Corte Suprema rechaza recurso de funcionarios y oficia al ministerio de justicia por sobrepoblación en centros del Sename

La Corte Suprema rechazó recurso de protección presentado por asociaciones gremiales del Servicio Nacional de Menores, en contra de la directora del servicio por la sobrepoblación de los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín; sin embargo, ofició al Ministerio de Justicia advirtiendo de la situación denunciada.

En fallo unánime (causa rol 67.467-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Leonor Etcheberry– confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso que buscaba que se impidiera a dichos centros recibir más niños y adolescentes.

El tribunal establece que no cuentan con facultades para dictar tal medida, no obstante advirtió al Ministerio de Justicia de la situación de sobrepoblación de los recintos.

«Que aun cuando esta Corte comprueba la efectividad de los hechos delatados por los comparecientes, en cuanto a que los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín operan con una sobrepoblación que pone en riesgo la integridad psíquica de los niños y adolescentes internos, como de los funcionarios que sirven en ellos, no resulta procedente acoger el presente arbitrio en la forma como se propone, desde que esta Corte no puede acoger la prohibición de ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes a dichos planteles, ya que, tal como se reflexionó, merced a lo preceptuado en los artículos 8°, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 68 de la Ley N° 18.968, ante la constatación de transgresiones de derechos, los niños, niñas o adolescentes deben ser ingresados en centros que le deben proporcionar la debida protección, así como garantizar que los adolescentes objeto de persecución penal se internen en centros diferenciados de la población común», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «a mayor abundamiento, parece imperioso consignar que la medida requerida ni siquiera puede ser dispuesta a condición que se aumente la capacidad, recursos y planta de cada recinto, puesto que es materia de una política pública que escapa a las atribuciones de esta Corte.

En efecto, tal pretensión se vincula directamente con la inyección de recursos económicos necesarios para suplir el déficit que padecen esos centros como corolario de la sobrepoblación que los aqueja, lo que envuelve una acción del Estado tendiente a solucionar un problema público, que está en manos de la administración, encargada de discernir, dentro del marco de sus competencias, los recursos que deben destinarse a esos propósitos».

«(…) en atención a la imposibilidad de admitir este libelo –continúa– y de cara a la grave situación que afecta a los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín, esta Corte considera pertinente poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio de Justicia, de quien depende el Sename, a fin que vele por el cumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo social, para cuyos designios debe valerse de instituciones que dispongan de personal capacitado e instalaciones suficientes, junto con adoptar las medidas conducentes a ello, por tratarse de un problema público que concierne a los niños, un sector altamente vulnerable de la población, que por lo mismo, debiera constituir uno de los ejes centrales de las políticas públicas».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: Seremi de Salud tiene facultades para prohibir el funcionamiento de la consulta profesional de una extranjera sin título convalidado

Con fecha 6 de marzo de 2017, la tercera sala de la Corte Suprema acoge de manera unánime el recurso de apelación, revocando la sentencia de protección que dejó sin efecto las resoluciones dictadas por la Seremi de Salud que prohibieron el funcionamiento de la consulta profesional de la recurrente, desconociendo el título que posee para ejercer su profesión. De esta manera, reinstaura la prohibición dictada por la autoridad administrativa. Se considera que en tal actuar no hay ilegalidad, toda vez que la Seremi tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud. La falta de inclusión de la carrera de optometría en el Código Sanitario de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional.

El tribunal considera que no es factible atribuir a la Seremi ilegalidad alguna por su resolución, toda vez que aquella tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud, según lo dispone el artículo 178 del Código Sanitario. Esta atribución debe ser directamente relacionada con los antecedentes de hecho del caso, pues el servicio de su profesión constituía un riesgo inminente para la salud de las personas, estableciéndose que la consulta de optometría funcionaba dentro de la sala de ventas de una óptica, soslayando que lo hacía en otra parte del mismo local comercial. Con esto, y lo dispuesto en el artículo 126 inciso segundo del Código Sanitario, se puede descartar además la arbitrariedad de la conducta atribuida a la Seremi de Salud regional.

