Corte Suprema: no se dan por establecidos los elementos ni el desequilibrio de poder negociador para que haya un contrato de adhesión

Con fecha 2 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, en juicio ordinario sobre indemnización de perjuicio por infracción al derecho del consumidor por estimarse que el contrato de promesa de compraventa realizado con una inmobiliaria no es de adhesión. Para decidir esto, el tribunal considera que se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa suscrito con la inmobiliaria fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales. Sin embargo, no se prueba ni esto, ni un desequilibrio de poder negociador que permitiría imponer estas cláusulas.

La sentencia unánime considera que para que sea aplicable la norma que permite al consumidor recurrir siempre a la justicia ordinaria debe tratarse en el caso de un contrato de adhesión. En efecto, el artículo 16 de la Ley 19.946 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se ubica en el párrafo 4° del Título II, titulado «Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión». Por lo demás, el inciso que inicia el artículo 16, que determina el ámbito de las reglas, se refiere expresamente a los contratos de adhesión. Sin embargo, el demandante no puede demostrar que existe un contrato de adhesión, por lo que para resolver cualquier conflicto del contrato corresponde se debe ejecutar la cláusula de arbitraje y no recurrir a la justicia ordinaria, como permite la ley.

El demandante ha fundado su alegación de que el contrato de promesa de compraventa es de adhesión en la circunstancia que habría sido redactado por la Inmobiliaria demandada, y en que existen varios contratos del mismo tipo celebrados por ella con otros promitentes compradores en los que la competencia queda radicada en los tribunales ordinarios, mientras en otros se radica ante el juez árbitro, lo que en su concepto demostraría que la cláusula de competencia queda entregada al arbitrio de la demandada. Tales postulados resultan insuficientes para evidenciar que en la promesa de venta de que se trata el consentimiento se haya formado mediante la sola aceptación expedida por el actor, de las condiciones dispuestas por la demandada.

Por regla general la compraventa de un inmueble es (y lo propio puede sostenerse de una promesa de compraventa, si se mantuviere la aplicación de estas reglas a ella) un contrato de libre discusión en el que las partes debaten y estipulan libremente su contenido. Por otra parte, si bien la doctrina reconoce que los contratos de adhesión pueden presentarse no sólo en aquellas situaciones en que hay condiciones generales de contratación o estandarización contractual, sino también en una convención aislada entre dos sujetos (donde la oferta no tendrá las características ni de generalidad ni de permanencia, y probablemente tampoco de minuciosidad, caracteres comúnmente pedidos para la adhesión), en todo caso debe estar presente un rasgo que se tiene por decisivo para calificar la adhesión: el desequilibrio del poder negociador de los contratantes.

En tal sentido, se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales: en particular, las relativas a la cosa, el precio, la forma de pago, y al plazo o condición que fija la época de celebración del contrato prometido en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1554 del Código Civil. Además, ciertamente debió demostrarse la presencia de elementos constitutivos de aquel desequilibrio del poder negociador que constituye el contrato por adhesión.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Colusión del papel Tissue: Juzgado suspende audiencia de conciliación por acuerdo de compensación a consumidores

PapeLHasta las dependencias del 10 juzgado civil de Santiago llegaron cerca de las 8.30 de esta mañana representantes de Conadecus, CMPC y el Sernac, para ratificar el acuerdo de enero de este año, que implica una compensación de alrededor de $7 mil para todos los chilenos mayores de 18 años por la colusión en el mercado de productos de papel tissue que se llevó a cabo  por al menos 10 años entre la empresa y SCA Chile.

Sin embargo, y tras una hora en la sala, las partes salieron sin ratificar el acuerdo, debido a que el Sernac se presentó como notificado y no como parte.

“En esta ocasión hemos entregado los antecedentes del acuerdo conciliatorio o acuerdo extrajudicial que se llevó a cabo a través de la mediación del Sernac. El Sernac ha concurrido en calidad de notificado pero no como parte y en este caso la Papelera ha solicitado también que el Sernac, para poder llegar a un acuerdo, tiene que ser parte, ese es un trámite que está pendiente, que debe hacerse y mañana hay una nueva reunión para poder tratar de acordar esta situación”, explicó Hernán Calderón, presidente de Conadecus.

