Colusión del papel Tissue: Juzgado suspende audiencia de conciliación por acuerdo de compensación a consumidores

PapeLHasta las dependencias del 10 juzgado civil de Santiago llegaron cerca de las 8.30 de esta mañana representantes de Conadecus, CMPC y el Sernac, para ratificar el acuerdo de enero de este año, que implica una compensación de alrededor de $7 mil para todos los chilenos mayores de 18 años por la colusión en el mercado de productos de papel tissue que se llevó a cabo  por al menos 10 años entre la empresa y SCA Chile.

Sin embargo, y tras una hora en la sala, las partes salieron sin ratificar el acuerdo, debido a que el Sernac se presentó como notificado y no como parte.

“En esta ocasión hemos entregado los antecedentes del acuerdo conciliatorio o acuerdo extrajudicial que se llevó a cabo a través de la mediación del Sernac. El Sernac ha concurrido en calidad de notificado pero no como parte y en este caso la Papelera ha solicitado también que el Sernac, para poder llegar a un acuerdo, tiene que ser parte, ese es un trámite que está pendiente, que debe hacerse y mañana hay una nueva reunión para poder tratar de acordar esta situación”, explicó Hernán Calderón, presidente de Conadecus.

El dirigente agregó que “lo que nosotros estamos manifestando es que este juicio es donde se debe conciliar porque esta es la demanda colectiva que está en proceso y que ya lleva más de un año y, en consecuencia, nosotros lo que estamos diciendo es que para poder avanzar necesitamos que las instituciones vayan tomando las decisiones adecuadas para poder llegar al acuerdo y poder compensar a los consumidores lo más rápidamente posible”, agregó.

En tanto el director subrogante del Sernac, Andrés Herrera, dijo que en la audiencia no se ratificó el acuerdo, ya que tanto ellos como CMPC consideraron que “faltan una serie de formalidades que se cumplan respecto del acuerdo marco”.

“Tenemos mañana una reunión acordada de antemano con todas las partes involucradas, para efectos de elegir la mejor opción procesal para validar y ratificar este acuerdo”, añadió.

Además, un recurso judicial presentado por SCA ante la Corte de Apelaciones , que busca impugnar la competencia de este tribunal, y una reclamación ante la misma Corte por parte de CMPC, que apunta a la prescripción de la causa, serían también las razones que habrían llevado a las partes a no firmar el acuerdo.

(Fuente: La Tercera)

 

Diputados presentan proyecto de ley para fortalecer la persecución penal del delito de colusión

colusionDos proyectos de ley destinados a combatir penalmente la colusión de precios por parte de las empresas que operan en el país fueron presentadas esta semana por dos grupos distintos de diputados, ello en el contexto del nuevo caso conocido que afecta particularmente al mercado de los pañales para bebés.

La primera de las iniciativas legales fue presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), junto a los diputados Aldo Cornejo (DC) y Lautaro Carmona (PC). «Creemos que un proyecto de esta naturaleza, aprobado con la mayor rapidez posible dentro del Congreso, significará que en un nuevo caso de colusión podrá intervenir el Ministerio Público de inmediato, establecer las responsabilidades penales si existen y aplicar las sanciones que correspondan», enfatizó Aldo Cornejo, vocero del grupo.

Explicitó que la idea de la propuesta legal es que el Ministerio Público pueda intervenir en estos casos, sin tener que esperar las decisiones administrativas de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En concreto, el proyecto establece que las investigaciones de los hechos de colusión solo se podrán iniciar de oficio por el Ministerio Público o por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella.

Asimismo, se define que el Ministerio Público podrá aplicar la suspensión condicional del procedimiento, cuando la pena que pueda imponerse al imputado no exceda del presidio menor en su grado máximo y el acuerdo ilícito no hubiese afectado gravemente a los mercados.

«El establecimiento de una suspensión condicional del procedimiento permitirá que el Ministerio Público lleve a juicio oral solo a aquellos carteles duros que inciden con mayor impacto en los mercados y en la vida económica de los ciudadanos. Dicha determinación quedará entregada al Ministerio Público y los Tribunales de Garantía, competentes en lo penal, y se deberán imponer condiciones obligatorias destinadas a reparar el daño causado y mejorar los controles de las empresas involucradas de manera que se puedan evitar nuevas infracciones a la libre competencia», se explica en la moción.

Además, se determina que el fiscal del Ministerio Público deberá contemplar como condición necesaria, al menos, el pago de una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. También se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que, en ningún caso, podrá exceder el período de suspensión del procedimiento.

Al mismo tiempo, se podrá contemplar en dicho acuerdo la obligación de implementar programas de cumplimiento de las normas de libre competencia, los que deberán ser visados por la Fiscalía Nacional Económica y otras medidas que tiendan a evitar riesgos futuros de un comportamiento empresarial que no se ajuste a las normas que protegen la libre competencia. También podrán imponerse otras medidas tendientes a reparar el daño sufrido por los consumidores.

La segunda moción fue presentada por los diputados Vlado Mirosevic (PL), René Saffirio (IND), Alejandra Sepúlveda (IND) y Miguel Angel Alvarado (PPD) y está destinada a aumentar el periodo de prescripción de los delitos relativos a este ámbito: de tres a cinco años, para los delitos comunes de libre competencia; y de cinco a diez años, para los delitos de colusión.

«El plazo de cinco años para la prescripción del delito de colusión es insuficiente, dado que estas se tratan de investigaciones muy complejas, que requieren de tiempo y estudio», planteó el diputado Mirosevic.

(Fuente: Diputados)

Lista para votarse en Sala norma que sanciona penalmente la colusión y da más atribuciones a Fiscalía Nacional Económica

SENADOEn condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica la ley que fija normas para la defensa de la libre competencia, sancionando penalmente la colusión y entregando nuevas y mejores herramientas para perseguir a los carteles y a los infractores de la libre competencia.