El tribunal entra a analizar, para hacer esta interpretación de la ley, el fin del artículo 126 del Código Sanitario, dictaminando que la prohibición de funcionamiento de consultas en el interior de establecimientos ópticos se hace aplicable a las consultas optométricas, toda vez que el optómetro es un profesional que puede medir la visión, detectar problemas y prescribir lentes correctivos.

El artículo 126 del Código Sanitario permite que en los establecimientos de óptica se abran locales destinados a la recepción y al despacho de recetas emitidas por profesionales relativas a lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente, estableciendo que en ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos. Esta normativa tiene claramente un fin preventivo relacionado con los conflictos de intereses que se pueden producir en un ámbito tan delicado como es la salud, puesto que resulta evidente que el interés que tiene el establecimiento óptico por vender sus productos no puede estar relacionado con la prescripción de aquellos por parte de los profesionales que se encuentren estrechamente relacionados con aquél.

Además, en atención a que en Chile tal carrera no se imparte por las Universidades chilenas nuestro Código Sanitario obvió su inclusión, pero aquello de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional. Esto, máxime si en virtud de la Convención sobre Canje de Títulos contenida en la Ley N° 3860, únicamente se exime a los optómetras colombianos de la obligación de convalidar estudios ante la facultad de medicina de la Universidad de Chile.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte de La Serena: La no renovación de una contrata de manera infundada atenta contra el principio de confianza legítima de la administración

Con fecha 14 de febrero de 2017, la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acoge el recurso de protección interpuesto por un funcionario contra el Instituto Nacional del Deporte, por no renovar su contrata mediante una resolución infundada. El tribunal considera que la resolución que no renueva la contrata que lleva 10 años en la Institución debe ser debidamente fundamentada. De otro modo, deviene en un acto arbitrario que contraviene el principio de confianza legítima, como ocurre en el caso.

La sentencia unánime del tribunal de apelaciones considera que al ser renovada durante 10 años la vinculación de funcionaria, al actor le asistió –al amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5, 8 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica– la confianza legítima de que sería recontratado para el año 2017. La confianza legítima se traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente. Es deber derivado del principio de la confianza legítima que los órganos de la administración del Estado actúen coherentemente, y en el caso de determinar una decisión distinta a la que han venido adoptando, dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de carácter positivo debidamente motivado a través del cual este se manifieste, justificado en hechos o circunstancias comprobables.

En concreto, parte de la arbitrariedad está en que el acto de notificación en que se indica al recurrente que no será nombrado para un nuevo período no aparece respaldado por un acto administrativo formal emanado de la autoridad superior del Servicio, precisamente porque el tal acto no existía todavía. Tal deficiencia en el proceder se intenta salvar mediante la posterior dictación de una Resolución por parte del Director Nacional en el que aparecen una serie de imputaciones, las que a esa fecha se encontraban abarcadas por un sumario administrativo recién iniciado, encontrándose pendiente la citación al recurrente a fin de que preste declaración ante la Fiscal instructor a cargo. Lo cierto es que ninguna de esas imputaciones —dada su gravedad— están comprobadas en la sede administrativa correspondiente, como tampoco en esta sede de protección, vale decir, al momento de la exoneración no se encontraban acreditadas con el resultado final del sumario administrativo, que el propio Director Nacional ordenó incoar para establecer las responsabilidades del caso sancionar al funcionario si fuere encontrado responsable, incluso con la destitución del cargo si resulta mérito para ello.

Adicionalmente, el Instituto transgrede la presunción de inocencia que asiste al funcionario, y se vulnera respecto de éste la garantía a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso primero de la Carta Fundamental, y por derivación se conculca también la prohibición de discriminación arbitraria aludida en el artículo 19 N° 2, inciso segundo, y la obligación del legislador de garantizar un procedimiento racional y justo, a que se refiere el artículo 19 N° 3 inciso sexto. Todo ello sobre la base de que el funcionario fue objeto de una exoneración irregularmente tramitada, principalmente porque además de que la notificación de exoneración no tenía causa jurídica (que se intentó sanear con una resolución tardía), esta fue basada en conjeturas sometidas a la investigación de un sumario administrativo recién iniciado y sin que conste en él acusación alguna emanada de la Fiscal a cargo, y menos una resolución sancionatoria de la autoridad competente, que pueda, por el momento, dar pie a la decisión de exonerarlo de la institución.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, si bien es cierto el artículo 20 de la Constitución no ofrece el recurso de protección respecto de todas y cada una de las garantías constitucionales, sí lo hace respecto de aquella que garantiza la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, entendida como el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar arbitrariamente entre ellas. En el caso particular, esto ocurre porque se ha aplicado al actor un procedimiento de exoneración apartado de las formalidades administrativas mínimas y sustentada en motivaciones que al momento de su concreción se apartaron de una ponderación objetiva y de la justificación necesaria que tal medida requiere, afectando la garantía señalada, anticipando la pena derivada de un sumario administrativo inconcluso.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte de Apelaciones revoca decisión de comisión médica y ordena que se realice transplante de médula a paciente GES

receta medicaLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección contra la orden a no recomendar la realización de trasplante al paciente dada por la Comisión de Coordinación Nacional de Trasplante de Médula Ósea de Adultos, por no estar incluido en el protocolo para tratar la enfermedad de la paciente recurrente y aduciendo falta de evidencia de utilidad existente. La recomendación de la Comisión incidió en la decisión definitiva de no trasplantar al paciente a través del Sistema Nacional de Salud. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado jueves 2 de Marzo, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones capitalina acogió la protección, ordenando que se realice el Trasplante Alogénico (TPH) –más conocido como transplante de médula– como tratamiento contra la Leucemia Mieloide Crónica Philadelphia en crisis blástica linfoide con mutación T315I, solicitado por los médicos tratantes. Según la corte, los fundamentos dados al interior de la misma, siendo concordados entre sí, demuestran lo débil de su razonamiento, sin que ninguno de ellos esboce alguna contraindicación de este tratamiento para el paciente.

Por otra parte, confrontada posteriormente la decisión con aquella que considera que debe efectuarse a la brevedad el referido trasplante, emitido por la doctora que atiende al paciente, opinión avalada por el Comité de Hematología del Centro Asistencial donde se encuentra el paciente, sumado a la anuencia de otros médicos, se da cuenta de que se hacen cargo de los fundamentos de la Comisión desestimándolos uno a uno, todos coincidentes en la necesidad de efectuar el trasplante. Así, la conclusión a la que llega la recurrida es arbitraria por falta de argumentos razonables que justifiquen privar a un paciente del único tratamiento que le queda disponible para poder sobrevivir a la grave enfermedad que lo aqueja.

Razonando sobre el hecho de que la decisión de hacer o no el trasplante obedece a una cuestión propia de la lex artis, el tribunal considera que aun así ello no escapa al control del órgano judicial en orden a revisar la razonabilidad de una decisión que incide directamente en la expectativa de vida de una persona, teniendo para ello como parámetro la opinión de todos los profesionales médicos que han emitido opinión para el caso.

En tal sentido, no resulta razonable para el paciente ni para su familia que el Sistema de Salud Nacional prive de la opción de efectuar un trasplante porque dicha intervención no está dentro de un protocolo, máxime si por los dichos de los profesionales médicos que participaron en la discusión dicho protocolo no se encuentra actualizado y que sólo se ha debatido el tema porque existe un caso que requiere dicho tratamiento. Tampoco es razonable que se deniegue el trasplante porque existe poca evidencia de utilidad, en circunstancias que los mismos médicos están contestes en que estos casos son poco frecuentes. En consecuencia, si estos padecimientos son aislados y cuando se presentan el Sistema de salud no hace el trasplante, nunca entonces se logrará la evidencia para la inclusión del tratamiento dentro del referido protocolo, al menos en Chile.

El tribunal, de esta manera, concluye que la decisión de la recurrida atenta contra la Ley Nº 19.966, que en su artículo 2° dispone que las GES «serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan». En efecto, la ley se incumple si pese a que la enfermedad del paciente está garantizada en su atención, no se le provee del único tratamiento que queda por otorgar ante la enfermedad que padece.

