Contraloría amplió el requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país

Patente MunicipalesCon la publicación de las Instrucciones sobre la Preparación de los Estados Financieros Municipales por parte de este organismo de control, se inicia el período de elaboración y presentación de la información financiera del ejercicio contable 2016. Los antecedentes deberán ser remitidos a la CGR hasta el 30 de abril de este año.

Cabe señalar que los estados financieros deberán considerar las operaciones ejecutadas durante 2016 en forma comparativa con las operaciones del año anterior.

La CGR establece que su elaboración tendrá que cautelar la aplicación de la normativa y procedimientos contables vigentes, especialmente en lo que dice relación con las notas explicativas, las que constituyen uno más de los estados exigidos.

Tres son los principales cambios que Contraloría estableció en las Instrucciones de este año:

El primero corresponde a la ampliación del requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país. Hasta el ejercicio anterior esta obligación sólo se había limitado a una muestra de gobiernos locales.

El segundo cambio está dado por la introducción de medidas específicas para asegurar la confiabilidad de las cifras al cierre del ejercicio, tales como la correcta declaración de los saldos vigentes de deudores por rendiciones de cuentas; los saldos de deuda corriente, no corriente y otras; y la ejecución presupuestaria municipal.

La tercera modificación se refiere a la exigencia adicional de entregar información financiera de las corporaciones municipales, en forma de nota explicativa. Este antecedente será de gran relevancia para dar a conocer la situación financiera municipal de una manera integral.

La información que deberá ser aportada por los municipios a través de estos estados financieros no sólo constituirá, de acuerdo a la CGR, un insumo para mejorar la fiscalización de éste órgano sobre los municipios, sino que también permitirá a las propias entidades edilicias manifestar su compromiso con la transparencia financiera, empleando estos informes como un instrumento para dar a conocer las fuentes y destino de los recursos municipales.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría toma conocimiento de información remitida por el Consejo para la Transparencia sobre norma que regula el lobby

LobbyEl Consejo para la Transparencia ha remitido a la Contraloría General un informe sobre los registros reportados a esa entidad por sectionersos organismos de la Administración del Estado respecto a la Ley N° 20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.

Al efecto, cabe recordar que dicha ley dispone que el Órgano Contralor debe poner a disposición permanente del público, en un sitio electrónico, los registros de agenda pública a los que alude, asegurando su fácil y expedito acceso, como asimismo, en forma trimestral, un registro que contenga una nómina sistematizada de las personas que en tal periodo hayan sostenido reuniones o audiencias con los sujetos pasivos para fines de lobby o de gestión de intereses particulares.

Así, el CPLT informa que, en cumplimiento de ese mandato legal, tiene habilitado el sitio electrónico denominado “InfoLobby”, en el cual se publica la información remitida por los sujetos pasivos sobre estos registros de agenda pública y los datos de lobbistas y gestores de intereses particulares.

Además, expresa que, sin perjuicio del análisis que pueda desarrollar esta Contraloría General, se destacan en el informe determinados resultados estadísticos de ese trabajo, que enumera, los cuales a su juicio podrían ser de interés para el ejercicio de las funciones del Órgano de Control.

A mayor abundamiento, se refieren al alto porcentaje de los sujetos pasivos que no cuenta con registro alguno de audiencias, viajes y donativos; a que la mayoría de los sujetos pasivos informados desde el inicio de la vigencia de la ley corresponde al cargo «Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la ley N° 19.886»; a la existencia, en el ámbito de la administración central del Estado, de determinados organismos que no han reportado ningún registro de agenda pública, y, en general, a omisiones y deficiencias en la información por parte de ciertos entes.

De esa forma, la Contraloría expone haber tomado conocimiento de lo anteriormente señalado y que considerará esta información en las investigaciones futuras.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría se pronunció sobre incumplimiento de pago de honorarios y contratación de personas con discapacidad por parte de municipalidad

Contraloría General de la RepublicaSe denunció ante la Contraloría General de la República el incumplimiento en los pagos por servicios prestados en la Municipalidad de Cerro Navia en calidad de honorarios correspondientes al mes de abril y a los primeros días de mayo de 2016, por cuanto el trabajo que se habría desarrollado en esa entidad no tenía relación con el decreto alcaldicio que aprobaba la respectiva contratación, situación que habría originado la dilación en el desembolso de otros periodos en que ejerció sus labores. Añade que cuando consultó por la situación que le aquejaba, no tuvo respuesta por parte del Alcalde, la Administradora Municipal ni del Contralor Municipal.

