Diputados piden urgencia a debate sobre Protección de Datos Personales

Como un tema urgente de abordar en el país calificó el diputado de la Democracia Cristiana y presidente del Comité de Evaluación de la Ley, Pablo Lorenzini, la modernización de la normativa vigente sobre protección de datos personales.

El parlamentario explicó que este es un proyecto muy complejo, que se analizó en el Departamento de Evaluación de la Ley, y que tiene que ver con el mundo privado, la ciudadanía y con las reglamentaciones internacionales.

En ese contexto, señaló que, tras revisar la realidad actual, queda en evidencia la vulneración a la privacidad de los chilenos, ya que las bases de datos son compartidas entre las empresas privadas, sin que exista un control adecuado al respecto.

Por ello, el diputado pidió que se asigne urgencia al debate sobre protección de datos personales, considerando, además, que se suscribió un compromiso con la OCDE para avanzar en esta línea, que aún no se ha concretado.

“Es necesario legislar en este ámbito, manteniendo los resguardos para no tener un efecto contraproducente, ya que hay aspectos sobre probidad y transparencia que, en el caso de las autoridades, deben ser públicos”, aclaró.

Asimismo, resalto que se requiere, además, la creación de una Agencia de Protección de Datos que pueda fiscalizar el nuevo sistema con total independencia, respecto del trabajo de los ministerios.

Proyecto de Ley

La iniciativa abordaría una serie de temas que dicho departamento analizó, entre los que se destacan el establecimiento de siete principios que regirían el tratamiento de los datos personales: licitud del tratamiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad e información. En este último se incorporan los Derechos Arcos, que a su vez, tipifican claramente los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición.

El nuevo texto crearía, además, el derecho de portabilidad de la información, regularía la cesión de datos, definiría datos sensibles y categorías especiales sobre estos. También incorporaría reglas especiales para ciertos tipos de datos, como por ejemplo, los relativos a la salud.

Al mismo tiempo, regularía el tratamiento de datos personales por parte de organismos públicos y crearía una Agencia de Protección de Datos Personales.

Evaluación de la Ley

Cabe destacar que los profesionales del Departamento de Evaluación de la Ley realizaron un estudio de la eficiencia y eficacia de la actual Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, texto que fue entregado al Ministerio de Hacienda a fines del 2016 y que recomienda, entre otras cosas, modificar el concepto de dato personal, como también el de dato estadístico, así como identificar el de personal identificable.

Asimismo, señala que la definición de «fuentes accesibles al público» es poco clara en la ley actual y con escaso control sobre su finalidad. Al tiempo que existiría una utilización abusiva de datos sensibles.

A lo anterior, se añade la ausencia de límites en el tratamiento de datos por organismos públicos y el escaso cumplimiento de las instituciones del estado de inscribir sus bases de información en el registro de bancos de datos personales a cargo del Servicio de Registro Civil. Las cifras oficiales señalaron que a mayo del 2016 sólo 99 entes públicos de un universo de 700 habían cumplido con esta obligación.

Por último, se establece que la actual Ley N° 19.628 carece de sanciones efectivas en caso de infracción a la normativa y la ausencia de un órgano administrativo autónomo que vele por el cumplimiento de esta.

(Fuente: Diputados)

Corte Suprema: mantener información de una persona sobreseída en el Sistema de Apoyo de Fiscales constituye una vulneración a su honra

fiscaliaLa Corte Suprema acoge la apelación, revocando la sentencia de protección rechazada interpuesta contra el Fiscal Regional por mantener indefinidamente en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), los datos de una persona -en su calidad de imputada- por un delito del cual fue sobreseída. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 15 de diciembre, la tercera sala del máximo tribunal acoge la apelación y resuelve que el Fiscal Regional de Valparaíso deberá eliminar del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) los datos personales de la recurrente en su calidad de imputada en la investigación.

El tribunal considera que, no existiendo norma legal alguna que autorice la mantención indefinida de los datos de investigación que involucró a la recurrente y que culminaron mediante su sobreseimiento, no cabe duda que la mantención de los mismos después de haber transcurrido alrededor de cinco años desde la dictación del sobreseimiento definitivo configura un acto ilegal y además arbitrario, que lesiona el derecho a la honra y a la privacidad de quien acciona por esta vía vulnerándose con ello la garantía constitucional contemplada por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Razonando en términos más generales, se considera que

no cabe sustraer al Ministerio Público de la normativa contenida en la Ley N° 19.628 sobre Tratamiento de Datos Personales, particularmente de lo consagrado en su Título IV que regula el tratamiento de datos por los organismos públicos.Específicamente, en el artículo 20 de este apartado se autoriza genéricamente a los órganos públicos para proceder al tratamiento de datos personales en la medida que ella se verifique en el ámbito de sus competencias «y con sujeción a las reglas precedentes». Se añade que de cumplirse estos parámetros no es necesaria la autorización del titular.

Es relevante resaltar que el artículo 21 regula la situación particular de los datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, que no pueden ser comunicados una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena, a excepción de que sean requeridos por los tribunales de justicia u otros órganos públicos en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, el texto nada dice en relación a la resolución que sobresee definitivamente la causa en virtud de lo dispuesto por el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, situación que describe la recurrente, de lo que es posible inferir que las resoluciones condenatorias o sancionatorias son las que cabe mantener disponibles para el eventual requerimiento de los tribunales y otros órganos, sin que se desprenda del marco normativo analizado justificación alguna para guardar indefinidamente el registro del SAF.

El fallo contempla dos votos disidentes que ofrecen distintas fundamentaciones para no acoger la protección, la primera de la Ministra Sra. Egnem y la segunda de de la Ministra Sra. Sandoval.

La disidencia de la Ministra Egnem estima que no aparece que los datos de la causa hayan sido o puedan ser difundidos o comunicados fuera del ámbito del conocimiento de los Fiscales que acceden al SAF, estando estrictamente regulada la privacidad del contenido de la investigación, además de lo previsto por el artículo 182 del Código Procesal Penal, en el Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público, que rige a los fiscales. En esta última normativa, el artículo 33 N° 9 incluye expresamente la obligación de guardar secreto en relación a los datos o información de que estos funcionarios tomen conocimiento con ocasión de su cargo.

Lo dicho, estima la disidente, es sin perjuicio de considerar similares disposiciones de reserva en asuntos de violencia intrafamiliar o similares, en la Ley N° 19.628 , todo lo cual lleva a concluir que no se divisa amagada la garantía constitucional invocada en el recurso, del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, que otorga cautela frente a la comunicación indebida y divulgación de datos personales que integran el entorno de privacidad de una persona, así como tampoco se aprecia la vulneración del derecho contenido en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental.

La disidencia de la Ministra Sandoval, en cambio, considera que el ‘listado de causas SAF’ no reviste el carácter de secreta, ya que la misma se limita a señalar, respecto de cada causa, los siguientes datos: tipo de sujeto, nombre de éste, nombre del caso -el delito de que se trata-, fiscalía, fiscal asignado, fecha de la denuncia y recepción y el estado del caso -vigente o terminado-. Esto claramente constituye una información genérica, a la que se puede acceder incluso a través del portal del Poder Judicial. En este sentido, la norma del inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República consagra, como regla general, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del estado, salvo las excepciones establecidas por una ley de quorum calificado, estableciéndose similar disposición en el artículo 8 inciso 4° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N° 19.640. En efecto, no existe norma alguna que, de manera excepcional, califique de secreta o reservada la información tantas veces referida.

A %d blogueros les gusta esto: