eduardo Fuentes– condenó a la entidad bancaria a pagar $2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos) por daño emergente, y $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos) por daño moral, a Verónica Ávila Valenzuela.

La sentencia del máximo tribunal ratifica el fallo recurrido que estableció la responsabilidad de BancoEstado por la clonación de la tarjeta de crédito de la clienta, quien viajó en febrero de 2013, a Brasil, país donde sufrió una serie de giros sin su autorización.

«En lo que incumbe al recurso de casación en el fondo que se viene relacionando, en el fallo cuestionado los sentenciadores dejan asentada la existencia de una obligación de la demandada para con sus clientes a fin de resguardar la seguridad de las transacciones bancarias en el extranjero, la que se materializa mediante un protocolo a cargo del banco, el que en la especie no se siguió ya que la actora no solicitó a la recurrida la activación de su tarjeta de crédito para realizar compras fuera del país, asumiendo la institución bancaria además la obligación de informar cabal y oportunamente de la documentación necesaria para hacer efectiva la cobertura del riesgo en caso de un seguro por fraude, estableciendo los jueces asimismo que, conforme a ese protocolo, la recurrente pidió a la demandante una serie de documentos que fueron recibidos por la ejecutiva del banco, señalándole que «estaban Ok, es decir, en lenguaje de uso común, que estaban bien, conformes», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Determinadas así las obligaciones que pesaban sobre la demandada en relación a los hechos que motivan la causa y aun cuando no haya sido discutido que entre el conocimiento de los hechos por parte de la demandante y la denuncia policial que realizó hayan transcurrido 47 días, los sentenciadores declaran que fue la demandada quien incurrió en incumplimiento de las obligaciones que se han establecido, deberes que debía satisfacer del modo que previene el artículo 1546 del Código Civil».

«Sucede, sin embargo –continúa–, que los jueces acertadamente han advertido que el banco incumplió sus obligaciones en lo que dice relación tanto con la falta de activación del protocolo que permitía el uso en el extranjero de la tarjeta de crédito que contrató la demandante, cuanto por la falta de información que requería la demandante para hacer efectivo el seguro contratado, por lo que mal puede ahora la recurrente escudarse en lo que estatuyen las cláusulas de la póliza contratada si su conducta anterior y posterior al acaecimiento del siniestro contribuyó a que la aseguradora no otorgara la cobertura convenida, máxime si es un hecho establecido que la propia agente del banco recibió conforme los documentos que requirió de la cliente cuando ésta solicitó información para hacer efectiva la cobertura».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago acoge recurso de protección y ordena al Registro Civil celebrar matrimonio entre chileno y ciudadana ecuatoriana

Matrimonio y Pacto de Union CivilLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por una pareja chileno-ecuatoriana en contra del Registro Civil e Identificación, organismo que se negó a celebrar su matrimonio.

En fallo unánime (causa rol 1.613-2017), la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Javier Moya, Pilar Aguayo y la abogada (i) Claudia Candiani– acogió la acción cautelar presentada por Mayra Pinela Espinoza y Hugo Lara Díaz.

Pinela Espinoza arribó hace 10 años a Chile. Periodo en el que cumplió una pena de 541 días de presidio por un hurto. Además, se encuentra en situación irregular en el país, razón por la cual el Registro Civil le denegó fecha para contraer matrimonio, pese a que la pareja tiene un hijo y esperan otro.

En la sentencia, el tribunal de alzada establece que el Registro Civil cometió un acto arbitrario al negar la concreción del matrimonio, sin que exista impedimento legal, de acuerdo a la ley de matrimonio civil chilena y la Convención Americana de Derechos Humanos.

«Que, analizada la normativa invocada por la recurrente, esta Corte observa que el citado artículo 76 del DL 1094 efectivamente exige a los extranjeros que acrediten su residencia legal en el país y que demuestren que se encuentran habilitados para la celebración del acto o contrato requerido; sin embargo, en la especie, cabe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Matrimonio Civil que señala que «la facultad de contraer matrimonio es un derecho inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello», establece el fallo.

