Corte de Apelaciones: «dejar el cuerpo de la menor nacida y posteriormente fallecida sin conocimiento de sus padres junto a restos orgánicos configura un hecho generador de daño moral»

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de apelación, confirmando la sentencia que condena de indemnización de perjuicios por daño moral al Hospital que trató de manera indebida el cadáver de una niña recién nacida que falleció luego del parto. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Con fecha 23 de enero de este año, la Corte de Apelaciones de Rancagua considero que en el caso se producía daño extracontractual por el indebido del cuerpo de la menor. Según los hechos establecidos en juicio, el cadáver de la menor fallecida fue desechado por el Hospital de manera indebida sin informar a los familiares. Su cuerpo sólo fue encontrado por la Brigada de Homicidios en una dependencia destinada al depósito de placentas, sobre unas bolsas plásticas con la leyenda de tratarse de residuos patológicos, y al interior de un congelador de plástico, marca «Fensa», de 84 × 62 × 87 cm de altura.

Teniendo en cuenta esto, la defensa arguyó que su responsabilidad era contractual, y solo llegaba hasta las prestaciones médicas entregadas a la madre y su hija, prestaciones que se habían cumplido íntegramente a pesar de no haber podido salvar la vida de la niña. El tratamiento del cadáver trascendía esta responsabilidad. Sin embargo, la corte estima que la responsabilidad de la clínica no se fundamenta en el régimen contractual que tenía la demandante con la demandada, sino que es una responsabilidad extracontractual –en virtud de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil– ya que el contrato de servicios médicos no cubre prestaciones posteriores a la muerte de la menor.

La defensa dijo que la clínica demandada menciona que el hospital no cuenta con unidad de anatomía patológica y, consecuencialmente, carece de las cámaras necesarias para el depósito de cadáveres. Esto significa que su actuar resultó impropio, representa culpa de su parte, y es el factor de imputación que puede atribuírsele, pues frente a tal escenario, una conducta diligente pudo efectivamente ser gestionar de inmediato el envío del cuerpo a un establecimiento con unidad de anatomía patológica o informar a la familia las condiciones en que se preservaría el cuerpo de la menor a la espera de la autopsia. Sin embargo, dejar el cuerpo junto a otros desechos orgánicos, considerando el estado de ánimo de la familia, fundamenta el daño moral reclamado.

Además, en el caso no se trata de una responsabilidad fundada en la labor de dirección o vigilancia respecto de terceros dependientes de la clínica, sino de la atribución de una responsabilidad directa a la clínica en relación a las situaciones que rodearon la entrega del cadáver de la menor fallecida y el trato que se le diera posteriormente a su cuerpo.

Corte de Santiago confirma sentencia y ordena a laboratorio pagar indemnización por error en resultado de examen de paternidad

PaternidadLa Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó al Centro de Biología Molecular y Genética Limitada a pagar $10.000.000 (diez millones de pesos) por entregar resultados erróneos de un examen de ADN en proceso de paternidad.

En fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Fernando Carreño y Patricia González– confirmó la sentencia recurrida, dictada el 22 de marzo pasado por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó al laboratorio a indemnizar a la madre de menor, por entregar resultados que fueron corregidos por pruebas realizadas por el Servicio Médico Legal.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia dictado por la jueza Sylvia Pappa Belleti, que estableció la responsabilidad extracontractual del Centro de Biología Molecular y Genética.

«(…) en cuanto a los dos primeros requisitos de procedencia de la acción por responsabilidad extracontractual, esto es, la existencia de un hecho imputable a dolo o culpa del deudor, en la especie, tratándose de la práctica de un examen específico, sujeto, por tanto, a estándares razonablemente exactos en su desarrollo, un error en el mismo, que es un hecho probado en la causa, en virtud de los exámenes posteriores a los que se sometieron los padres y el menor y que en definitiva llevó a acreditar la paternidad biológica tiene la gravedad suficiente para permitir presumir, y por esta va tener por establecido, que ha mediado de parte de la demandada una inobservancia de cuidados propios de la disciplina», sostiene el fallo confirmado.

