Corte Suprema confirma sentencia que condenó a banco a indemnizar a clienta suplantada en obtención de crédito

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó al Banco Ripley a pagar una indemnización de $15.000.000 (quince millones de pesos) a clienta que fue suplantada por una prima que solicitó un crédito.

En fallo unánime (causa rol 38.283-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Héctor Carreño, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich y el abogado (i) Jorge Lagos– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que condenó a la entidad bancaria a indemnizar a Magda Franulic de la Puente, quien fue suplantada en 2011, por Mourina de la Puente Vera en una sucursal ubicada en la capital de la Cuarta Región.

El fallo del máximo tribunal confirma la responsabilidad del banco por la falta de diligencia en el otorgamiento del empréstito, que le generó a la demandante una deuda y su ingreso a Dicom.

«La pretensión anulatoria del banco recurrente se afinca en que la demandante no advirtió oportunamente que había extraviado o que no mantenía consigo su cédula de identidad, postulando que esta conducta omisiva influyó causalmente en la contratación del crédito y en el daño cuya indemnización persigue, puesto que, de no haber incurrido en ella [esto es, de haberse dado cuenta de la pérdida del citado documento], la habría bloqueado y, consecuencialmente, su prima no habría podido obtener el empréstito al constatarse que dicho documento no estaba vigente», sostiene el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que: «sin embargo, el silogismo propuesto por el recurrente se estrella contra los hechos establecidos por los jueces del fondo desde que, como quedó dicho en el basamento cuarto, la demandante advirtió que no traía consigo su cédula de identidad el día 12 de julio de 2011, a raíz de una llamada telefónica por medio de la cual se le informaba acerca de una mujer que, portando su documento de identidad, se había acercado a una institución financiera requiriendo un crédito de consumo. Es decir, el día 6 de julio del mismo año, fecha en que doña Mourina de la Puente se presentó en la sucursal La Serena del Banco Ripley y exhibió la documentación que se le requirió para solicitar y obtener la aprobación de un empréstito, la demandante, doña Magda Franulic, no tenía conocimiento de que su documento de identificación le había sido sustraído desde la cartera que mantenía en su domicilio».

«Que la única omisión –continúa– que podría reputarse causalmente concurrente con la falta de diligencia del banco demandado y que impondría a los jueces del fondo la aplicación de la regla de atenuación de responsabilidad que consagra el artículo 2.330 del Código Civil sería aquella consistente en que, enterada la demandante del hecho que su prima le sustrajo su documento de identidad desde su billetera, no hubiere realizado ninguna acción en orden a bloquear tal instrumento e impedir su uso malicioso, cuestión que no fue demostrada en el proceso y, por el contrario, se acreditó que tan pronto tuvo conocimiento del extravío efectuó las gestiones necesarias ante la autoridad para precaver el uso indebido de su cédula de identidad».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: concepto de familia para declaración de bien familiar abarca a cónyuge separada madre de hijo común fallecido

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que negó la declaración de bien familiar, pues en el inmueble convivió el demandado con la madre y el hijo común que falleció, hasta que aquél abandonara la propiedad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, la cuarta sala del máximo tribunal consideró que concurre el presupuesto establecido en el artículo 141 inciso primero del Código Civil para declarar el inmueble como bien familiar, ya que sirve de residencia principal de la familia, entendiéndola en un sentido amplio. Así, la cónyuge separada judicialmente que fue madre del hijo en común fallecido, con la cual vivió junto al hijo, está incluida dentro del concepto de «familia» del Código Civil.

Según el fallo, el sentido amplio de «familia» implica que es una institución natural y social que, basada en vínculos de sangre y afecto, vincula a los individuos que la integran para cumplir en comunidad los fines de la vida en el orden espiritual y material, habitualmente bajo la autoridad de un ascendiente originario, o sea, para auxiliarse recíprocamente en todas las circunstancias de la vida.

En tal sentido, el fallo considera que no hay justificación razonable para concluir que la terminología del artículo 141 del Código Civil –en el sentido que puede declararse bien familiar el inmueble que «sirva de residencia principal de la familia»– no permite abarcar el caso en que vive uno de los cónyuges separados, madre de un hijo común fallecido.