Resolución que agrega: «En el mismo sentido se pronuncia el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al señalar, en su párrafo segundo, que «se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención», norma que en relación al inciso segundo del artículo quinto de la Constitución Política de la República, eleva a derecho humano de carácter universal la facultad de contraer matrimonio. En este derrotero, no existen, a juicio de esta Corte, otros impedimentos para contraer matrimonio en Chile que no sean los que consagra el artículo 5° de la Ley N° 19.947, que en la especie no concurren; razones por las cuales esta Corte estima no existir impedimento alguno para que los recurrentes contraigan matrimonio en Chile».

«(…) en armonía con lo razonado, no cabe sino concluir que la recurrente -Servicio de Registro Civil e Identificación- ha incurrido en conducta ilegal y arbitraria: Ilegal al no existir norma alguna en nuestro país que permita discriminar entre chilenos o extranjeros, en cuanto al documento idóneo que sirva para acreditar la identidad de los contrayentes, siendo suficiente un pasaporte válido y vigente, tal como, además, lo informa el propio Registro Civil al publicar en su página Web que para efectos del matrimonio de ciudadanos extranjeros en Chile, estos podrán usar cédula de identidad o pasaporte. En este sentido, la conducta del Servicio priva a los recurrentes del legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio, no obstante cumplir los requisitos legales para ello; y arbitrario, desde que no expresa una justificación suficiente para negar la celebración del acto, máxime cuando ambos contrayentes cumplen con los requisitos establecidos por el legislador para contraer el vínculo», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Patio 29: Corte de Santiago confirma fallo que ordena al Fisco pagar indemnización por errónea identificación de restos de ciudadano uruguayo

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a familiares de Arazati López López, ciudadano uruguayo cuyos restos fueron mal identificados por el Servicio Médico Legal (SML) a periciar osamentas inhumadas en el Patio 29 del Cementerio General.

En fallo unánime (causa rol 13.064-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Viviana Toro y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– confirmó la sentencia dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó indemnizar a los familiares de López López.

Los restos óseos del ciudadano uruguayo, detenido el 14 de septiembre de 1973 en una pensión de Avenida España, fueron erróneamente identificados en 1994 a través de pericias antropomórficas y repatriados a Uruguay. Sin embargo, en 2009 se comprobó con exámenes de ADN mitocondrial que habían sido mal individualizados.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo dictado por la jueza Rocío Pérez Gamboa, que estableció (causa rol 27.716- 2014) la responsabilidad del Estado por la falta de servicio del SML.

«Resulta un hecho público y notorio la necesidad de la ciudadanía, autoridades y por sobre todo de los familiares de víctimas detenidas desaparecidas de obtener certeza, no solo de su paradero en algunos casos, sino también de su identificación en el caso de los restos encontrados en el Patio 29 y que tal importancia y trascendencia ha sido expresada por el Estado en los distintos ámbitos y etapas de este proceso, lo que se ha podido apreciar por ejemplo en la resolución Exenta N° 554 del propio Servicio Médico Legal en el que se hace mención a la urgente necesidad de solucionar el problema de identificación, en la valiosa inversión económica que el informe Glasgow significó, y en los restantes esfuerzos económicos efectuados por el Ministerio de Justicia para implementar a este servicio de modernos equipos y capacitación para su personal», sostiene el fallo de primera instancia.

Resolución que agrega: «En este contexto la obligación y responsabilidad del Servicio Médico Legal resulta trascendente y relevante toda vez que debía emplear la mayor acuciosidad, seriedad y resguardo en el cumplimiento de esta tarea, advirtiéndose no solo la impericia de sus peritos y procedimientos aplicados, sino que además debió haber desplegado sus esfuerzos precisamente para refutar las conclusiones que se contenían en el denominado Informe Glasgow, omitiendo dar a conocer íntegramente dichos cuestionamientos, tanto a los tribunales que conocían de los diversos procesos como a los destinatarios de tal información».

