Corte de Apelaciones de Santiago eleva pena por declaración maliciosa de impuestos

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 5 años y un día de presidio efectivo, la pena que deberá cumplir Pedro Eduardo Fuentealba Escobar, condenado por infracción al artículo 97 N° 4, inciso segundo del Código Tributario; es decir, declaración de impuestos maliciosamente incompleta o falsa, ilícito perpetrado entre 2001 y 2002.

En fallo unánime (causa rol 473-2016), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Fernando Carreño y María Paula Merino– incrementó la pena de 541 días dictada por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirma la responsabilidad del condenado en el delito, pero descarta aplicar la aminorante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos investigados.

«El delito tipificado por el inciso final del artículo 97 N°4 del Código Tributario –que es de aquellos que la doctrina denomina de peligro abstracto y de mera actividad y no de resultado–, sanciona al que maliciosamente confeccione, venda o facilite a cualquier título, guías de despacho o facturas, notas de débito o de crédito, boletas falsas con o sin el timbre del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en dicho numeral, fue introducida por la Ley 19.738, conocida como la «Ley de Lucha contra la Evasión», cuyo espíritu no fue otro que condenar a las personas que cometían fraudes con facturas, esto es, el tráfico de facturas falsas (…) los elementos del tipo, el verbo rector consiste en confeccionar, vender o facilitar a cualquier título, incluso gratuito», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «En cuanto al elemento material, debe tratarse de facturas o de los otros documentos tributarios que indica, falsos. En lo que respecta al elemento subjetivo la norma se refiere a que el autor cometa o posibilite la comisión de los delitos de los incisos 1º, 2º y 3º. El sujeto activo puede ser cualquier persona natural, a diferencia de lo que ocurre en el ilícito tipificado en el inciso segundo en que este tiene que ser contribuyente sujeto a IVA».

«(…) los informes periciales acompañados en autos –continúa–, rolantes a Fs. 1, 125 y 249, sólo es posible determinar que el acusado Fuentealba Estobar disminuyó el impuesto a las ventas y servicios que debía ingresar en arcas fiscales, por cuanto imputaba al débito fiscal IVA un mayor crédito fiscal que se fundaba en facturas material e ideológicamente falsas (…) al registrar facturas irregulares en su contabilidad, aumentó ficticiamente sus costos y/o gastos operacionales, disminuyendo con esto la utilidad declarada en arcas fiscales, no pudiendo establecerse que él actuara como facilitador de algún tipo de facturas a terceros».

Además, «la minorante contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, exige por parte del agente un ánimo de colaboración para esclarecer los hechos materia de la investigación, el cual además, debe reunir la característica de ser sustancial, esto es, trascendente para alcanzar los fines del proceso: el completo esclarecimiento del hecho punible y/o la participación. Además, el aporte del imputado debe abarcar situaciones fácticas que, al menos hasta ese momento, los órganos persecutores no hayan estado en condición de acceder a ellos, por lo tanto no tenían conocimiento de su existencia (…) en la especie, resulta suficiente para desechar tal atenuante, el propio reconocimiento efectuado por el sentenciador al analizar la autoría que se le imputó al acusado en la presente investigación, pues reconoce que éste «niega su participación en los hechos investigados».

«Lo anterior motivó que ésta tuvo que determinarse teniendo en consideración la demás prueba aportada en el presente juicio, tales como los dichos de los supuestos proveedores de madera del encartado, los que no reconocen tal calidad, como asimismo, los peritajes allegados al proceso. Ergo, no corresponde beneficiar al sentenciado con la atenuante en comento, menos calificarla», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de San Miguel: la sanción por no pago de cotizaciones previsionales procede independiente de quien haya deducido la acción para poner término a la relación laboral

Con fecha 23 de enero de 2017, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acoge el recurso de nulidad interpuesto por el trabajador en contra de la sentencia que no aplicó la sanción de nulidad del despido ante el incumplimiento de su empleador en el pago de cotizaciones previsionales. Esto, pues la sanción de nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales procede sea que el trabajador o el empleador le hayan puesto término a la relación laboral. Además, respecto de la responsabilidad solidaria de la empresa principal, esta solo tiene lugar respecto de las obligaciones laborales y previsionales que se generan durante el servicio de los trabajadores subcontratados.

El fallo unánime considera que si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional, corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162 inciso 5º del Código del Trabajo, independiente de quien haya deducido la acción para ponerle término. Sea que la haya deducido el empleador o el trabajador, el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera es el mismo: el empleador no enteró las cotizaciones previsionales a los órganos respectivos en tiempo y forma. En consecuencia, la sentencia impugnada ha efectuado una incorrecta aplicación de los artículos 160 y 171 del estatuto laboral ya citado.

Sobre las alegaciones de responsabilidad solidaria, durante el periodo que la demandante trabajó en régimen de subcontratación para la demandada solidaria, el empleador pagó las cotizaciones de seguridad social, de Fonasa y de AFC. En efecto, los periodos impagos que la juez a quo da por establecido se refieren a periodos diversos a aquellos en que la demandante prestó servicios para la demandada de que trata. Consecuentemente, yerra la sentencia impugnada en su análisis del artículo 183 B del Código del Trabajo al entender que la demandada debe responder de las obligaciones labores y previsionales correspondiente a un período diverso a aquel durante el cual el trabajador prestó servicios en régimen de subcontratación. Aquello implica darle al artículo 183-B del Código del Trabajo un alcance restringido que no se justifica.

Finalmente, se comenta que si el recurrente invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, no puede el tribunal de alzada variar los presupuestos fácticos a que ha arribado el juez de la instancia, toda vez que éstos resultan inamovibles para la Corte de Apelaciones. En la especie, se encuentra asentado en la sentencia que el actor prestó servicios para la empresa demandada a partir del 3 de marzo de 2010 y sobre la base de dicho presupuesto acogió la demanda por despido indirecto. Luego, el recurso no puede pretender por la vía de esta causal modificar los hechos asentados en el fallo que se revisa. A lo anterior ha de señalarse que el presente recurso de invalidación es de carácter formal y de derecho estricto, razones por las cuales, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 474, 477, 479 y siguientes del Estatuto Laboral que lo regulan, en el escrito de interposición el recurrente debe expresar con claridad y precisión las leyes que se habrían infringido en la sentencia. De igual forma, señalar como el vicio invocado ha influido en lo dispositivo del fallo cuestión que el recurso omite indicar.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte de Apelaciones revoca decisión de comisión médica y ordena que se realice transplante de médula a paciente GES

receta medicaLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección contra la orden a no recomendar la realización de trasplante al paciente dada por la Comisión de Coordinación Nacional de Trasplante de Médula Ósea de Adultos, por no estar incluido en el protocolo para tratar la enfermedad de la paciente recurrente y aduciendo falta de evidencia de utilidad existente. La recomendación de la Comisión incidió en la decisión definitiva de no trasplantar al paciente a través del Sistema Nacional de Salud. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado jueves 2 de Marzo, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones capitalina acogió la protección, ordenando que se realice el Trasplante Alogénico (TPH) –más conocido como transplante de médula– como tratamiento contra la Leucemia Mieloide Crónica Philadelphia en crisis blástica linfoide con mutación T315I, solicitado por los médicos tratantes. Según la corte, los fundamentos dados al interior de la misma, siendo concordados entre sí, demuestran lo débil de su razonamiento, sin que ninguno de ellos esboce alguna contraindicación de este tratamiento para el paciente.

