DD.HH. inicia discusión de proyecto que establece ley de derechos lingüísticos de pueblos originarios

Con el afán de adoptar políticas públicas integrales, la Comisión de Derechos Humanos inició la discusión del proyecto que establece una Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Originarios de Chile.

El texto, que surge como una propuesta de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos, recogida por los autores de la mocióm, busca proteger y fomentar los derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos, consagrar y definir los conceptos propios de la materia, además de reconocer expresamente la condición plurinacional de la sociedad chilena.

Asimismo, pretende determinar cuáles son las lenguas indígenas de Chile y establecer derechos a beneficio de los pueblos, además de obligar a los medios de comunicación, respecto a la difusión de las lenguas indígenas en los contenidos que emitan.

Al mismo tiempo, la iniciativa buscará estimular una sanción general por vulneraciones a los derechos anteriormente mencionados.

Al respecto, la diputada Camila Vallejo (PC), patrocinante del proyecto, señaló que desde la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos le hicieron ver la necesidad de que hubiese una ley en este ámbito, que permitiría a Chile cumplir de una vez por todas con los pactos internacionales en esta materia.

“Cuando desaparece una lengua, desaparece una cultura y la identidad de un pueblo originario, entonces la omisión del Estado, de alguna manera, estaría avalando una vulneración a derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos de los pueblos originarios. (…) Esperamos que este proyecto siga avanzando y que cree una institucionalidad que vele por resguardar estos derechos”, detalló.

La instancia acordó invitar en una próxima sesión a la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos y a representantes de comunidades de pueblos originarios.

Pueblo afrodescendiente

En segundo lugar, la Comisión inició también la discusión del proyecto de ley que otorga un reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Dicha iniciativa, que nace en la región de Arica y Parinacota, pretende que el Estado promueva la cultura y respete los símbolos de dicho pueblos, además de que incluya dentro del plan de educación nacional la historia de los afros.

Por otra parte, pretende incorporar a dichos pueblos como categoría en las encuestas censales del 2017-2022 del país, de manera de contar con información para la correcta promoción de políticas de inclusión.

“Esto tiene que ver con reconocer al afrodescendiente como un actor importantísimo en el desarrollo de nuestro país, porque cuando queremos avanzar como región es trascendental saber la identidad de cada una de ellas. En este caso, la identidad de Arica y Parinacota tiene el ADN muy fuerte de los afrodescendientes”, indicó el diputado Luis Rocafull (PS), autor del proyecto.

(Fuente: Senado)

Consulte los proyectos de ley, Boletines N° 9424 y 10625.

Comisión de DDHH de Diputados aprobó en general proyecto que tipifica la desaparición forzada de personas

Carcel rejas preso Por unanimidad, la Comisión de Derechos Humanos aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas.

La moción, según explicaron sus autores, surgió del trabajo permanente y sistemático con distintas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, siendo fruto del compromiso constante y la lucha permanente contra la impunidad ante la violencia a los derechos humanos.

Durante la sesión, la instancia recibió al director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, quien aseguró que para la Fiscalía es muy importante este proyecto, puesto que no solamente viene a suplir un vacío normativo en la actual legislación, sino que además da cuenta del cumplimiento, por parte del Estado, de numerosos compromisos asumidos al suscribir y ratificar diversos instrumentos internacionales.

“Estos son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Personas Contra la Desaparición Forzada, desde esta perspectiva creemos que es muy importante y provechosa esta discusión, por lo que esperamos que este proyecto pueda transformarse en ley a la brevedad”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Tucapel Jiménez (PPD), expresó que se ha dado un paso trascendental, al votar en general el proyecto, debido a que es una deuda que tiene Chile en materia internacional y sobre todo en Derechos Humanos.

“Este es un proyecto sumamente necesario para el país y que esperamos despachar en el mes de marzo. (…) Volvimos a abrir el plazo para indicaciones, puesto que es un proyecto de mucha trascendencia que esperamos salga lo mejor posible desde la Comisión”, comentó.