Siendo, una decisión arbitraria e ilegal, ella atenta contra el derecho a la vida y a la integridad psíquica de la paciente, pues si bien su vida está en peligro por la enfermedad que sufre, no es menos cierto que al privarle de la opción de un tratamiento que puede ayudarle a sobrevivir y menguar el peligro subyacente perturba gravemente estas garantías constitucionales. La Corte, en tal sentido, se encuentra en el imperativo Constitucional de brindar la cautela requerida y disponer la adopción de todas las medidas médicas necesarias para llevar a cabo el trasplante propuesto por el equipo médico que atiende al paciente dentro del Plan Auge.

Corte de Apelaciones la Serena rechaza recurso de protección por construcción de centro comercial Paseo Balmaceda

Corte La SerenaLa Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto por vecinos de la comuna en contra del secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, por la aprobación del estudio de transporte urbano del proyecto de construcción del centro comercial Paseo Balmaceda, en julio pasado.

En fallo unánime (causa rol 2085-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada  –integrada por los ministros Humberto Mondaca, Marta Maldonado y el fiscal judicial Miguel Montenegro–  rechazó la acción cautelar por considerar que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones legales.

«(…) lo concreto y no lo supuesto como quiere anticiparse los recurrentes, es que mediante el ya citado oficio ordinario N°754, de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el Señor Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Región de Coquimbo, se comunicó la aprobación EISTU del Centro Comercial Paseo Balmaceda y que contempla 590 estacionamientos, aprobación que queda condicionada al cumplimiento de acciones y medidas de mitigación, las que se consignan a su vez en el Informe de Factibilidad Técnica de Medidas de Mitigación del EISTU, esto es del Estudio de Impacto sobre Transporte Urbano, acciones y medidas de mitigación de corte técnico que no corresponde en este recurso determinar si adolecen o no de defectos, bastando sólo constatar que se cumplió con la legalidad», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «igualmente cabe concluir que la recurrida no ha conculcado la garantía constitucional consistente en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que tampoco se logra atisbar respecto a la manera en que la autoridad haya incurrido en una arbitrariedad e ilegalidad que traiga consigo la contaminación del medio ambiente».

Por lo que, concluye: «se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por los recurrentes, ya individualizados, en contra del Secretario Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, don Oscar Pereira Peralta».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones de Valparaíso confirma sentencia que condenó a oftalmólogo por discriminación arbitraria

Corte-de-Apelaciones-de-Valparaiso-pjud.cl_La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó -el pasado viernes 3 de febrero- la sentencia recurrida, que condenó al oftalmólogo Carlos Daniel Schiappacasse Maturana, por discriminación arbitraria de la asesora del hogar Patricia Valdebenito Vargas, a quien intentó sacar de un ascensor del edifico Atlantis, el 26 de septiembre de 2015.

n fallo unánime (causa rol 1885-2016) la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Carolina Figueroa, Rosario Lavín y el abogado (i) Hugo Fuenzalida– confirmó la sentencia dictada el 26 de agosto de 2016 por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, que condena al facultativo a cancelar una multa a beneficio fiscal de 30 UTM (unidades tributarias mensuales).

«Que la parte demandada, esto es, Carlos Daniel Schiappacasse Maturana, al evacuar su informe reconoce que instó a doña Patricia Valdebenito Varas a bajarse del ascensor de mala forma, para luego proceder a sacar a la fuerza al perro e intentar hacer lo mismo con la parte demandante, quien se resistió a ello, aconteciendo que resulta fuera de dudas que la parte demandada identificó claramente a la parte demandante como una Asesora del Hogar», estableció el fallo confirmado.

