Corte de Apelaciones desestima protección de Deportes Concepción por expulsión de la ANFP

deportes-concepcionLa Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el Recurso de Protección interpuesto por Deportes Concepción contra la ANFP, aduciendo discriminación arbitraria en su expulsión de la asociación. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado martes 31 de enero, la quinta sala del tribunal de apelaciones capitalino rechazó la protección interpuesta por el Club, impugnando su desafiliación de la ANFP. En la sentencia, el tribunal analiza extendidamente dos de los principales argumentos entregados por el club:

En primer lugar, aborda la alegación del club de haber sido juzgado por comisiones especiales, según lo establecido en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política, considerando que el órgano de la ANFP que tomó la decisión, el «Consejo de Presidentes», constituye un órgano administrativo que es incompatible con la función de juzgamiento.

Según estima el fallo, el artículo 553 del Código Civil establece la obligatoriedad a respetar las normas que las mismas organizaciones se entregan, mientras su inciso segundo comprende, respecto de la potestad disciplinaria de un asociación, tres principios: el primero, relacionado con la existencia de órganos especiales con facultades disciplinarias; el segundo, que para ejercer dicha potestad se debe contemplar un procedimiento racional y justo que vele por el derecho de los asociados y el tercero, relacionado con la incompatibilidad entre órgano de administración y órgano disciplinario.

Considerando esto, el estatuto de la recurrida cumple cabalmente con dichos principios, desde que establece su organización interna contemplando como máxima autoridad al Consejo de Presidentes y además la existencia de un directorio y tribunales encargados de la disciplina de los asuntos patrimoniales y de honor a los que se entregan diversas facultades disciplinarias. Dentro de las diversas autoridades y organismos que el estatuto señala está el Directorio el que tiene claramente funciones de administración, las que ejerce en forma exclusiva y excluyente de todos los otros organismos que componen la Asociación Nacional de Fútbol, órgano que no ha ejercido en el caso ninguna facultad disciplinaria, sino que ha sido el Consejo de Presidentes el que ha tomado la decisión impugnada. Por tanto, el Consejo de Presidentes nunca se constituyó como una comisión especial.

En segundo lugar, también la parte recurrente estima que se vulnera la igualdad ante la Ley, en conformidad al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, incurriendo la recurrida en una discriminación arbitraria al expulsar al club, lo que se explicita al comparar la situación de Deportes Concepción con otros clubes en situaciones similares.

Sin embargo, si bien se reconoce que otros clubes deportivos están en una situación económica complicada, según los antecedentes que presentó la ANFP todos ellos, oyendo el requerimiento del Directorio de la Asociación, reprogramaron sus deudas, acogiéndose a una fórmula para salir de la situación financiera en que se encontraban, siendo la única institución deportiva que no presentó plan alguno el club recurrente.

En tal sentido, el trato discriminatorio por parte del Consejo de Presidentes no se configura. Había una precaria e insostenible situación económica por la que atravesaba el club, incumpliendo gravemente sus compromisos laborales con el plantel del fútbol profesional y su cuerpo técnico, lo que en su oportunidad motivó la intervención del sindicato de futbolistas SIFUP en resguardo de los intereses de sus asociados, amenazando con una inminente paralización de las actividades deportivas ante esta situación económica, lo que motivó la intervención del Directorio para llegar a un acuerdo con el indicado sindicato para pagar los salarios y remuneraciones adeudados al plantel y cuerpo técnico del club. Esto implicó poder revertir la huelga anunciada y, consecuentemente, la paralización del torneo de fútbol, todo lo cual llevó a las reuniones extraordinarias que culminaron con la sesión extraordinario del día martes 26 de abril de 2016, en que se adoptó la medida tildada de ilegal y arbitraria.

Tomando el consideración lo anterior, el tribunal rechaza de manera unánime la acción de protección constitucional.

Se acoge extradición de Sergio Jadue por fraude al Fisco y apropiación indebida

sergio-jadueLa Corte de Apelaciones de Santiago acogióla extradición activa del ex presidente de la ANFP desde la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, por los delitos de fraude al Fisco y apropiaciones indebidas, decretándose también la prisión preventiva. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado jueves 26 de enero, la cuarta sala del tribunal santiaguino acogió la solicitud del Ministerio Público y la parte querellante, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), estimando que los dos delitos por los cuales está formalizado el imputado se hallan comprendidos dentro del artículo II del Tratado suscrito entre la República de Chile y los Estados Unidos de América para la extradición de los criminales y Protocolo Complementario.

En relación al delito de fraude al Fisco, figura prevista en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, ésta trata indudablemente de un fraude –hipótesis primera del artículo II del tratado aludido– cuya particularidad consiste en una especial forma de engaño, cual es una declaración maliciosamente falsa o incompleta que puede inducir –y en el hecho indujo– a la determinación de un impuesto menor al que corresponda.

La apropiación indebida, figura prevista en el artículo 470 N° 1 del Código Penal, constituye una forma de abuso de confianza perpetrado por el director de una compañía –hipótesis segunda del artículo II del tratado–, puesto que se trata de la distracción de dineros que eran de propiedad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por parte de quien era su presidente. El monto a que asciende cada uno de los señalados ilícitos excede de la suma fijada en el señalado artículo II para habilitar la extradición.

Teniendo lo anterior en consideración, el tribunal estima que los requisitos previstos en el artículo 431 del Código Procesal Penal para conceder la extradición están cumplidos, teniendo en cuenta, en primer lugar, que respecto del requerido, es un hecho público y notorio que se encuentra actualmente en los Estados Unidos de América, país respecto del cual se pide la extradición. Luego, hay que considerar que el primero de los delitos que se le imputa –fraude al Fisco– se halla castigado con una pena privativa de libertad que va desde el presidio menor en su grado medio hasta el presidio menor en su grado máximo, esto es un lapso que medio entre quinientos cuarenta y un días a cinco años. El segundo de ellos –la apropiación indebida de fondos– tiene una penalidad regida por el inciso final del artículo 467 del Código Penal, siendo así que la pena privativa de libertad que resulta aplicable es la de presidio menor en su grado máximo, vale decir entre tres años y un día a cinco años, y además, dada la reiteración que es imputada en la formalización y conforme lo establecido en el inciso primero del artículo 351 del Código Procesal Penal, correspondería aumentarla en dos grados pudiendo por esta vía llegar la sanción a los quince años de cárcel.

Respecto a la alegación de la defensa que arguye que las circunstancias de que la penalidad que los ilícitos tendrían en Estados Unidos de América y de que en ese Estado se hallan prescritos los delitos materia de la formalización, el tribunal establece que éstas deberán ser calificadas por la jurisdicción extranjera a la que se requerirá la extradición, bastando únicamente considerar al efecto que todos aquellos requisitos se cumplen de acuerdo con la ley nacional.

Por tanto, el tribunal resuelve la extradición activa y además, oficia al Ministerio de Relaciones Exteriores para ordenar la detención del ex presidente, en consideración que en el país se dispuso su prisión preventiva.

Corte de Apelaciones acoge recurso de nulidad de Beccacece contra Anfp por bonos

sebastian-beccaceceLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad interpuesto por el ayudante de técnico contra la ANFP, por el pago del monto de USD 840.000 por concepto de remuneraciones pendientes, en virtud del bono de resultado pactado. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

La décima sala de la Corte, el 5 de Octubre pasado, acogió por unanimidad el recurso de nulidad deducido por la parte demandante, rechazando los interpuestos por la ANFP, estimando que el tribunal laboral incurrió en «extra petita» al fallar sobre si el monto adeudado lo era en cantidad líquida o bruta.

El fallo aduce que el juez, al interpretar las distintas cláusulas modificatorias del contrato, estableció que correspondía el pago pretendido por la demandante puesto que los bonos de resultado se habían hecho acumulativos a raíz de modificaciones introducidas por un anexo y, a la vez, que los montos que daban la suma pedida no eran ya líquidos, porque también se había modificado lo relativo a la liquidez de los mismos. Esta parte no fue controvertida por la demandada, más aún, su defensa se asiló en la vigencia del anexo de contrato en razón de una modificación posterior de noviembre de 2015. Tal cuestión no fue controvertida, y no puede argumentarse razonablemente que por haber controversia sobre el monto de lo adeudado, se entiende que la hay respecto a si la cantidad a pagar debe ser líquida o bruta.

