Aprueban tres proyectos que apuntan a reconocer el deporte, la ciencia y la labor de los locutores

Por unanimidad, la Sala respaldó tres proyectos que apuntan a relevar distintos aspectos de la identidad nacional.

Se trata de las iniciativas que fijan los días 6, 10 y 14 de abril como el Día Nacional del Deporte, el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología y el Día del Locutor, respectivamente.

DÍA DEL DEPORTE

El primero de los proyectos quedó en condiciones de ser remitido para su promulgación y establece el 6 de abril de cada año como Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. (Boletín N° 10.550-29).

El texto tuvo su origen en una moción de la Cámara de Diputados y tiene por objeto reconocer en nuestra legislación nacional, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas, que ha establecido el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, como consecuencia de la relevancia que ha alcanzado la práctica deportiva.

Durante el debate intervinieron los senadores Carlos Bianchi y Baldo Prokurica quienes hicieron énfasis en la necesidad de integrar a los pueblo originarios en las selecciones deportivas y abogaron por una relación más fluida con el ministerio.

Contenido del proyecto de ley:

  • Instituye el 6 de abril de cada año como el “Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.
  • Entrega al Ministerio del Deporte la coordinación con otros ministerios, servicios públicos, municipios, organizaciones deportivas y demás entidades públicas o privadas cuya participación resulte necesaria, de las acciones específicas de fomento, promoción y difusión a desarrollarse con motivo de esta celebración, preocupándose que las actividades programadas para ese día, beneficien e integren participativamente al conjunto de la población en todo el territorio nacional.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En tanto, a segundo trámite pasó el proyecto que establecer el “Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología, cada 10 de abril. (Boletín N° 10.906-19)

La iniciativa, que fue aprobada en forma unánime se inició en moción de los senadores Guido Girardi, Carolina Goic, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y Alfonso De Urresti, tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.

Contenido del proyecto de ley:

  • Declara el día 10 de abril como el día Nacional de la Ciencia y la Tecnología en el país.
  • Dispone que, en el marco de dicha conmemoración, la segunda semana del mes de abril de cada año, toda institución científica nacional o internacional con sede en Chile, podrá organizar la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología realizando acciones de promoción que involucren a toda la sociedad tales como: visitas públicas y gratuitas a sus centros de investigación, ferias científicas y otras actividades, tendientes a promover la importancia de la ciencia en la sociedad chilena.
DÍA NACIONAL DEL LOCUTOR

Finalmente, en condiciones de cumplir su trámite de promulgación quedó el proyecto que declara el 14 de abril como Día Nacional del Locutor. (Boletín N° 10.303-24). Esto luego que la Sala respaldara por unanimidad la iniciativa.

El texto se originó en una moción de la Cámara de Diputados y tiene por objeto otorgar un reconocimiento a miles de hombres y mujeres que, con sus voces unen a nuestro país, y rendir un homenaje póstumo al destacado locutor Petronio Romo, fallecido el 14 de abril de 2010.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10550-29.

Corte de La Serena: La no renovación de una contrata de manera infundada atenta contra el principio de confianza legítima de la administración

Con fecha 14 de febrero de 2017, la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acoge el recurso de protección interpuesto por un funcionario contra el Instituto Nacional del Deporte, por no renovar su contrata mediante una resolución infundada. El tribunal considera que la resolución que no renueva la contrata que lleva 10 años en la Institución debe ser debidamente fundamentada. De otro modo, deviene en un acto arbitrario que contraviene el principio de confianza legítima, como ocurre en el caso.

La sentencia unánime del tribunal de apelaciones considera que al ser renovada durante 10 años la vinculación de funcionaria, al actor le asistió –al amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5, 8 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica– la confianza legítima de que sería recontratado para el año 2017. La confianza legítima se traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente. Es deber derivado del principio de la confianza legítima que los órganos de la administración del Estado actúen coherentemente, y en el caso de determinar una decisión distinta a la que han venido adoptando, dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de carácter positivo debidamente motivado a través del cual este se manifieste, justificado en hechos o circunstancias comprobables.

En concreto, parte de la arbitrariedad está en que el acto de notificación en que se indica al recurrente que no será nombrado para un nuevo período no aparece respaldado por un acto administrativo formal emanado de la autoridad superior del Servicio, precisamente porque el tal acto no existía todavía. Tal deficiencia en el proceder se intenta salvar mediante la posterior dictación de una Resolución por parte del Director Nacional en el que aparecen una serie de imputaciones, las que a esa fecha se encontraban abarcadas por un sumario administrativo recién iniciado, encontrándose pendiente la citación al recurrente a fin de que preste declaración ante la Fiscal instructor a cargo. Lo cierto es que ninguna de esas imputaciones —dada su gravedad— están comprobadas en la sede administrativa correspondiente, como tampoco en esta sede de protección, vale decir, al momento de la exoneración no se encontraban acreditadas con el resultado final del sumario administrativo, que el propio Director Nacional ordenó incoar para establecer las responsabilidades del caso sancionar al funcionario si fuere encontrado responsable, incluso con la destitución del cargo si resulta mérito para ello.

Adicionalmente, el Instituto transgrede la presunción de inocencia que asiste al funcionario, y se vulnera respecto de éste la garantía a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso primero de la Carta Fundamental, y por derivación se conculca también la prohibición de discriminación arbitraria aludida en el artículo 19 N° 2, inciso segundo, y la obligación del legislador de garantizar un procedimiento racional y justo, a que se refiere el artículo 19 N° 3 inciso sexto. Todo ello sobre la base de que el funcionario fue objeto de una exoneración irregularmente tramitada, principalmente porque además de que la notificación de exoneración no tenía causa jurídica (que se intentó sanear con una resolución tardía), esta fue basada en conjeturas sometidas a la investigación de un sumario administrativo recién iniciado y sin que conste en él acusación alguna emanada de la Fiscal a cargo, y menos una resolución sancionatoria de la autoridad competente, que pueda, por el momento, dar pie a la decisión de exonerarlo de la institución.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, si bien es cierto el artículo 20 de la Constitución no ofrece el recurso de protección respecto de todas y cada una de las garantías constitucionales, sí lo hace respecto de aquella que garantiza la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, entendida como el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar arbitrariamente entre ellas. En el caso particular, esto ocurre porque se ha aplicado al actor un procedimiento de exoneración apartado de las formalidades administrativas mínimas y sustentada en motivaciones que al momento de su concreción se apartaron de una ponderación objetiva y de la justificación necesaria que tal medida requiere, afectando la garantía señalada, anticipando la pena derivada de un sumario administrativo inconcluso.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte de Valdivia acogió protección y ordena levantar sanción a dirigente deportivo

Corte_de_Apelaciones_de_Valdivia001En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección interpuesto por José Salvador Arancibia Pacheco, presidente de la comisión de ética del club Bancario de Osorno, en contra del directorio de la institución deportiva –representado  el presidente, Mario Artemio Cárdenas Bórquez– que le aplicó el 2 de diciembre de 2015, la medida disciplinaria de suspensión como socio. Sanción que le impidió participar en las elecciones de renovación de la directiva de la organización.

En su sentencia, se expone que, analizados los hechos en que se funda la medida impuesta, es posible advertir en primer término que ningunos de ellos se condice con las causales de suspensión esgrimidas. En efecto, la primera conducta que se reprocha al actor, está dada por haber denunciado irregularidades al Ministerio de Justicia al margen de los estatutos, sin embargo, revisado el texto acompañado, no aparece que la posibilidad de denunciar está vedada a los miembros de la Comisión de Ética conforme a las disposiciones estatutarias que la regulan. En segundo término, la eventual negligencia e incumplimiento de obligaciones que se esgrime como fundamento de la medida, aparece como vaga e imprecisa, sin que se base en hechos concretos y específicos que permitan un adecuado derecho a defensa de los sancionados.

Y es que, a mayor a mayor abundamiento, expone el fallo que el texto reglamentario aludido, no contempla una instancia clara de descargos que permitan a los sancionados, con la medida de suspensión, controvertir las imputaciones, cargos, rendir prueba en contrario y eventualmente, recurrir de una decisión adversa, garantías mínimas del debido proceso garantizado por la Constitución en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, en su manifestación de derecho a defensa, de lo que se deduce que se trata de una medida infundada, inmotivada y por ende arbitraria.

De ese modo, concluye la Corte de Valdivia acogiendo la acción de protección interpuesta por don José Salvador Arancibia Pacheco, disponiéndose como medida destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, se deje sin efecto la medida aplicada consistente en la suspensión de la calidad de socio del actor del Club Deportivo Bancario de Osorno, permitiéndole el goce y ejercicio todos los derechos que los estatutos le confieren, debiendo informar a esta Corte el cumplimiento de la medida impuesta, bajo apercibimiento legal.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del abogado integrante Juan Carlos Vidal, quien estuvo por rechazar la acción, toda vez que el artículo 20 de la Constitución Política de la República en forma expresa señala cuales son los derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 respecto de los cuales se puede interponer la acción de protección, y consecuentemente aquellos que sean susceptibles de admisibilidad. En este contexto, aun cuando los requisitos de formalidad de la acción no son estrictos, resulta indispensable que el recurrente cite al menos la o las garantías o derechos constitucionales que se estimen vulnerados o amagados, para el debido examen del recurso en relación con el referido artículo 20 de la Carta Fundamental, agregando que el recurrente solo citó una disposición del Código Civil, lo que resulta insuficiente para encuadrar su acción en una garantía constitucional especifica, considerando que los hechos narrados se refieren a la suspensión de un cargo y a la imposibilidad de participar en una elección.

(Fuente: Diario Constitucional)

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