El dirigente agregó que “lo que nosotros estamos manifestando es que este juicio es donde se debe conciliar porque esta es la demanda colectiva que está en proceso y que ya lleva más de un año y, en consecuencia, nosotros lo que estamos diciendo es que para poder avanzar necesitamos que las instituciones vayan tomando las decisiones adecuadas para poder llegar al acuerdo y poder compensar a los consumidores lo más rápidamente posible”, agregó.

En tanto el director subrogante del Sernac, Andrés Herrera, dijo que en la audiencia no se ratificó el acuerdo, ya que tanto ellos como CMPC consideraron que “faltan una serie de formalidades que se cumplan respecto del acuerdo marco”.

“Tenemos mañana una reunión acordada de antemano con todas las partes involucradas, para efectos de elegir la mejor opción procesal para validar y ratificar este acuerdo”, añadió.

Además, un recurso judicial presentado por SCA ante la Corte de Apelaciones , que busca impugnar la competencia de este tribunal, y una reclamación ante la misma Corte por parte de CMPC, que apunta a la prescripción de la causa, serían también las razones que habrían llevado a las partes a no firmar el acuerdo.

(Fuente: La Tercera)

 

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Segunda Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. En esta segunda parte destacamos otras sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron el año.

DERECHO PENITENCIARIO

Comunera Mapuche engrillada durante el parto

embarazoEn noviembre, Gendarmería incurrió en un grave caso de abuso en lo que la Corte Suprema consideró una «confluencia de factores entrecruzados de discriminación», al mantener engrillada a la camilla del hospital  a una comunera mapuche presa mientras tenía trabajos de parto, estando además vigilada por personal de la institución. Según el tribunal supremo, hubo discriminación se dio por ser mujer, indígena, madre y presa.

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EDUCACIÓN

Universidades y estudiantes: una relación contractual

estudianteEste año las cortes han visto un cambio importante en el tratamiento de las universidades. Con anterioridad existía un criterio bastante extendido –tanto en sentencias civiles como constitucionales– que consideraba que la relación entre estudiante y Universidades no eran una relación meramente contractual, restringiendo la aplicación de cláusulas contractuales o reglamentos disciplinarios. Sin embargo, últimamente se ha considerado un criterio más contractual para evaluar estas relaciones.

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LEY ZAMUDIO Y DISCRIMINACIÓN

Género y Derecho: paulatimente tomando importancia

no_discriminacionSi bien no hay un criterio unívoco aún, los tribunales en distintas sedes han mostrado una gran apertura para revisar causas que involucren discriminación de género en diversas instancias.  Entre algunos de los fallos destacados ,

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DESAFUEROS

Delitos económicos e injurias

gaspar-rivasEn una pauta noticiosa marcada por casos de corrupción y enfrentamientos verbales entre autoridades, este año la Corte Suprema ha resuelto importantes desafueros contra parlamentarios de la República,

 

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  • En fallo dividido, el pleno de la Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero en contra del Senador Jaime Orpis por delitos reiterados de cohecho, lavado de dineros, fraude al Fisco, y fraude tributario.
  • Por unanimidad, se acoge el desafuero del Diputado Gaspar Rivas contra el empresario Andrónico Luksic por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social.

CONSTITUCIONAL

Inaplicabilidad de Ley Emilia

automovil choque daños accidente de transitoEn el mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito, modificación introducida por la Ley N° 20.770 –más conocida como Ley Emilia–, considerando que la prohibición atentaba contra los principios de legalidad, de proporcionalidad, de resocialización y de humanización.

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Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito.

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CONSUMIDORES

Publicidad de letra chica

firmaEn derecho de protección al consumidor, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación ratificando la multa contra la empresa Cencosud, al considerar que la publicidad efectuada por la empresa en un diario de circulación nacional se realizó con uso de letra ilegible e incompresible para el consumidor medio.

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Primera Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. A partir de esta nota,  comenzaremos a destacar de forma no exhaustiva algunas sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron este año.

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GLOBOS DE VIGILANCIA

Relación entre seguridad y privacidad

globoA principios de año, las Municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea implementaron un sistema de cámaras de vigilancia en globos en la comuna. Vecinos y organizaciones ciudadanas recurrieron de protección frente a este plan, reclamando que a través de él se vulneraban los derechos de la privacidad, al abarcarse tanto espacios públicos como privados en la vigilancia.

