Después de un intenso debate la Sala del Senado aprobó el proyecto que tipifica el delito de tortura en la legislación chilena, oportunidad en que primó el criterio de que sólo se considerará como autores del mismo a los agentes del Estado o a los particulares que cumplan roles públicos.
Cabe recordar que durante la discusión en general y en particular surgieron diferencias respecto de los sujetos activos del delito de tortura, pues mientras el oficialismo se inclinó por la postura de que sólo puede ser cometida por agentes públicos, en la oposición sostenían la postura de que también podía ser cometida por privados.
Así las cosas, durante la votación del proyecto, un grupo de senadores encabezados por Alberto Espina, presentaron un conjunto de indicaciones para incorporar a los privados como sujetos activos. Finalmente, dichas propuestas fueron rechazadas con 15 votos a favor y 17 en contra.
En lo medular la iniciativa busca tipificar en el derecho interno el delito de tortura, con la finalidad de que nuestro país pueda dar cumplimiento a los compromisos contraídos en virtud de los tratados internacionales que se encuentran vigentes en esta materia y alcanzar los estándares exigidos por dichos instrumentos. El proyecto se extiende, además, a otras figuras penales que también vulneran gravemente la dignidad de las personas, como son los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y las vejaciones injustas.
Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.
Además, amplía la aplicación de las normas sobre tortura a toda persona que, sin tener la calidad de empleado público, e instigada por un funcionario del Estado o con su consentimiento, realiza una acción constitutiva de estos delitos; endurece las sanciones aplicables a los delitos de tortura o de apremios ilegítimos, cuando a consecuencia de éstos se cometieren otros delitos como homicidios, lesiones graves, mutilaciones de miembros y agrava las sanciones aplicables al que torture a otro que se encuentre, legítima o ilegítimamente, privado de libertad, o en cualquier caso bajo su cuidado, custodia o control.
(Fuente: Senado)
Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9589-17.
La Corte Suprema informa el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso caratulado: «Atala Riffo versus Chile. Cumplimiento que consigna la respuesta entregada –el 30 de agosto recién pasado– al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto del cuarto informe de cumplimiento del Estado de Chile sobre la sentencia de la Corte IDH.
Por no alcanzar el quorum calificado requerido de 60 votos afirmativos, la Sala rechazó la idea de legislar del proyecto que buscaba modificar la Ley 19.992, para establecer el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura (Comisión Valech).
La Corte Interamericana emitió una opinión consultiva sobre los derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos, estableciendo que dichas entidades no son titulares de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana, y por tanto no pueden ser consideras víctimas de violaciones a derechos humanos en los procesos contenciosos ante el sistema interamericano.
