Diputados ingresan proyecto para garantizar escaños parlamentarios a pueblos originarios

congreso nacional smallUna Reforma Constitucional que busca crear un padrón indígena a fin de garantizar su representación en el Congreso, ingresaron esta mañana los diputados de Amplitud Pedro Browne y Joaquín Godoy, junto a los diputados Karla Rubilar (IND), Pepe Auth (IND), Leonardo Soto (PS), Diego Paulsen (RN) y Joaquín Tuma (PPD).

“Una fórmula que ha logrado la inclusión de los pueblos originarios no solamente en la actividad económica, sino también política, es asegurar la representación en las instancias de decisión como es el Congreso”, explicó el diputado Browne.

Tras esto, el parlamentario aseguró que la propuesta ingresada busca crear un padrón electoral de pueblos originarios, complementario al actual, de manera que proporcionalmente a la cantidad de gente que lo conforma, puedan elegir representantes en el Congreso.

En cuanto al avance en la concreción de proyectos que beneficien a La Araucanía, el diputado Tuma señalo que, lamentablemente, están «amarrados con el Convenio 169», que implica que el gobierno tiene que hacer consultas previas para poder avanzar en este tema. «Por lo tanto, hacemos un llamado precisamente en esa dirección”, señaló.

Al mismo tiempo, el legislador afirmó que solicitarán que el gobierno ponga urgencia para aplicar el convenio 169 y hacer las consultas para que todos estos proyectos puedan seguir caminando a ser ley en la República de Chile.

Por su parte, el diputado Soto afirmó que Chile tiene una deuda con los pueblos originarios y en su institucionalidad no ha sido capaz de darle un cauce e integración que permita que los pueblos originarios se expresen políticamente en las decisiones del país.“Este es un paso necesario en la evolución de nuestro país, que sin duda le va a dar un cauce de expresión que es muy distinto al que se está dando en La Araucanía», comentó.

Finalmente, el parlamentario subrayó que la respuesta policial que hace el Estado de Chile es insuficiente para hacerse cargo de las problemáticas y desafíos que tienen los pueblos originarios. “Nosotros estamos dando una alternativa profundamente democrática, que esperamos tenga el impulso y respaldo de parte del Ejecutivo», concluyó.

(Fuente: Diputados)

Congreso y Ejecutivo concuerdan medidas para regular remuneraciones de altas autoridades del estado

congreso nacional smallEn el marco de la necesidad de fortalecer la legitimidad del servicio público, ante el aumento de los estándares éticos que la ciudadanía espera que cumplan quienes se desempeñan como servidores públicos, el Congreso Nacional y el Gobierno iniciaron en 2015 un trabajo conjunto para revisar el sistema actual de dietas parlamentarias y remuneraciones de las altas autoridades del país, para efectos de fijar criterios para su determinación y reajustabilidad.

Hoy, los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber, y de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, junto al Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, suscribieron el convenio que plasma los acuerdos alcanzados, enfocados en dos líneas de propuestas:

I. Establecer un mecanismo de reajuste de remuneraciones
II. Impulsar moción que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional en lo relativo a Probidad y Transparencia

Al respecto, el ministro Valdés calificó la propuesta como «soluciones bastante innovadoras que alejan los conflictos» que podrían existir cuando los parlamentarios deben legislar sobre sus propios rejaustes.

De esta manera, en primer término, el Congreso le dará al Presidente de la República un poder especial para fijar el monto del reajuste, previo informe de un organismo asesor que propondrá el reajuste de remuneraciones de las altas autoridades del Estado, el cual no podrá ser superior al general dispuesto para el sector público.

Dicho Consejo estará compuesto por tres miembros, los cuales deberán haber ejercido en alguno de los siguientes cargos: Consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director de Presupuestos, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos o Director Nacional del Servicio Civil. Todos los miembros serán nombrados por el Presidente de la República y ejercerán su cargo ad honorem.

El Presidente de la Cámara destacó que «este esfuerzo se viene realizando por las corporaciones desde antes del presente mandato» y que es especialmente relevante, en materia de reajuste, porque los parlamentarios recibían constantemente «una crítica severa de que nosotros nos pronunciábamos sobre nuestro propio reajuste y aparecía como un privilegio».

