La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección contra la orden a no recomendar la realización de trasplante al paciente dada por la Comisión de Coordinación Nacional de Trasplante de Médula Ósea de Adultos, por no estar incluido en el protocolo para tratar la enfermedad de la paciente recurrente y aduciendo falta de evidencia de utilidad existente. La recomendación de la Comisión incidió en la decisión definitiva de no trasplantar al paciente a través del Sistema Nacional de Salud. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado jueves 2 de Marzo, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones capitalina acogió la protección, ordenando que se realice el Trasplante Alogénico (TPH) –más conocido como transplante de médula– como tratamiento contra la Leucemia Mieloide Crónica Philadelphia en crisis blástica linfoide con mutación T315I, solicitado por los médicos tratantes. Según la corte, los fundamentos dados al interior de la misma, siendo concordados entre sí, demuestran lo débil de su razonamiento, sin que ninguno de ellos esboce alguna contraindicación de este tratamiento para el paciente.

Por otra parte, confrontada posteriormente la decisión con aquella que considera que debe efectuarse a la brevedad el referido trasplante, emitido por la doctora que atiende al paciente, opinión avalada por el Comité de Hematología del Centro Asistencial donde se encuentra el paciente, sumado a la anuencia de otros médicos, se da cuenta de que se hacen cargo de los fundamentos de la Comisión desestimándolos uno a uno, todos coincidentes en la necesidad de efectuar el trasplante. Así, la conclusión a la que llega la recurrida es arbitraria por falta de argumentos razonables que justifiquen privar a un paciente del único tratamiento que le queda disponible para poder sobrevivir a la grave enfermedad que lo aqueja.

Razonando sobre el hecho de que la decisión de hacer o no el trasplante obedece a una cuestión propia de la lex artis, el tribunal considera que aun así ello no escapa al control del órgano judicial en orden a revisar la razonabilidad de una decisión que incide directamente en la expectativa de vida de una persona, teniendo para ello como parámetro la opinión de todos los profesionales médicos que han emitido opinión para el caso.

En tal sentido, no resulta razonable para el paciente ni para su familia que el Sistema de Salud Nacional prive de la opción de efectuar un trasplante porque dicha intervención no está dentro de un protocolo, máxime si por los dichos de los profesionales médicos que participaron en la discusión dicho protocolo no se encuentra actualizado y que sólo se ha debatido el tema porque existe un caso que requiere dicho tratamiento. Tampoco es razonable que se deniegue el trasplante porque existe poca evidencia de utilidad, en circunstancias que los mismos médicos están contestes en que estos casos son poco frecuentes. En consecuencia, si estos padecimientos son aislados y cuando se presentan el Sistema de salud no hace el trasplante, nunca entonces se logrará la evidencia para la inclusión del tratamiento dentro del referido protocolo, al menos en Chile.

El tribunal, de esta manera, concluye que la decisión de la recurrida atenta contra la Ley Nº 19.966, que en su artículo 2° dispone que las GES «serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan». En efecto, la ley se incumple si pese a que la enfermedad del paciente está garantizada en su atención, no se le provee del único tratamiento que queda por otorgar ante la enfermedad que padece.

Siendo, una decisión arbitraria e ilegal, ella atenta contra el derecho a la vida y a la integridad psíquica de la paciente, pues si bien su vida está en peligro por la enfermedad que sufre, no es menos cierto que al privarle de la opción de un tratamiento que puede ayudarle a sobrevivir y menguar el peligro subyacente perturba gravemente estas garantías constitucionales. La Corte, en tal sentido, se encuentra en el imperativo Constitucional de brindar la cautela requerida y disponer la adopción de todas las medidas médicas necesarias para llevar a cabo el trasplante propuesto por el equipo médico que atiende al paciente dentro del Plan Auge.