Ello, luego que la Comisión de Constitución terminara con el exhaustivo estudio que hizo de la iniciativa y que la Comisión de Hacienda revisara las normas que eran de su competencia.

Según explicó el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, en el proyecto «se aumenta el rango de sanciones en caso de infracciones a la libre competencia tanto para carteles como para abusos de libre competencia, pero se aumenta en forma drástica, tanto de que puede llegar a ser incluso el 30% de las ventas durante el período de infracción».

Asimismo, se establece una sanción eventual y sucesiva, penal que va tres años y un día a 10 años en casos de carteles; se define un procedimiento de revisión previa con notificación previa a la Fiscalía Nacional Económica en casos de operaciones de concentración y además se establecen facultades para permitir que la FNE realice estudios de mercados.

En opinión de Irarrázabal «las atribuciones que se están entregando a las autoridades de libre competencia, tanto a la Fiscalía Nacional Económica como al Tribunal de Libre Competencia y también a otros organismos como el Sernac o el Ministerio Público permite dotar a los organismos del Estado de herramientas muy efectivas para el combate de la colusión y el combate de todos los abusos de la libre competencia y también para preventivamente hacer un análisis de las operaciones de concentración de hasta qué punto podrían en el futuro facilitar situaciones de cartel».

LEGISLACIÓN MODERNA

El presidente de la Comisión de Constitución explicó que el proyecto «sanciona penalmente la colusión y además otorga nuevas atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica con el objeto de poder investigar los mercados y evitar que se produzcan los carteles».

En tal sentido, destacó que «producto de esta legislación que estamos aprobando se va a sancionar con penas de cárcel que van desde los 3 años y un día  a los 10 años a quienes cometan infracciones a la ley de la libre competencia. Una persona o personas que se coludan para perjudicar en el mercado pueden arriesgar esta sanción de cárcel».

Del mismo modo, dijo que «se establece que independiente de la pena que aplique el tribunal, siempre van a tener que cumplir a lo menos un año de cárcel efectiva. También se aprobó que sea la Fiscalía Nacional Económica  una vez que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resuelve que ha habido una infracción a la libre competencia, como por ejemplo, el caso de un cartel, sea el que pueda interponer la acción penal para perseguir la responsabilidad penal que corresponda».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9950-03.

Comisión de Constitución despacha proyecto que sanciona penalmente la colusión

Comision Constitucion SenadoTras un intenso trabajo legislativo, la Comisión de Constitución del Senado terminó con el estudio del proyecto que modifica la ley que fija normas para la defensa de la libre competencia, sancionando penalmente la colusión.

Así lo informó el integrante de esa instancia legislativa, senador Alberto Espina, tras indicar que la iniciativa no solo contempla cambios en aspectos penales, sino que también en la forma de fiscalizar las reglas de la libre competencia por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Según el legislador, en el proyecto se «establece en términos generales una sanción de tres a 10 años de cárcel para las personas que sean autores de este delito, una vez concluido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y declarado culpable de la existencia de la infracción a las normas, con una multa que puede ser hasta de 50 millones de dólares y un monto que sea el 30% del valor de las ventas de la empresa o el doble de lo generado por lo coludido».

El senador Espina agregó que esta «es una ley que va a tener mayor fiscalización y control sobre la obligación de toda empresa de respetar las reglas de la libre competencia, porque es un acto que afecta gravemente la fe pública cuando se producen casos de colusión, porque nuestro modelo económico descansa en la libertad de emprendimiento y en la libre competencia y si se viola flagrantemente esa norma con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos, lo lógico es que tenga una sanción muy dura».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9950-03.

Senado aprobó que FNE iniciará acción penal para perseguir delito de colusión previa sentencia del TDLC

Imagen foto_00000018Un avance importante tuvo el proyecto que busca sancionar penalmente la colusión, luego que ayer la Comisión de Constitución del Senado estableciera que la acción penal para perseguir el delito de colusión va a ser iniciado por la Fiscalía Nacional Económica una vez que se termine el procedimiento administrativo de sanción en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Así lo informó el nuevo presidente de esa instancia legislativa, senador Pedro Araya tras explicar que también se logró establecer «un plazo especial de prescripción de estos delitos en 10 años después que ha terminado la investigación administrativa de forma tal que el Ministerio Público efectivamente pueda perseguir la responsabilidad penal de aquellas personas que han incurrido en el delito de colusión».

Cabe recordar que el objetivo de la iniciativa es introducir la sanción penal a la colusión, que actualmente es sancionada con multa. De este modo, se estableció que dicho delito contempla una pena que va de 3 años y un día a 10 años de cárcel y que durante el primer año de la pena se suspenderá cualquier sanción sustitutiva que se haya impuesto, lo que implica que a todo evento, el primer año de la condena el culpable lo va a pasar en la cárcel.

Asimismo, se estableció una pena de inhabilitación absoluta que puede fluctuar entre los 7 años y 1 día a 10 años, para ejercer el cargo de director, gerente o administrador de una sociedad anónima abierta, especial de una empresa del estado y el cargo de director o gerente en una asociación gremial o profesional.

Además, se estableció que el inicio de la acción penal requiere de dos elementos: que exista una sentencia previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que condene a alguien por colusión y que la Fiscalía Nacional Económica ejerza la acción penal presentado la correspondiente querella ante el tribunal de garantía para que el Ministerio Público siga con el caso.

Según explicó el senador Araya  «a este proyecto le quedan todavía varios capítulos para despachar, entre otros, poder abocarnos derechamente a los temas de libre competencia, lo que es integración vertical, así como también lo que es la composición del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otros».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 9950-03.

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