Modificación ley orgánica del Congreso Nacional

En segundo lugar, se propone enfatizar algunas medidas contenidas en el proyecto que modifica la LOC:

1. Dedicación Exclusiva de la Función Parlamentaria y deber de abstención de los parlamentarios. La citada moción regula estas materias entendiendo por función parlamentaria todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes. Además, se plantea que los parlamentarios solo podrán ejercer la administración de los bienes que no estén afectos a la obligación de ser delegados a terceros; desempeñar actividades docentes hasta por un máximo de doce horas mensuales; y producir, crear y publicar obras literarias, científicas, artísticas o técnicas.

En cuanto al deber de abstención de los parlamentarios, la moción establece que los miembros de ambas corporaciones no podrán promover ni votar asuntos en el que tengan un interés directo o lo tenga su cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, cuando sea de tal naturaleza que, objetivamente, pudiera considerarse que adquiere preminencia sobre el interés general. El parlamentario que infrinja el deber de abstención, será sancionado con censura.

2. Sobre el efecto del desafuero en las asignaciones parlamentarias, la Comisión sugiere incorporar como indicación un artículo que consagre legalmente este efecto, de acuerdo a lo ya acordado tanto en la Cámara como en el Senado en la materia. Es decir, que las asignaciones solo corresponderán a la parte “que no esté comprometida por contratos válidamente celebrados por la institución o que recaiga en recursos destinados al ejercicio mismo de la función parlamentaria”.

3. En materia de multas por inasistencia de los parlamentarios, se propone perfeccionar la norma, ampliando la sanción a la inasistencia injustificada a sala también a las comisiones; estableciendo un rango de multas que deberá aplicar el organismo interno de las respectivas Corporaciones. Así solo se entenderá por ausencia justificada la que se funde en una licencia médica, un impedimento grave, la realización de alguna gestión encomendada por la Corporación o alguna de las actividades propias de la función parlamentaria.

Antecedentes

Cabe recordar que este trabajo surgió del acuerdo alcanzado el 21 de septiembre de 2015, en el marco de la discusión del Reajuste del Sector Público, donde los poderes Ejecutivo y Legislativo, representados por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y los entonces Presidentes del Senado, Patricio Walker y de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, suscribieron un protocolo de acuerdo que contempló que el reajuste de ese año no se aplicara a los mas altos cargos del Estado, incluyendo a la Presidenta de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes Regionales, Senadores y Diputados.

Pero, además, se acordó revisar el sistema actual de dietas parlamentarias, los criterios para su determinación y los mecanismos para su reajustabilidad, de tal forma que ellos sean definidos mediante procedimientos externos al quehacer parlamentario.

Paralelamente, y de manera consistente, tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional han avanzado en otras medidas tendientes a dotar de mayor legitimidad a la función pública y, en particular, a la función parlamentaria, como por ejemplo:

  1. Reforma constitucional que estableció la obligación de una Cuenta Pública a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados (Ley N° 20.854);
  2. Reforma constitucional que establece la cesación en el cargo de parlamentarios, alcaldes y concejales, por infracción a las normas sobre transparencia y gasto electoral (Ley N° 20.870);
  3. Ley sobre Probidad en la Función Pública, que regula la declaración de intereses y patrimonio a autoridades públicas (Ley N° 20.880).
  4. Conformación del Consejo de Modernización de la Labor Legislativa.
  5. Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de Probidad y Transparencia, que precisa impedimentos de los parlamentarios; que prohíbe el uso de información privilegiada; refuerza el deber de asistencia, entre otras medidas (Boletín N° 10.264-07).
  6. Medidas de gestión interna del Congreso Nacional:
    1. Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, sobre procedencia del pago de asignaciones a un diputado que se encuentra desaforado.
    2. Elaboración de nuevo Estatuto Parlamentario para la Cámara de Diputados, que busca revisar y definir un conjunto de prerrogativas, derechos, deberes y prohibiciones que rigen el ejercicio del cargo parlamentario.
    3. Norma de la Comisión de Ética del Senado que obliga a los parlamentarios a hacer pública, mediante la ley de lobby u otra fórmula de registrar sus audiencias, las reuniones que sostengan con personas que postulen a algunos de los cargos en los cuales el Senado tiene participación en la decisión final.
    4. Avances para tener un sistema de transmisión televisiva de las diversas comisiones del Senado.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10264.