Resolución que agrega: «Por otro lado, la demandada ha omitido toda defensa y prueba en torno a haberse respetado o seguido los cánones usuales y exigibles para la práctica de este tipo de exámenes, o la idoneidad del laboratorio para practicarlo, o incluso invocar la posibilidad de que el efectuado, conforme a algún parámetro estadístico propio de las características de los mismos, resultan inimputablemente errados. No habiéndose esgrimido, tampoco, un caso fortuito, la demandada falla en cumplir su carga procesal de probar que ha actuado con diligencia».

«En este orden de ideas –continúa–, es decir en relación al segundo de los requisitos, la imputabilidad de los daños por dolo o culpa, es necesario, advertir que el artículo 1437 establece que las obligaciones también pueden provenir de un hecho ilícito, que puede revestir la forma de un delito o cuasidelito. La obligación consistirá en la indemnización del daño ocasionado, así lo dispone el artículo 2314 del Código Civil que señala «El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito». Lo que caracteriza a los delitos y cuasidelitos es que se trata de hechos ilícitos que además causan daño. El artículo 2284 del Código Civil, que junto a los dos mencionados conforma la trilogía de la fuente de las obligaciones establece qué se entiende por delito y cuasidelito. «Será delito el hecho ilícito cometido con la intención de dañar; será cuasidelito el hecho ilícito culpable, cometido sin la intención de dañar. En el delito, por ende, hay dolo, en su acepción definida en el artículo 44 del Código Civil, que en ocasiones también se llama malicia; mientras que en el cuasidelito «hay culpa, es decir, negligencia, descuido, imprudencia, falta de la debida diligencia».

«(…) a mayor abundamiento, en relación a la culpa de la demandada, cabe señalar que a fojas 163, absolvieron posiciones los representantes legales de la demandada, don Hugo Rodrigo Jorquera González y don Carlos Víctor Durán Menchaca, siendo además el primero el que firma el informe de paternidad objeto de marras; señalando en su confesión que no pueden pronunciarse acerca de la identidad de quienes concurrieron a realizarse el examen; y que carecen de facultades para acreditar la identidad de los concurrentes, la que se consigna solamente en base a la buena fe de los solicitantes. Que tal argumento resulta para esta sentenciadora absolutamente improcedente, toda vez que es un hecho público y notorio que en cualquier centro médico, laboratorio y para cualquier examen de rutina solicitan la cédula de identidad para realizarlos, entonces, con mayor razón le es exigible a la demandada el debido cuidado en cuanto a la acreditación de identidad para la toma de muestras, atendidas las consecuencias jurídicas que devienen del resultado del mismo», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Cambios al Sernac: jueces podrán establecer daño moral solicitando peritajes especiales

escaleras mecánicas mall consumoCon votación dividida, los integrantes de la Comisión de Economía aprobaron una indicación que detalla cómo se determinará el daño moral en juicos colectivos que interpongan consumidores.

Cabe recordar que esta instancia se encuentra analizando el articulado del proyecto, en segundo trámite, que moderniza el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). En la última sesión, se terminaron de estudiar las indicaciones relacionadas con las asociaciones de consumidores y se comenzó a revisar lo vinculado con el daño moral.

DAÑO MORAL

La mesa de asesores y la secretaría de la Comisión revisaron las distintas posturas en torno a cómo materializar el daño moral en estos casos. Aunque no hubo consenso, el Ejecutivo redactó un artículo que se resume en las siguientes ideas:

  • ¿Cuándo se estará frente a un daño moral? Cuando se afecte la integridad física o síquica o la dignidad de los consumidores.
  • ¿Quién determinará aquello? El tribunal respectivo. Corresponde a un juzgado de policía local.
  • ¿Qué elementos deberán consignarse? La afectación  y el monto de los perjuicios acreditados por el solicitante.
  • ¿Cómo el juez determinará el daño moral? Podrá ordenar un peritaje especial, que establecerá, de una muestra representativa de los grupos o subgrupos afectados, una evaluación aproximada del daño causando, determinando un monto referencial que podrá variar para cada grupo o subgrupo.
  • ¿Quién determinará el monto referencial de la indemnización? El juez del juzgado de policía civil respectivo.
  • ¿Quién cancelará el peritaje? De demostrarse la responsabilidad del infractor, éste deberá cancelar el peritaje. De lo contario, deberá pagarla quien haya solicitado esta gestión.
OTROS TEMAS APROBADOS

Además, los congresistas aprobaron materias pendientes, entre ellas:

“Los avenimientos, conciliaciones o transacciones que contemplen la entrega a los consumidores de sumas dinero deberán establecer un conjunto mínimo de acciones destinadas a informar a quienes resulten alcanzados por el acuerdo, de manera de facilitar su cobro y conseguir, en definitiva, la entrega efectiva del dinero.

