Juzgado de Letras del Trabajo de Talca condena a consorcio por prácticas antisindicales y ordena el reintegro de trabajadores

construcciónEl Juzgado de Letras del Trabajo de Talca acogió denuncias por práctica antisindical y ordenó al Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A., reintegrar a los trabajadores con fuero sindical, Mauricio Jiménez Morales y Alexis Villalobos Alvarado, despedidos ilegalmente.

El fallo (causa rol 6-2016), dictado por el magistrado Jaime Cruces Neira, acogió las denuncias por práctica antisindical deducidas en procedimiento de tutela laboral, tras establecer que la parte demandada «incurrió en actos constitutivos de práctica antisindical por su negativa a proceder al reintegro de los directores sindicales amparados por fuero sindical».

«Que la denunciada deberá cesar de inmediato con la conducta constitutiva de practica antisindical referida anteriormente y, conforme al artículo 292 del Código del Trabajo, deberá proceder al inmediato reintegro de los trabajadores señores Mauricio Jiménez Morales y Alexis Villalobos Alvarado, dentro de 5° día, a las 09.00 horas, encargándose la práctica de dicha diligencia a un fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Talca, facultándose desde ya el auxilio de la fuerza pública para ello y de ser estrictamente necesario», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Asimismo, deberá dentro de 5° acreditar ante este tribunal, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones adeudadas a los trabajadores ya señalados, todo lo anterior bajo apercibimiento de aplicarse multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales».

«Que atendida la entidad de la conducta y lo dispuesto en el inciso 1° del citado artículo 292, se aplica a la denunciada una multa de ciento cincuenta unidades Tributarias Mensuales, conforme a lo indicado en el motivo Décimo Quinto», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Suprema acoge recurso de casación en reclamo de ilegalidad por construcción de Mall Plaza Barón

valparaiso cerro concepcion patrimonio tradicionalMáximo Tribunal del país determinó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por ministros habilitados, proceda a conocer y emita pronunciamiento sobre el fondo del reclamo de ilegalidad presentado por un grupo de vecinos, en contra de la Dirección de Obras Municipales (DOM) por otorgar permiso de edificación del proyecto Mall Plaza Barón de Valparaíso.

En fallo unánime, la Tercera Sala del  de la Corte Suprema, integrada por los ministros Pierry, Egnem, Sandoval, Valderrama y el abogado (i) Matus, acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por falta de legitimación de los recurrentes.

La resolución del máximo Tribunal establece que las decisiones adoptadas por la DOM son recurribles tanto ante el seremi de la Vivienda y Urbanismo, como el alcalde respectivo.

En su sentencia, sostiene la Corte Suprema que «un correcto análisis normativo permite concluir que los actos del Director de Obras son reclamables por una doble vía: a) Administrativa ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo respectivo a través del ejercicio de la acción de los artículos 12 y 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; y b) Jurisdiccional, que se inicia con una etapa administrativa previa ante el Alcalde y culmina con la presentación del reclamo en sede judicial conforme lo establece el artículo 151 de la Ley N° 18.695. La anterior interpretación no sólo tiene su origen en el texto de la ley, que claramente deja a salvo la opción del interesado quien «puede» optar por la vía administrativa contemplada en el artículo 12 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que además se impone por cuanto las personas que se sienten afectadas por ilegalidades de la Administración, tienen el derecho a obtener tutela jurisdiccional efectiva, cuestión que en el caso concreto se materializa con el ejercicio de la acción contemplada en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, contencioso administrativo especial previsto por el legislador para tales fines, objetivo que no se logra con la reclamación del mencionado artículo 12, toda vez que ésta solo contempla una revisión por parte de la Administración. Así, el afectado por lo resuelto por un Director de Obras se enfrenta a la posibilidad de iniciar dos reclamos, no estando obligado a optar por alguno de ellos, pues se trata de dos acciones, una claramente jurisdiccional, que corresponde a aquella intentada en autos, y otra administrativa, sin que una de ellas excluya a la otra, por lo que ninguna de las dos autoridades puede negarse a conocer de la que se dedujo, pudiendo incluso ambas resolver lo que sea pertinente en derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento administrativo».

A partir de lo cual, el máximo Tibunal agrega que «de acuerdo a lo expuesto, resulta entonces que el recurso ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo contemplado en el artículo 12 es un recurso administrativo, distinto del recurso de reposición o jerárquico; es un recurso especial que se denomina «recurso de tutela», que incide en lo que hemos explicado como control de supervigilancia o tutela. De todo ello se desprende inequívocamente que el reclamo de ilegalidad municipal que se interpone contra actos del Alcalde o de sus funcionarios, se refiere a los actos de todos los funcionarios municipales que forman parte de su estructura, incluido el Director de Obras».

Con respecto a la legitimación de los reclamantes, la Tercera Sala de la Corte Suprema, señala que «(…) es trascendente, toda vez que el reclamo de ilegalidad municipal constituye un ejemplo preciso de la acción de nulidad o «recurso por exceso de poder» de la doctrina del derecho administrativo, y no un recurso de plena jurisdicción, lo que determina que para tener legitimación activa no sea necesario invocar un derecho subjetivo lesionado, sino que basta con tener un interés legítimo. En este escenario, se debe atender al texto de lo establecido en el artículo 151 de la Ley N° 18.695. En efecto, cabe destacar que la letra a) de la disposición en estudio otorga la acción a «cualquier particular», contra actos que «afecten el interés general de la comuna», dentro del plazo de treinta días desde la fecha de publicación del acto impugnado, tratándose de resoluciones. Por otra parte, la letra b) del mismo artículo, otorga idéntica acción al «particular agraviado», dentro del mismo plazo, contado desde la notificación».

En su sentencia agrega que»(..) es por lo expuesto que se ha señalado que el artículo 151 de la Ley N° 18.695, en su letra a) establece una especie de acción popular, pues en definitiva, cualquier particular puede impetrar la tutela jurisdiccional ante actos que afecten los «intereses generales de la comuna». Ahora bien, según se verá a continuación no es completamente una acción popular por cuanto se exige que exista una vinculación mínima entre quién acciona y el objeto del juicio, que está dada por un interés legítimo. En este orden de ideas, se debe señalar que lo trascendente es que, como se señaló, el interés legítimo para interponer la acción en estudio no se identifica con un derecho subjetivo lesionado. El interés legítimo en la anulación es un concepto que puede abarcar tanto la afectación directa, determinante y grave del recurrente como aquellas hipótesis de afectación disminuida, pero requiriéndose siempre que ella exista. Así la doctrina recurre a la teoría de los círculos de intereses, la cual señala que, en función de cada categoría de actos, se debe determinar cuáles son los «círculos de personas interesadas», para luego establecer cuáles círculos deben ser considerados como suficientes, excluyendo aquellos muy lejanos».

A continuación, se concluye que «así, se entiende que constituyen intereses legítimos por ejemplo los que tienen las personas respecto de normas urbanísticas o normas medioambientales, que justamente corresponde a lo que se está discutiendo en el caso de autos, puesto que en definitiva lo que se requiere es que el acto «le afecte de alguna forma» para efectos de determinar la existencia de un interés legítimo, que es exigido en el caso de la letra a) del artículo 151 de la Ley N° 18.695. Lo relevante es que la acción de que se trata puede ser interpuesta por cualquier particular que tenga relación, conexión o vinculación con la comunidad que es destinataria de la resolución recurrida o a la cual afecta la ausencia de actividad municipal –en otras palabras, que pertenezca al «círculo de intereses suficientes»-, exigencia que se desprende de la propia redacción del precepto, al disponer que el particular actúe en pos del interés general de la comuna, siendo, entonces, el formar parte de la comunidad local el mínimo interés necesario para interponer el reclamo de ilegalidad fundado en el literal a) del artículo 151 ya señalado».

(Fuente: Diario Constitucional)

Sala se pronunciará sobre norma que establece un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción

Construcción inmobiliaria medioTras escuchar a todos los actores relacionados y revisar ampliamente las indicaciones presentadas al mensaje, la Comisión de Vivienda y Urbanismo despachó a Sala, en particular, las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.

PRINCIPIOS APLICABLES

La normativa establecería que los siguientes principios serán aplicables:

  • Universalidad, todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados deberán mitigar y/o aportar conforme las reglas de este título.
  • Proporcionalidad, las mitigaciones deberán ser equivalentes a las externalidades efectivamente generadas por el proyecto y no se harán cargo de los déficits históricos de infraestructura. Los ajustes se ajustarán a la densidad y el destino del proyecto.
  • Predictibilidad, las mitigaciones y aportes se calcularán según métodos objetivos y en base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados. La administración velará porque puedan conocerse en forma oportuna las  obras y aportes que se exigirán.
DE LAS MITIGACIONES DIRECTAS

Los proyectos que conlleven crecimiento urbano por extensión o por densificación y ocasionen impactos relevantes sobre la movilidad local deberán mitigarlos a través de la ejecución de medidas relacionadas con la gestión e infraestructura del transporte público y privado y los modos no motorizados, y sus servicios conexos, entendiendo que esto incluye soluciones como las siguientes: pistas exclusivas para buses, terminales, paraderos, semaforización, señalización, habilitación de ciclovías y mejoramiento y adecuación a la vialidad, entre otros.