Al respecto, el ente de control recordó que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa contenida en sus dictámenes N°s. 7.266 de 2005 y 40.050 y 49.429, ambos de 2014, ha considerado que las personas contratadas a honorarios, no le son aplicables las disposiciones de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por cuanto no tienen la calidad de funcionarios municipales.

Enseguida, la Contraloría indica a propósito de las indagaciones efectuadas sobre el particular, permitieron tomar conocimiento que la Municipalidad de Cerro Navia, el 30 de julio de 2015, dictó el reglamento N° 1 sobre “Contratación de Personas a Honorarios”, aprobado por la autoridad comunal en igual fecha, señalando sus artículos 23 y 24, las condiciones y fijación de la fecha de pago de esas personas dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.

Así, consta en dichos decretos la aprobación de las labores a honorarios del recurrente, fijándose como periodo de desempeño entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, cuyo cometido para el primer acto administrativo tenía relación con el “Estudio o proyecto que permita conocer de manera sistemática la situación actual de las organizaciones sociales de Cerro Navia, para construir fundamentalmente una propuesta que permita apoyar su desarrollo”, objetivo que fue cambiado en el mes de octubre de 2015 para “Desarrollar procedimientos de control interno a las operaciones que desarrolla la Dirección de Administración y Finanzas, en las áreas de Patentes Comerciales, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Recursos Humanos, con el fin de asegurar la eficiencia y resguardar la gestión municipal en éstas áreas”. Añade, que estas últimas funciones se prorrogaron y sancionaron para el año siguiente en el decreto alcaldicio N° 31, de 2016.
A su vez, la Contraloría hace presente que consultada a la autoridad comunal, esta indicó que habiendo revisado los libros de ingreso de correspondencia en la unidades de Recursos Humanos, Administración y Oficina de Partes, no existió constancia de la renuncia del denunciante, y que al no presentarse a trabajar la autoridad comunal dictó el decreto alcaldicio N° 312 de 2016, que le puso término al contrato a contar del 6 de mayo de ese año, en conformidad con la cláusula primera del acuerdo. Agrega, que conjuntamente se remitieron los desembolsos de las mensualidades de los servicios prestados por el afectado, desde el 2015 a marzo de 2016 y la hoja de observaciones N° 70, de 12 de abril de ese último año, del Contralor Municipal, quien no aprobó el pago de servicios del denunciante en el mes de marzo, pagaderos en abril, argumentando que la labor específica para la cual fue contratado no tenía relación con el informe mensual de actividades que describía las tareas asociadas al proceso de conciliación bancaria, concluyendo que eran ajenas a lo requerido y la improcedencia que fueran retribuidas.

Posteriormente, la autoridad comunal complementó la respuesta entregada inicialmente a la Contraloría, indicando que en forma previa al entero de los honorarios el ex contratado debe subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal en las hojas de observaciones N°s. 61, y 70, del 7 y 12 de abril de 2016, respectivamente, que objetaron el pago por los servicios prestados en marzo de este año, reiterando que las actividades informadas no daban cuenta del cumplimiento de las labores contratadas. Respecto a los desembolsos efectuados al ex servidor, se comprobó que en los meses de enero, febrero, agosto y septiembre todos de 2015, el entero se realizó en una fecha posterior a la periodicidad mensual establecida en el contrato a honorarios suscrito entre las partes y que existen montos adeudados desde abril de 2016 hasta los cinco primeros días de mayo.

Sobre la improcedencia del pago argumentada por el Director de Control de esa corporación edilicia, el órgano contralor aduce que tal como lo ha reconocido, los honorarios constituyen una contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador, en razón del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, en el cual el desempeño de una labor para la Administración lleva aparejado el pago de las sumas pertinentes, de manera que, de no realizarse dicho desembolso, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de ella, situación que acontecería en el caso que se analiza si no se pagan denunciante sus honorarios respecto del periodo mencionado precedentemente (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 75.482 de 2010, 54.812 de 2011, 62.690 de 2012, 5.620 de 2013 y 61.314 de 2014, todos de este origen).

