Tipifican delito de tortura y ratifican que podrá ser cometido por agentes del Estado

juez justicia penal garantíaDespués de un intenso debate la Sala del Senado aprobó el proyecto que tipifica el delito de tortura en la legislación chilena, oportunidad en que primó el criterio de que sólo se considerará como autores del mismo a los agentes del Estado o a los particulares que cumplan roles públicos.

Cabe recordar que durante la discusión en general y en particular surgieron diferencias respecto de los sujetos activos del delito de tortura, pues mientras el oficialismo se inclinó por la postura de que sólo puede ser cometida por agentes públicos, en la oposición sostenían la postura de que también podía ser cometida por privados.

Así las cosas, durante la votación del proyecto, un grupo de senadores encabezados por Alberto Espina, presentaron un conjunto de indicaciones para incorporar a los privados como sujetos activos. Finalmente, dichas propuestas fueron rechazadas con 15 votos a favor y 17 en contra.

PROYECTO

En lo medular la iniciativa busca tipificar en el derecho interno el delito de tortura, con la finalidad de que nuestro país pueda dar cumplimiento a los compromisos contraídos en virtud de los tratados internacionales que se encuentran vigentes en esta materia y alcanzar los estándares exigidos por dichos instrumentos. El proyecto se extiende, además, a otras figuras penales que también vulneran gravemente la dignidad de las personas, como son los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y las vejaciones injustas.

Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.

Además, amplía la aplicación de las normas sobre tortura a toda persona que, sin tener la calidad de empleado público, e instigada por un funcionario del Estado o con su consentimiento, realiza una acción constitutiva de estos delitos; endurece las sanciones aplicables a los delitos de tortura o de apremios ilegítimos, cuando a consecuencia de éstos se cometieren otros delitos como homicidios, lesiones graves, mutilaciones de miembros y agrava las sanciones aplicables al que torture a otro que se encuentre, legítima o ilegítimamente, privado de libertad, o en cualquier caso bajo su cuidado, custodia o control.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9589-17.

Corte Suprema informa cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el denominado caso Atala

Pleno Corte SupremaLa Corte Suprema informa el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso caratulado: «Atala Riffo versus Chile. Cumplimiento que consigna la respuesta entregada –el 30 de agosto recién pasado– al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto del cuarto informe de cumplimiento del Estado de Chile sobre la sentencia de la Corte IDH.

El máximo tribunal, tras analizado el asunto en sesión de pleno de ministros el 30 de agosto pasado, y por mayoría de votos, acordó informar que:

«Teniendo en consideración que lo resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de veinticuatro de febrero de dos mil doce, dispone -en lo pertinente a lo consultado- que «El Estado debe continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de toda las áreas y escalafones de la rama judicial, de conformidad con lo establecido en los párrafos 271 y 272» de dicha sentencia, los que aluden a la obligación del Estado de continuar implementando tales programas y cursos en las temáticas que cita, destinados especialmente a funcionarios; esta Corte entiende que con el mérito de lo expuesto por la Academia Judicial en su informe de fojas 224, que detalle el contenido, extensión y destinatarios de su oferta programática en las materias que cita, se ha dado cumplimiento –en lo que compete– a lo ordenado por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas vs Chile».

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el acuerdo de la Corte Suprema.

Sala rechazó proyecto que establecía carácter público de los antecedentes de la Comisión Valech

Camara de DiputadosPor no alcanzar el quorum calificado requerido de 60 votos afirmativos, la Sala rechazó la idea de legislar del proyecto que buscaba modificar la Ley 19.992, para establecer el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura (Comisión Valech).

La norma recibió 57 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones.

El proyecto fue presentado a trámite por los diputados del PC Karol Cariola, Camila Vallejo, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Guillermo Teillier, IC Sergio Aguiló, PPD Tucapel Jiménez y Felipe Letelier y DC Patricio Vallespín.