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PERSONAL A CONTRATA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Aplicación de normativa laboral

Funcionarios JudicialesDesde finales del año pasado, y durante todo este año, se ha dado un vuelco jurisprudencial importante relacionado con el estatuto que se le reconoce a distintos grupos de funcionarios públicos, en los cuales la Corte Suprema ha optado por la aplicación del régimen del Código del Trabajo.  A continuación, algunos fallos relevantes.

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RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS 

Multitienda responsable por mantener a clientes en Dicom 

deudoresDurante el mes de octubre, la Corte Suprema respaldo criterio de la sentencia que acogió la demanda colectiva llevada adelante por Sernac a causa de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito con la casa comercial. La Corte consideró que al firmar el convenio de pago entre la empresa y los clientes –existiendo en ellos la legítima expectativa de salir del registro de morosidad– se produce una novación, en la cual se extingue la primitiva deuda y surge una nueva.

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PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, CAMBIO JURISPRUDENCIAL

Presentación de la demanda interrumpe la prescripción

codigo civilEl 31 de mayo del presente año, la cuarta sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en juicio sumario sobre acción reivindicatoria especial del Decreto Ley 2695, rechazando la excepción de prescripción interpuesta en segunda instancia. Modificando un criterio jurisprudencial de larga data, el fallo comenta que (…) «es tiempo de variar el criterio mayoritario que ha sostenido que la interrupción de la prescripción requiere la presentación de la demanda y además su notificación aún devengándose el plazo de prescripción.Esta posición doctrinal y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la prescripción que sanciona el descuido, desidia y negligencia de quien detenta un derecho y en cambio privilegia una interpretación que no tiene asidero en los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código Civil».

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INTERNET

Rechazo del derecho al olvido

google

Mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca incorporar el derecho al olvido al ordenamiento nacional, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el sitio web El Mercurio Online, y contra el buscador Google por existir una noticia en la que se asociaba el nombre del recurrente a un delito, por el cual el mismo ya cumplió la pena. El tribunal capitalino estimó que el derecho al olvido no existe en la legislación nacional, ni tampoco ha sido incorporado por la jurisprudencia, por lo que no puede existir como un derecho alegable ante tribunales. Apelada la sentencia,  la Tercera sala de la corte Suprema, confirmó lo resuelto en resolución de fecha 22 de noviembre de 2016.

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Corte Suprema confirma demanda colectiva contra ABCDIN por mantener en Dicom a clientes por deudas renegociadas

CorteSupremaChileLa Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma y el fondo presentados por la empresa COFISA, ratificando la multa solicitada por la demanda por interés colectivo llevada adelante por el Sernac, y anulando las cláusulas relevantes del contrato de crédito denominado «Informativo Convenio», y disponiendo la eliminación de los registros de morosidades y protestos de las bases de datos en que han sido informados los consumidores. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado martes 11 de octubre la Segunda Sala de la Corte Suprema, de manera unánime, rechazó los recursos de casación en la forma y fondo interpuestos por la empresa demanda. La demandada alegaba que la acción impetrada era improcedente respecto de la desinformación de las deudas morosas en el Boletín Comercial, puesto que se trata de una rama regulada en una ley especial, la ley N° 19.628 de protección a la vida privada.

El fallo estima que si bien el tratamiento de datos personales está regulado en una ley especial, la afectación de intereses supraindividuales que implica la contratación en situación de desigualdad mediante contratos de adhesión cuyo contenido acarrea el desequilibrio entre las partes que se refleja, entre otros, en el quebrantamiento de los derechos de los titulares de datos de carácter personal, constituye una materia susceptible de ser conocida en sede de derecho del consumidor. Más clara es esta inferencia cuando se advierte que el proceso judicial de la ley de protección a la vida privada está previsto únicamente para el resguardo de un interés individual, mientras que el de estos antecedentes se refiere al interés colectivo de todos aquellos deudores que suscribieron el informativo convenio con la expectativa no cumplida de ser eliminados del Boletín Comercial, de manera que es un caso previsto en la letra b) del artículo 2 bis de la ley 19.496, ya que si bien las normas de protección al consumidor no son aplicables, en principio, en materia de datos personales, sí lo son cuando se compromete el interés colectivo o difuso.