De esa forma, la Contraloría concluye en síntesis manifestando que, en mérito de lo expuesto, la Municipalidad de Cerro Navia deberá, en el más breve plazo, pagar al afectado, informando de ello al Departamento de Atención y Denuncia Ciudadana, y ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que no adecuaron oportunamente el cambio de cometido asignado al afectado, remitiendo al citado Departamento la copia del decreto alcaldicio que lo disponga y la designación del fiscal en el plazo ya indicado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría se pronuncia sobre procedencia de transferir subvención a bomberos

Contraloría General de la RepublicaSe solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, por parte del Subsecretario del Interior, consultando sobre la procedencia de transferir al Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango, los recursos dispuestos en el subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 024 “Gastos de Operación de Cuerpo de Bomberos”, de la Partida 05, Capítulo 10, Programa 04 de la ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público año 2016.

Lo anterior, ya que por sentencia definitiva de primera instancia pronunciada en la causa rol C-4887-2013 con fecha 15 de junio último, el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo ordenó la cancelación de la personalidad jurídica del aludido cuerpo de bomberos.

Al respecto, indica el dictamen en primer término que, conforme al artículo 1° de la ley N° 20.564 -Ley Marco de los Bomberos de Chile-, los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de dicha ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.

Por su parte, el inciso primero de su artículo 7° indica que los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos deberán rendir cuenta a la Subsecretaría del Interior -la Subsecretaría- o ante las Intendencias y Gobernaciones que correspondan, de la inversión de los fondos que les sean aportados en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público. Su inciso segundo añade, en lo pertinente, que cada cuerpo de bomberos deberá presentar su correspondiente rendición de cuenta anual mediante balance de ingresos y gastos antes del 31 de marzo del año siguiente, a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, quien deberá remitir las copias a la Subsecretaría antes del 30 de abril.

En ese sentido, la ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Público para el año 2016, en su Partida 05, Capítulo 10, Programa 04 denominado “Bomberos de Chile (01)”, contempla la glosa 01, letra a) “De las Rendiciones de Cuentas”, que dispone que la rendición de cuentas de los fondos entregados por la Subsecretaría, tanto para la Junta Nacional como para los cuerpos de bomberos, deberá enmarcarse en los procedimientos señalados en el artículo 7° de la ley N° 20.564 y a lo señalado en las circulares dictadas para el efecto.

La aludida disposición agregó que, sin perjuicio de lo anterior, y como requisito general aplicable a todas las asignaciones de aquel programa, para poder percibir el primer aporte del año respectivo, los cuerpos de bomberos deberán haber rendido en forma previa todos los recursos ya entregados, y además que el balance de ingresos y gastos de los cuerpos de bomberos deberá comprender la totalidad de los ingresos y gastos realizados por estos y sus compañías en el periodo respectivo, independiente de cuál sea el origen de los recursos.

Por su parte, la glosa 02, del subtítulo 24 Ítem 01, Asignación 024 relativa específicamente a los “Gastos de operación de cuerpos de bomberos” de la Partida señalada -aplicable a las asignaciones que se consultan-, añade que los recursos asignados para tales gastos serán entregados a los cuerpos de bomberos por la Subsecretaría, en dos cuotas iguales, durante el primer y segundo semestre del año, respectivamente. La entrega de ambas cuotas estará condicionada a la rendición de los últimos recursos entregados.

Sin embargo, la entrega de la segunda cuota estará condicionada además a la solución de las observaciones que se hubieren formulado por la aludida Subsecretaría a la penúltima rendición presentada, sin perjuicio de la recepción de la copia de la rendición del balance de ingresos y gastos del ejercicio anterior, según lo establecido en la referida ley N° 20.564.

De la documentación examinada por la Contraloría, aparece que con fecha 15 de junio de 2016, el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, acogió la demanda de cancelación de personalidad jurídica presentada contra el Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango por el abogado Procurador Fiscal de San Miguel, en representación del Consejo de Defensa del Estado.

Posteriormente, con fecha 4 de julio pasado el mencionado tribunal tuvo por interpuesto el recurso de apelación deducido por la institución demandada, concediéndolo en los efectos devolutivo y suspensivo y elevando los autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal donde se encuentra pendiente de resolver.

Pues bien, en consideración a lo expuesto y a que la cancelación de la personalidad jurídica del Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango no se encuentra a firme, concluye la CGR manifestado que corresponde que la Subsecretaría del Interior proceda a transferir los recursos dispuestos por la ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Público, en la medida que por cierto, se cumplan las condiciones prescritas en la preceptiva aplicable para ello.

No obstante lo anterior, agrega el dictamen, si el organismo receptor de los fondos transferidos no cumple con los objetivos establecidos o los utiliza en fines sectionersos a los previstos, la referida Subsecretaría debe adoptar las medidas tendientes a exigir la restitución de esos caudales, lo cual es sin perjuicio de las atribuciones con que cuenta esta Contraloría General a fin de velar por la integridad del patrimonio público, contempladas en la Carta Fundamental, en la mencionada ley N° 10.336 y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría determinó que personal a honorarios debe observar principio de probidad administrativa

Contraloría General de la RepublicaSe denunció ante la Contraloría General de la República –por parte del diputado Gonzalo Fuenzalida- que el personal que detalla de la Municipalidad de La Reina -durante su jornada laboral- habría participado directamente en la campaña electoral del ex alcalde de la comuna, en los pasados comicios municipales.

La entidad edilicia en cuestión informó que las personas insectionidualizadas en la presentación estaban contratadas bajo la modalidad de honorarios, por lo que no revisten la calidad de funcionarios municipales, encontrándose regidos por el respectivo contrato, el que no establece un horario laboral, de modo que, a su juicio, los actos que se cuestionan obedecen a actividades particulares de aquellos, desarrolladas en el ámbito de su vida privada y libertad de expresión.

Al respecto, el ente de control recordó que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4°, inciso tercero, de la Ley N° 18.883, las personas contratadas a honorarios se rigen por las reglas que establezca el respectivo convenio y no les son aplicables la disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo, sin que pueda entenderse, como indica el municipio, que se trata de un contrato arrendamiento de servicios inmateriales previsto en el Código Civil, pues este constituye una figura ajena al sistema de provisión de empleos públicos, tal como lo sostiene, entre otros, el dictamen N° 53.440 de 2015.

Agrega enseguida que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa, ha precisado que quienes cumplen actividades a honorarios no poseen la calidad de funcionarios y, por ende, carecen de responsabilidad administrativa (aplica dictamen N° 17.593 de 2015).
No obstante lo anterior, y a diferencia de lo que entiende el órgano comunal, la Contraloría expresa que quienes se desempeñan como contratados a honorarios en la Administración, deben observar el principio de probidad administrativa en el desarrollo de las tareas encomendadas en virtud del respectivo acuerdo de voluntades, por cuanto si bien no son funcionarios públicos, tienen el carácter de servidores estatales y realizan una función pública (aplica criterio contenido en el dictamen N° 27.856 de 2016).

Siendo ello así, indica el dictamen que aquellos que se encuentran ligados a la Administración en la mencionada calidad deben dar estricto cumplimiento en todas sus actuaciones al principio de probidad administrativa establecido en el artículo 8° de la Constitución Política y que se encuentra desarrollado en la Ley N° 18.575, cuyo artículo 62, en sus N°s. 2, 3 y 4, preceptúa que lo contravienen especialmente el hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.

De lo expuesto, el órgano contralor advierte que los servidores públicos -entre ellos los municipales-, cualquiera sea su jerarquía y con independencia del estatuto jurídico que los rija, están impedidos de desarrollar, en el ejercicio de sus cargos o funciones, dentro de las dependencias públicas o utilizando bienes públicos, cualquier actividad de carácter político, como lo sería, a manera ejemplar, hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 50.078 de 2013, y 69.300 de 2016).

De esa forma, concluye la CGR señalando que, de la documentación examinada -en especial, fotografías que darían cuenta del desarrollo de actos de campaña política en favor del ex alcalde de la Municipalidad de La Reina-, no ha sido posible apreciar si tales acciones fueron realizadas al margen del desempeño de la función pública, y utilizando recursos y bienes propios, circunstancias a las que no se refirió la entidad edilicia, por lo que corresponde que ese órgano comunal instruya la pertinente investigación a fin de indagar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los funcionarios involucrados, debiendo remitir copia del decreto que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría (aplica criterio contenido en el dictamen N° 58.415 de 2013).

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría desestimó reconsiderar dictamen que determinó que fuero maternal no confiere inviolabilidad a nivel remuneratorio

ContraloriaSe solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de una funcionaria del Instituto de Desarrollo Agropecuario- la reconsideración de la jurisprudencia de la CGR que concluyó que el fuero maternal solo otorga protección en lo relativo al cese, según lo previsto en el artículo 174 del Código del Trabajo, pero no confiere inviolabilidad al respectivo nivel remuneratorio.

Al respecto, el ente de control advirtió que, observados sus registros, a peticionaria ha tenido sectionersas designaciones como profesional, asimiladas a sectionersos grados, siendo del caso destacar que desde el 1 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015, se desempeñó como contrata grado 5 de la E.U.S., y desde el 1 de enero de 2016 fue designada en una contrata grado 7, en igual calidad jurídica y estamento, por medio de la resolución N° 148, de este último año, de dicho instituto, la que fue cursada por la Contraloría.

Por otra parte, el órgano contralor expresó que de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los empleos a contrata carecen de un grado específico, correspondiendo a la autoridad determinar, según la importancia de las funciones, el grado al que se asimilará la respectiva designación, de lo que se desprende que la decisión de no mantener las condiciones fijadas en un desempeño previo, no puede ser objeto de reproche, según se precisara, entre otros, en los dictámenes N°s. 58.484 de 2011 y 24.328 de 2014.

Luego, señala el dictamen que en razón de su jurisprudencia administrativa, entre otros, en los dictámenes N°s. 57.605 de 2012 y 10.726 de 2016, la que se ratifica en todas sus partes, ha precisado que dicho beneficio sólo otorga protección en lo relativo al cese en el empleo, pero no confiere inviolabilidad a las remuneraciones.

De esa manera, la CGR concluye señalando que no advierte irregularidad en que la autoridad haya variado las condiciones de la contrata de una funcionaria embarazada, en la medida que ello obedece a la ponderación que aquella puede realizar de las labores encomendadas, facultad que no se encuentra limitada por el fuero maternal como indica la interesada.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría desestimó reconsiderar dictamen que se pronunció sobre gastos en que incurrió el concejal

Contraloría General de la RepublicaSe solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de la empresa Gestión Global Ltda.- la reconsideración o en subsidio, el complemento del dictamen N° 35.858 de 2016, que ratificó el oficio N° 20.948 de 2016, de la Sede Regional del Bío-Bío, que concluyó que la Municipalidad de Hualpén se ajustó a derecho al no reconocer como deuda los gastos en que incurrió el concejal de dicha comuna don Luis Chamorro Uribe, por la “gira técnica de adquisición de conocimiento, experiencia y aprendizaje, Eurozona”, dado que no existió vínculo contractual, de conformidad con lo previsto en la preceptiva que regula las compras de las entidades edilicias.

Al respecto, el ente de control advirtió que luego de examinada la presentación de que se trata, las consideraciones que plantea el ocurrente tienden a abundar acerca de aspectos ya expuestos con anterioridad, en cuanto a que las actividades objeto de la mencionada gira se ajustan a las funciones y atribuciones municipales.

Enseguida, se expone que el dictamen recurrido indicó, que si bien en el programa de la mencionada gira técnica se contemplan algunas actividades que se vinculan a ciertas funciones municipales contenidas en el artículo 4° de la Ley N° 18.695, también se consideraban visitas de carácter turístico, las cuales no se condicen con las aludidas facultades. Agrega dicho pronunciamiento, en lo que concierne a la alegación de que existiría enriquecimiento sin causa a favor del ente edilicio que, si bien el concejo municipal aprobó inicialmente el cometido del concejal, este fue posteriormente dejado sin efecto, fundado en las opiniones de los directores de control y jurídico, quienes comunicaron la improcedencia de dicha gira por las razones que se detallan, tanto a la ex alcaldesa como al señor Chamorro Uribe, no existiendo un acto administrativo que vincule a la entidad edilicia con la empresa recurrente.

Asimismo, la Contraloría recuerda que el citado dictamen concluyó que a pesar de haberse declarado en forma previa a la gira la improcedencia de misma, el mencionado concejal concurrió igualmente a dicha actividad sin contar con autorización municipal, razón por la cual no cabe sino entender que el citado edil utilizó los servicios de la empresa Gestión Global Ltda. a título personal, sin que corresponda afectar el patrimonio municipal

Por lo antes expuesto, el órgano contralor concluye aduciendo que la situación analizada ya ha sido estudiada, y dado que en esta oportunidad el recurrente no aporta nuevos antecedentes que permitan modificar el criterio sustentado en su dictamen N° 35.858 de 2016, se rechaza la solicitud de reconsideración, confirmándolo en todas sus partes.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría se pronuncia sobre requisito de trabajador a contrata para acceder vía concurso interno a calidad de contratado indefinido

Contraloría General de la RepublicaLa Contraloría Regional de la Araucanía remitió al ente contralor, la solicitud realizada por una servidora a honorarios de la Municipalidad de Lumaco, acerca de la revisión del cumplimiento del requisito de continuidad en su desempeño para acceder, vía concurso interno, en virtud del artículo 2° de la ley N° 20.858, a la calidad de contratada en carácter de indefinido, toda vez que, según señala, le faltarían 22 días para completar el período de 3 años exigido en dicho cuerpo normativo.

El municipio en cuestión informó que la propia peticionaria reconoce que le faltan 22 días para cumplir con el plazo de 3 años exigido por la anotada ley N° 20.858, y que, en la especie, no procedería hacer una interpretación extensiva de dicho cuerpo normativo que modifique un término legal.

Sobre el particular, el órgano fiscalizador hizo presente que la disposición por la cual se consulta establece un beneficio de carácter excepcional, por lo que conforme al principio de interpretación estricta de las normas de esta naturaleza, solo debe aplicarse en los casos expresamente contemplados, no pudiendo extenderse, sea por similitud o analogía, a otra situación no prevista en dicha normativa, como sería aceptar como cumplido el requisito de 3 años continuos de desempeño a honorarios para acceder vía concurso interno a la calidad de funcionario con contrato indefinido, respecto de aquellos servidores a los que les falten algunos días para que dicho plazo se verifique (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 5.438, de 2012 y, 68.584, de 2015).

Enseguida, sostiene el Contralor que, de los antecedentes tenidos a la vista, en especial de los contratos a honorarios de la recurrente y del certificado de fecha 28 de diciembre de 2015, emitido por el Encargado de Personal del Centro de Salud Familiar de Lumaco, aparece que la reclamante ha prestado servicios, en forma ininterrumpida, en esa calidad, con una jornada de 44 horas semanales desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que a aquella, al 11 de agosto de esta última anualidad -fecha de publicación de la anotada ley N° 20.858-, le faltaban 11 días para cumplir el periodo de tres años continuos sujeta a una jornada de trabajo de 33 o más horas semanales que exige la preceptiva en análisis.

Así, la Contraloría concluye señalando que al no verificarse en el caso el requisito antes señalado, no procedería que, en virtud de lo dispuesto en el aludido inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 20.858, acceda, vía concurso interno, a la calidad de contratada en carácter de indefinido.

(Fuente: Contraloría)

Consulte el Dictamen de Contraloría Nº 2.877 de 2016.

Contraloría se pronuncia sobre inclusión de alumno en “actividad formativa equivalente a tesis”

estudiantes educacion superior asociacion universidadSe solicitó a la Contraloría General de la República, por parte de un estudiante, según afirma, del Programa de Magister en Derecho con mención en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, reclamando en contra de esa casa de estudios por no haber sido considerado dentro de aquellos alumnos que cursarían en el año 2016 la “Actividad Formativa Equivalente a Tesis” -en adelante AFET-.

Señala que mediante correos electrónicos se le informó que podría participar de aquella instancia, pero que, en definitiva, no fue considerado.

En su informe, la universidad manifiesta que efectivamente se enviaron correos electrónicos informativos a alumnos que habían participado de ese programa, agregando que en la nómina final no se consideró al solicitante porque carecía de la calidad de alumno regular, dado que cursó el magíster durante el periodo 2012-2013 y, de acuerdo al reglamento dictado al efecto, la permanencia máxima en él es de tres años.
Al efecto, el ente de control hace presente que la jurisprudencia del Órgano Contralor ha manifestado, entre otros, en el dictamen N° 9.904, de 2015, que la autonomía universitaria -de que goza el establecimiento denunciado- consiste en la atribución de esas instituciones de tener poder resolutivo en todo lo que se relaciona con su quehacer interno, sin perjuicio de la obligación de sujetarse a las disposiciones legales y constitucionales que sean aplicables, por lo que la Universidad de Chile, tal como se sostiene en ese pronunciamiento, puede determinar los requisitos de aprobación de estudios y de titulación de una carrera, los que deberán estar especificados y sancionados mediante un acto formal.

Y es que tal como el recurrente lo expresa y en armonía con lo informado por la referida universidad, el interesado carecía de la calidad de estudiante en la época en que le fueron enviados los correos que aludían a la AFET, toda vez inició el pertinente programa de magister en el año 2012, por lo que debió graduarse como máximo durante el año 2014.

En razón de lo expuesto, el dictamen concluye manifestando que no se advierte irregularidad en la decisión del organismo reclamado en orden a no haber considerado al recurrente para la AFET del año 2016.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el Dictamen de Contraloría Nº 1.291 de 2017..

Contraloría emite dictamen sobre colaboración de municipalidades en situaciones de emergencia y catástrofe

Contraloría General de la RepublicaSe solicitó la Contraloría General de la República –por parte de la Municipalidad de La Florida– un pronunciamiento sobre la procedencia del envío de personal y equipos municipales a las zonas de catástrofes declaradas con ocasión del incendio que se está produciendo en las comunas del centro y sur del país.

En su dictamen, expone la CGR que el artículo 1° de la Constitución Política de la República, junto con consagrar el principio de servicialidad del Estado, prescribe, en su inciso final, que corresponde a este dar protección a la población.

A su turno, el artículo 118, inciso cuarto, del mismo texto constitucional, establece que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Luego, prosigue el dictamen, conforme a lo dispuesto en la letra i) del artículo 4° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los entes edilicios se encuentran facultados para realizar, directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas, en lo que importa, con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.

Por su parte, el artículo 21 de la ley N° 16.282, que contiene disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto N° 104, de 1977, del entonces Ministerio del Interior-, dispone que esta Secretaría de Estado tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las actividades que se indican en el Título I de ese cuerpo legal, y la atención de sismos y catástrofes.

A su vez, se aduce que el artículo 1° del decreto ley N° 369, de 1974, crea la Oficina Nacional de Emergencias -ONEMI- como un órgano dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes. En tanto, su artículo 2° establece que las funciones que competen al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en virtud del Título I de la citada ley N° 16.282, con las excepciones que indica, serán ejercidas a través de la ONEMI.

Ahora bien, indica el órgano fiscalizador que al tenor de lo establecido por el citado artículo 118 de la Carta Fundamental y del artículo 1° de la ley N° 18.695, la jurisprudencia de esta Entidad de Control ha señalado que la regla general es que las municipalidades pueden desarrollar sus funciones dentro de la comuna o la agrupación de comunas establecidas como su ámbito territorial de competencia y que, solo excepcionalmente, es posible que aquellas, alguno de sus órganos o de sus funcionarios, puedan actuar válidamente fuera de los límites comunales (dictamen N° 39.282 de 2008, entre otros).

Sin embargo, ante situaciones de emergencia o catástrofe de tal magnitud que reclamen la colaboración de otros órganos de la Administración del Estado que se encuentren en condiciones de prestar el auxilio en esas situaciones excepcionales, y considerando el deber estatal de otorgar protección a la población y el principio de coordinación administrativa contenido en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, es posible concluir que las municipalidades se encuentran facultadas para desarrollar la anotada función más allá de los límites de la comuna o agrupación de comunas respectivas.

Para tal efecto, señala el Contralor que las entidades edilicias que resuelvan prestar su colaboración en la referida situación, deberán coordinar su acción con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la ONEMI, sin perjuicio del deber de actuar en coordinación con los intendentes, los gobernadores y los gobiernos regionales, en virtud de lo previsto por los artículos 2° letra ñ), 4° letra e) y 16 letra f) de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y de lo que se establezca en el evento de decretarse estado de excepción constitucional o de la designación de la autoridad responsable que se efectúe en el decreto que declara zona afectada por catástrofe.

De ese modo, concluye la CGR estableciendo que las municipalidades se encuentran facultadas, de forma excepcional, para prestar su colaboración y auxilio ante situaciones de catástrofe ocurridas fuera de su ámbito de competencia territorial, en las condiciones anotadas precedentemente.

Vea texto íntegro del Dictamen Nº 3000 de 2017 aquí.

(Fuente: diario constitucional)

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