Cámara de Diputados y Contraloría firman convenio para cumplimiento de obligación de declaraciones de intereses y patrimonio

congreso nacional smallEste lunes 21 de noviembre, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República suscribieron un convenio de colaboración para efectos de dar cumplimiento a la normativa sobre Declaración de Intereses y Patrimonio a la que están sujetos autoridades y parlamentarios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

La Cámara estuvo representada por su Presidente, Osvaldo Andrade, y por el Secretario General de la Corporación, Miguel Landeros, mientras que por el organismo fiscalizador estuvieron presentes el Contralor Jorge Bermúdez, y la Subcontralora Dorothy Pérez.

Cabe recordar que de acuerdo a la citada ley, a la Contraloría General de la República le corresponde fiscalizar “la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio respecto de los sujetos” obligados a efectuar tal declaración y que pertenezcan a la Administración del Estado. Para dicho fin, administrará un sistema de acceso permanente de los declarantes al formulario, a las declaraciones efectuadas y con interoperabilidad con las bases de datos del Estado que contengan la información requerida en la declaración.

Por su parte, en el caso de los diputados y de determinadas autoridades del Poder Legislativo, la Cámara debe determinar un sistema de información que contenga las declaraciones efectuadas.

En atención a esto, el presente convenio contempla el desarrollo de las acciones necesarias para que la Cámara de Diputados implemente y utilice el sistema de información que es administrado y ofrecido por la Contraloría General. De este modo, el ente fiscalizador pondrá a disposición, de manera gratuita, el sistema y la mantención operativa de la plataforma tecnológica. Asimismo, apoyará en asesoría, capacitación, documentación y soporte.

Por su parte, la Cámara de Diputados se compromete a adoptar este sistema como medio para contener las declaraciones de intereses y patrimonio y su publicación. Cabe hacer presente que el convenio estipula que respecto de la información que la Cámara publique en el Sistema, como de aquella publicada en cumplimiento a las normas de transparencia activa, la Contraloría no será responsable del carácter inexacto, desactualizado, incompleto o caduco de la misma, debiendo la Cámara informar a la Contraloría acerca de los cambios y actualizaciones que deban realizarse.

Mayores exigencias

El Presidente de la Cámara, diputado Osvaldo Andrade, destacó la permanente relación de colaboración que existe con la CGR y en particular -ahora- este convenio dadas las nuevas exigencias para la declaración de intereses y patrimonio que deben cumplir las altas autoridades del Estado.

“La Contraloría ha construido una plataforma que facilita la gestión y declaración, incluso con mecanismos de rectificación si fuese necesario, así es que para nosotros, que estamos obligados a cumplir con esta norma legal, este convenio y este acceso es extraordinariamente relevante y muy pertinente”.

El legislador relevó que durante el período de su presidencia también se ha ido construyendo y profundizando una relación con la Contraloría que ayuda al desarrollo de los procesos internos de control.

“Nosotros tenemos órganos de fiscalización interna, tenemos auditoría interna, tenemos un Consejo de asignaciones, tenemos auditores externos que entregan sus informes rigurosamente, que además se tienen que publicar en conformidad a la ley, pero contar con el respaldo y colaboración de un órgano que tiene un prestigio institucional inequívoco y un reconocimiento ciudadano muy importante es para nosotros un valor”, puntualizó.

Por su parte, el Contralor Jorge Bermúdez, valoró el convenio y que la Cámara haga uso de forma eficiente de recursos, a través de esta herramienta que está a disposición de todo el Estado.

Las declaraciones de intereses de los actuales parlamentarios y autoridades, que son de carácter público, deben estar actualizadas al 31 de marzo de 2017.

(Fuente: Diputados)

 

Aprueban idea de legislar iniciativa que modifica LOC del Congreso Nacional

SENADOLa Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado aprobó unánimemente la idea de legislar el proyecto de ley que tiene por objeto cambiar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

Al efecto, cabe recordar que la iniciativa legislativa pretende elevar estándares de probidad y transparencia, creando una Dirección de Ética y Transparencia parlamentaria.