Según los hechos asentados por el tribunal de letras laboral, El bono de resultado sólo está contenido en dos de los instrumentos que vinculan a las partes, el anexo de 1 de mayo de 2015 y el de 30 de septiembre de 2015 (al primero se atiene la demandada y al segundo, la demandante). En cuanto al anexo de 1 de mayo de 2015, se asienta que la redacción original de este anexo no existe ya que fue modificado y no se expresó la voluntad de restituir el texto original. Y, asimismo, que el contrato de fecha 16 de noviembre de 2015, no se refiere a los bonos de resultado (dice de 2016, lo que obviamente es un error tipográfico). Ahora bien, sobre la base del anexo de 30 de septiembre de 2015 estableció que este bono se modificó a acumulativo, y que habiendo ganado la Copa América el seleccionado nacional deben pagarse todos los bonos que correspondían al campeonato. En cuanto a la forma en que debe pagarse el señalado bono expresó que el anexo de 30 de septiembre reemplazó lo acordado en el anexo de 1 de mayo de 2015 en la parte en que se estipulaba que los montos expresados son líquidos y que el empleador asumía el pago de los impuestos y cotizaciones correspondientes a esos pagos, y entendió que tenía competencia para pronunciarse sobre esto en razón de que la demandada al contestar objetó el monto de lo demandado, lo que se reflejó en el punto número 1 de la interlocutoria de prueba. Es así, que decide pronunciarse y establecer que el monto que en la demanda se solicita como cantidad líquida a pagar, se pague por la demandada pero que el pago de todo descuento legal que corresponda por dichas sumas (acumulativas, que arrojan esa cantidad), será de cargo de quien por corresponda. Esto implica que a esa suma deberán practicarse los descuentos que procedan, de modo que la misma no puede ser líquida.

El tribunal concluye que el asunto –es decir, la definición de si el monto adeudado es líquido o bruto– tampoco es una materia en que el tribunal haya invocado que podía actuar de oficio. No existen los datos que permitan discernir aquellas cargas a que estaría sujeta, lo que el propio tribunal advierte al no indicar nada de mayor concreción a este respecto. En el mismo sentido, no puede obviarse que parte de la prueba y de la fundamentación de la sentencia es el cheque que el anterior presidente del directorio entregó al actor y que finalmente no se pagó, el cual precisamente se entregó para cobrar exactamente la suma pretendida por el actor en este juicio.

Contraloría se pronuncia acerca de recursos destinados a maratón de Santiago

Fuente: Tele13

Fuente: Tele13

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte del diputado Morales– sobre la procedencia de entregar recursos a un evento como la Maratón de Santiago pues, a su juicio, actualmente es solo una actividad recreacional, ya que no cuenta con reconocimiento de la Federación Atlética de Chile ni de la International Association of Athletics Federations, IAAF.

El Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND) informó que no ha entregado recursos para financiar la Maratón de Santiago y que solo ha intervenido en el marco del concurso público que anualmente debe convocar conforme al artículo 44 de la Ley N° 19.712, Ley del Deporte, para seleccionar los planes, programas, proyectos y actividades que se propongan para ser financiados mediante donaciones con fines deportivos que tengan derecho al crédito tributario establecido en el artículo 62 de ese texto legal.

Agrega que para la realización del reseñado evento en los años 2014 y 2015 se presentaron las iniciativas que insectionidualiza, las cuales fueron solventadas a través del concurso de donaciones sujetas al anotado beneficio tributario por las empresas que menciona, mientras que en el 2016 no se recibieron por esta vía propuestas que tuvieran dicha finalidad.

Al efecto, el ente de control indicó que de la normativa en análisis se logra advertir dos mecanismos con el objeto de financiar actividades deportivas. Así, por una parte considera la entrega de recursos a través del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y, por otro, la posibilidad que estas se solventen mediante donaciones sujetas al beneficio tributario del anotado artículo 62.

Enseguida, sostiene que, de los antecedentes tenidos en vista, aparece que los proyectos vinculados a los eventos Maratón de Santiago 2014 y 2015, se financiaron por medio del mecanismo de donaciones a que se refiere el artículo 68 de la anotada ley N° 19.712, al encontrarse inscritas en el registro respectivo, ser evaluadas por el instituto y determinarse que estaban destinados al cumplimiento de los objetivos indicados en las letras a), b), c) o d) del artículo 43 del mismo texto. Agrega, que la entidad que presentó tales iniciativas está inscrita en el registro de organizaciones deportivas que lleva el IND de conformidad con el artículo 36 de la anotada ley N° 19.712.

En consecuencia, la Contraloría expresa que, de acuerdo con lo informado por el Instituto en el año 2016, no se recibieron propuestas que tuvieran por finalidad realizar la Maratón de Santiago, y por tanto, el IND no ha entregado recursos para dicha actividad por esta otra vía.

Finalmente, el órgano contralor concluye que no se advierten inconvenientes en que el instituto haya considerado a los proyectos vinculados a los eventos Maratón de Santiago 2014 y 2015 como susceptibles de recibir dichas liberalidades, especialmente teniendo en consideración que en algunos de ellos se daba cuenta que la competencia contaba con la colaboración y certificación de la Federación Atlética de Chile.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el Dictamen de Contraloría N° 58.801 de 2016.