Por otra parte, confrontada posteriormente la decisión con aquella que considera que debe efectuarse a la brevedad el referido trasplante, emitido por la doctora que atiende al paciente, opinión avalada por el Comité de Hematología del Centro Asistencial donde se encuentra el paciente, sumado a la anuencia de otros médicos, se da cuenta de que se hacen cargo de los fundamentos de la Comisión desestimándolos uno a uno, todos coincidentes en la necesidad de efectuar el trasplante. Así, la conclusión a la que llega la recurrida es arbitraria por falta de argumentos razonables que justifiquen privar a un paciente del único tratamiento que le queda disponible para poder sobrevivir a la grave enfermedad que lo aqueja.

Razonando sobre el hecho de que la decisión de hacer o no el trasplante obedece a una cuestión propia de la lex artis, el tribunal considera que aun así ello no escapa al control del órgano judicial en orden a revisar la razonabilidad de una decisión que incide directamente en la expectativa de vida de una persona, teniendo para ello como parámetro la opinión de todos los profesionales médicos que han emitido opinión para el caso.

En tal sentido, no resulta razonable para el paciente ni para su familia que el Sistema de Salud Nacional prive de la opción de efectuar un trasplante porque dicha intervención no está dentro de un protocolo, máxime si por los dichos de los profesionales médicos que participaron en la discusión dicho protocolo no se encuentra actualizado y que sólo se ha debatido el tema porque existe un caso que requiere dicho tratamiento. Tampoco es razonable que se deniegue el trasplante porque existe poca evidencia de utilidad, en circunstancias que los mismos médicos están contestes en que estos casos son poco frecuentes. En consecuencia, si estos padecimientos son aislados y cuando se presentan el Sistema de salud no hace el trasplante, nunca entonces se logrará la evidencia para la inclusión del tratamiento dentro del referido protocolo, al menos en Chile.

El tribunal, de esta manera, concluye que la decisión de la recurrida atenta contra la Ley Nº 19.966, que en su artículo 2° dispone que las GES «serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan». En efecto, la ley se incumple si pese a que la enfermedad del paciente está garantizada en su atención, no se le provee del único tratamiento que queda por otorgar ante la enfermedad que padece.

Siendo, una decisión arbitraria e ilegal, ella atenta contra el derecho a la vida y a la integridad psíquica de la paciente, pues si bien su vida está en peligro por la enfermedad que sufre, no es menos cierto que al privarle de la opción de un tratamiento que puede ayudarle a sobrevivir y menguar el peligro subyacente perturba gravemente estas garantías constitucionales. La Corte, en tal sentido, se encuentra en el imperativo Constitucional de brindar la cautela requerida y disponer la adopción de todas las medidas médicas necesarias para llevar a cabo el trasplante propuesto por el equipo médico que atiende al paciente dentro del Plan Auge.

Corte de Santiago rechazó recurso de reclamación presentado por notario en contra de la unidad de análisis financiero

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de la decisión de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que formuló una serie de cargos por irregularidades detectadas en notaría.

En fallo unánime (causa rol 12.498-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Mario Rojas y el abogado (i) David Peralta– descartó infracción de ley en los procesos abiertos por la UAF en contra del notario Sergio Martel Becerra.

«Que teniendo presente el ámbito de intervención de esta Corte, es posible advertir que la resolución que se impugna ha cumplido, de un modo objetivo y preciso, con las exigencias que le impone el citado artículo 22° de la ley 19.913, pues ha señalado con precisión los cargos y los hechos en que se funda; la fecha en que se verificaron, la norma eventualmente infringida, la sanción asignada y el plazo para formular los cargos, de modo que las alegaciones de la reclamante en cuanto a la falta de precisión, incoherencia de los cargos y el no tener correlato con la fiscalización, no son aspectos que permitan sostener una contravención a la ley, sin perjuicio que tales consideraciones se hagan valer en la instancia administrativa correspondiente al procedimiento en curso», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «sin perjuicio del análisis que se efectúa al tenor del reclamo interpuesto, cabe señalar que las alegaciones que formula la recurrente de un modo extenso acerca de las ilegalidades de las Circulares en que se basan los incumplimientos que le reprochan, no es materia susceptible de ser revisada a través de la presente reclamación, como tampoco resulta procedente analizar cada uno de los aspectos que sirven de respuesta a los cargos que le fueron formulados, pues ello excede la naturaleza de la reclamación y deben ser expuestos en otra sede o bien en el curso del procedimiento administrativo correspondiente».