En el mismo contexto, el parlamentario resaltó que las indicaciones hacen hincapié en las personas que cometen el delito; en el plazo que se define para la entrega de información; en el tipo de delito para quien no entrega la información; y otros. Todo con el fin, indicó, de que el proyecto quede muy bien redactado y sin posibilidad de interpretar de manera distinta lo que se plantea como espíritu.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9818.

Presentan indicación sustitutiva a proyecto que tipifica desaparición forzada de personas

Camara de DiputadosLa Comisión de Derechos Humanos culminó la etapa de audiencias respecto a la moción que modifica el Código Penal tipificando el delito de desaparición forzada de personas, con la participación de Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien planteó la necesidad de que la iniciativa considere cambios contundentes.

Entre ellos, que este delito sea considerado imprescriptible, inindultable e inamnistiable. Y que la colaboración no se premie con impunidad. Lorena Pizarro lamentó la demora para adecuar la legislación a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, y ratificada por Chile recién en 2010.

La vocera de la AFDD expresó que “a mí me parece que en Chile debemos de una vez por todas empezar a avanzar en el “nunca más”. Ese “nunca más” pasa por asegurar que la impunidad a los que cometieron los crímenes de lesa humanidad en el pasado no se materialice, sino que empecemos a avanzar en condenas efectivas y en todo lo que involucra el derecho internacional humanitario, pero también hay que establecer un cúmulo de normativas, adecuar los tratados internacionales y otras acciones, que permitan -no sólo en el parlamento-, que esa sea una realidad en el país”.

Lorena Pizarro destacó que “en este proyecto ha habido una disposición de la Comisión y particularmente de los diputados de la Nueva Mayoría de escuchar nuestras demandas y de poder hacer llegar algunas propuestas hasta el lunes (hoy), pero esto no resuelve el tema de fondo. La Presidenta de la República y el gobierno deben jugar un rol activo en el avance de estas iniciativas legislativas, esta y otras, que permitan ir asegurando el nunca más”.

Indicación sustitutiva

El diputado René Saffirio (Ind), presentó una indicación sustitutiva que busca modificar sustancialmente la moción original de la diputada Clemira Pacheco (PS), ya que la comisión estima que el proyecto presenta falencias desde el punto de vista jurídico-técnico. Dicha propuesta consideró la opinión de expertos, abogados penalistas, Ministerio Público, defensoría y agrupaciones de DD.HH.

El legislador señaló que “lo que estamos haciendo es tipificar un delito que no existe en la legislación penal, que es la desaparición forzada de personas, no sólo pensando en la traumática historia que nuestro país vivió, sino que pensando también en que ello no vuelva a ocurrir nunca más, de tal manera que las sanciones que se establezcan para ese tipo de delito sean severas”. El proyecto sanciona este delito con penas de 5 años y un día a 10 años.

Safffirio explicó que, desde el punto de vista jurídico, “lo que se ha hecho es dejar claro que el sujeto activo del delito, es decir, quién puede cometer el delito, siempre va a ser un empleado público o agente del Estado o con el apoyo o aquiescencia de un agente del Estado. Y lo otro importante, es que logramos adecuar una norma antigua del Código Penal a los compromisos internacionales que Chile tiene fundamentalmente a partir de la aprobación como ley de la República de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas”.

Otros aspectos que considera la modificación al texto original se refieren a que la acción penal y la pena del delito de desaparición forzada de personas sean imprescriptibles; sancionar al superior jerárquico que conoce que sus subordinados cometen o van a cometer el delito y no lo impiden, o no hiciere cesar la privación de libertad de la víctima; establecer como agravante que el delito se cometa contra embarazadas, menores de edad y personas en situación de discapacidad, con penas que oscilan entre 10 años y un día y 20 años; y como atenuante, en caso de que los partícipes contribuyan a la reaparición con vida de la persona privada de libertad, o permitan esclarecer los hechos y a identificar a los responsables del ilícito.

El diputado Diego Paulsen (RN) valoró los cambios a la iniciativa y expresó que se debe legislar en esta materia porque los Derechos Humanos no tienen color político. “Este proyecto de ley viene a complementar la legislación chilena actual, primero se hace que el delito de desaparición forzada de personas sea imprescriptible, -lo que se asimila al proyecto del ley de tortura que aprobó hace algunos meses la comisión-, se deja claro que es un agente del Estado el que comete este tipo de delito y el tema de la subordinación. El trabajo del diputado Saffirio fue de mucha ayuda, al igual que lo realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, que aportó bastante en superar unos baches que tenía el proyecto”.

El parlamentario recalcó que “a raíz de estas modificaciones vamos a apoyar gran parte de este proyecto. De de hecho, fui firmante de la indicación sustitutiva del diputado Saffirio, porque creo que desde las nuevas generaciones no tenemos miedo a legislar. Creo que los Derechos Humanos no tienen color político. Vamos a seguir avanzando en esto, vamos a defender la dignidad humana como tal, por lo tanto cualquier violación que hoy cometa un ente del Estado tiene que ser castigada como tal”.

En la sesión se acordó pedir una audiencia a la Presidenta de la República para analizar y pedir prioridad a la agenda legislativa en materia de Derechos Humanos. Además, la AFDD emplazó a los parlamentarios a no guardar silencio frente a los oídos sordos del Poder Judicial respecto a desconocer el derecho internacional humanitario en la aplicación de penas bajas en esta materia.

(Fuente: Diputados)

 

Corte Suprema acoge prescripción tributaria por derecho a ser juzgado en un plazo razonable

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, acogiendo la excepción de prescripción opuesta en segunda instancia por la reclamante por cometerse infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El martes 10 de enero, la segunda sala del máximo tribunal revocó la sentencia que rechazó la excepción de prescripción, y en cambio aceptó la reclamación, cobrando las diferencias de impuesto de primera categoría e impuesto global complementario de los años tributarios 1995, 1996 y 1997, por no justificar los orígenes de los fondos empleados en distintas inversiones.

Según la resolución, el poder coercitivo del Estado encuentra su límite en las garantías individuales que son reconocidas a las personas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la legislación nacional, a consecuencia de lo establecido en el artículo 5 de la Carta Fundamental. En el caso, el lapso de tiempo de 19 años por el cual se extendió el proceso constituye una infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, circunstancia que impone a la judicatura ejercer el control a que se encuentra llamada. En el caso, esto se manifiesta en verificar si la acción de cobro de tributos ha sido ejercida y mantenida dentro un plazo de tal naturaleza. Siguiendo esta línea, se consideró que el plazo en que se resuelve el asunto –19 años– resulta irrazonable.

Teniendo esto en consideración, la corte estima que

la forma en que las disposiciones del derecho interno se relacionan con las normas constitucionales y de derecho internacional citadas, pues el respeto de estas últimas, exige que la acción de la justicia sea rápida y oportuna, tanto en escuchar a los justiciables, como en zanjar los problemas puestos en su conocimiento, sean ellos del ámbito civil o penal, debiendo resolverse el conflicto en un plazo razonable, esto es, ajustado a la razón. En tal perspectiva, si bien la conjunción de los artículos 201 incisos 2° y 3° dejan en claro que la presentación del reclamo basta para suspender el curso de la prescripción que consagra el Código Tributario y que ese estado se mantiene, de acuerdo con su inciso final, mientras los impuestos no pueden girarse, ya sea en primera instancia por disposición de la ley o en alzada a petición del reclamante (artículo 24 inciso 2° y 147), no es posible aceptar, en razón de la antedicha normativa –preferentemente integrada, en lo internacional, por el pacto de San José de Costa Rica y el artículo 5° de la Carta Política, en lo nacional–, que tal suspensión opere, en la práctica, de manera indefinida, deviniendo la acción de cobro del Fisco, en los hechos, en imprescriptible, sin fundamento legal.

En tal perspectiva, no corresponde que el pleito declarativo se extienda por más de dos décadas, lapso considerado desde la data de exigibilidad de los impuestos en cobro hasta la fecha de expedición de este fallo (…). El deber de respetar y promover el aludido derecho impone optar por aquella interpretación que, de manera mejor y más completa, resguarde y concrete tal garantía, cuestión que no se logra dando aplicación, únicamente, a la ley positiva del ordenamiento interno, pues ello importaría someter al contribuyente a una carga que perpetúa la indefinición de su situación fiscal y patrimonial, continuando indeterminadamente expuesto a la realización de sus bienes ante la inactividad del ente encargado de llevar adelante el cobro de lo adeudado. En ese sentido, resulta contradictorio que la máxima prescripción que contempla nuestro Código Civil opere al vencimiento del término de diez años y, en cambio, la extinción de la pretensión fiscal pueda requerir un mayor plazo y encontrarse en suspenso indefinidamente.

Por lo mismo, no aplicar preferentemente las disposiciones de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 5 inciso 2° y 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República, constituye un error de derecho en que incurrieron los sentenciadores de alzada, al privilegiar las disposiciones del derecho interno en materia de prescripción.

El fallo tiene un voto de disidencia de los Ministros señores Juica y Dahm.

Los disidentes consideran que se debe rechazar el recurso de casación, pues si bien la garantía de ser juzgado en un plazo razonable prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es directamente aplicable por estar incorporada al ordenamiento jurídico nacional, se trata de un concepto jurídico indeterminado, que carece de precisión legislativa dentro de los cuales se encuadre su aplicación, esto es, no contiene la determinación de lo que debe entenderse como un tiempo razonable para justificar un juzgamiento. En ese contexto, para determinar que dicho término ha sido excedido, se requiere ponderar, caso a caso, una serie de condiciones establecidas que permita a una corte de casación suponerlas fuera de un contexto legal.

Lo que se reprime constitucionalmente es la tardanza que se produce en la tramitación del proceso mismo y no en lo que se demora por el Estado en cobrar un tributo, para lo cual, en éste último caso, opera la prescripción extintiva prevista por la ley tributaria entre la fecha en que debió pagarse el tributo y la data de la notificación de la liquidación pertinente, cuestión que en este evento no se ha producido, porque precisamente la liquidación legalmente notificada introdujo dicho término extintivo. De modo, que en el presente caso, el juicio real, en su duración sólo debe contarte a partir del seis de febrero de dos mil siete, data establecida como hecho de la causa, dictándose la sentencia definitiva de primer grado el veinte de mayo de dos mil quince, lo que dista considerablemente de los 19 años expresados como de demora del «juicio».

Sala de Cámara de Diputados aprobó acuerdo sobre derechos humanos del mercosur

internacional tratados cooperacion diplomaticos diplomaciaEn forma unánime, con 105 votos, la Cámara de Diputados aprobó el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR, suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005. El texto ahora será revisado por el Senado.

Con esta herramienta se profundiza lo pactado por el 21 de diciembre de 2015, en la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes de Estado, oportunidad en que se adoptó la “Declaración Especial sobre el Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el MERCOSUR”.

El Protocolo que la Cámara ratificó este miércoles, y que ahora será visto por el Senado en Segundo Trámite, contribuye a fortalecer sustancialmente la cooperación entre los Estados Partes y Asociados en materia de derechos humanos, y constituye un espacio de diálogo político y temático de trascendental importancia, que permite avanzar sobre las políticas públicas nacionales y regionales y de integración en la materia.

Asimismo, se reafirma la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, manifestando el compromiso con la vigencia del sistema democrático y del Estado de Derecho, partiendo del valor supremo de la promoción y protección de los derechos humanos, lo que es plenamente coincidente con la política del Estado de Chile en esta materia.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10994.

Luz verde a proyecto que permite a tribunales acceder a información de la Comisión Valech

Camara-Diputados-ChileLa Cámara de Diputados aprobó, con 62 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley que permite al Poder Judicial acceder a la información del recopilada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech.

El texto legal establece una excepción en la prohibición de acceso a la información para los tribunales de justicia.

La ley 19.992 estipula que son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, salvo el informe que dicha instancia elaboró y que se conoce como Informe Valech.

Este secreto se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes respectivos quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior.

Mientras rija el secreto ninguna persona, autoridad o magistratura tendrá acceso la información, salvo que los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, puedan darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia.

Con el proyecto aprobado por la Cámara y que ahora fue enviado al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional, se exceptúa entonces a los tribunales de Justicia, para facilitar de esta forma las investigaciones y procesos sobre derechos humanos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10883.