Suazo despedido injustificadamete por ByN: la expresión » ‘cagones’ no se dio por establecida con la prueba rendida»

chupete suazoLa Corte de Apelaciones de Santiago anuló de oficio la sentencia, declarando injustificado despido del futbolista por parte de Blanco y Negro S. A. Además, dio lugar a indemnización por lucro cesante. Consulte el fallo de nulidad analizado en Microjuris.

Con fecha martes 16 de Agosto del 2016, el tribunal de apelaciones anuló de oficio la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que había rechazado la acción de tutela de derechos y de despido injustificado contra Blanco y Negro S.A. La Corte estima que el único hecho que dio por acreditado el tribunal laboral fue que el trabajador dijo: «Que mirai huevón?», mas no los improperios que se indicaron en la carta de despido, para fundar el eventual incumplimiento de los grave por parte del futbolista.

La argumentación del juzgado laboral se realiza sobre la base de hechos no probados, y que por tanto, no existen en el proceso para considerar que hubo incumplimiento, primero, y que éste era grave, luego. De tal suerte que el tribunal faltó categóricamente a la exigencia del N° 4 del artículo 459 del Código del Trabajo, en la estimación de que ciertos hechos se encontraban acreditados, en concreto, las supuestas expresiones «huevones» y «cagones» proferidas por el demandante, y su efecto de denostar a sus superiores en el club deportivo.

Por todo lo anterior, el fallo incurre en la causal de la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, lo autoriza ala corte a proceder de oficio de nulidad.

Agrega el tribunal que no se trata solamente de que el hecho no sea grave, sino que no lo es suficientemente, como para autorizar el despido sin indemnizaciones, porque esto debe apreciarse en el contexto en que ocurre, con el jugador saliendo del campo de juego antes de finalizar el partido, con el cuerpo y la mente caliente y es allí donde se profiere la expresión que se tuvo por acreditada por el juez: «Qué mirai huevón?». En estas condiciones, no parece no sólo no tener la gravedad suficiente, sino que no se trata propiamente de un incumplimiento de obligaciones del contrato. Es claro que, por una parte que el Reglamento Interno del club no le fue entregado al trabajador –incumpliendo una obligación el empleador–, y por otro lado, que esta sola expresión no puede ser tomada como un incumplimiento de las obligaciones que al trabajador le impone el contrato, por mucho que en una cláusula aun consentida se haya elevado a tal carácter el de «proferir por cualquier medio, expresiones que afecten la imagen del Club, sus dirigentes, administradores; cuerpo técnico, jugadores y socios», como quiera que carece de la aptitud para producir un efecto como aquél, sobre todo teniendo en cuenta que es un hecho aislado que afecta la vida profesional de un jugador de fútbol de largo desempeño en el medio chileno y extranjero, así como en la Selección Nacional.

Finalmente se dicta sentencia de reemplazo, fijando el pago de una indemnización por lucro cesante. La relación laboral se extendió desde el 22 de diciembre de 2014 al 20 de octubre de 2015, estando suscrito a plazo fijo, hasta el 31 de diciembre de 2016, por lo cual habrá de darse lugar al pago fundado en que se impidió al jugador recibir las remuneraciones acordadas hasta el vencimiento del plazo.

Diputados proponen reformar normativa de Sociedades Anónimas Deportivas

futbol-profesionalLa moción de los diputados Browne, Chávez, Fuentes, Gutiérrez, Jiménez, Melo, Pilowsky, Vallejos y Walker, expone que los últimos acontecimientos de la forma de administrar el fútbol hace necesario revisar las normas que lo regulan.

Observa luego que con las sociedades anónimas deportivas se prometió profesionalizar la gestión del fútbol. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de esa ley, los clubes no han pagado sus deudas con el FISCO y por el contrario, esas deudas se han duplicado.

Al efecto, los autores de la iniciativa aducen que lo único nuevo ha sido el ingreso de empresarios de dudosa conducta ética, incluso con problemas legales, que además han privado a los socios de los clubes la posibilidad de decidir sobre los destinos de sus instituciones.

En razón de lo anterior, y tomando en consideración el modelo alemán donde, por ley, el 51% de los clubes le pertenece a los hinchas y socios y sólo el 49 % de su propiedad se transa en el mercado, el proyecto de ley propone reformar la normativa de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), con el objeto de aumentar su fiscalización; eliminar conflictos de interés en la propiedad de los clubes y abrir la propiedad y administración de estos a los socios e hinchas.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N°

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