«(…) los antecedentes que hace valer el reclamante no son suficientes para alterar lo decidido por la autoridad fiscalizadora, ni para sostener que esta al resolver como lo hizo haya infringido alguna disposición legal o reglamentaria y por lo demás, aparecen que todos los presupuestos para dar curso al proceso administrativo de sanción en este caso, han sido suficientemente cumplidos y siendo así, el reclamo de ilegalidad debe ser necesariamente declarado sin lugar», concluye.

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte de Santiago ordena a dos isapres realizar proceso complementario de devolución de excesos a cotizaciones

ISAPRESLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los reclamos presentados por las isapres Banmédica y Vida Tres en contra de las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Salud, que les ordenan realizar un proceso complementario de devolución de cotizaciones cobradas en exceso en el periodo 2014-2015.

En fallos unánimes (causas roles 10.163-2016 y 10.164-2014), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Gajardo, Adelita Ravanales y Juan Antonio Poblete– confirmó el actuar de la autoridad fiscalizadora que ordenó realizar un nuevo proceso de devolución de fondos que caducaron sin ser cobrados por los cotizantes.

De acuerdo a ambas sentencias, la Superintendencia de Salud actuó dentro de sus facultades al ordenar los procesos complementarios.

«La instrucción cuestionada versa sobre el procedimiento de devolución de cotizaciones percibidas en exceso, que claramente no pertenecen a las Isapres, lo que se traduce en que su devolución no es facultativa sino que obligatoria, en términos que la Superintendencia, como Órgano Estatal ha de propiciar el cumplimiento efectivo y no meramente nominal de tal obligación, para lo cual ha dictado reglamentación en ese sentido, pues entenderlo de otro modo conduciría a desconocer el mandato que el legislador le ha conferido.», establecen ambos fallos.

Las resoluciones agregan que: «aun de llegar a concluir que a la fecha de la instrucción que motiva el presente reclamo, no se encontraba vigente la Circular IF/ N° 239- que nadie discute que contenía la obligación de devolución masiva que la reclamada reprocha incumplida no es posible para esta Corte obviar la norma transitoria de la Circular IF/N° 242- que fue la que difirió la vigencia de la circular IF N° 239 para el 31 de mayo de 2015- ya que allí expresamente se precisó que «en la devolución masiva anual correspondiente al año 2014 se debían incluir» todos los excesos pendientes de devolución, como también aquellos montos por concepto de documentos que se encontraban pendientes de cobro provenientes de devoluciones masivas o por solicitud directa de ejercicios anteriores».

«(…) así las cosas, la instrucción reclamada se ajustó a la normativa que regía la materia al momento que se llevó a cabo el proceso de devolución masiva de excesos de cotización, esto es al mes de abril de 2015, desde que se trataba de la devolución masiva anual correspondiente al año 2014», concluyen.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones la Serena rechaza recurso de protección por construcción de centro comercial Paseo Balmaceda

Corte La SerenaLa Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto por vecinos de la comuna en contra del secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, por la aprobación del estudio de transporte urbano del proyecto de construcción del centro comercial Paseo Balmaceda, en julio pasado.

En fallo unánime (causa rol 2085-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada  –integrada por los ministros Humberto Mondaca, Marta Maldonado y el fiscal judicial Miguel Montenegro–  rechazó la acción cautelar por considerar que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones legales.

«(…) lo concreto y no lo supuesto como quiere anticiparse los recurrentes, es que mediante el ya citado oficio ordinario N°754, de fecha 27 de julio de 2016, remitido por el Señor Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Región de Coquimbo, se comunicó la aprobación EISTU del Centro Comercial Paseo Balmaceda y que contempla 590 estacionamientos, aprobación que queda condicionada al cumplimiento de acciones y medidas de mitigación, las que se consignan a su vez en el Informe de Factibilidad Técnica de Medidas de Mitigación del EISTU, esto es del Estudio de Impacto sobre Transporte Urbano, acciones y medidas de mitigación de corte técnico que no corresponde en este recurso determinar si adolecen o no de defectos, bastando sólo constatar que se cumplió con la legalidad», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «igualmente cabe concluir que la recurrida no ha conculcado la garantía constitucional consistente en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que tampoco se logra atisbar respecto a la manera en que la autoridad haya incurrido en una arbitrariedad e ilegalidad que traiga consigo la contaminación del medio ambiente».

Por lo que, concluye: «se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por los recurrentes, ya individualizados, en contra del Secretario Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, don Oscar Pereira Peralta».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones de Santiago rechaza amparo por decreto de expulsión de periodista italiano

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el periodista italiano Lorenzo Spairani, quien fue expulsado del país el 4 de febrero pasado, por orden de la Intendencia Regional Metropolitana.

En fallo unánime (causa rol 332-2017), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministro Juan Manuel Muñoz Pardo, Miguel Vázquez y Elsa Barrientos– descartó actuar ilegal de la autoridad al decretar la expulsión del profesional europeo. Asimismo, el tribunal consideró extemporáneo el recurso, el cual fue interpuesto después de que se concretara la expulsión de Spairani.

«De los antecedentes expuestos por las partes, y los fundamentos contenidos en el decreto de expulsión, se ajustan a la preceptiva legal y reglamentaria vigentes y al mérito del procedimiento incoado, acto administrativo, que por ende ha sido pronunciado por la autoridad competente y dentro del ámbito de sus atribuciones, de manera que la acción constitucional no puede prosperar, toda vez que la medida de expulsión del amparado se ajusta a derecho, tanto en el cumplimiento de las formalidades, como en la concurrencia de las causal de expulsión del país establecidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «(…) tal como lo argumenta la Policía de Investigaciones, en su informe, el recurso deducido resulta extemporáneo, en tanto a la fecha de su interposición -los días 05, 08, y 09 de febrero de 2017- y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90° del D.L. 1.094, ya se había hecho efectiva la expulsión del amparado, lo que consta de los antecedentes aportados en la causa y, refrendado en estrados por la parte recurrente».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Valparaíso rechaza reclamo de ilegalidad por permisos de construcción de centro comercial en Puerto Barón

Corte-de-Apelaciones-de-Valparaiso-pjud.cl_La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó ayer –jueves 16 de febrero– el reclamo de ilegalidad presentado por un grupo de vecinos en contra del municipio porteño que autorizó la construcción del mall Puerto Barón.

En fallo unánime (causa rol 588-2013) la Quinta Sala del tribunal de alzada porteño –integrada por los ministros María Angélica Repetto, Max Cancino y Rosario Lavín- descartó infracción de ley en la resolución municipal que otorgó el permiso de edificación del proyecto: «alteración, reparación y ampliación de la bodega Simón Bolívar y obra nueva de edificio centro comercial, áreas verdes y vialidad interior».

«Que habiéndose desestimado las alegaciones de ilegalidad formuladas en el reclamo respecto al permiso de edificación N° 79, sólo puede concluirse que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 y 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 24 letra a) de la Ley N° 18.695, la Directora de Obras Municipales de Valparaíso concedió el permiso de construcción, de acuerdo con los antecedentes acompañados y cumpliendo el proyecto con las normas urbanísticas establecidas vigentes a la fecha de su emisión, particularmente aquella contenida en los planes reguladores», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «(…) se desestima el reclamo de ilegalidad municipal presentado por don Mario Zumelzú Codelia, don Pablo Andueza Guzmán y don Edgardo Piqué González, abogados, en representación de don Carlos Rómulo Manterola Carlson, don Edison Schultz Vera, don Óscar Hormazábal Ciudad, don Raúl Alcázar Cruz, don Jorge Bustos Bustos, doña Lorena Colivoro Villalón, doña María José Oyarzún Solís, don Camilo Vargas Koch, doña Andrea Silva Alarcón, doña Sara Herrera Mora, doña María Flores Pastén y doña Patricia Araya Mancilla, en contra de la Municipalidad de Valparaíso, respecto a la resolución que otorgó el permiso de edificación N° 79, de 14 de febrero de 2013 emitida por la Directora de Obras Municipales de la misma ciudad, sin costas, por estimar que los actores litigaron con motivo plausible».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago absuelve por prescripción de la acción penal a condenado por obtención fraudulenta de pensiones