La resolución de primera instancia agrega que la actitud del demandado «(…) involucra una perturbación en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República, en especial el consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Magna, esto es el de igualdad ante la ley»

El fallo concluye que «se declara que la parte demandada ha incurrido en una discriminación arbitraria respecto de la Asesora del Hogar, doña Patricia Angélica Valdebenito Varas, aplicándosele a don Carlos Daniel Schiappacasse Maturana una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales, a beneficio fiscal».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: mantener información de una persona sobreseída en el Sistema de Apoyo de Fiscales constituye una vulneración a su honra

fiscaliaLa Corte Suprema acoge la apelación, revocando la sentencia de protección rechazada interpuesta contra el Fiscal Regional por mantener indefinidamente en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), los datos de una persona -en su calidad de imputada- por un delito del cual fue sobreseída. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 15 de diciembre, la tercera sala del máximo tribunal acoge la apelación y resuelve que el Fiscal Regional de Valparaíso deberá eliminar del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) los datos personales de la recurrente en su calidad de imputada en la investigación.

El tribunal considera que, no existiendo norma legal alguna que autorice la mantención indefinida de los datos de investigación que involucró a la recurrente y que culminaron mediante su sobreseimiento, no cabe duda que la mantención de los mismos después de haber transcurrido alrededor de cinco años desde la dictación del sobreseimiento definitivo configura un acto ilegal y además arbitrario, que lesiona el derecho a la honra y a la privacidad de quien acciona por esta vía vulnerándose con ello la garantía constitucional contemplada por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Razonando en términos más generales, se considera que

no cabe sustraer al Ministerio Público de la normativa contenida en la Ley N° 19.628 sobre Tratamiento de Datos Personales, particularmente de lo consagrado en su Título IV que regula el tratamiento de datos por los organismos públicos.Específicamente, en el artículo 20 de este apartado se autoriza genéricamente a los órganos públicos para proceder al tratamiento de datos personales en la medida que ella se verifique en el ámbito de sus competencias «y con sujeción a las reglas precedentes». Se añade que de cumplirse estos parámetros no es necesaria la autorización del titular.

Es relevante resaltar que el artículo 21 regula la situación particular de los datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, que no pueden ser comunicados una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena, a excepción de que sean requeridos por los tribunales de justicia u otros órganos públicos en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, el texto nada dice en relación a la resolución que sobresee definitivamente la causa en virtud de lo dispuesto por el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, situación que describe la recurrente, de lo que es posible inferir que las resoluciones condenatorias o sancionatorias son las que cabe mantener disponibles para el eventual requerimiento de los tribunales y otros órganos, sin que se desprenda del marco normativo analizado justificación alguna para guardar indefinidamente el registro del SAF.

El fallo contempla dos votos disidentes que ofrecen distintas fundamentaciones para no acoger la protección, la primera de la Ministra Sra. Egnem y la segunda de de la Ministra Sra. Sandoval.

La disidencia de la Ministra Egnem estima que no aparece que los datos de la causa hayan sido o puedan ser difundidos o comunicados fuera del ámbito del conocimiento de los Fiscales que acceden al SAF, estando estrictamente regulada la privacidad del contenido de la investigación, además de lo previsto por el artículo 182 del Código Procesal Penal, en el Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público, que rige a los fiscales. En esta última normativa, el artículo 33 N° 9 incluye expresamente la obligación de guardar secreto en relación a los datos o información de que estos funcionarios tomen conocimiento con ocasión de su cargo.

Lo dicho, estima la disidente, es sin perjuicio de considerar similares disposiciones de reserva en asuntos de violencia intrafamiliar o similares, en la Ley N° 19.628 , todo lo cual lleva a concluir que no se divisa amagada la garantía constitucional invocada en el recurso, del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, que otorga cautela frente a la comunicación indebida y divulgación de datos personales que integran el entorno de privacidad de una persona, así como tampoco se aprecia la vulneración del derecho contenido en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental.

La disidencia de la Ministra Sandoval, en cambio, considera que el ‘listado de causas SAF’ no reviste el carácter de secreta, ya que la misma se limita a señalar, respecto de cada causa, los siguientes datos: tipo de sujeto, nombre de éste, nombre del caso -el delito de que se trata-, fiscalía, fiscal asignado, fecha de la denuncia y recepción y el estado del caso -vigente o terminado-. Esto claramente constituye una información genérica, a la que se puede acceder incluso a través del portal del Poder Judicial. En este sentido, la norma del inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República consagra, como regla general, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del estado, salvo las excepciones establecidas por una ley de quorum calificado, estableciéndose similar disposición en el artículo 8 inciso 4° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N° 19.640. En efecto, no existe norma alguna que, de manera excepcional, califique de secreta o reservada la información tantas veces referida.

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Segunda Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. En esta segunda parte destacamos otras sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron el año.

DERECHO PENITENCIARIO

Comunera Mapuche engrillada durante el parto

embarazoEn noviembre, Gendarmería incurrió en un grave caso de abuso en lo que la Corte Suprema consideró una «confluencia de factores entrecruzados de discriminación», al mantener engrillada a la camilla del hospital  a una comunera mapuche presa mientras tenía trabajos de parto, estando además vigilada por personal de la institución. Según el tribunal supremo, hubo discriminación se dio por ser mujer, indígena, madre y presa.

Consulte:

lala

EDUCACIÓN

Universidades y estudiantes: una relación contractual

estudianteEste año las cortes han visto un cambio importante en el tratamiento de las universidades. Con anterioridad existía un criterio bastante extendido –tanto en sentencias civiles como constitucionales– que consideraba que la relación entre estudiante y Universidades no eran una relación meramente contractual, restringiendo la aplicación de cláusulas contractuales o reglamentos disciplinarios. Sin embargo, últimamente se ha considerado un criterio más contractual para evaluar estas relaciones.

Consulte:

LEY ZAMUDIO Y DISCRIMINACIÓN

Género y Derecho: paulatimente tomando importancia

no_discriminacionSi bien no hay un criterio unívoco aún, los tribunales en distintas sedes han mostrado una gran apertura para revisar causas que involucren discriminación de género en diversas instancias.  Entre algunos de los fallos destacados ,

Consulte:

DESAFUEROS

Delitos económicos e injurias

gaspar-rivasEn una pauta noticiosa marcada por casos de corrupción y enfrentamientos verbales entre autoridades, este año la Corte Suprema ha resuelto importantes desafueros contra parlamentarios de la República,

 

Consulte:

  • En fallo dividido, el pleno de la Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero en contra del Senador Jaime Orpis por delitos reiterados de cohecho, lavado de dineros, fraude al Fisco, y fraude tributario.
  • Por unanimidad, se acoge el desafuero del Diputado Gaspar Rivas contra el empresario Andrónico Luksic por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social.

CONSTITUCIONAL

Inaplicabilidad de Ley Emilia

automovil choque daños accidente de transitoEn el mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito, modificación introducida por la Ley N° 20.770 –más conocida como Ley Emilia–, considerando que la prohibición atentaba contra los principios de legalidad, de proporcionalidad, de resocialización y de humanización.

Consulte:

Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito.

lala

CONSUMIDORES

Publicidad de letra chica

firmaEn derecho de protección al consumidor, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación ratificando la multa contra la empresa Cencosud, al considerar que la publicidad efectuada por la empresa en un diario de circulación nacional se realizó con uso de letra ilegible e incompresible para el consumidor medio.

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Primera Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. A partir de esta nota,  comenzaremos a destacar de forma no exhaustiva algunas sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron este año.

lalala

GLOBOS DE VIGILANCIA

Relación entre seguridad y privacidad

globoA principios de año, las Municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea implementaron un sistema de cámaras de vigilancia en globos en la comuna. Vecinos y organizaciones ciudadanas recurrieron de protección frente a este plan, reclamando que a través de él se vulneraban los derechos de la privacidad, al abarcarse tanto espacios públicos como privados en la vigilancia.

Consulte:

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PERSONAL A CONTRATA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Aplicación de normativa laboral

Funcionarios JudicialesDesde finales del año pasado, y durante todo este año, se ha dado un vuelco jurisprudencial importante relacionado con el estatuto que se le reconoce a distintos grupos de funcionarios públicos, en los cuales la Corte Suprema ha optado por la aplicación del régimen del Código del Trabajo.  A continuación, algunos fallos relevantes.

Consulte:

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RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS 

Multitienda responsable por mantener a clientes en Dicom 

deudoresDurante el mes de octubre, la Corte Suprema respaldo criterio de la sentencia que acogió la demanda colectiva llevada adelante por Sernac a causa de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito con la casa comercial. La Corte consideró que al firmar el convenio de pago entre la empresa y los clientes –existiendo en ellos la legítima expectativa de salir del registro de morosidad– se produce una novación, en la cual se extingue la primitiva deuda y surge una nueva.

Consulte:

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PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, CAMBIO JURISPRUDENCIAL

Presentación de la demanda interrumpe la prescripción

codigo civilEl 31 de mayo del presente año, la cuarta sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en juicio sumario sobre acción reivindicatoria especial del Decreto Ley 2695, rechazando la excepción de prescripción interpuesta en segunda instancia. Modificando un criterio jurisprudencial de larga data, el fallo comenta que (…) «es tiempo de variar el criterio mayoritario que ha sostenido que la interrupción de la prescripción requiere la presentación de la demanda y además su notificación aún devengándose el plazo de prescripción.Esta posición doctrinal y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la prescripción que sanciona el descuido, desidia y negligencia de quien detenta un derecho y en cambio privilegia una interpretación que no tiene asidero en los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código Civil».

Consulte:

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INTERNET

Rechazo del derecho al olvido

google

Mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca incorporar el derecho al olvido al ordenamiento nacional, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el sitio web El Mercurio Online, y contra el buscador Google por existir una noticia en la que se asociaba el nombre del recurrente a un delito, por el cual el mismo ya cumplió la pena. El tribunal capitalino estimó que el derecho al olvido no existe en la legislación nacional, ni tampoco ha sido incorporado por la jurisprudencia, por lo que no puede existir como un derecho alegable ante tribunales. Apelada la sentencia,  la Tercera sala de la corte Suprema, confirmó lo resuelto en resolución de fecha 22 de noviembre de 2016.

Consulte:

Poder Judicial usa redes sociales para notificar en procedimiento de Protección Constitucional

facebook2En una decisión inédita, la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió –el martes 6 de diciembre recién pasado– notificar una resolución judicial a través de las redes sociales oficiales del Poder Judicial, resguardando el debido proceso y el derecho de las partes a ser oídas.

La resolución (causa rol 846-2016) fue tomada por la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Julio Kompatzki, Darío Carreta y Marcia Undurraga–, tras constatar las dificultades para notificar a Habit Ruth Santander Calcumir de la demanda interpuesta en su contra por una eventual vulneración de garantías constitucionales en la que habría incurrido, al haber publicado a través de Facebook, expresiones peyorativas en contra de la demandante.
Tras ser acogido a trámite el recurso de protección presentado por Edith Semper Barría, el pasado 7 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a Carabineros concurrir hasta el domicilio de Santander Calcumir, ubicado en un alejado sector rural de Lago Ranco, para notificarla; sin embargo, tras varios intentos, solo se logró entregar la notificación a parientes de Santander Calcumir.
«Esta resolución busca respetar el debido proceso, lo cual implica que todas las partes deben ser oídas y para que ello ocurra, estas deben ser notificadas. En este caso, ha sido complejo notificar a la demandada, por lo que se ha optado por un medio electrónico para la notificación, tal como lo faculta la ley, en este caso Facebook, para que la parte contraria pueda formular las observaciones que estime pertinente, en el contexto de la causa que la afecta», explicó el vocero de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ministro Darío Carretta, quien agregó que: «Esto con la finalidad que la Corte pueda tener mejores antecedentes para emitir una resolución basada en el mérito de las pruebas proporcionadas por ambas partes».
Recurrir a la red social para notificar, según el ministro vocero, «permite agilizar la tramitación de un proceso, para que, en el más corto plazo, se dicte una sentencia que venga a resolver la contienda que enfrenta a las partes».
En la inédita resolución se consigna que: «(…) previo a la vista de la causa y siendo indispensable para asegurar el derecho de la recurrida a ser oída y de acuerdo a los dispuesto en los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de lo resuelto el día dos de diciembre de dos mil dieciséis, se decreta que la recurrida deberá ser notificada de la presente acción constitucional por la vía más efectiva, en particular mediante la red social que dio origen al recurso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo tercero inciso final del Acta N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema».
(Fuente: Poder Judicial)
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