DE LOS APORTES AL ESPACIO PÚBLICO

Los proyectos que conlleven crecimiento urbano por densificación deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley., directamente, o a través de un aporte equivalente al avalúo fiscal del porcentaje de terreno de ceder a la municipalidad respectiva, para las finalidades y en la forma que se establecen en los artículos siguientes. Los aportes se ajustarán a la densidad y al destino del proyecto en la forma que disponga la Ordenanza General.

Cada Municipio elaborará un plan comunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, el que contendrá una cartera de proyectos, obras y medidas incluidas en los instrumentos de planificación territorial existentes o asociadas a estos.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de Ley, Boletín Nº 8493-14.

Ley N° 20.898, establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción

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Este jueves 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 20.898 que “Establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción”, cuyos preceptos entraron en vigencia al momento de su publicación en el Diario Oficial. A continuación se reseñan los puntos más relevantes.

Consulte texto completo de la ley Nº 20.898.

La Ley establece, posterior a su publicación, un plazo de tres años para regularizar las edificaciones definitivas y modificaciones realizadas en pequeña propiedad raíz, tanto para efectos de habitación como para comercio.

En efecto, cada uno de sus títulos se refiere a un tipo específico de propiedad contemplado en la ley: el título I se refiere a “Regularización de Viviendas”; el título II a “edificaciones destinadas a Microempresas Inofensivas o Equipamiento Social”; y el título III contempla el caso especial de “Regularización de viviendas financiadas con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010”.

Requisitos

Para poder acceder al procedimiento simplificado, la ley exige cumplir con los siguientes requisitos:

  • Haber sido construidas antes de la publicación de esta ley.
  • No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial.
  • No tener, a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la dirección de obras municipales o el juzgado de policía local respectivo.
  • Cumplir con las normas específicas de edificación que se indican para cada uno de los casos, dirigidas a garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, aplicables también a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas.
  • Tener una superficie edificada:
    • De los títulos I y III: que no exceda de 90 metros cuadrados para sus recintos habitables, incluidos baños y cocina.
    • Que no exceda de 140 metros cuadrados, para sus recintos habitables, incluidos baños y cocina, siempre que su avalúo fiscal no supere las 2.000 UF, emplazadas en áreas urbanas y rurales, salvo, en este último caso, que las viviendas se hubieren construido en subdivisiones aprobadas conforme al decreto ley N° 3.516, del Ministerio de Agricultura, promulgado y publicado el año 1980.
    • Del título II: inferior o igual a 250 metros cuadrados, tratándose de las microempresas inofensivas, o inferior o igual a 400 metros cuadrados, en el caso de los equipamientos sociales.
  • Para los casos de los títulos I y III: Tener un avalúo fiscal, acreditado con el certificado otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, de hasta 1.000 UF.
  • Para el caso de las viviendas financiadas con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, se exige adicionalmente:
    • Corresponder a proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por los respectivos SERVIU o proyectos de viviendas tipo aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
    • Estar emplazadas en las zonas de catástrofe declaradas por el decreto supremo N° 150, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2010.
    • Haber sido destinadas a una persona inscrita en el listado de damnificados de esa catástrofe que elaboró el Ministerio del Interior.
    • Haber obtenido el pago del subsidio en base a un certificado del Departamento Técnico del respectivo SERVIU que acredite la ejecución completa de las obras conforme al proyecto aprobado.

Regularización

El procedimiento de regularización exige la presentación, ante la dirección de obras municipales respectiva, de una solicitud de permiso y recepción simultánea (o recepción final en los casos de viviendas con permiso de edificación) en favor del propietario, con una declaración en la que señale ser el titular de la propiedad, junto a un croquis o un plano que describa el emplazamiento según las exigencias de cada título. Se deberá acompañar, además, un informe de arquitecto o profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas para cada caso.

Luego de presentada la solicitud, la ley contempla un plazo para que la dirección de obras respectiva revise el cumplimiento de las normas urbanísticas pertinentes (90 días para las del título I, 180 para las del título II y 30 para las del título III), tras el cual debe otorgar el certificado de regularización, si fuere procedente.

Entrada en vigencia

La ley no establece modalidad de entrada en vigencia, por lo que debe entenderse que su vigencia corre desde el momento de su publicación. Su duración depende del caso al que se aplique: tanto el artículo 1 como el artículo 3 (título I y II respectivamente) establecen un “plazo de tres años contado desde la publicación de esta ley”, mientras que el artículo 9 (es decir, el título III) establece un “plazo de dos años contado desde la publicación”.

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