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia que condenó a Juan Carlos San Cristóbal Narbona, en calidad de autor delito de obtención fraudulenta de pensiones, en el marco del denominado caso «falsos exonerados».

En fallo unánime (causa rol 1.224-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, María Rosa Kittsteiner y Pedro Advis– revocó la sentencia dictada por la ministra en visita Mireya López, el 7 de septiembre pasado, que condenó al San Cristóbal Narbona a 61 días de presidio, tras el establecer la prescripción de la acción penal.

«Como se ha visto, la conducta típica fue completamente realizada por el sujeto activo al obtener del Estado una Resolución que le otorgaba una pensión mensual y vitalicia a contar del 1 de noviembre de 1998, resolución que data del 8 de abril de 2003: desde ese momento empezó a percibir el dinero y se consumó el ilícito penal (…) En la especie, si el acusado el 8 de abril de 2003 obtuvo fraudulentamente del Estado una pensión mensual y vitalicia y empezó a recibir el dinero, pues fue en ese momento en que se consumó el delito y las posteriores pensiones son precisamente el resultado de su conducta consumada, de suerte que no puede entenderse que el delito se fue renovando mes a mes, en la medida que se le pagaba la pensión que por medios espurios obtuvo del Estado. Cierto es que el tipo penal emplea una forma del verbo «obtener», o sea, exige un desplazamiento patrimonial del Estado al agente en virtud del fraude de éste, mas ello ocurrió en el año 2003, como se dijo, siendo las demás mensualidades las persistentes consecuencias de su ilícito obrar», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «El propio fallo que se revisa señala que en autos se encuentra demostrado «el delito de obtención fraudulenta de prestación estatal», esto es, entiende que se trata de un solo delito, no de varios que podrían formar lo que la doctrina entiende como uno continuado ni de la situación del concurso real de ilícitos, esto es, que el agente cometía cada mes un nuevo ilícito de estas características. Es un solo ilícito, que se consuma -como se ha dicho- desde que el sujeto activo despliega toda la conducta exigida por el tipo y obtiene la Resolución de la Administración que le permitió percibir pensiones, de suerte que no es posible que cada mes el delito se «renovara» o que dichas pensiones mensuales operaran como una suerte de interrupción de la prescripción, impropia ciertamente del sistema penal: la prescripción penal se interrumpe sólo desde que el autor comete nuevo delito, como lo señala el artículo 96 del Código Penal».

Por lo tanto, continúa, «si el delito se consumó el 8 de abril de 2003, pues desde esa data debe computarse el plazo de prescripción del delito de acuerdo a lo que regula el artículo 95 del Código Penal y, como dicho lapso es de cinco años, tanto al año 2011 -época en que se inició esta causa- como al 15 de octubre de 2015, data del procesamiento de San Cristóbal Narbona, tal ilícito está prescrito o, en los términos del Código Punitivo, la acción penal se encuentra extinguida por este medio».

En el aspecto civil, el tribunal de alzada confirmó la sentencia y ordena a San Cristóbal Narbona pagar al Estado de Chile $29.626.657, más reajustes e intereses.

