Diputados DC confirman ingreso de proyecto para corregir Ley de Estacionamientos

Los diputados DC Fuad Chain y Marcelo Chávez confirmaron hoy que ingresarán en los próximos días un proyecto de ley para intentar restituir el espíritu original de la moción DC –que fue modificada en el Senado– y corregir de esta forma la normativa que regula los cobros en estacionamientos de los centros comerciales, para reponer la primera media hora gratis a todo evento y las 2 horas adicionales sin cobro en caso de compra de un bien o un servicio al interior de ellos.

Lo anterior, junto con rechazar y denunciar los aumentos “abusivos” que se han experimentado en los últimos días y que reflejan “cuál es el verdadero rostro de los dueños de mall y estacionamientos”.

El diputado Chahin explicó al respecto que “el texto que vamos a presentar apunta, entre otras normas, a dos cambios sustanciales. El primero es que, en materia de gratuidad, reponer la idea original que tuvo nuestro proyecto, para que todos aquellos estacionamientos que sirven a un mall, centro comercial, una clínica o un hospital o a cualquier otro establecimiento principal, tengan un periodo inicial gratis”.

“Por ello, vamos a reponer la media hora gratis a todo evento y 2 horas más gratis cuando hay consumo de un bien o un servicio en ese establecimiento, para poder devolverle esa naturaleza de un servicio accesorio y poder establecer este principio de la gratuidad, para que solo se empiece a pagar después de las 2 horas y media en caso que exista un consumo en dichos lugares”, afirmó el legislador.

Añadió que “se modificará lo que cambió el Senado a nuestro proyecto original, queremos deshacer lo que hizo la Comisión de Economía del Senado, ya que ello va en contra de los intereses de los consumidores”.

Por su parte, el diputado Chávez agregó que “además vamos a eliminar una muy desafortunada frase que incorporó el Senado en materia de responsabilidad, que señala que sólo son responsables los estacionamientos por los robos, pérdidas, hurtos o daños en los casos en que estos no cumplan con las medidas de seguridad necesarias, con lo cual se hace muy difícil que ellos asuman la responsabilidad en esos casos”.

“Nosotros creemos que, tal como lo había resuelto la jurisprudencia, por tratarse los estacionamientos de un servicio profesional, siempre tiene que responder el proveedor del servicio de estacionamiento cuando se produce un robo, hurto o daño con ocasión del servicio de estacionamiento y por lo tanto vamos a reponer también ese principio”, precisó.

Finalmente, el legislador indicó que “por cierto que no vamos a modificar y mantendremos las cosas positivas que tiene el proyecto y que afortunadamente lograron salvar la influencia del lobby, como por ejemplo la eliminación de la multa por pérdida del ticket y también la gratuidad durante todo el tiempo de la urgencia en las clínicas y hospitales. Eso se mantiene”.

(Fuente: Diputados)

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Segunda Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. En esta segunda parte destacamos otras sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron el año.

DERECHO PENITENCIARIO

Comunera Mapuche engrillada durante el parto

embarazoEn noviembre, Gendarmería incurrió en un grave caso de abuso en lo que la Corte Suprema consideró una «confluencia de factores entrecruzados de discriminación», al mantener engrillada a la camilla del hospital  a una comunera mapuche presa mientras tenía trabajos de parto, estando además vigilada por personal de la institución. Según el tribunal supremo, hubo discriminación se dio por ser mujer, indígena, madre y presa.

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EDUCACIÓN

Universidades y estudiantes: una relación contractual

estudianteEste año las cortes han visto un cambio importante en el tratamiento de las universidades. Con anterioridad existía un criterio bastante extendido –tanto en sentencias civiles como constitucionales– que consideraba que la relación entre estudiante y Universidades no eran una relación meramente contractual, restringiendo la aplicación de cláusulas contractuales o reglamentos disciplinarios. Sin embargo, últimamente se ha considerado un criterio más contractual para evaluar estas relaciones.

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LEY ZAMUDIO Y DISCRIMINACIÓN

Género y Derecho: paulatimente tomando importancia

no_discriminacionSi bien no hay un criterio unívoco aún, los tribunales en distintas sedes han mostrado una gran apertura para revisar causas que involucren discriminación de género en diversas instancias.  Entre algunos de los fallos destacados ,

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DESAFUEROS

Delitos económicos e injurias

gaspar-rivasEn una pauta noticiosa marcada por casos de corrupción y enfrentamientos verbales entre autoridades, este año la Corte Suprema ha resuelto importantes desafueros contra parlamentarios de la República,

 

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  • En fallo dividido, el pleno de la Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero en contra del Senador Jaime Orpis por delitos reiterados de cohecho, lavado de dineros, fraude al Fisco, y fraude tributario.
  • Por unanimidad, se acoge el desafuero del Diputado Gaspar Rivas contra el empresario Andrónico Luksic por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social.