«Valga consignar –continúa– que si bien es cierto que el avance de los conocimientos y de las técnicas de la ciencia, es permanente y en constante desarrollo, ello no eximía al Servicio Médico Legal de su deber de proporcionar un servicio de calidad y excelencia, debiendo estar al tanto de la ciencia a nivel internacional, sin que sea excusa para ello la falta de dotación o de implementación de la misma, puesto que el reproche que se le hace por esta sentencia no es carecer de ello, sino haber ocultado que existían reparos en su trabajo y en haber omitido en forma negligente, al parecer de esta juzgadora, que lo concluido tenia precisamente las características ya dichas, esto es, que estaba sujeto a los conocimientos y técnicas de que en ese momento se disponía, y más aún, que ya a esa data se contaba en el contexto internacional con otros medios de verificación. Lo esperable, era que al igual que en otros informes se consigne las salvedades, los porcentajes de certeza o margen de error (…) se tiene por establecido que el Servicio Médico Legal, en cuanto órgano de la Administración del Estado, entregó un servicio defectuoso, ocasionando una apresurada y errónea identificación de los restos del patio 29, que de generar daños obliga al Estado a su resarcimiento».

(Fuente: Poder Judicial)

Ideal contra Contacto: se hizo uso de la libertad de prensa de forma abusiva, sin permitir a la empresa presentar su versión de los hechos

contactoEl Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la empresa alimenticia Ideal S. A. contra Canal 13 por la transmisión, el día 9 de julio de 2013, de su capítulo de Contacto titulado: «Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?». Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 31 de enero, el tribunal de primera instancia acogió la demanda por responsabilidad extracontractual contra Canal 13 por la emisión de su programa de Contacto, donde se criticaban los productos de la empresa.

Según el tribunal, el ilícito civil cometido por el demandado se configura en la circunstancia de haber informado al demandante sólo 5 días antes de la emisión del programa de los cuestionamientos que merecían 3 de sus productos –Pan de Molde Integral, Pan de Molde Integral Light y Pan Blanco Light–. En el mismo sentido, no se le permitió a la empresa de forma real y efectiva el cotejo de los informes técnicos expuestos en el programa, para así poder evaluarlos y tener la chance de ejercer un real derecho a defensa con ocasión del programa emitido. Es más, después de salir el programa al aire e incluso 3 días después de televisado, el demandado no contaba con los análisis químicos de sus panes, lo que mermó las reales posibilidades de conducir las actuaciones necesarias para contener los efectos, de así quererlo.

Siguiendo el mismo sentido, la corte aclara que más allá de lo que hiciese o dejase de hacer la empresa a propósito de los hechos que se le imputaron y la efectividad o no de ser tales acusaciones fidedignas, correspondía que el público se formara su propio juicio sobre los panes criticados en el programa, contando con ambas versiones de los hechos. Sin embargo, esto fue imposible, dado que el demandado limitó el acceso a la información de los estudios realizados a la empresa, no pudiendo ésta defenderse, mostrándose en cámaras una sola versión de los hechos, una única hipótesis, una realidad incompleta.

En tal sentido, el tribunal resuelve que

(…) correspondía que Ideal S. A. tuviese a lo menos la oportunidad de conocer los informes en el cual se sustentaban las imputaciones, pudiendo así sentar ya sea en cámara o por otros medios, la discusión acerca de la efectividad de haberse encontrado frescas o no vencidas las muestras de pan de molde Ideal integral regular, integral light y blanco light, así como la relevancia o no de ello en lo que concierne al análisis de materia grasa.

Misma suerte fluye de la discusión en torno a la falta de especificación de lotes, número de muestras analizadas, omisión de los resultados de fibra dietaria, proteínas de las muestras y falta de indicación del factor de incertidumbre de los resultados o margen de error al momento de efectuar y elaborar el análisis químico por parte del DICTUC, aducidos por el demandante; así como el hecho de plantear la interrogante por Ideal de haberse sometido a análisis por el DICTUC productos cuya composición de ingredientes había variado a la fecha de emisión del programa, dado que el análisis químico se había realizado hace más de un año y medio antes de la transmisión del programa cuestionado.

El haber retenido Canal 13 el acceso a Ideal de los informes DICTUC, impidió que el actor se defendiese planteando las discusiones precedentemente señaladas y, así, dejar que el espectador tuviese a mano todas las versiones de los hechos, con un cabal acceso a la información, formándose su propio juicio acerca de las circunstancias.

Complementando esto, y ante la alegación del canal de estar amparado bajo la libertad de prensa, el tribunal considera que si bien existe este derecho, esto no implica que el periodista se encuentre facultado a su ejercicio bajo cualquier escenario y sin coto, sino que el régimen de responsabilidad civil imperativo en nuestro derecho sirve de marco teórico para su correcto ejercicio, lo que incluso tiene amparo constitucional en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental y asidero legal en cuerpos normativos específicos, tal como ocurre con la Ley N° 19.733 en su artículo 1. De esta manera, aun cuando la información pretendida divulgar por el demandado era de interés público –al ser el pan un producto básico y de consumo masivo–, y debiendo prevalecer este interés sobre el particular, se presentó como verdad absoluta un informe que a lo menos merece algún grado de cuestionamiento, y el canal limitó el derecho a conocer la información al afectado, no permitiéndole defenderse. Es decir, haciendo ejercicio de la libertad de prensa, la aplicó de forma abusiva, no pudiendo de esta manera acogerse esta defensa.

A propósito del daño efectuado por el ilícito civil, se estima, en primer lugar, que hay lucro cesante sufrido por el demandante como consecuencia del programa de televisión. Ello, pues la una mala publicidad del programa sí produjo efectos adversos en las ventas. Asimismo, se acredita que la emisión del programa de televisión sí se erigió en los consumidores como un elemento de mala publicidad que modificaría sus hábitos de consumo. Por lo tanto, hay un vínculo de causalidad entre el ilícito civil del demandado y los perjuicios comprendidos entre la emisión del programa.

Sin embargo, respecto al daño moral, si bien se considera que una persona jurídica puede sufrir daño moral, esta diría relación con el daño causado en su «nombre», «reputación» o «imagen», todo lo que se condice con el principio de reparación integral del daño conforme al artículo 2329 del Código Civil (ref:leg2522.2329). Pero no se pudo hacer lugar a este daño.

Es necesario cotejar en juicio la efectividad de haber sufrido el demandante daño en el ámbito extrapatrimonial. Sin embargo, en los dichos de la parte demandante se mezclan en materia de daño moral nociones en cuanto al «valor de la marca» y, por otro lado, menores ventas de todas las otras canastas de productos, es decir, de aquello que no corresponde a pan de molde, señalando que habría experimentado un menor nivel de ventas en general. El daño moral en este caso dice relación con el menor valor marca como consecuencia del Programa, y no con el menor volumen de ventas de otros productos suyos. El menor volumen de ventas de otros productos corresponden a lucro cesante, y podrían decir relación con un abanico tan amplio de motivos como gustos y preferencias de los consumidores tienen respecto a tales alimentos.

La corte, por tanto, acoge la demanda interpuesta condenando al pago de indemnización por la existencia de daño emergente y lucro cesante a causa de la comisión del ilícito civil.

Corte Suprema remite a la Cámara de Diputados informe sobre proyecto que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria

Pleno Corte SupremaReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 20 de enero recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley -iniciado por moción- que modifica la ley N° 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, para otorgar competencia a los juzgados de policía local en la remoción de miembros de los comités de administración de condominios. Informe que fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade Lara.

La iniciativa legal busca otorgar competencia al juez de policía local para resolver la remoción total o parcial de los integrantes de comités de administración de conjuntos habitacionales o condominios, debido a que la legislación actual exige altos quórums para celebrar asambleas extraordinarias y para adoptar este tipo de acuerdos.

«(…) el fundamento del proyecto en análisis estima que los quórums de convocatoria a asambleas extraordinarias (80% de los derechos en primera citación y 60% en segunda citación) y para adoptar el acuerdo de remoción total o parcial del Comité de Administración (75% de los derechos asistentes) son muy altos, lo que se ve agravado por la existencia de comunidades numerosas», establece el informe.

Oficio que agrega: «Pues bien, la vía de citación judicial mencionada permite al o los copropietarios interesados en la remoción de uno o más integrantes del Comité de Administración, acudir al juez respectivo y celebrar una asamblea sobre esa materia, sin necesidad de cumplir con los quórums específicos de constitución de la sesión. Sin embargo, lo anterior no significa que no deba satisfacerse el mínimo legal para adoptarse acuerdos, aunque es de mucha más fácil obtención, ya que opera respecto de los derechos de los comuneros asistentes (75%)».

Observaciones

Si bien la iniciativa legal en los términos propuestos podría prosperar, el pleno de ministros formula «observaciones y alcances sobre las consecuencias que la aprobación del proyecto podría acarrear, los «que deben ser debidamente ponderados», opina.

«(a) En lo que se refiere a las atribuciones de los tribunales
Cabe considerar que el proyecto entrega competencia a los Juzgados de Policía Local para que, a solicitud de cualquier copropietario, pueda remover total o parcialmente a los integrantes del Comité de Administración. Si bien la fundamentación del proyecto indica que esta competencia procedería cuando no se «reúna el quórum necesario para constituir la asamblea extraordinaria o bien no se alcancen los votos suficientes» y para acceder a la solicitud debieran concurrir «motivos fundados», el texto del mismo los omite completamente. Al respecto cabría preguntarse ¿Bajo qué causales podrá el juez decretar tal remoción? ¿Cómo podrían establecerse tales causales si ni siquiera para los propios comuneros existen normas legales que fijen requisitos para desempeñar el cargo de integrante del comité de administración? Estas omisiones merecen algún grado de reflexión.

La ausencia de elementos de definición o graduación que activen la competencia judicial (como es aquella expuesta en la fundamentación del proyecto, idéntica por lo demás a la prevista en el art. 19 inciso final de la ley ya analizado) producirían un alto incentivo de los copropietarios a litigar acerca de la permanencia de los miembros del Comité, pudiendo caer en desuso práctico la citación a asamblea extraordinaria para que la comunidad resuelva esa cuestión, y en la inestabilidad de esos cargos.

La segunda omisión es, sin lugar a duda, más relevante. En efecto, en los términos actuales de la redacción del proyecto, se desconoce totalmente el rol que le corresponde al juez en el litigio de remoción: es decir, puede remover a los miembros del Comité, pero se ignora cuáles son las causas o motivos que debiera verificar para decidir al respecto, cuál es, en definitiva, el ámbito que debe revisar y parámetro que debe emplear. E incluso, la utilización de la expresión «motivos fundados» tampoco resolvería el problema al que se enfrentará el juzgador, toda vez que la naturaleza del conflicto en cuestión se vincula a la gestión y administración de bienes. En otras palabras, el juez no dispondrá de guías o directrices a los cuales someter los hechos que se le pongan en conocimiento: así, el juez podrá determinar si se produjeron los hechos alegados por el demandante, pero no podrá saber si aquellos autorizan a remover al miembro del Comité.

(b) En cuanto al régimen de administración
La consecuencia directa que el juez no tenga elementos reglados para resolver si remover o no a un integrante del Comité, es que se altera íntegramente el régimen y modelo de administración en los condominios.

Como se expusiera en el punto 11 de este informe, el principio fundamental de la administración de los condominios es que ésta recae en los copropietarios, toda vez que ellos son los interesados en el mejor y más adecuado funcionamiento de la comunidad y los titulares de los derechos de propiedad sobres los bienes comunes, por consiguiente, es su voluntad colectiva la que debe resolver los asuntos comunes; por ello, siguiendo esa lógica el legislador, radicó la designación y remoción del Comité de Administración en la asamblea. Estas decisiones, cumpliendo los requisitos legales, no requieren fundamento, motivo o justificación alguna para ser válidas, pues corresponden al ejercicio soberano del derecho de propiedad.

Es por ello que, de seguirse el proyecto, al entregar al juez la facultad para remover a los miembros del Comité sin atender a la concurrencia de causales legales vinculadas a la voluntad presunta del colectivo, se desplaza una parte significativa de la administración del condominio de los copropietarios al juzgador, ya que este último deberá resolver conforme su criterio, como si fuera comunero, interfiriendo en las facultades que estos tienen sobre su propiedad y adoptando decisiones con menor información y a un mayor costo.

Una consecuencia adicional del proyecto, es la posibilidad que la decisión judicial contravenga la voluntad colectiva de los copropietarios. En efecto, es posible que el juez, llamado a pronunciarse a instancia de un copropietario descontento, decida remover al Comité, aun en contra de la voluntad de la mayoría de los comuneros (los que, por lo demás, no formarán parte del litigio), causando con ello un trastorno ostensible en las relaciones entre aquéllos.

Asimismo, el juez, a diferencia de las asambleas, carece de la potestad para designar a los miembros del Comité de Administración, por lo que, si accede a la remoción, el condominio no contará con este valioso órgano hasta que se constituya válidamente una asamblea que nombre nuevos representantes, pudiendo en el intertanto, causar desgobierno y mayores perjuicios a los interesados».

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el informe de la Corte Suprema.

Corte de Apelaciones de Valparaíso confirma sentencia que condenó a oftalmólogo por discriminación arbitraria

Corte-de-Apelaciones-de-Valparaiso-pjud.cl_La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó -el pasado viernes 3 de febrero- la sentencia recurrida, que condenó al oftalmólogo Carlos Daniel Schiappacasse Maturana, por discriminación arbitraria de la asesora del hogar Patricia Valdebenito Vargas, a quien intentó sacar de un ascensor del edifico Atlantis, el 26 de septiembre de 2015.

n fallo unánime (causa rol 1885-2016) la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Carolina Figueroa, Rosario Lavín y el abogado (i) Hugo Fuenzalida– confirmó la sentencia dictada el 26 de agosto de 2016 por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, que condena al facultativo a cancelar una multa a beneficio fiscal de 30 UTM (unidades tributarias mensuales).

«Que la parte demandada, esto es, Carlos Daniel Schiappacasse Maturana, al evacuar su informe reconoce que instó a doña Patricia Valdebenito Varas a bajarse del ascensor de mala forma, para luego proceder a sacar a la fuerza al perro e intentar hacer lo mismo con la parte demandante, quien se resistió a ello, aconteciendo que resulta fuera de dudas que la parte demandada identificó claramente a la parte demandante como una Asesora del Hogar», estableció el fallo confirmado.

La resolución de primera instancia agrega que la actitud del demandado «(…) involucra una perturbación en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República, en especial el consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Magna, esto es el de igualdad ante la ley»

El fallo concluye que «se declara que la parte demandada ha incurrido en una discriminación arbitraria respecto de la Asesora del Hogar, doña Patricia Angélica Valdebenito Varas, aplicándosele a don Carlos Daniel Schiappacasse Maturana una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales, a beneficio fiscal».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: existe contrato de comodato, y no mera tolerancia, por la relación familiar entre ocupante y dueña de la casa

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, considerando que no existía precario porque entre la madre dueña de la casa y la ocupante –su hija– no existía mera tolerancia sino un contrato de comodato. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 3 de enero, la cuarta sala del máximo tribunal revoca la sentencia que acogía la demanda de precario, resolviendo unánimemente en cambio que tal acción no correspondía al existir un contrato previo entre las partes.

Para fundamentar esto, la corte expresa que, aunque no existiese un contrato entre las partes para utilizar el inmueble respecto del cual se acciona de precario, no merece reparos el hecho que la actora haya consentido a los demandados hacer uso de la vivienda para residir en ella, si se observa la relación madre-hija que media entre ambas, lazo parental que razonablemente presta asidero a la alegación de un consenso generador de la obligación de reintegro, incompatible con la simple aceptación pasiva al ingreso de los demandados, suceso éste que escapa a cualquier acuerdo de voluntades, puesto que se alza sobre un cimiento material de esencia de la institución, cual es la invasión de un bien y la pasividad frente a ese acontecimiento mostrada por la dueña.

Los demandados, entonces, no permanecen en el recinto por un mero hecho, presupuesto constitutivo de simple precario, sino que en razón de una aquiescencia de la madre de la demandada y dueña del lugar. Según el tribunal, los jueces de la instancia prescindieron de tal antecedente y erraron en la aplicación del artículo 2195 del Código Civil, en tanto que la existencia del préstamo de uso conferido a los demandados constituye un caso que refleja de forma indubitada que el empleo que se ha hecho del sitio no obedece a una mera tolerancia de su dueña.

Por tanto, se produce el quebrantamiento de los artículos 2194 y 2195 del Código Civil, pues efectivamente los demandados no habitan la casa por mera tolerancia de la actora, sin previo contrato, sino en virtud de una licencia que su dueña les confirió, circunstancia que faculta calificar tal ocupación como un contrato de comodato, y distanciarla de un mero precario.

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