Estos acuerdos deberán designar a un tercero independiente mandatado a ejecutar, a costa del proveedor, las diligencias señaladas. El plazo para hacer aquello efectivo es de 2 años. Transcurrido ese tiempo y si existen remanentes no reclamados, éstos caducarán, de manera que el proveedor deberá enterar las cantidades correspondientes al Fondo Concursable al que postularán las asociaciones de consumidores”.

También se aprobó un artículo transitorio relacionado con el carácter nacional de las asociaciones de consumidores. Para que estas alcancen esta representación, deberán estar emplazadas en tres o más regiones de Chile en el primer año en que entra en vigencia la ley. Cinco años después, dicho requisito se extenderá a cinco o más regiones.  La idea es dar gradualidad a dicha representación.

PENDIENTE

El lunes 11 de abril debería votarse si se elimina la obligación de las Asociaciones de Consumidores de certificar sus fuentes de financiamiento mediante auditoría independiente. La intención es que el Ministerio de Economía sea quien solicite dichas auditorías.

(Fuente: Senado)

Corte Suprema ordena a banco pagar indemnización por cobro irregular de crédito hipotecario

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió parcialmente demanda interpuesta y condenó al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –BBVA– pagar a clienta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos), por concepto de daño moral, por el cobro irregular de un crédito, lo que llevó al remate de la propiedad de la afectada.

En fallo unánime (causa rol 4168-2015), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa María Maggi, Juan Eduardo Fuentes, el fiscal judicial Juan Escobar y los abogados (i) Daniel Peñailillo y Juan Figueroa– ordena pagar la indemnización a Hilda María Guzmán Vargas, quien contrató un crédito hipotecario con BBVA, entidad que remató el inmueble adquirido al retrasarse Guzmán Vargas en el pago de cuatro cuotas.

«Que el ilícito por el cual se condena a la demandada consiste en la conducta indebida y negligente que la entidad bancaria ha tenido en el procedimiento de cobro del mutuo otorgado a la demandante, el que se compone de un conjunto de hechos y actos que determinaron, en definitiva, que se procediera a una ejecución improcedente en que se remató el bien hipotecado, sin que la ejecutada hubiera sido legalmente emplazada en el mismo, lo que provocó su indefensión y culminó con el hecho dañino de la pérdida del inmueble», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Que, siendo el cuasidelito civil del cual ha resultado responsable la actora un hecho complejo, compuesto por conductas activas y omisivas de la demandada, el plazo de prescripción extintiva establecido por el artículo 2332 del Código Civil debe ser contado desde el término de la configuración del ilícito, que tiene lugar con el remate del inmueble y consiguiente pérdida de la propiedad; no -como lo pretende la demandada- desde la interposición de la demanda en el juicio ejecutivo referido (con la que se inicia) ni con un acto de notificación viciado y que fue posteriormente anulado (que integra el conjunto cuando se está desenvolviendo)».

Finalmente concluye:

«Por estas consideraciones, lo previsto en las normas citadas y en atención, además, a lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de nueve de mayo de dos mil catorce, escrita a fojas 140 y siguientes, en cuanto rechazó íntegramente la demanda, y en su lugar se declara:
1.- Que se acoge la demanda interpuesta sólo en cuanto se condena al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a pagar a la actora Hilda María Guzmán Vargas la suma de $25.000.000, por concepto de daño moral, con interés y reajuste según variación del Índice de Precios al Consumidor desde que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el día del pago efectivo.
2.- Que se rechaza la excepción de prescripción, deducida subsidiariamente por la demandada.
3.- Que se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia.»

(Fuente: Poder Judicial)

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