Su objetivo era levantar el secreto de 50 años establecido para los antecedentes recogidos durante el trabajo de la citada comisión, “para contribuir así a la búsqueda de la verdad y a que se haga justicia en casos graves de violaciones a los derechos humanos aún pendientes”.

Los autores plantearon en sus argumentos que el mantenimiento del secreto sobre los antecedentes que sirvieron de base a la labor de la Comisión Valech tiende a consolidar la impunidad de los violadores de derechos humanos y que genera una dificultad adicional para la obtención de justicia, ya que ha provocado la pérdida de antecedentes e información con la que se contaba.

La modificación, que finalmente fue rechazada por el pleno de la Cámara, establecía el carácter público de los antecedentes pero permitía a las víctimas a expresar su voluntad de guardar reserva de sus testimonios.

Sin embargo, parlamentarios que expresaron su opinión contraria al proyecto, expresaron que no es posible desconocer que muchas de las víctimas entregaron sus testimonios, sobre hechos muy dolorosos, precisamente por la reserva que se estableció sobre los mismos.

(Fuente: Diputados)

Corte Interamericana de DDHH emite opinión consultiva sobre derechos de las Personas Jurídicas

constitucion sociedadLa Corte Interamericana emitió una opinión consultiva sobre los derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos, estableciendo que dichas entidades no son titulares de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana, y por tanto no pueden ser consideras víctimas de violaciones a derechos humanos en los procesos contenciosos ante el sistema interamericano.

Dicha opinión responde a la solicitud presentada por el Estado de Panamá, sobre la interpretación y alcance de diversos artículos del Protocolo de San Salvador.

No obstante lo anterior, la Corte sí tiene competencia para conocer de alegadas violaciones a los derechos de los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. Esto dentro de los términos del 8.1.a del Protocolo de San Salvador, que les confiere la titularidad del derecho a formar federaciones y confederaciones nacionales e internacionales, así como a asociarse a las ya existentes y a funcionar libremente.

Finalmente, el Tribunal Interamericano resolvió que es posible cumplir con el agotamiento de los recursos internos a través de personas jurídicas en dos supuestos. Primero, si se comprueba que se presentaron los recursos disponibles, idóneos y efectivos para la protección de los derechos de la persona natura, independiente de que dichos recursos hayan sido presentados y resueltos a favor de una persona jurídica. Segundo, si se demuestra que existe una coincidencia entre las pretensiones que la persona jurídica alegó en los procedimientos internos y las presuntas violaciones que se argumentan por las presuntas víctimas ante el sistema interamericano.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el texto íntegro de la opinión consultiva.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia sobre imposibilidad de parejas del mismo sexo para obtener permiso de residencia

Tribunal Europeo de Derechos HumanosEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en el caso “Pajić v. Croacia”, declarando vulnerado el derecho de prohibición de discriminación como el de respeto a la vida privada y familiar, en lo que respecta a la imposibilidad de las parejas del mismo sexo para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar.

En su sentencia, el TEDH sostiene haberse producido una violación del artículo 14 (prohibición de discriminación)  y del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al prohibir el permiso de residencia definitiva por reagrupación familiar, a una ciudadana de Bosnia y Herzegovina que mantenía una relación con una mujer que vivía en Croacia.

Al efecto, la Magistratura Europa adujo que la Sra. Pajić se había visto afectada por una diferencia de tratado en atención a su condición sexual, puesto que la Ley de Extranjería de dicho país permitía solicitar la residencia por esta vía sólo a las parejas de distinto sexo.

Así, agregó en su fallo el TEDH que en los últimos años un número considerable de Estados miembro del Consejo de Europa habían dado reconocimiento oficial a las parejas del mismo sexo, incluido Croacia. Sin embargo, en su Ley de Extranjería no se consagraba dicha posibilidad, lo que en definitiva importaba una diferencia de trato basada en la orientación sexual de las personas afectadas.

De esa manera, conforme a lo anterior, la sentencia concluyó declarando la responsabilidad de Croacia, debiendo pagar a la Sra. Pajić la cantidad de 10.000 euros por conceptos de daño inmaterial y 5.690 euros en costas y gastos.

