Comisión de Hacienda de Diputados despachó proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

Sobre la base de las indicaciones comprometidas por el Gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, con lo cual la propuesta quedó en condiciones de ser visto prontamente por la Sala.

En su mayoría, las modificaciones presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Comisión dicen relación a los acuerdos alcanzados en enero pasado con el personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), entidad que será reemplazada por la nueva Dirección.

«Lo que hacen es incorporar en la ley algo que está en el espíritu en el mensaje y es que los funcionarios mantendrán exactamente las mismas condiciones que tienen hoy día en la situación transitoria cuando pasen a la situación permanente y que eso quede claro, prístino en la ley», explicó en su minuto el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

En concreto, se integra al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y otras asignaciones específicas.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las indicaciones viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de Hacienda, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros datos

La propuesta legal, ingresada a trámite legislativo en junio de 2015, crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Corte de Santiago confirma fallo que ordenó a concesionaria indemnizar a víctimas por caída de pasarela en aeropuerto

aerolinea avion aeropuertoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a la empresa concesionaria SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. a pagar una indemnización de alrededor de $90.000.000 (noventa millones de pesos) a cinco mujeres que resultaron lesionadas por la caída de una pasarela en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en febrero de 2010.

En fallo dividido (causa rol 6.334-2016), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Pedro Advis y el abogado (i) David Peralta– confirmó la resolución dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago que condenó a la empresa por las lesiones sufridas por las demandantes, quienes se encontraban en el terminal aéreo la madrugada del 27 de febrero de 2010, en los momentos en que se registró un terremoto en la zona centro sur del país.

La resolución del tribunal de alzada confirma la resolución que estableció la responsabilidad de SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. por los desperfectos en la construcción de la pasarela que provocaron su derrumbe.

«Como puede advertirse, la norma recién transcrita le impone a las sociedades concesionarias de las obras públicas licitadas, entre las cuales se hallaba la demandada «SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.», la obligación de responder por todos los daños que se causen a terceros, motivo por el cual se les impone precisamente la obligación de adoptar las medidas que impidan tales daños, de modo tal que los desperfectos que presentaba la pasarela N° 2 son imputados por el ordenamiento jurídico a la señalada demandada, quedando así obligada a la indemnización», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «(…) la necesidad jurídica de indemnizar los daños padecidos por las demandantes se hace más evidente si se tiene en cuenta -como se ha asentado previamente- que no todas las pasarelas presentaron desperfectos con motivo del sismo que tuvo lugar el 27 de febrero de 2010, por lo que aquellos que experimentó la estructura siniestrada y causaron su caída son atribuibles a «SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.», que no los advirtió ni reparó».

«(…) una conclusión en sentido diverso –continúa– llevaría a la falta de operatividad del sistema de responsabilidad contemplado en el comentado artículo 62, por lo que también corresponde desechar la alegación de la sociedad concesionaria demandada de concurrir la eximente de responsabilidad de fuerza mayor o caso fortuito».

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Advis, quien consideró «que las demandantes no han demostrado los presupuestos de la obligación indemnizatoria cuyo reconocimiento se reclama».

(Fuente: Poder Judicial)

Contraloría se pronuncia sobre uso de un mismo espacio del borde costero para distintos fines

costa litoral marSe solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo– acerca de la interpretación que se debe dar al inciso tercero del artículo 25 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas, respecto de la procedencia de que convivan distintos usos en un mismo espacio del borde costero, en la medida que exista factibilidad técnica, y sin que ello signifique la sobreposición de concesiones marítimas en esa área. Agrega que la consulta se sustenta en la creciente demanda por el uso del borde costero y, en especial, en la situación presentada, por una parte, a raíz de una destinación marítima de un área de manejo y explotación de recursos bentónicos, otorgada al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) con fundamento en un convenio de uso suscrito entre la Dirección Regional de Pesca y la respectiva organización de pescadores artesanales, y, por otra, con una solicitud de concesión marítima, pudiendo configurarse una eventual sobreposición entre ambas.

Al efecto, el ente de control recordó lo dispuesto en el cuestionado inciso tercero del artículo 25 del texto reglamentario sobre Concesiones Mineras, en lo que interesa, que en los casos que exista sobreposición con otra concesión marítima o acuícola ya otorgadas, el Capitán de Puerto notificará personalmente al interesado al respecto, devolviéndole definitivamente toda la documentación presentada.

Asimismo, hace presente e dictamen que, acorde con el considerando e) del decreto N° 475, de 1994, del Ministerio de Defensa Nacional -que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República y crea la Comisión Nacional que indica-, los espacios que lo conforman son un recurso limitado, que permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, compatibles entre sí, lo que hace necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y generan.

Luego, la Contraloría advierte que sobre un mismo sector del borde costero pueden coexistir diversos intereses. Así, en el caso que se examina, la CGR expresa que no existe impedimento para que se otorgue una concesión marítima en todo o parte de un sector destinado como área de manejo, en la medida que sus usos sean compatibles, de modo que el objeto que se pretende desarrollar con aquella concesión no entorpezca el propósito perseguido con el aludido régimen especial.

En consecuencia, el órgano contralor requirió, por una parte, el acuerdo de la organización de pescadores a la cual se le entregó el lugar geográfico para la explotación exclusiva de recursos bentónicos y, por la otra, el pronunciamiento favorable del SERNAPESCA en tal sentido, ya que ambos suscribieron el respectivo convenio de uso.

Finalmente, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que otorgue la concesión marítima bajo la condición de que el concesionario da su consentimiento para que, una vez terminada la destinación marítima sobre la que recae el área de manejo y explotación de recursos bentónicos, se pueda volver a destinar o concesionar el sector para un objeto que resulte compatible con su concesión. Asimismo, deberá establecerse la obligación para el concesionario de no embarazar los derechos derivados del área de manejo y explotación de recursos bentónicos.

(Fuente: Diario Constitucional)

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