Respecto a la determinación de la naturaleza jurídica del informativo convenio impugnado en la demanda, la empresa demandada señala que considera errónea su calificación como una novación. La demandada invoca los artículos 19 inciso 1° del Código Civil (relativo al elemento hermenéutico del tenor literal), 578, 1437, 1438, 1444, 1445, 1473 (sobre las fuentes de las obligaciones y los derechos, los elementos de los contratos y obligaciones condicionales), que considera infringidos por cuanto el informativo convenio no es un contrato, sino que un acto jurídico unilateral. Este aspecto debe ser resuelto sobre la base de los hechos del proceso, dentro de los cuales se encuentra que el referido instrumento concede nuevos plazos a los deudores y contienen un folio de renegociación en que se individualiza al deudor, el tramo de mora, el total de la deuda vencida, por vencer, total de la deuda, gastos de cobranza, interés por mora y cargos fijos facturados y adeudados, total condonaciones, deuda después de la condonación, pie comprometido, deuda a financiar, pie mínimo exigido, abono imputable al pie, pie mínimo a pagar, pie comprometido, primer vencimiento, número de cuotas y valor cuota, y que por ese acuerdo se firma un nuevo comprobante de pago.

Por ello, las características del convenio que la demandada hacía firmar a sus clientes deja en evidencia que las partes, al momento de la suscripción del documento, acordaban un contrato de crédito distinto, en el cual se substituye la primitiva obligación que pesaba sobre el consumidor –el pago de su deuda–, por una nueva, revestida de distintas condiciones, que dan cuenta que dicha convención trata de una novación, cuyo efecto propio es la extinción de la primitiva deuda. Siendo así, los sentenciadores no han incurrido en ningún error de derecho al resolver que el informativo convenio es un contrato de crédito, ni al estimar que dicho pacto constituye novación.

Sobre el interes colectivo o difuso de los consumidores, la corte estima que el objetivo de la ley N° 19.496 es regular las relaciones entre proveedores y consumidores; determinar las infracciones en perjuicio de éstos y señalar el procedimiento aplicable en estas materias. Siguiendo esa línea, la reforma introducida en el año 2004 tuvo por objeto poner fin a las asimetrías existentes entre consumidores y proveedores, puesto que en su texto original de 1997, la ley 19.496 sólo disponía la protección individual de los derechos de los consumidores y muy excepcionalmente daba lugar al ejercicio de una acción colectiva. En ese entendido, el Servicio Nacional del Consumidor puede accionar en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores cuando constata que un concreto accionar del proveedor implica la transgresión de los derechos consagrados en la ley del ramo, como lo es la abusividad en la suscripción de un contrato de adhesión, con la finalidad que se declare judicialmente la infracción que considera que se ha producido.

Corte de Apelaciones de Antofagasta condenó a una Aerolínea a pagar indemnización de más de 8 millones de pesos

aerolinea avion aeropuertoLa Corte de Apelaciones de Antofagasta, tras ratificar un fallo de primera instancia, condenó a LANTOURS a pagar una indemnización de 8 millones y medio de pesos a una consumidora, quien se vio impedida de regresar al país desde México luego que la empresa anulara los pasajes que había adquirido.

El problema comenzó cuando la consumidora junto a su familia se disponían a regresar a Chile luego de sus vacaciones y al tratar de embarcar en el aeropuerto de Cancún, un ejecutivo de LAN les informó que sus pasajes habían sido anulados, por lo que no podían abordar el avión. Ante esta situación, la consumidora tuvo que contactar a un familiar en Chile para que comprara nuevamente los pasajes y poder regresar al día siguiente al país.

De vuelta en Chile y tras pedir explicaciones, LANTOURS les indicó que habían anulado la compra de los pasajes debido a que había una disconformidad en la firma del cheque con la que se había pagado el servicio.

Ante esta respuesta, la afectada decidió interponer el reclamo ante el SERNAC, la empresa respondió que los contactaría para buscar una solución, lo que finalmente no ocurrió, por lo, la afectada decidió denunciar el hecho ante la justicia, instancia donde el SERNAC se hizo parte.

Tras analizar los antecedentes, la justicia condenó a la empresa a pagar una indemnización de $5.502.979 por el daño directo ocasionado a la afectada, más $3.000.000 millones  por daño moral, esto es, las molestias provocadas. Es decir, LANTOURS tuvo que compensar con 8 millones y medio de pesos a la usuaria afectada.

Además, el tribunal le aplicó a la empresa una multa de 50 UTM (cerca de dos millones trescientos mil) por infringir la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

(Fuente: Sernac)

Tras Demanda Colectiva del SERNAC: Corte Suprema confirma condena a multitienda por mantener en Dicom a clientes por deudas renegociadas

2011-09-01-SernacTras rechazar los recursos judiciales presentados por la empresa, el Máximo Tribunal del país confirmó que la empresa infringió la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

Hay que recordar que a principios de febrero de 2012, el SERNAC presentó una demanda colectiva en contra de COFISA por mantener en DICOM a un grupo de consumidores que habían repactado voluntariamente sus deudas.

La multitienda avalaba su actuar en un convenio de pago que le hacía firmar a los consumidores que aceptaban la repactación y/o renegociación de la deuda, donde se establecía que el firmante aceptaba que no sería eliminado de sus antecedentes comerciales y/o financieros hasta el pago de la última cuota. Esto quiere decir que aunque el consumidor renegociara su deuda, la empresa los mantenía en DICOM hasta que pagara la última cuota.

Además de las indemnizaciones para los consumidores afectados, la justicia declaró nulas aquellas cláusulas que le permitían a COFISA mantener en los registros de morosos a los consumidores que habían renegociado sus deudas, ordenó a la empresa eliminar de los registros de morosidades y protestos a los consumidores afectados y determinó el pago de una multa de 240 UTM, esto es, 11 millones de pesos, por haber infringido la LPC.

Derechos de los consumidores

El Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, valoró la determinación de la justicia, agregando que se trató de una lucha judicial que se extendió por más de cuatro años.

“Cuando un consumidor repacta una deuda rigen nuevas condiciones y plazos, por lo que no se justifica que se mantenga al consumidor en ningún registro de morosidad, lo que ha quedado demostrado en esta decisión de la justicia y en otros que se han fallado recientemente”, enfatizó la autoridad.

Muñoz agregó que espera que el proyecto que fortalece la protección de los derechos de los consumidores que actualmente se tramita en el Senado sea prontamente aprobado, pues le permitirá al SERNAC, mediante las nuevas facultades, lograr soluciones adecuadas y oportunas para los consumidores cuando sus derechos sean vulnerados.

Indemnizaciones para los consumidores

Para determinar los montos de las indemnizaciones, el tribunal consideró dos grupos de consumidores afectados: aquellos usuarios que habían pagado o estaban en vías de pago de la deuda; y aquellos que todavía no lo hacían al momento de la presentación de la demanda del SERNAC.

 Grupo consumidores que habían pagado toda la deuda o que se encontraban en vías de pago:

  • 30 mil pesos para aquellos afectados no eliminados de los registros comerciales dentro de un período de hasta 24 meses anteriores a la presentación de la demanda.
  • 22 mil pesos para los clientes afectados no eliminados en un período superior a 24 e inferior a 48 meses.
  • 15 mil para los consumidores no eliminados en un período superior a 48 e inferior a 60 meses anteriores a la presentación de la demanda.

Grupo de consumidores que no habían pagado la deuda o que se encontraban en vía de pago: Para este universo de consumidores, la justicia determinó una indemnización de tres mil pesos desde la fecha de la presentación de la demanda y hasta 60 meses anteriores.

Para saber si le corresponden indemnizaciones, los consumidores podrán informarse a través de publicaciones que deberá realizar la empresa en diversos medios de comunicación de alcance nacional, o llamando al call center del SERNAC.

(Fuente: Sernac)

Corte de Santiago ordena a supermercado pagar multa e indemnización por robo de auto desde local

Robo automovilLa Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la cadena de supermercados Tottus a pagar una multa de 50 UTM (unidades tributarias mensuales) y una indemnización de $4.110.000 (cuatro millones ciento diez mil pesos) por el robo de vehículo desde los estacionamientos de local en Conchalí.

En fallo unánime (causa rol 1.469-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Maritza Villadangos, el fiscal judicial Raúl Trincado y el abogado (i) Raúl Trincado– ratificó que la empresa debe indemnizar por daño emergente al demandante Sergio Espinoza Carrasco, quien concurrió el 8 de julio de 2012, la sucursal de Tottus ubicada en calle Pedro Fontova 5810, comuna de Conchalí. Tras realizar compras en el supermercado, se percató que su automóvil, un Nissan V-16, había sido sustraído desde los estacionamientos del local.

«Que habiéndose determinado la responsabilidad del demandado por su deber de custodia del vehículo del demandante, en la condición en que se produjo su sustracción, corresponde a ese tener que responder por el perjuicio que dicha pérdida le produjo al actor», sostiene el fallo del tribunal de alzada.

La resolución agrega que «en la apreciación de la prueba conforme con la sana crítica, para la determinación de los perjuicios ocasionados ante la pérdida del vehículo desde los estacionamientos de la demandada, se atiende a la prueba rendida en la instancia y en este concepto, la documentación acompañada sólo permite acreditar el daño emergente correspondiente al valor del bien sustraído, según el valor de su tasación oficial $4.110.000, que se concederá».

(Fuente: Poder Judicial)

La publicidad de letra chica puede ser publicidad engañosa

observatorio - lupaLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación en procedimiento de aplicación de multas por infracción a la ley del consumidor contra Cencosud, por publicidad incompleta. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado miércoles 28 de septiembre la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, revocó la sentencia del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago que había rechazado la denuncia efectuada por el SERNAC, estimando que no se infringieron disposiciones de protección al consumidor, toda vez que la parte final de la publicidad resultaba ser legible para un consumidor promedio.

La Corte de Apelaciones estimó, en cambio, que la publicidad efectuada por la empresa de retail efectuada en un diario de circulación nacional, se realizó con uso de letra ilegible e incompresible para el consumidor medio. Esta información se relaciona con los productos ofrecidos con porcentajes de descuentos, lo que resulta ser una infracción a la disposición contenida en el artículo 3 inciso primero letra b) de la Ley N° 19.496. Así el tribunal, razona en tonrno a que esta información no ha podido ser veraz y oportuna sino incompleta, inductora a error para el consumidor que no ha podido apreciar con precisión la naturaleza de la oferta en su total dimensión, pudiendo tornarse ésta en una publicidad engañosa, poco clara, que vulnera la disposición antes referida.

Específicamente sobre el tamaño de la letra, efectivamente la Ley del Consumidor ha establecido en 2,5 mm el porte, pero para los contratos de adhesión. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia lo ha hecho extensivo a la publicidad, a objeto de no inducir a error a los consumidores, señala el tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago confirma fallo que sancionó a empresa de venta de tickets por infracción a Ley del Consumidor

Concierto espectaculoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que aplicó una multa de 50 UTM (unidades tributarias mensuales) y anuló una serie de cláusulas de los contratos de adhesión de la empresa Ticket Fácil S.A., por infringir la ley del consumidor.

En fallo unánime (causa rol 8933-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, María Rosa Kittsteiner y Pedro Advis– confirmó en todas sus partes el fallo, dictado el 14 de septiembre de 2015 por la magistrada Daniela Royer, del 30° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda presentada por el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac).

«Que las referidas cláusulas que infringen el artículo 16, conforme a lo razonado en los considerandos precedentes, afectan el interés difuso de los consumidores, y constituyen ejemplos de cláusulas abusivas, concepto analizado debidamente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 4 de octubre de 2007, en fallo causa rol número 874-2007, al señalar que cláusula abusiva en doctrina es «aquella que confiere derechos exorbitantes en favor del proponente del contrato de adhesión, le atribuyen la facultad de fijar o modificar sus elementos, su régimen jurídico, como cambiar el tipo de producto, servicio, modificar los precios, ceder el contrato sin el consentimiento del adherente, la atribución de la facultad exclusiva de interpretación del contenido contractual, la sumisión de la ejecución de las presentaciones a condiciones de carácter potestativo, cuya realización dependa únicamente de la voluntad del proponente, la atribución del derecho de la libre rescisión del contrato al mismo proponente y, en general, cualquier reforma al contenido del contrato», sostiene el fallo de primera instancia.

(Fuente: Poder Judicial)

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