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte ordena al Ejército entregar nómina de generales que prestaron servicios en la CNI

FUERZAS ARMADASLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Ejército de Chile en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia donde se dispone que la institución entregue el listado de oficiales ascendidos que hayan estado en servicio activo y que hubiesen sido adscritos a la DINA o la CNI.

La resolución establece que la exposición de los ascensos y destinaciones de funcionarios públicos forma parte del ejercicio de funciones públicas, la que debe estar al alcance de cualquiera que tenga interés en conocerla, sin poder la institución ampararse en las causales de reserva contempladas tanto en la Ley N° 20.285. Consulte fallo de la Corte de Apelaciones analizado por Microjuris.

En fallo unánime, el pasado lunes 7 de Marzo la segunda sala del tribunal capitalino rechazó la reclamación de ilegalidad en contra de la decisión final recaída en el Amparo C-1929-15 C-1931-15 llevado por el Ejército de Chile ante el Consejo para la Transparencia, donde se dispone que la institución entregue el listado o nómina de los oficiales ascendidos al grado de general, en el período comprendido entre el 10 de marzo de 2002 y el 11 de marzo de 2015, que hayan estado en servicio activo y que hubiesen sido adscritos, conformado, destinados o símil, a la Comisión DINA, la DINA o la CNI.

La corte parte desde el supuesto de que el principio rector en estos asuntos es la publicidad, y es en ese contexto en el que debe examinarse la legalidad o ilegalidad de la decisión del Consejo. En el cometido de regulación del principio de la transparencia, la Ley N° 20.285 desarrolla entre sus normas las excepciones que la propia Carta Fundamental reconoce a la regla general y básica de la publicidad, esto es, debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Es decir, el derecho de acceder a la información de los órganos del Estado, no obstante encontrarse garantido constitucionalmente en el artículo 8 de la Carta Fundamental, no es absoluto y total, sino que reconoce limitaciones las que se recogen y reflejan en las causales de secreto o reserva que la citada Ley de Transparencia establece, en su artículo 21.

Sin embargo, en el caso tales excepciones no serían aplicables. Si bien es cierto que la propia ley antes mencionada se ha encargado de prever determinadas cortapisas o prohibiciones en el ejercicio del derecho a reclamo por parte del órgano conminado a informar, en el caso el Ejército de Chile no puede invocar las circunstancias pormenorizadas en el N° 1 del artículo 21, que, prevé dos hipótesis: que se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales o que sean previos a la adopción de una resolución, medida o política (sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas).

El tribunal, finalmente, desestima la posibilidad de afectación a terceros del N° 2 del mismo artículo 21, a causa de la entrega de información sobre ascensos y remuneraciones de funcionarios. Al respecto, se resuelve:

[…] La exposición de los ascensos y destinaciones de funcionarios públicos, forma parte del ejercicio de la función de la misma índole, la que debe estar al alcance de cualquiera que tenga interés en conocerla, desde que se enmarca en la transparencia necesaria a la confianza sobre la que se estructura y construye un Estado de Derecho sólido y perdurable. En consecuencia, en la especie, el principio rector de publicidad no admite resignación, no sólo por la prioridad que la propia Constitución Política de la República otorga a la exposición de la información de los órganos del Estado, sino porque además de resultar inexistente o, al menos, no probada la afectación de los terceros funcionarios públicos involucrados, como se dijo, en el ejercicio de sopesar el beneficio que se obtendría en caso de retenerse la información requerida versus el provecho que reportaría la divulgación de los antecedentes, resulta vencedora -en el caso- esta última conducta, desde que la difusión de que aquí se trata forma parte del ejercicio de la función pública, la que prima por sobre los intereses particulares que pudieran estar en juego, circunstancia – la publicidad- consustancial y previamente conocida por quien se adscribe al régimen de la administración pública.

A %d blogueros les gusta esto: