DD.HH. inicia discusión de proyecto que establece ley de derechos lingüísticos de pueblos originarios

Con el afán de adoptar políticas públicas integrales, la Comisión de Derechos Humanos inició la discusión del proyecto que establece una Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Originarios de Chile.

El texto, que surge como una propuesta de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos, recogida por los autores de la mocióm, busca proteger y fomentar los derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos, consagrar y definir los conceptos propios de la materia, además de reconocer expresamente la condición plurinacional de la sociedad chilena.

Asimismo, pretende determinar cuáles son las lenguas indígenas de Chile y establecer derechos a beneficio de los pueblos, además de obligar a los medios de comunicación, respecto a la difusión de las lenguas indígenas en los contenidos que emitan.

Al mismo tiempo, la iniciativa buscará estimular una sanción general por vulneraciones a los derechos anteriormente mencionados.

Al respecto, la diputada Camila Vallejo (PC), patrocinante del proyecto, señaló que desde la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos le hicieron ver la necesidad de que hubiese una ley en este ámbito, que permitiría a Chile cumplir de una vez por todas con los pactos internacionales en esta materia.

“Cuando desaparece una lengua, desaparece una cultura y la identidad de un pueblo originario, entonces la omisión del Estado, de alguna manera, estaría avalando una vulneración a derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos de los pueblos originarios. (…) Esperamos que este proyecto siga avanzando y que cree una institucionalidad que vele por resguardar estos derechos”, detalló.

La instancia acordó invitar en una próxima sesión a la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos y a representantes de comunidades de pueblos originarios.

Pueblo afrodescendiente

En segundo lugar, la Comisión inició también la discusión del proyecto de ley que otorga un reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Dicha iniciativa, que nace en la región de Arica y Parinacota, pretende que el Estado promueva la cultura y respete los símbolos de dicho pueblos, además de que incluya dentro del plan de educación nacional la historia de los afros.

Por otra parte, pretende incorporar a dichos pueblos como categoría en las encuestas censales del 2017-2022 del país, de manera de contar con información para la correcta promoción de políticas de inclusión.

“Esto tiene que ver con reconocer al afrodescendiente como un actor importantísimo en el desarrollo de nuestro país, porque cuando queremos avanzar como región es trascendental saber la identidad de cada una de ellas. En este caso, la identidad de Arica y Parinacota tiene el ADN muy fuerte de los afrodescendientes”, indicó el diputado Luis Rocafull (PS), autor del proyecto.

(Fuente: Senado)

Consulte los proyectos de ley, Boletines N° 9424 y 10625.

Amparo de Machi Linconao: modificación de medida cautelar no dispone liberación de la amparada, por lo que no requiere unanimidad

Foto: La Tercera

Foto: La Tercera

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo interpuesto a favor de una Machi mayor de edad imputada por delitos de carácter terrorista, resolviendo la sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 5 de enero, la primera sala del tribunal de apelaciones regional acogió el amparo, disponiendo que la Machi pase de un régimen de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

No resulta discutido por los intervinientes en el proceso, que la formalización y acusación deducida en contra de la amparada en la sede jurisdiccional correspondiente, lo es por una de las conductas contenida en la Ley N° 18.314, la que dispone de una regulación procesal especial en la materia, según se puede leer de la norma contenida en el artículo 19 N° 7 letra e) inciso segundo de la Constitución Política de la República. Esta regulación especial exige que «la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9° (delitos terroristas), será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares.»

En este contexto, el tribunal acogió el recurso de amparo sólo en cuanto se ordena la reposición de los efectos naturales de la resolución confirmatoria del Tribunal ad quem, ordenando que opere la sustitución del lugar donde deberá cumplirse la privación de libertad que pesa sobre la amparada. El fallo de mayoría entiende que la resolución dictada por el Tribunal de Garantía no dispuso la liberación de la amparada, sino por el contrario, ordenó que la privación de libertad que le fuere impuesta sea cumplida en un lugar distinto al centro de detención dependiente de Gendarmería, esto es, en el domicilio fijado por la defensa. Por esta razón, resuelve que los supuestos requeridos por el legislador en el inciso segundo de la letra e) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no se cumplen, por cuanto no se ha ordenado la libertad de la amparada.

Es decir, la resolución que confirmó lo resuelto en primera instancia tiene el efecto de mantener firme la decisión del juzgado de garantía, pero sustituyendo la forma en que debe cumplirse la privación de libertad. Por eso mismo,no se requiere la unanimidad prevista en la letra e) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución, de modo que el voto de mayoría tiene los efectos naturales previstos en el artículo 85 del Código Orgánico de Tribunales, y no aquel que se produjo en los hechos.

El fallo contiene un voto de disidencia por la Ministro Sra. María Elena Llanos Morales.

La disidente estima que no se ha acreditado que hubieren antecedentes que en su momento se tuvieron en consideración al decretar la prisión preventiva de la imputada, teniendo presente, además, la naturaleza del delito, carácter y pena asignados al mismo. Además, considera que no se exhibió o acompañó documento alguno proveniente de profesional capacitado que haya dado cuenta del real estado de salud de la imputada, quien se encontraba enferma a raíz de la huelga que voluntariamente decidió hacer.

Finaliza diciendo que su razonamiento reconoce lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y 19 N° 2 que dispone que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Suprema revoca sentencia y acoge amparo interpuesto a favor de comunera mapuche engrillada durante parto

supremaLa Corte Suprema acoge el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de amparo que había resuelto que no fue vulneratorio el actuar de Gendarmería de mantener engrillada a una interna de origen mapuche durante sus labores de parto. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Con fecha 2 de diciembre, la segunda sala del máximo tribunal decide revocar la resolución de amparo de la Corte de Apelaciones de Temuco. En lo esencial, el tribunal resolvió que existió una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, pues hubo una confluencia de factores entrecruzados de discriminación que se potenciaron e impactaron negativamente en la amparada, al recibir un trato injusto, denigrante y vejatorio dada su condición de mujer, de gestante y parturienta, de privada de libertad y por pertenecer a la etnia mapuche, lo que en forma innecesaria puso en riesgo su salud y vida, así como la de su hijo, todo ello en contravención a la normativa nacional e internacional vigente en la materia. Estas reglas han advertido que la convergencia de múltiples formas de discriminación aumenta el riesgo de que algunas mujeres sean víctimas de discriminación compuesta, por lo cual la entidad recurrida, afectó la seguridad personal de la amparada durante la privación de libertad que sufría con motivo del cumplimiento de las penas impuestas y su dignidad como persona, en contravención a la Constitución Política y las leyes.

Más específicamente, el maltrato recibido por la amparada encuentra explicación en su pertenencia a una comunidad mapuche. De otra forma no se explica el desmesurado y, por ende, desproporcionado operativo de seguridad que a su salida de la unidad penal para su atención médica en un recinto asistencial llevó a cabo Gendarmería. Su clasificación es de bajo compromiso delictual, a lo que cabe agregar que su estado de salud restaba toda posibilidad de que durante su traslado pudiera atentar contra terceros o intentar su huída. Tales circunstancias no resultan coherentes con el inusual despliegue de medidas de custodia y coerción en los traslados y durante su permanencia en los recintos hospitalarios.

A esto se suma que lo realizado constituyó también un acto de discriminación en su condición de mujer, pues el trato recibido por ésta de parte de los agentes estatales desconoció dicho estado de vulnerabilidad y, por ende, de necesidad de protección, en circunstancias que, desde una perspectiva de igualdad de género, se debió haber tomado en consideración la situación particular que experimentaba al acercarse el proceso del parto -más aún en las difíciles circunstancias de salud y de privación de libertad en que éste se desarrolló-, como, por otro lado, la especial significación vital para ella del mismo, sobre todo dentro de la comunidad mapuche a la que pertenece, y el impacto negativo que una aplicación no diferenciada de las normas y reglamentos penitenciarios podía ocasionar en aquella mujer.

Gendarmería alegaque en su actuar se habrían ceñido los funcionarios a la normativa propia para actuar en estos casos, citando el Oficio N° 202/2015 del 20 de mayo de 2015 de Gendarmería de Chile, que reitera Instrucciones de buen servicio sobre Servicios Hospitalarios y Salidas al Exterior. Sin embargo, la corte estima que esta normativa no se adecúa a la normativa internacional. Al respecto dice que

Dicho instructivo, amén de imponer formalidades que no parecen razonables en circunstancias médicas de urgencia, como una solicitud escrita fundada del facultativo, en el caso de la mujer embarazada privada de libertad, deja a la discreción de los funcionarios de Gendarmería actuantes el uso de medidas de coerción en los momentos anteriores y posteriores a la intervención médica directa, como ocurrió en este caso -durante los traslados y con posterioridad a la evaluación e intervención-, en circunstancias que las reglas 48 de las Reglas de Mandela y 24 de las Reglas de Bangkok, prohíben su uso, sin necesidad de requerimiento del médico tratante en los momentos anteriores, durante y posteriores al parto.

Finalmente, considerando lo resuelto por el tribunal de apelaciones, la Corte Suprema declara que no es obstáculo para hacer lugar a la acción de amparo el que pudieran haber dejado de existir las medidas que afectaron la seguridad personal de la amparada. Una acción de protección constitucional busca restablecer el imperio del derecho, lo que comprende la precisión del sentido de los derechos fundamentales, su respeto, el de las garantías que los protegen y la eventual corrección funcionaria, como lo señalaba el artículo 313 bis del Código de Procedimiento Penal.

En consideración de todo lo anterior, resuelve que:

1. La custodia de la amparada y las medidas de seguridad que se adopten por Gendarmería durante los traslados de aquélla a algún recinto asistencial de salud se efectuarán dando estricto cumplimiento a lo previsto en las Reglas 47, 48 y 49 de la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

2. Durante dichos traslados, así como durante su permanencia en dichos recintos, su custodia directa será ejercida exclusivamente por personal femenino de Gendarmería de Chile.

3. Gendarmería de Chile deberá revisar y adecuar sus protocolos de actuación en materia de traslado a hospitales externos, conforme a la normativa Internacional suscrita por Chile relativa a mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos lactantes, así como a aquella relativa a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres.

4. Gendarmería de Chile deberá remitir copia de los resultados del sumario administrativo que lleva adelante con motivo de estos hechos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dentro de un plazo no superior a 30 días, además de informar a dicho tribunal sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los tres puntos precedentes.

 

Corte de Concepción rechaza amparo interpuesto a favor de interna que fue mantenida engrillada durante parto

embarazoLa Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo interpuesto a favor de interna que fue mantenida engrillada durante sus labores de parto, aduciendo que la acción perdió su oportunidad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

La primera sala de la Corte rechazó el amparo, interpuesto por la Defensora Penal Pública Penitenciaria a causa de la concurrencia e ilegalidad de actos de coerción y vigilancia desproporcionada durante el parto de la amparada. De acuerdo a los sentenciadores, la acción perdió oportunidad, al no existir la afectación actual que se denuncia por la colocación de grilletes a la amparada antes, durante y después del parto, habiendo transcurrido la situación de hecho descrita por la defensora días antes de la interposición misma del recurso.

Adicionalmente, agregaron:

un actuar ilegal o arbitrario de Gendarmería que atente contra la libertad o seguridad personal de la madre, no debiendo olvidarse que la amparada se halla recluida en un penal a causa de una sentencia dictada por tribunal competente, sindicándola autora de una receptación y de un robo con intimidación.

En tal sentido, el recurso de amparo no sería el medio adecuado para impugnar lo ocurrido, pues, no existe actualmente ningún hecho constitutivo de privación ilegal de libertad personal o amenaza en tal sentido o que afecte la seguridad individual de la madre amparada, conforme al artículo 21 inciso tercero de la Constitución Política de la República.

En tanto, el Senador Alejandro Navarro,  intercede en favor de la niña recién nacida (hija de la interna), aduciendo que se ha hecho una indebida extensión de los efectos de la pena a una persona distinta de la condenada, en este caso, sobre la recién nacida. Sin embargo, la sentencia establece que no se determina la existencia de algún hecho que constituya privación, perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual de la menor amparada, razón por la cual no se está en situación de adoptar medidas protectoras a su respecto.

El fallo cuenta con la prevención del ministro señor Manuel Muñoz Astudillo.

Justifica su prevención aduciendo que la amparada fue sometida a un tratamiento que no solo afecta su dignidad personal, sino también su salud, producto entre otros del abuso de medidas de seguridad, especialmente grilletes, en el contexto de una sentenciada parturienta y con trabajo de parto. Más aún, consultado Gendarmería de Chile por la Sala, manifestó que este mismo tratamiento se le dará al remitirla al establecimiento penitenciario donde cumple condena. En efecto, todas las acciones que se debieron realizar para dar atención médica de urgencia a la sentenciada por la que se recurre de amparo, en cuanto a las medidas de seguridad tomadas por la institución recurrida, no guardan proporción alguna con el hecho que, engrillada, debió soportar un largo viaje en estado de preñez con características de parto prematuro, al punto que debió ser atendida quirúrgicamente en el nacimiento de su hija; el ser observada por personal no médico durante la consulta, preparación y cirugía, todo ello aduciendo temor de fuga o participación violenta de terceros como habría ocurrido en otra ocasión.

Todos estos hechos no justifican el engrillamiento y la falta de recato en la atención de la sentenciada durante la atención médica por parte de sus custodios lo que evidentemente implica un atentado a la dignidad personal y con ello a la salud de la parturienta, materia distinta y no vinculada al hecho de la sentencia que se le aplicó.

Por tanto, concluye la prevención estableciendo que no se puede, de modo alguno, desatender los fundamentos del recurso en extenso, al menos en aquella parte que previene que la amparada sigue sometida a medidas de prevención y que existe la cierta posibilidad que las acciones de engrillamiento persistan en su traslado. Cuestión que se estima exagerada, inútil, abusiva y arbitraria, en el contexto de ser custodiada por gendarmería de Chile con apoyo de Carabineros de Chile.

Piden disponer de modificaciones legales y administrativas en materia de políticas de tierras para comunidades indígenas

Comunidad indigenaDisponer modificaciones legales y administrativas en materia de políticas de tierras para comunidades indígenas y crear un fondo para víctimas de atentados en la región de la Araucanía, es lo que pide la Sala de la Cámara de Diputados al Ejecutivo por medio de la resolución 722.

La petición, aprobada por 81 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, fue presentada a la Cámara por un grupo de diputados.

Según expresaron los legisladores, la violencia en la Araucanía ha alcanzado niveles inéditos en los últimos años, con una escala de violencia que evidencia la incapacidad del Estado para proveer seguridad a la población de los sectores rurales.

Por ello, agregaron, el informe final de la Comisión Investigadora sobre violencia en la Araucanía expuso una serie de propuestas que permiten avanzar hacia una posible solución de este conflicto, considerando, de suma urgencia, que el gobierno y los demás órganos del Estado desarrollen las labores necesarias para implementar dichas intensiones.

Por lo anterior, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo ingresar una calificación de urgencia al proyecto de ley que modifica la Ley 19.253, para establecer prohibiciones en relación con la adquisición de tierras y el acceso a los beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, actualmente radicado en la Comisión de Gobierno Interior de la Corporación.

Adicionalmente, piden disponer la creación de un Fondo de reparación para víctimas de atentados en la región de la Araucanía, así como el establecimiento de un subsidio que les permita asegurar la maquinaria y vehículos utilizados en sus faenas productivas, atendida la falta de oferta o alto costo que enfrentan quienes desean asegurar sus bienes.

Asimismo, llaman a generar mecanismos de financiamiento para el reemprendimiento, como el otorgamiento de créditos blandos para las personas que lo han perdido todo producto de atentados en la zona.

Finalmente, los parlamentarios piden mandatar al Ministerio de Desarrollo Social para que realice un catastro de los títulos de merced que aún no se han subsanado hasta la fecha, en la región de la Araucanía.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10593.

Comisión de Gobierno Interior continúa análisis de propuestas relativas al mundo indígena

Comunidad indigenaContinuando con su interés de recopilar la mayor cantidad de opiniones posibles en torno a los proyectos en trámite relativos a los pueblos originarios de nuestro país, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados recibió la semana pasada la exposición de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), tanto desde la perspectiva de la directiva como de sus funcionarios.

Si bien el grupo parlamentario que dirige la diputada Daniella Cicardini mantiene en estudio tanto la propuesta que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas como el que crea el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas, la exposición de los invitados estuvo centrada en esta última iniciativa.

El director nacional de la Conadi, Alberto Pizarro, recordó que el programa de gobierno contempla impulsar una nueva institucionalidad indígena que pasa por la creación de los citados Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, como por el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas, cuyos lineamientos generales fueron consensuados en una consulta nacional de pueblos originarios.

Precisó que el nuevo Ministerio estará encargado de «colaborar con el Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a implementar, promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico social, político y cultural, procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria contra los pueblos, comunidades y personas indígenas”.

Luego, el director enumeró los principales contenidos del proyecto de ley: creación del Ministerio y determinación de su naturaleza, objeto, funciones y atribuciones; la organización interna, que incluye la creación de una Subsecretaría y secretarías regionales ministeriales; su labor de implementar y ejecutar los procesos de consulta previa y participación de los pueblos indígenas, así como del analizar y resolver sobre las solicitudes de procedencia; desarrollar el estudio, diseño, elaboración, implementación y evaluación de la Política Nacional en el área; establecer áreas de desarrollo en beneficio del desarrollo económico, social y cultural de los indígenas y sus comunidades; creación del Fondo de Consulta, destinado a colaborar en la implementación y ejecución de los procesos de consulta sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; y creación del Comité Interministerial, con el objeto de colaborar con el/la Ministro(a) en diferentes aspectos.

Funcionarios

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi (Anfuco), representada por su presidenta, Sandra Marín, agradeció y valoró la oportunidad de presentar su opinión ante la Comisión y sostuvo que el nuevo Ministerio debe lograr, una vez constituido, atender las demandas de los pueblos originarios a nivel nacional.

«En estos 23 años que lleva la Conadi, hemos visto como ha aumentado esta demanda, como las personas han creído en un mejor vivir; pero también hemos observado la frustración por no ser cubiertas sus demandas y porque no se escuchan sus propuestas», criticaron.

En esta plano, estimaron que la estructura del Ministerio debe estar acompañada de 15 direcciones regionales del Servicio relacionado (Conadi transformada), «con una dotación de funcionarios e infraestructura acorde a la intención política de mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios».

Asimismo, plantearon que la Cultura debe ser la columna vertebral de esta nueva institucionalidad que otorgue la identidad y que proyecte la sabiduría de los pueblos originarios a la sociedad chilena; y, como trabajadores en este ámbito, expresaron su disposición a colaborar en los aspectos técnicos necesarios para que este trabajo cumpla su objetivo central, que es mejorar la actual política pública en materia indígena.

(Fuente: Diputados)

Consulte los proyectos de ley, Boletines N° 10526 y 10687.

Tercer Tribunal Ambiental admite a trámite reclamación de comunidad indígena contra Comisión de Evaluación Ambiental

Tercer Tribunal AmbientalEl Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Valdivia, acogió a trámite un recurso de reclamación deducido por parte José Cayún Quiroz en representación de la comunidad indígena, en contra de la Resolución Exenta N° 105/15, del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que ejecuta el acuerdo N° 16/15 del Comité de Ministros. En el referido acuerdo, se resolvió decretar el rechazo del recurso de reclamación interpuesto en contra de la Resolución de Calificación Ambiental  N° 128/14 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos.

Al efecto, cabe recordar que el proyecto en cuestión contempla la instalación una Central de Pasada denominada “Mediterraneo”, ubicada en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos. En su libelo, la reclamante arguye que el recurso de reposición debió ser acogido, toda vez que la Resolución Exenta N° 128/14 no se hace cargo de todos los impactos ambientales que generaría el citado proyecto al tiempo que constituiría una seria violación a Derechos Humanos de los pueblos originarios.

Admitida a tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental ofició al Comité de Ministros, a fin de que informe de conformidad al artículo 29 de la Ley N° 20.600, esto es, adjuntando copia física autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la reclamación.

(Fuente: Diario Constitucional)

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