Asimismo, el proyecto establece precisiones destinadas a determinar el impedimento que afecta a los parlamentarios para promover y votar determinados asuntos; prohibir en forma expresa el uso de información privilegiada; reforzar el deber de asistencia; y prohibir expresamente la contratación de familiares y personas jurídicas relacionadas con los parlamentarios, o con funcionarios directivos del Congreso.

Durante el debate, el Presidente de la instancia, senador Walker, destacó el aporte realizado por expertos previo a la votación, los cuales manifestaron que se podría aprovechar la discusión legislativa para abordar temas de gestión legislativa más amplios.

En ese sentido, Marcela Ríos, del PNUD, arguyó que sería importante pensar en homologar y estandarizar ciertos procesos en ambas cámaras, así como la entrega de información activa, tales como informes. Agregó que la conveniencia de reducir de 12 a tres horas semanales el tiempo que tienen permitido los legisladores para actividades académicas.

Por su parte, el profesor de la Universidad Valparaíso, Cristián Viera, destacó aspectos del proyecto, pero planteó, por ejemplo, que en lo relativo a los órganos encargados de la evaluación del comportamiento ético se deberían incorporar pares externos, para garantizar la imparcialidad. Añadió que el principio de publicidad debería ser la tónica del trabajo de las comisiones y la reserva, la excepción.

En tanto, Sebastián Soto, del Instituto Libertad y Desarrollo, manifestó que en lo que se refiere a dedicación exclusiva de la función parlamentaria, se debería seguir el lineamiento de los ministros de Estado. También planteó la necesidad de especificar bien las conductas que pueden ser sancionables éticamente, para lo cual se debería generar un código de conductas para ambas cámaras. En cuanto a la publicidad del trabajo de comisiones, Soto dijo que se deben establecer mecanismos de reserva, para evitar que la deliberación se traslade a espacios informales.

Finalmente, María Jaraquemada, de Espacio Público, adujo que es importante estandarizar y homologar la información que se entrega en ambas cámaras, precisar la prohibición de usar las asignaciones parlamentarias para otros fines; revisar la gradualidad de las sanciones y acercarlas a las que existen en la administración central y darle facultades a la Dirección de Ética para verificar la veracidad de las declaraciones de intereses.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10264-07.

Segundo Congreso Estudiantil de Derecho Civil: “Facultades probatorias de los jueces en el marco del proceso civil»

“Facultades probatorias de los jueces en el marco del proceso civil” se titula el Segundo Congreso Estudiantil de Derecho Civil, organizado por los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. El parte el  jueves 3 de Noviembre, con la “jornada sobre la Reforma Procesal Civil”. Ya, a partir de los días lunes 7, martes 8 y miércoles 9, se llevarán a cabo las sesiones del Congreso de Derecho Civil propiamente tales. El evento cuenta con el auspicio de Microjuris.

El Congreso es un proyecto de los alumnos de derecho de la Universidad de Chile, cuyo objetivo es crear  “un espacio de discusión, reflexión y difusión de ideas, enfocado en temas que revistan un interés y relevancia para la comunidad jurídica de hoy”, según afirman en el sitio oficial del evento. La instancia espera entregar un espacio para el encuentro de antiguas discusiones académicas correspondientes al Derecho Civil contemporáneo.

El evento es una  instancia en que los  alumnos o egresados de Derecho puedan exponer sobre los temas de Derecho Civil que resulten de su interés, es por eso, que desde el mes de  julio se comenzó con la recepción de trabajos para que así la comisión organizadora seleccione y elija a los de mejor calidad para ser expuestos el día del congreso. Los trabajos que sean seleccionados para ser expuestos, serán publicados en la Colección de Doctrina de Microjuris.com.

Dentro de las condiciones y parámetro de corrección, la Comisión de Contenidos rechazará los trabajos que no sean originales en cuanto a la autoría del material. La misma comisión organizadora “comunicará a los interesados, dentro del mes siguiente al plazo de presentación, la aceptación o no de sus trabajos, así como la asignación a la comisión que se considere pertinente”, señalan desde la organización.

Quienes estén interesados en participar pueden enviar su solicitud a Sin más, invitamos a todos los convocatoria@congresocivil.cl

El programa del congreso se puede leer  aquí.

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