Expertos en derecho digital analizaron junto a Comisión de Constitución el proyecto de derecho al olvido

internacional tratados cooperacion diplomaticos diplomaciaPedir la eliminación de información desfasada y eventualmente perjudicial en una red o páginas específicas de información, es lo que busca regular el proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, para efectos de garantizar al titular de datos personales el derecho al olvido, que fue analizado este miércoles por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Renato Jijena, profesor en derecho informático de la Universidad Católica de Valparaíso, señaló que debatir en torno a esta iniciativa es de gran importancia, debido a que esto abre un debate donde son varios los bienes jurídicos que requieren ser amparados.

“Se tiene que ver cómo conjugar la necesidad de que exista transparencia de acceso a la información, con ciertos antecedentes que, eventualmente, fueron verdaderos en el pasado, y analizar qué pasa con esa información años después (…). Creo que el mejor ejemplo que se ha usado es el de los antecedentes penales”, afirmó.

Al mismo tiempo, Jijena añadió que el proyecto, como toda idea a debatir, es genérica y la mejor regulación requiere precisión y detalle. “Hay que trabajar las excepciones, porque son distintas las situaciones que se pueden presentar, entonces como un marco genérico conceptual de debate, me parece una muy buena iniciativa”, resaltó.

Una legislación completa

En tanto, Francisco Arellano, representante de la Fundación Datos Protegidos, aseguró que es sumamente importante que haya una discusión y legislación sobre el tema del derecho al olvido, pero el proyecto que se presenta es incompleto e impreciso, puesto que se corre el riesgo de vulnerar otros derechos fundamentales que colisionan con la legislación sobre el olvido.

“El derecho al olvido podría vulnerar la libertad de expresión, la memoria histórica, el ejercicio periodístico y el derecho a la información, entonces se requiere una legislación robusta y completa que se haga cargo de casos específicos, por ejemplo cuando una persona que fue imputada busca ser reinsertada en la sociedad”, planteó.

Asimismo, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, argumentó que las causales que establece este proyecto, para la aplicación del derecho al olvido, son excesivamente amplias y, por tanto, no permiten la correcta ponderación de los distintos intereses en juego, situación que según aclaró, podría significar una lesión a otros derechos constitucionales como lo son la libertad de prensa, el derecho al acceso a la información, la memoria histórica y el ejercicio del periodismo de investigación.

“Chile no cuenta con la legislación como la que tiene Europa y, al mismo tiempo, tampoco es efectivo que el camino europeo sea el más deseable, porque al establecer que se tiene que reclamar entre los motores de búsqueda, como lo ha hecho la Unión Europea, es hacer que sea un empresa privada la que, en primera instancia, tenga que decidir qué contenidos pueden estar o no disponibles en internet. Creemos que eso es complicado en términos de libertad de expresión y otros derechos fundamentales”, insistió.

Luis Pardo, presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social, en tanto, manifestó que el proyecto presenta muchos elementos difusos que son necesarios de precisar. “Es una iniciativa que está anclada a una ley que tiene que ver con la protección de datos personales, pero que incursiona en materias que dicen relación con la libertad de expresión y de prensa”, afirmó.

Materia controversial

Según expresó el presidente de la Comisión y autor de la moción, diputado Guillermo Ceroni (PPD), las exposiciones han permitido clarificar un tema que es complejo y donde se tendrá que legislar en forma especial. “El sentido que tiene el proyecto es que se elimine y quede caduco, después de un cierto tiempo, algún hecho de la vida privada, pero eso hay que hacerlo de tal manera que no signifique afectar el derecho a la información y borrar la historia de un país”, comentó.

En esa línea, el legislador recalcó que es un tema complejo e interesante de analizar, sobre todo porque, además, tendrían que existir tribunales especializados en la materia y no como existen hoy día en conjunto con otras entidades públicas.

Sobre lo anterior, precisó que se espera poder resolver el tema en una legislación compacta y escuchando a más expertos con el fin de compatibilizar otros derechos. “Vamos a escuchar al Consejo para la Transparencia; a la Defensoría Penal; y representantes de empresas como Google, para trabajar en un proyecto de ley mucho más completo”, expresó.

Por su parte, el diputado Daniel Farcas (PPD), también autor de la iniciativa, aclaró que esto es, sin duda, una materia controversial en donde lo que se quiere es que las personas tengan una oportunidad de defenderse frente a imputaciones que han sido injustas o que han sido desacreditadas a lo largo del tiempo.

“Lo que hemos escuchado, de parte de los expertos, es siempre esta contraposición de dos valores, es decir, cómo hacemos que en una sociedad democrática no exista ningún tipo de restricción a la libertad de prensa, pero, por otro lado que las personas sí tengan alguna posibilidad de defenderse, y lo que hemos visto en la experiencia europea es que hay una rigurosidad muy importante y significativa para terminar con este tipo de prácticas que tienen una defensa bastante más sistemática y rápida frente a este tipo de situaciones”, enfatizó.

Finalmente, el parlamentario añadió que, si bien el tema es muy complejo de analizar, se busca llegar a un equilibrio entre ambos valores, pero además entre metodologías de buscadores que hacen una labor tecnológica. “Esperamos llegar a aunar criterios y votar un proyecto de ley que permita a las personas algún tipo de procedimiento para poder salir de este atolladero”, concluyó.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10.608.

Corte de Apelaciones de Santiago: «el derecho al olvido es una figura legal que no está contemplada en nuestra Constitución o leyes vigentes»

googleLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el diario El Mercurio online, por la persona que declara estar sufriendo una violación de sus derechos porque es posible encontrar su nombre, a través de un motor de búsqueda google, vinculado a un delito por el que ya cumplió condena. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

La octava sala del Tribunal de Apelaciones rechazó la acción constitucional que aducía a la privacidad de la persona, vulnerándose el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, además de normas legales nacionales e internacionales, solicitando que se elimine la publicación online de los registros computacionales y cualquier base de datos donde aparezca la noticia o cualquiera que afecte su honra y también recurriendo contra Google, para que se le prohíba publicar toda otra publicación similar.

Según el tribunal, lo que se pretende es invocar una especie de «derecho al olvido», figura legal que no está contemplada en nuestra Constitución o leyes vigentes, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, como, tampoco ha sido recogida por nuestros tribunales, razón por la que no existe como un derecho que pueda ser invocado para hacer desaparecer de la historia personal de la gente aquellas situaciones que en su oportunidad fueron expuestas al público en general por los medios de comunicación social en virtud del legítimo ejercicio del derecho de informar.

Además, al colocar la individualización del recurrente en el buscador Google y aparecer un índice de resultados de distintas páginas que entregan información sobre la noticia en cuestión, una de ellas la página del diario digital de propiedad de la empresa periodística, en el cual es acusado de un delito, ello no es más que el legítimo derecho de informar que en su oportunidad ejerció el diario. No se aprecia de este modo alguna ilegalidad en dicho actuar, donde solo se recoge y reproduce una noticia que es un acto propio del periodismo, sin visualizarse en ello que se esté afectando la honra o la privacidad del recurrente, más cuando no se ha negado que haya ocurrido.

En cuanto al motor de búsqueda Google, y en relación a la información que del actor aparece en Internet al colocar su nombre en él, tampoco se aprecia que haya cometido algún acto arbitrario e ilegal que se le pueda imputar, por cuanto solo corresponde a una herramienta de búsqueda de información en Internet, como varios otros buscadores o motores de búsqueda de que actualmente existen. De este modo, no es una información propia del «buscador» o «motor de búsqueda», si no que aquella que aparece en el índice de información al poner determinadas palabras en él, como en este caso.

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