CONSTITUCIONAL

Inaplicabilidad de Ley Emilia

automovil choque daños accidente de transitoEn el mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito, modificación introducida por la Ley N° 20.770 –más conocida como Ley Emilia–, considerando que la prohibición atentaba contra los principios de legalidad, de proporcionalidad, de resocialización y de humanización.

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Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito.

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CONSUMIDORES

Publicidad de letra chica

firmaEn derecho de protección al consumidor, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación ratificando la multa contra la empresa Cencosud, al considerar que la publicidad efectuada por la empresa en un diario de circulación nacional se realizó con uso de letra ilegible e incompresible para el consumidor medio.

A segundo trámite de Senado proyecto que facilita la entrega de propinas en establecimientos comerciales

ComercioEn condiciones de ser analizado por la Cámara de Diputados, en su segundo trámite, quedó el proyecto que facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio. (Boletín N° 10329-13)

El proyecto de ley, iniciado en Moción de los senadores Alejandro García-Huidobro, Adriana Muñoz, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Antonio Coloma y Juan Pablo Letelier, tiene por objeto posibilitar en las estaciones de expendio de combustibles u otros establecimientos en que habitualmente se deje propina, que ésta se pueda hacer efectiva también mediante los servicios electrónicos de pago.

Intervinieron los senadores Adriana Muñoz, Alejandro García Huidobro, Juan Pablo Letelier, Francisco Chahuán, e Iván Moreira.

Contenido del Proyecto de ley:

– Hace aplicables a los trabajadores de todos los establecimientos de atención al público, en los que habitualmente se deje propina, como las estaciones de expendio de combustibles u otros, las normas del Código del Trabajo que garantizan la entrega de las propinas a los trabajadores de restaurantes cuando éstas se efectúan en dinero en efectivo o a través de los medios de pago aceptados por el empleador, tales como tarjetas de crédito, de débito, cheques u otros títulos de crédito.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10329-13.

La publicidad de letra chica puede ser publicidad engañosa

observatorio - lupaLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación en procedimiento de aplicación de multas por infracción a la ley del consumidor contra Cencosud, por publicidad incompleta. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado miércoles 28 de septiembre la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, revocó la sentencia del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago que había rechazado la denuncia efectuada por el SERNAC, estimando que no se infringieron disposiciones de protección al consumidor, toda vez que la parte final de la publicidad resultaba ser legible para un consumidor promedio.

La Corte de Apelaciones estimó, en cambio, que la publicidad efectuada por la empresa de retail efectuada en un diario de circulación nacional, se realizó con uso de letra ilegible e incompresible para el consumidor medio. Esta información se relaciona con los productos ofrecidos con porcentajes de descuentos, lo que resulta ser una infracción a la disposición contenida en el artículo 3 inciso primero letra b) de la Ley N° 19.496. Así el tribunal, razona en tonrno a que esta información no ha podido ser veraz y oportuna sino incompleta, inductora a error para el consumidor que no ha podido apreciar con precisión la naturaleza de la oferta en su total dimensión, pudiendo tornarse ésta en una publicidad engañosa, poco clara, que vulnera la disposición antes referida.

Específicamente sobre el tamaño de la letra, efectivamente la Ley del Consumidor ha establecido en 2,5 mm el porte, pero para los contratos de adhesión. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia lo ha hecho extensivo a la publicidad, a objeto de no inducir a error a los consumidores, señala el tribunal.

Suprema acoge recurso de casación en reclamo de ilegalidad por construcción de Mall Plaza Barón

valparaiso cerro concepcion patrimonio tradicionalMáximo Tribunal del país determinó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por ministros habilitados, proceda a conocer y emita pronunciamiento sobre el fondo del reclamo de ilegalidad presentado por un grupo de vecinos, en contra de la Dirección de Obras Municipales (DOM) por otorgar permiso de edificación del proyecto Mall Plaza Barón de Valparaíso.

En fallo unánime, la Tercera Sala del  de la Corte Suprema, integrada por los ministros Pierry, Egnem, Sandoval, Valderrama y el abogado (i) Matus, acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por falta de legitimación de los recurrentes.

La resolución del máximo Tribunal establece que las decisiones adoptadas por la DOM son recurribles tanto ante el seremi de la Vivienda y Urbanismo, como el alcalde respectivo.

En su sentencia, sostiene la Corte Suprema que «un correcto análisis normativo permite concluir que los actos del Director de Obras son reclamables por una doble vía: a) Administrativa ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo respectivo a través del ejercicio de la acción de los artículos 12 y 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; y b) Jurisdiccional, que se inicia con una etapa administrativa previa ante el Alcalde y culmina con la presentación del reclamo en sede judicial conforme lo establece el artículo 151 de la Ley N° 18.695. La anterior interpretación no sólo tiene su origen en el texto de la ley, que claramente deja a salvo la opción del interesado quien «puede» optar por la vía administrativa contemplada en el artículo 12 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que además se impone por cuanto las personas que se sienten afectadas por ilegalidades de la Administración, tienen el derecho a obtener tutela jurisdiccional efectiva, cuestión que en el caso concreto se materializa con el ejercicio de la acción contemplada en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, contencioso administrativo especial previsto por el legislador para tales fines, objetivo que no se logra con la reclamación del mencionado artículo 12, toda vez que ésta solo contempla una revisión por parte de la Administración. Así, el afectado por lo resuelto por un Director de Obras se enfrenta a la posibilidad de iniciar dos reclamos, no estando obligado a optar por alguno de ellos, pues se trata de dos acciones, una claramente jurisdiccional, que corresponde a aquella intentada en autos, y otra administrativa, sin que una de ellas excluya a la otra, por lo que ninguna de las dos autoridades puede negarse a conocer de la que se dedujo, pudiendo incluso ambas resolver lo que sea pertinente en derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento administrativo».

A partir de lo cual, el máximo Tibunal agrega que «de acuerdo a lo expuesto, resulta entonces que el recurso ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo contemplado en el artículo 12 es un recurso administrativo, distinto del recurso de reposición o jerárquico; es un recurso especial que se denomina «recurso de tutela», que incide en lo que hemos explicado como control de supervigilancia o tutela. De todo ello se desprende inequívocamente que el reclamo de ilegalidad municipal que se interpone contra actos del Alcalde o de sus funcionarios, se refiere a los actos de todos los funcionarios municipales que forman parte de su estructura, incluido el Director de Obras».

Con respecto a la legitimación de los reclamantes, la Tercera Sala de la Corte Suprema, señala que «(…) es trascendente, toda vez que el reclamo de ilegalidad municipal constituye un ejemplo preciso de la acción de nulidad o «recurso por exceso de poder» de la doctrina del derecho administrativo, y no un recurso de plena jurisdicción, lo que determina que para tener legitimación activa no sea necesario invocar un derecho subjetivo lesionado, sino que basta con tener un interés legítimo. En este escenario, se debe atender al texto de lo establecido en el artículo 151 de la Ley N° 18.695. En efecto, cabe destacar que la letra a) de la disposición en estudio otorga la acción a «cualquier particular», contra actos que «afecten el interés general de la comuna», dentro del plazo de treinta días desde la fecha de publicación del acto impugnado, tratándose de resoluciones. Por otra parte, la letra b) del mismo artículo, otorga idéntica acción al «particular agraviado», dentro del mismo plazo, contado desde la notificación».

En su sentencia agrega que»(..) es por lo expuesto que se ha señalado que el artículo 151 de la Ley N° 18.695, en su letra a) establece una especie de acción popular, pues en definitiva, cualquier particular puede impetrar la tutela jurisdiccional ante actos que afecten los «intereses generales de la comuna». Ahora bien, según se verá a continuación no es completamente una acción popular por cuanto se exige que exista una vinculación mínima entre quién acciona y el objeto del juicio, que está dada por un interés legítimo. En este orden de ideas, se debe señalar que lo trascendente es que, como se señaló, el interés legítimo para interponer la acción en estudio no se identifica con un derecho subjetivo lesionado. El interés legítimo en la anulación es un concepto que puede abarcar tanto la afectación directa, determinante y grave del recurrente como aquellas hipótesis de afectación disminuida, pero requiriéndose siempre que ella exista. Así la doctrina recurre a la teoría de los círculos de intereses, la cual señala que, en función de cada categoría de actos, se debe determinar cuáles son los «círculos de personas interesadas», para luego establecer cuáles círculos deben ser considerados como suficientes, excluyendo aquellos muy lejanos».

A continuación, se concluye que «así, se entiende que constituyen intereses legítimos por ejemplo los que tienen las personas respecto de normas urbanísticas o normas medioambientales, que justamente corresponde a lo que se está discutiendo en el caso de autos, puesto que en definitiva lo que se requiere es que el acto «le afecte de alguna forma» para efectos de determinar la existencia de un interés legítimo, que es exigido en el caso de la letra a) del artículo 151 de la Ley N° 18.695. Lo relevante es que la acción de que se trata puede ser interpuesta por cualquier particular que tenga relación, conexión o vinculación con la comunidad que es destinataria de la resolución recurrida o a la cual afecta la ausencia de actividad municipal –en otras palabras, que pertenezca al «círculo de intereses suficientes»-, exigencia que se desprende de la propia redacción del precepto, al disponer que el particular actúe en pos del interés general de la comuna, siendo, entonces, el formar parte de la comunidad local el mínimo interés necesario para interponer el reclamo de ilegalidad fundado en el literal a) del artículo 151 ya señalado».

(Fuente: Diario Constitucional)

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