INDH denuncia ante el CNTV al programa “Alerta Máxima” de Chilevisión

logo_transpPor eventual vulneración de la dignidad humana, trasgresiones al derecho a la privacidad, por trato discriminatorio y afectaciones a la resocialización de los internos e internas exhibidos en el programa “Alerta Máxima – Tras las Rejas” emitido el 25 de agosto por Chilevisión, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una denuncia contra la estación privada ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), escrito en el que  se le solicita investigar las trasgresiones y faltas cometidas durante el programa, además de aplicar sanciones al canal de TV.

En la denuncia presentada por el INDH se hace énfasis respecto del “tono evidentemente burlesco del periodista que relata el programa, lo cual resulta atentatorio en contra la dignidad de las personas que se encuentran privadas de libertad y en una situación de vulnerabilidad”.

Dentro de las expresiones e imágenes consideradas vulneratorias por el INDH se detalla en el escrito el malestar que expresan internos/as al ser grabados, pero que independiente de sus protestas son igualmente exhibidos. Por ejemplo el escrito del INDH describe la situación de un interno que solicita a los periodistas que no lo graben, señalando “busca en Facebook que salgo entero taquilla”, respecto de lo que el locutor le responde “lo dudo ya que en esta cárcel no podrás actualizar tu estado hasta el 2021”.

Asimismo el programa muestra a algunos internos que se encuentran aislados, indicando el locutor en forma burlesca “viste que teníamos razón, ellos siempre se arreglan para estar solos, recuerden que les quedan dos semanas de aislamiento, así que cuiden sus cigarros”.

Estos ejemplos –son parte de los catorce que se consignan en la presentación del Instituto– y que dan cuenta de la forma burlesca y estigmatizadora de comunicar utilizada por periodistas y por el conductor del programa, respecto de las personas privadas de libertad.

De esta manera el INDH solicita al CNTV que le indique a Chilevisión la serie de vulneraciones de derechos que cometió en la puesta al aire del programa, así como la advertencia de que toda estación de televisión tiene el deber de respetar los derechos de las personas, principalmente si estas están en condiciones de mayor vulnerabilidad como es el caso de las personas privadas de libertad.

(Fuente: INDH)

Comisión de DDHH aprueba proyecto para levantar secreto Comisión Valech

arton21101La comisión de Derechos Humanos de la Cámara aprobó, en su sesión del miércoles 10 de agosto, el proyecto de ley que levanta el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech, para entregarlos a la justicia.

El proyecto levanta el carácter de secreto por 50 años que tenía la información y faculta al Instituto de Derechos Humanos, custodio de ella, a entregar a los tribunales de justicia tanto los elementos calificatorios de la comisión, como los antecedentes que pusieron las víctimas.

El diputado independiente, Roberto Poblete, destacó la aprobación como «una gran noticia, sobre todo, para las miles de victimas que entregaron su testimonio buscando establecer verdad y justicia, que clamaban que se abrieran los archivos recopilados y que por ley se encontraban cerrados por 50 años».

Agregó que se consideró importante «establecer transparencia absoluta en estos casos y facilitar que los tribunales puedan actuar sobre la base de estos antecedentes. Se abre una ventana de esperanza para que muchos casos puedan ser reabiertos y hacer justicia».

Por su parte, el diputado Claudio Arriagada, señaló que es muy importante que «en algunos artículos de este proyecto se toma el resguardo necesario para que aquellas victimas que entregaron su testimonio a dicha comisión, que no quieran que estos documentos sean públicos para casos de investigación en los tribunales, puedan tener esa garantía, ese derecho a la privacidad absoluta”.

Añadió que ”es un hecho muy importante porque dentro de todo lo que ha estado pasando en el país, en los avances de causas de violaciones a los derechos humanos, como es el caso del proceso que lleva adelante el juez Mario Carroza en el caso que involucra al General Cheyre relacionado con sobre la caravana de la muerte, se van levantando estos mantos de impunidad y todas aquellas cosas que permiten que esto se mantenga en secreto”.

El proyecto quedó listo para ser votado en la sala de la Cámara, que será informado por el diputado Hugo Gutiérrez, y pasar al Senado para su segundo trámite constitucional.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9598.

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