«En materia civil la prescripción debe ser alegada, según lo dispone el artículo 2493 del Código Civil y los jueces tienen vedado decretarla de oficio. En el caso sub judice, se demostró que el autor cometió un delito civil que generó daño al Estado por la suma que se indica en lo dispositivo del fallo de primer grado y, contestada la demanda por el demandado San Cristóbal Narbona, en el segundo otrosí de fojas 180, éste no alegó dicho medio de extinción de las obligaciones, de manera que dicha sentencia, en esta parte, debe ser confirmada», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Patio 29: Corte de Santiago confirma fallo que ordena al Fisco pagar indemnización por errónea identificación de restos de ciudadano uruguayo

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a familiares de Arazati López López, ciudadano uruguayo cuyos restos fueron mal identificados por el Servicio Médico Legal (SML) a periciar osamentas inhumadas en el Patio 29 del Cementerio General.

En fallo unánime (causa rol 13.064-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Viviana Toro y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– confirmó la sentencia dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó indemnizar a los familiares de López López.

Los restos óseos del ciudadano uruguayo, detenido el 14 de septiembre de 1973 en una pensión de Avenida España, fueron erróneamente identificados en 1994 a través de pericias antropomórficas y repatriados a Uruguay. Sin embargo, en 2009 se comprobó con exámenes de ADN mitocondrial que habían sido mal individualizados.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo dictado por la jueza Rocío Pérez Gamboa, que estableció (causa rol 27.716- 2014) la responsabilidad del Estado por la falta de servicio del SML.

«Resulta un hecho público y notorio la necesidad de la ciudadanía, autoridades y por sobre todo de los familiares de víctimas detenidas desaparecidas de obtener certeza, no solo de su paradero en algunos casos, sino también de su identificación en el caso de los restos encontrados en el Patio 29 y que tal importancia y trascendencia ha sido expresada por el Estado en los distintos ámbitos y etapas de este proceso, lo que se ha podido apreciar por ejemplo en la resolución Exenta N° 554 del propio Servicio Médico Legal en el que se hace mención a la urgente necesidad de solucionar el problema de identificación, en la valiosa inversión económica que el informe Glasgow significó, y en los restantes esfuerzos económicos efectuados por el Ministerio de Justicia para implementar a este servicio de modernos equipos y capacitación para su personal», sostiene el fallo de primera instancia.

Resolución que agrega: «En este contexto la obligación y responsabilidad del Servicio Médico Legal resulta trascendente y relevante toda vez que debía emplear la mayor acuciosidad, seriedad y resguardo en el cumplimiento de esta tarea, advirtiéndose no solo la impericia de sus peritos y procedimientos aplicados, sino que además debió haber desplegado sus esfuerzos precisamente para refutar las conclusiones que se contenían en el denominado Informe Glasgow, omitiendo dar a conocer íntegramente dichos cuestionamientos, tanto a los tribunales que conocían de los diversos procesos como a los destinatarios de tal información».

«Valga consignar –continúa– que si bien es cierto que el avance de los conocimientos y de las técnicas de la ciencia, es permanente y en constante desarrollo, ello no eximía al Servicio Médico Legal de su deber de proporcionar un servicio de calidad y excelencia, debiendo estar al tanto de la ciencia a nivel internacional, sin que sea excusa para ello la falta de dotación o de implementación de la misma, puesto que el reproche que se le hace por esta sentencia no es carecer de ello, sino haber ocultado que existían reparos en su trabajo y en haber omitido en forma negligente, al parecer de esta juzgadora, que lo concluido tenia precisamente las características ya dichas, esto es, que estaba sujeto a los conocimientos y técnicas de que en ese momento se disponía, y más aún, que ya a esa data se contaba en el contexto internacional con otros medios de verificación. Lo esperable, era que al igual que en otros informes se consigne las salvedades, los porcentajes de certeza o margen de error (…) se tiene por establecido que el Servicio Médico Legal, en cuanto órgano de la Administración del Estado, entregó un servicio defectuoso, ocasionando una apresurada y errónea identificación de los restos del patio 29, que de generar daños obliga al Estado a su resarcimiento».

(Fuente: Poder Judicial)

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