El fallo contiene una prevención del Abogado Integrante Sr. Matus. En ella, estima que el concepto de familia del artículo 141 inciso primero del Código Civil debe entenderse como el grupo de personas vinculadas por matrimonio o acuerdo de unión civil y su descendencia, cuando la haya, que viven juntas o, en caso de separación o abandono del hogar común, vivieron juntas. Pero de todas maneras, este concepto legal concuerda plenamente con los hechos que se han tenido por acreditados en la causa para el concepto de familia.

Adicionalmente, la sentencia contiene un voto disidente de la ministra señora Chevesich y abogada integrante señora Etcheberry.

La disidencia estima que el objeto de la declaración de bien familiar es proteger el núcleo familiar, por la vía de asegurarle la mantención del hogar físico, ante conflictos o desavenencias que pudieran poner fin a la vida en común entre los cónyuges, por cuanto es una «garantía para el cónyuge que tenga el cuidado de los hijos, en casos de separación de hecho o de disolución del matrimonio» (Ramos, René, Derecho de Familia, Editorial Jurídica, año 2007, página 350, citando al profesor Enrique Barros). Aquello permite concluir que si el matrimonio ha cesado en su convivencia, residiendo sólo uno de los cónyuges en el inmueble cuya declaración de bien familiar se pretende, sin la presencia de hijos en común, no se cumple la finalidad de la institución analizada, desde que en tales circunstancias no puede considerarse que en la actualidad sea la residencia de la familia, de modo que no concurre el requisito de constituir el inmueble la residencia principal de la misma, al estar habitado exclusivamente por el cónyuge demandante, interpretación que se ajusta al tenor y espíritu del artículo 141 y siguientes del Código Civil.

Corte Suprema acoge recurso de amparo y ordena a PDI eliminar registro de detención ilegal

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por Valentina Pérez Castillo, cuya detención fue declarada ilegal y ordenó a la PDI eliminar todo registro de las actuaciones practicadas en contra de la recurrente.

En fallo unánime (causa rol 9.339-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– acogió la acción cautelar presentada por Pérez Castillo, quien fue detenida ilegalmente por el delito de receptación.

«(…) según se desprende del mérito de los antecedentes, aún perduran efectos de las actuaciones ilegales del recurrido, tales como las declaraciones que Valentina Pérez Carrillo debió prestar en calidad de imputada y el registro policial que de ella se efectuó, actuaciones policiales que se impusieron a la recurrente que conllevan el atropello no solo del derecho a la libertad personal de que goza, sino que también vulnera su derecho a la presunción de inocencia que la misma Constitución Política garantiza a la amparada», sostiene el fallo.

Por lo tanto, concluye: «se revoca la resolución apelada de catorce de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol de Amparo N° 493-2017 y, en su lugar se declara que se acoge el recurso de amparo solo en cuanto se ordena eliminar el registro o constancia de todas aquellas actuaciones practicadas por la Policía de Investigaciones de Chile, en relación con la amparada Valentina Pérez Carrillo».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema rechaza recurso de funcionarios y oficia al ministerio de justicia por sobrepoblación en centros del Sename

La Corte Suprema rechazó recurso de protección presentado por asociaciones gremiales del Servicio Nacional de Menores, en contra de la directora del servicio por la sobrepoblación de los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín; sin embargo, ofició al Ministerio de Justicia advirtiendo de la situación denunciada.

En fallo unánime (causa rol 67.467-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Leonor Etcheberry– confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso que buscaba que se impidiera a dichos centros recibir más niños y adolescentes.

El tribunal establece que no cuentan con facultades para dictar tal medida, no obstante advirtió al Ministerio de Justicia de la situación de sobrepoblación de los recintos.

«Que aun cuando esta Corte comprueba la efectividad de los hechos delatados por los comparecientes, en cuanto a que los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín operan con una sobrepoblación que pone en riesgo la integridad psíquica de los niños y adolescentes internos, como de los funcionarios que sirven en ellos, no resulta procedente acoger el presente arbitrio en la forma como se propone, desde que esta Corte no puede acoger la prohibición de ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes a dichos planteles, ya que, tal como se reflexionó, merced a lo preceptuado en los artículos 8°, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 68 de la Ley N° 18.968, ante la constatación de transgresiones de derechos, los niños, niñas o adolescentes deben ser ingresados en centros que le deben proporcionar la debida protección, así como garantizar que los adolescentes objeto de persecución penal se internen en centros diferenciados de la población común», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «a mayor abundamiento, parece imperioso consignar que la medida requerida ni siquiera puede ser dispuesta a condición que se aumente la capacidad, recursos y planta de cada recinto, puesto que es materia de una política pública que escapa a las atribuciones de esta Corte.

En efecto, tal pretensión se vincula directamente con la inyección de recursos económicos necesarios para suplir el déficit que padecen esos centros como corolario de la sobrepoblación que los aqueja, lo que envuelve una acción del Estado tendiente a solucionar un problema público, que está en manos de la administración, encargada de discernir, dentro del marco de sus competencias, los recursos que deben destinarse a esos propósitos».

«(…) en atención a la imposibilidad de admitir este libelo –continúa– y de cara a la grave situación que afecta a los centros Galvarino, Pudahuel y San Joaquín, esta Corte considera pertinente poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio de Justicia, de quien depende el Sename, a fin que vele por el cumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo social, para cuyos designios debe valerse de instituciones que dispongan de personal capacitado e instalaciones suficientes, junto con adoptar las medidas conducentes a ello, por tratarse de un problema público que concierne a los niños, un sector altamente vulnerable de la población, que por lo mismo, debiera constituir uno de los ejes centrales de las políticas públicas».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema acoge recurso y anula fallo por incorporación de lectura de testimonio de testigo

La Corte Suprema acogió recurso de nulidad presentado en contra de sentencia dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a Ignacio Salazar Estelle a la pena de 7 años de presidio, como autor del delito de robo con violencia. Ilícito perpetrado el 24 de enero de 2016, en La Florida.

En fallo dividido (causa rol 4.693-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– ordenó al realización de un nuevo juicio, tras establecer que la resolución recurrida se dictó con infracción al debido proceso, al incorporar mediante lectura declaración de un testigo, modalidad que no estaba permitida a la época de los hechos.

«Que el análisis a que obliga la norma citada en el recurso y que supone la situación planteada, impone el estudio de la mayor o menor favorabilidad del estatuto que se reclama, lo que ha de hacerse en el caso concreto. De esta manera, entonces, se advierte desde ya el yerro del tribunal que pretende superar la objeción planteada sosteniendo que el nuevo escenario por el que reclama la defensa no es tal al encontrarse también a su disposición la misma herramienta en caso de requerirla, por cuanto tal argumentación es meramente formal y prescinde de analizar los efectivos derechos de que se ha visto privada la defensa con su empleo, en el caso en análisis», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «La situación producida, sin embargo, vicia, desde ya y gravemente, la sentencia dictada al dotarla de un grave sesgo de parcialidad, toda vez que se ha preferido una prueba ingresada sin los controles propios de la adversarialidad en relación a otra que lo fue con pleno goce de tales garantías, lo que no resulta posible de admitir».

«(…) cuando los jueces del fondo –continúa– autorizaron la introducción al juicio de una prueba en virtud de un estatuto diverso del que regía a la época de los hechos y que resulta más gravoso para el acusado, lo que impidió a la defensa el adecuado ejercicio de sus atribuciones, han dado aplicación retroactiva a una ley que le perjudica, lo que se encuentra vedado, incurriendo en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones (…), lo que en este caso quedó de manifiesto que no ocurrió, infracción que solo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación causal entre la prueba censurada y los hechos asentados, como ya se anotó, se retrotraerá la causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión de dicho testimonio en la forma que se ha censurado».

Por lo tanto, concluye: «se acoge el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública a favor de Ignacio Valentín Salazar Estelle y en consecuencia, se invalidan la sentencia de veintitrés de enero pasado y el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 1600081898-8, RIT 1-2017 del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose la posibilidad de presentar a juicio las declaraciones escritas, prestadas ante la fiscalía, por el testigo Camilo Arriagada Zavala, sin perjuicio de otros derechos».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago modifica sanciones aplicadas por ISP a laboratorio por no respetar normas de bioequivalencia

La Corte de Apelaciones de Santiago modificó las sanciones aplicadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) al Laboratorio Chile S.A. por no respetar las normas de bioequivalencia en siete medicamentos registrados por la empresa farmacéutica.

En fallo unánime (causa rol 13.328-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Mireya López y Viviana Toro– revocó parcialmente las sanciones aplicada tras sumario sanitario, al establecer que la cancelación de los registros sanitarios de los medicamentos establecida por el ISP, atenta contra el debido proceso.

«El sumario sanitario incoado fue porque se imputó al Laboratorio Chile el haber infringido el artículo 221 del Reglamento antes mencionado, esto es, no haber efectuado la demostración de equivalencia terapéutica de los siete medicamentos indicados, sin que en lo puntual se le haya recriminado haber además incurrido en alguna de las causales de cancelación», sostiene el fallo del tribunal de alzada.

La resolución agrega que: «conforme a lo anterior se atenta contra el debido proceso cuando al momento de sancionar se hace extensible al Laboratorio la posibilidad cierta de cancelar sus registros farmacéuticos, sin que previamente se haya debatido sobre esa posibilidad, pues aquello lo deja en la indefensión (…) si bien la cancelación se ha dispuesto previo informe favorable del Ministerio de Salud, ello no revierte la indefensión del Laboratorio en la instancia sumarial, en la cual corresponde formular los descargos y rendir las probanzas de rigor».

Asimismo, el fallo rebaja a 500 UTM (unidades tributarias mensuales) el monto de las siete multas que deberá pagar el laboratorio por no respetar la normativa sobre estudios de bioequivalencia farmacéutica.

«I. – Que se revoca la sentencia apelada de cinco de mayo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 373 en la parte que confirmó la orden de cancelación de los siete registros farmacéuticos del Laboratorio Chile S.A. previo informe favorable del Ministerio de Salud, y en su lugar se deja sin efecto dicha orden de cancelación;
II. – Que se revoca la sentencia en la parte que condenó a la reclamante al pago de las costas de la causa y en su lugar se le absuelve de las mismas por no haber resultado totalmente vencida;
III . – Que se confirma en lo demás apelado la referida sentencia con declaración que se rebaja cada multa impuesta a la reclamante a 500 Unidades Tributarias Mensuales por cada uno de los siete medicamentos respecto de los que no se han hecho los estudios de bioequivalencia».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema acoge Recurso de Protección y ordena redireccionar cámara de vigilancia en flota de buses

La Corte Suprema confirmó el fallo que acogió el recurso de protección presentado por el sindicato de conductores en contra de la empresa Flota Talagante, por la instalación de cámaras de vigilancia al interior de los buses y que ordenó redireccionar los dispositivos para que no apunten al rostro de los choferes.

En fallo dividido (causa rol 39-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– ratificó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió la acción cautelar por considerar que la instalación original de las cámaras viola la protección a la vida privada y la honra de los trabajadores.

«Que luego del análisis de los hechos, la sentencia concluye que atendido que el objetivo y finalidad de la instalación de cámaras es la protección y seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros y no el control de los primeros, una cámara de grabación enfocando exclusivamente al conductor o el rostro del mismo y con el audio no se condice con el objetivo explícito de la medida y sí aparece como un medio de control, entendiéndose de esa forma o al menos amenazando el derecho constitucional contenido en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República», establece el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que: «se comparte el razonamiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel en cuanto entendió que correspondía respetar el derecho antes aludido, por lo que acoge el recuso sólo en cuanto se dispone que se redireccionen las cámaras sin enfocar el rostro de los choferes, respetando así el derecho de sus empleados a la vida privada, aún en su lugar de trabajo».

Decisión adoptada con el voto en contra de la ministra Egnem.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: no se dan por establecidos los elementos ni el desequilibrio de poder negociador para que haya un contrato de adhesión

Con fecha 2 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, en juicio ordinario sobre indemnización de perjuicio por infracción al derecho del consumidor por estimarse que el contrato de promesa de compraventa realizado con una inmobiliaria no es de adhesión. Para decidir esto, el tribunal considera que se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa suscrito con la inmobiliaria fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales. Sin embargo, no se prueba ni esto, ni un desequilibrio de poder negociador que permitiría imponer estas cláusulas.

La sentencia unánime considera que para que sea aplicable la norma que permite al consumidor recurrir siempre a la justicia ordinaria debe tratarse en el caso de un contrato de adhesión. En efecto, el artículo 16 de la Ley 19.946 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se ubica en el párrafo 4° del Título II, titulado «Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión». Por lo demás, el inciso que inicia el artículo 16, que determina el ámbito de las reglas, se refiere expresamente a los contratos de adhesión. Sin embargo, el demandante no puede demostrar que existe un contrato de adhesión, por lo que para resolver cualquier conflicto del contrato corresponde se debe ejecutar la cláusula de arbitraje y no recurrir a la justicia ordinaria, como permite la ley.

El demandante ha fundado su alegación de que el contrato de promesa de compraventa es de adhesión en la circunstancia que habría sido redactado por la Inmobiliaria demandada, y en que existen varios contratos del mismo tipo celebrados por ella con otros promitentes compradores en los que la competencia queda radicada en los tribunales ordinarios, mientras en otros se radica ante el juez árbitro, lo que en su concepto demostraría que la cláusula de competencia queda entregada al arbitrio de la demandada. Tales postulados resultan insuficientes para evidenciar que en la promesa de venta de que se trata el consentimiento se haya formado mediante la sola aceptación expedida por el actor, de las condiciones dispuestas por la demandada.

Por regla general la compraventa de un inmueble es (y lo propio puede sostenerse de una promesa de compraventa, si se mantuviere la aplicación de estas reglas a ella) un contrato de libre discusión en el que las partes debaten y estipulan libremente su contenido. Por otra parte, si bien la doctrina reconoce que los contratos de adhesión pueden presentarse no sólo en aquellas situaciones en que hay condiciones generales de contratación o estandarización contractual, sino también en una convención aislada entre dos sujetos (donde la oferta no tendrá las características ni de generalidad ni de permanencia, y probablemente tampoco de minuciosidad, caracteres comúnmente pedidos para la adhesión), en todo caso debe estar presente un rasgo que se tiene por decisivo para calificar la adhesión: el desequilibrio del poder negociador de los contratantes.

En tal sentido, se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales: en particular, las relativas a la cosa, el precio, la forma de pago, y al plazo o condición que fija la época de celebración del contrato prometido en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1554 del Código Civil. Además, ciertamente debió demostrarse la presencia de elementos constitutivos de aquel desequilibrio del poder negociador que constituye el contrato por adhesión.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema: Seremi de Salud tiene facultades para prohibir el funcionamiento de la consulta profesional de una extranjera sin título convalidado

Con fecha 6 de marzo de 2017, la tercera sala de la Corte Suprema acoge de manera unánime el recurso de apelación, revocando la sentencia de protección que dejó sin efecto las resoluciones dictadas por la Seremi de Salud que prohibieron el funcionamiento de la consulta profesional de la recurrente, desconociendo el título que posee para ejercer su profesión. De esta manera, reinstaura la prohibición dictada por la autoridad administrativa. Se considera que en tal actuar no hay ilegalidad, toda vez que la Seremi tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud. La falta de inclusión de la carrera de optometría en el Código Sanitario de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional.

El tribunal considera que no es factible atribuir a la Seremi ilegalidad alguna por su resolución, toda vez que aquella tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud, según lo dispone el artículo 178 del Código Sanitario. Esta atribución debe ser directamente relacionada con los antecedentes de hecho del caso, pues el servicio de su profesión constituía un riesgo inminente para la salud de las personas, estableciéndose que la consulta de optometría funcionaba dentro de la sala de ventas de una óptica, soslayando que lo hacía en otra parte del mismo local comercial. Con esto, y lo dispuesto en el artículo 126 inciso segundo del Código Sanitario, se puede descartar además la arbitrariedad de la conducta atribuida a la Seremi de Salud regional.

El tribunal entra a analizar, para hacer esta interpretación de la ley, el fin del artículo 126 del Código Sanitario, dictaminando que la prohibición de funcionamiento de consultas en el interior de establecimientos ópticos se hace aplicable a las consultas optométricas, toda vez que el optómetro es un profesional que puede medir la visión, detectar problemas y prescribir lentes correctivos.

El artículo 126 del Código Sanitario permite que en los establecimientos de óptica se abran locales destinados a la recepción y al despacho de recetas emitidas por profesionales relativas a lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente, estableciendo que en ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos. Esta normativa tiene claramente un fin preventivo relacionado con los conflictos de intereses que se pueden producir en un ámbito tan delicado como es la salud, puesto que resulta evidente que el interés que tiene el establecimiento óptico por vender sus productos no puede estar relacionado con la prescripción de aquellos por parte de los profesionales que se encuentren estrechamente relacionados con aquél.

Además, en atención a que en Chile tal carrera no se imparte por las Universidades chilenas nuestro Código Sanitario obvió su inclusión, pero aquello de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional. Esto, máxime si en virtud de la Convención sobre Canje de Títulos contenida en la Ley N° 3860, únicamente se exime a los optómetras colombianos de la obligación de convalidar estudios ante la facultad de medicina de la Universidad de Chile.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Hombre enterrado vivo porque lo pensaban muerto: en el caso concurre imprudencia temeraria y no dolo eventual

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia que condenó por el delito de homicidio a título de dolo eventual a dos personas que enterraron viva a otra pensando que había muerto –posteriormente falleciendo el ofendido por asfixia–. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, el pasado 13 de marzo la segunda sala del máximo tribunal del país revocó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de San Antonio en la cual se condenó a María Audolia Molina Cabezas en calidad de autora del delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, cometido en la persona de Segundo Arístides Inostroza Paredes, el día 21 de marzo de 2015 en la Comuna de El Tabo.

Al efecto, el fallo considera que dado que el reproche de los sentenciadores del Tribunal Oral en lo Penal va encaminado a un actuar negligente de la acusada al llegar a una conclusión apresurada –la muerte del ofendido–, que de haber tomado medidas mínimas que parecían esperables en ese caso la habrían sacado de esa creencia errada. De esta forma, el razonamiento no fue encaminado a que habiéndose representado que el ofendido sobrevivía no adoptó esas medidas porque, incluso si éstas hubieran confirmado que seguía con vida, ello no habría modificado su obrar posterior ya que el ocasionar su muerte le resultaba indiferente. Es decir, la acusada, al colaborar o participar del entierro del ofendido, no actuó con dolo eventual porque no se determinó una representación efectiva de la sobrevivencia del ofendido, sino sólo potencial, que podría haberle significado el posible resultado típico más grave de su actuar ilícito –la muerte del ofendido en vez de la mera inhumación ilegal de un fallecido– y su ratificación posterior.

El dolo y la categoría de dolo eventual, se halla integrado por un elemento intelectual y un elemento volitivo, puesto que representa un conocer y un querer la realización del injusto típico. La preponderancia de cada uno de estos elementos es afirmada, respectivamente, por las denominadas «teoría de la representación» y «teoría de la voluntad». La opción en favor de una u otra teoría, parece irrelevante, en tanto que ambas posiciones reconocen, en principio, que en el dolo ha de concurrir tanto el conocimiento cuanto la voluntad.

Aclarando esto, la sentencia continúa estableciendo que la categoría de dolo eventual concurre, según la teoría del consentimiento o asentimiento, en la medida que el sujeto se representa como probables las consecuencias antijurídicas de su actuar y, pese a ello, actúa, asumiéndolas. La mera representación del resultado es insuficiente para calificar de dolosa la conducta del autor; el dolo requiere un momento volitivo. Y puesto que, por definición, en el dolo eventual la voluntad no se dirige al resultado, como a su meta, se requiere, al menos, que a diferencia de lo que ocurre en la imprudencia, el autor haya asumido el resultado siquiera como uno probable. Debe ponerse el acento en un elemento emocional. Si acaso el hechor aprueba el evento no pretendido, hay dolo eventual; si, en cambio, livianamente, con un injustificado optimismo, ha actuado con la confianza de que todo va a salir bien, habrá sólo culpa consciente.

Por tanto, para deslindar si la conducta se perpetró con culpa o dolo debe necesariamente atenderse especialmente al elemento cognitivo sobre la existencia o no de la representación del resultado antijurídico, por cuanto de existir representación se estará ante dolo eventual y de no haberla, frente a la culpa inconsciente. Esto conduce a excluir la posibilidad de que pueda presentarse culpa consciente, pues no se determinó que la acusada se representó o previó que el ofendido podía continuar vivo al momento de ser enterrado. Al contrario, de haber llevado a cabo esta acción no obstante esa representación o previsión, necesariamente importa que aceptó, se conformó o allanó a ese resultado mortal y, por consiguiente, actuó con dolo eventual. No basta con asentar que la encartada «pudo» haberse representado la supervivencia del acusado o que «no pudo sino haberlo hecho», pues en estos últimos casos no se efectúa un reproche por haber actuado no obstante haber sabido o previsto que una de las posibilidades de su obrar sería ocasionar la muerte de una persona, sino que lo que se reprocha es el fallar en prever ese resultado mortal como consecuencia de su actuar, propio de la culpa inconsciente.

La corte también comenta sobre la manera en que se puede probar la representación de este resultado antijurídico por parte del imputado, a propósito de una impugnación por parte de la defensa respecto a cómo se tomó y ponderó la declaración de la imputada. De esta forma, si bien el derecho a guardar silencio es renunciable, y si bien la presencia de un abogado defensor tiene por finalidad garantizar que la declaración se prestó de manera deliberada y consciente, esto es, que fue el fruto de una decisión libre e informada, no es la única forma como se puede demostrar aquello, pues su voluntad en el sentido indicado puede ser aclarada en la audiencia de juicio por otras vías. Así, los funcionarios policiales al proceder tomando la declaración de la víctima no transgredieron las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no vulneraron las normas legales que orientan el proceder policial, como tampoco las garantías y derechos constitucionales, por lo que no hay vicio alguno al fundamentarse la decisión condenatoria en tal declaración.

Es por estas razones que consideran que el hecho únicamente puede ser sancionado a título culposo conforme a la figura de imprudencia temeraria del artículo 490 N° 1 del Código Penal, por lo que los jueces del grado han incurrido en error al calificar el hecho como delito de homicidio a título de dolo eventual.

El fallo cuenta con el voto disidente del Ministro Sr. Juica, que estima que en el caso no concurre culpa sino dolo eventual. Al efecto, el disidente dice:

Ante la esperable falta de algún elemento probatorio que diera cuenta directamente de una manifestación proveniente de la propia acusada respecto a haber previsto o representado la posibilidad de sobrevida del ofendido y, en consecuencia, de la posibilidad de anticipar mentalmente la consecuencia dañosa de su actuar, sólo restaba a los sentenciadores llevar adelante el reseñado «juicio de inferencia» a partir de las diversas circunstancias de hecho que fue fijando y concatenando sucesivamente y que pasaron a conformar un cúmulo de prueba indiciaria o circunstancial que condujo a dicho juicio, esto es, que la víctima no sufrió una lesión aguda producto de la caída que dice la acusada haber aquél tenido, el consumo excesivo de alcohol del ofendido que era conocido de la imputada, la falta de acciones de parte de ésta para verificar el deceso, probanza circunstancial toda ella que les llevó a inferir «que la encartada no pudo sino representarse como posible que la víctima estuviera con vida y en consecuencia, que el enterrarlo en una fosa, le podría causar la muerte», manera de expresar sus conclusiones por la que se optó, como resultaba razonable a juicio de este disidente, porque aparecía como más adecuada a la dificultad de pesquisar procesos internos y reservados del agente, con sus dudas subsecuentes e inevitables.

En base a esto, estima que el fallo sí asienta como un hecho probado que no puede desconocerse que la encartada se representó efectivamente que el ofendido podía seguir con vida, alternativa real que le fue indiferente y que no fue óbice para realizar los actos posteriores que finalmente ocasionaron su deceso, resultado típico que de ese modo fue aceptado, concurriendo entonces todos los elementos del dolo eventual.

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