Amparo de Machi Linconao: modificación de medida cautelar no dispone liberación de la amparada, por lo que no requiere unanimidad

Foto: La Tercera

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La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo interpuesto a favor de una Machi mayor de edad imputada por delitos de carácter terrorista, resolviendo la sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 5 de enero, la primera sala del tribunal de apelaciones regional acogió el amparo, disponiendo que la Machi pase de un régimen de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

No resulta discutido por los intervinientes en el proceso, que la formalización y acusación deducida en contra de la amparada en la sede jurisdiccional correspondiente, lo es por una de las conductas contenida en la Ley N° 18.314, la que dispone de una regulación procesal especial en la materia, según se puede leer de la norma contenida en el artículo 19 N° 7 letra e) inciso segundo de la Constitución Política de la República. Esta regulación especial exige que «la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9° (delitos terroristas), será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares.»

En este contexto, el tribunal acogió el recurso de amparo sólo en cuanto se ordena la reposición de los efectos naturales de la resolución confirmatoria del Tribunal ad quem, ordenando que opere la sustitución del lugar donde deberá cumplirse la privación de libertad que pesa sobre la amparada. El fallo de mayoría entiende que la resolución dictada por el Tribunal de Garantía no dispuso la liberación de la amparada, sino por el contrario, ordenó que la privación de libertad que le fuere impuesta sea cumplida en un lugar distinto al centro de detención dependiente de Gendarmería, esto es, en el domicilio fijado por la defensa. Por esta razón, resuelve que los supuestos requeridos por el legislador en el inciso segundo de la letra e) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no se cumplen, por cuanto no se ha ordenado la libertad de la amparada.

Es decir, la resolución que confirmó lo resuelto en primera instancia tiene el efecto de mantener firme la decisión del juzgado de garantía, pero sustituyendo la forma en que debe cumplirse la privación de libertad. Por eso mismo,no se requiere la unanimidad prevista en la letra e) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución, de modo que el voto de mayoría tiene los efectos naturales previstos en el artículo 85 del Código Orgánico de Tribunales, y no aquel que se produjo en los hechos.

El fallo contiene un voto de disidencia por la Ministro Sra. María Elena Llanos Morales.

La disidente estima que no se ha acreditado que hubieren antecedentes que en su momento se tuvieron en consideración al decretar la prisión preventiva de la imputada, teniendo presente, además, la naturaleza del delito, carácter y pena asignados al mismo. Además, considera que no se exhibió o acompañó documento alguno proveniente de profesional capacitado que haya dado cuenta del real estado de salud de la imputada, quien se encontraba enferma a raíz de la huelga que voluntariamente decidió hacer.

Finaliza diciendo que su razonamiento reconoce lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y 19 N° 2 que dispone que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Juzgado de Letras del Trabajo: existe discriminación por edad cuando se despide a una enfermera con 35 años de servicio y se contratan a dos técnicos con menores remuneraciones en su reemplazo

enfermeraEl Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales y cobro de prestaciones interpuesta por una enfermera de una Corporación de Educación y de Salud por el despido discriminatorio de una trabajadora a causa de su edad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 11 de Octubre, el tribunal laboral de Santiago acogió la demanda a través de la cual se denunciaba la discriminación a causa de la edad, exigiendo que se pagaran las indemnizaciones y recargos correspondientes.

Si bien la demandada justifica el término de los servicios de la actora en la forma dispuesta por la letra i) del artículo 48 del Ley N° 19.378, aparece sin lugar a dudas que la decisión de despedir a trabajadores de la Corporación de Salud municipal se llevó a cabo en relación a trabajadores que tenían más de 56 años, con más de 35 años prestando servicios para el ente edilicio y que percibían también las mayores remuneraciones para los profesionales de su categoría C.

Para adoptar dicha decisión la demandada no explicó de qué manera el actos de discriminación para decidir a quién despedir y a quién no, se alejaba de las prohibiciones consagradas en el artículo 2 del Código del Trabajo. La denunciada consideró un aspecto no propio de una causal objetiva de término de servicios, y por otra parte tampoco existió una pauta objetiva y que pudiera ser conocida por los afectados de manera de entender las razones de su desvinculación. Así es razonable establecer que en la especie se decidió el despido de la actora para luego apoyar dicha decisión en argumentos dados en juicio; es decir, hasta ahora hay explicaciones que se asumen luego de optar por el despido.

Además, una vez despedida la actora, la Corporación Municipal decidió contratar en calidad de técnicos de nivel superior en enfermería a diversos profesionales. Dichos contratos dan cuenta del ingreso de los profesionales a prestar servicios de TENS  (Técnico en Enfermería Nivel Superior) luego que la actora fue despedida, es decir, se despide a la actora conforme a la letra i) del artículo 48 de la Ley N° 19.378, pero contrario a la hipótesis de despido de dicha hipótesis legal, se contrata a profesionales jóvenes para prestar servicios a plazo fijo y por rentas muy inferiores a las percibidas por la actora según se puede ver al confrontar sus liquidaciones de remuneraciones y aquellas indicadas en los respectivos contratos de trabajo. En este contexto, ha de señalarse que incluso la propia disposición aludida por la demandada para despedir a la enfermera denunciante establece una limitación para efectos de poder contratar personal transitorio para ejecutar labores análogas a las que cumplía el funcionario al quien le fue aplicada la respectiva causal.

Sobre el ámbito normativo aplicable, en el caso el consultorio de Renca donde trabaja la enfermera dejó de estar bajo la administración del Servicio de Salud respectivo para pasar a depender de la Corporación de Salud y Educación de Renca, ente que escrituró un contrato de trabajo para la actora a partir del 01 de agosto de 1984. Al no haberse referido por la demandada que aquella contratación haya sido a plazo y dada la fecha desde la cual la actora ha prestado sus servicios, necesariamente habrá que establecer que la misma presta aquellos conforme a un contrato de duración indefinida, integrándose de esa forma a la referida dotación del consultorio de Renca.

A pesar de lo anterior, se aplica para efectos de la petición por pago de feriados la norma contemplada en el artículo 18 de la ley 19.378 de 1995, que hace referencia al uso y duración del feriado de los trabajadores regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, derecho que necesariamente debe ejercerse cumplido que sea el requisito para ello. Pero la misma no ha contemplado la procedencia de la compensación en dinero para el evento de que el funcionario no hubiere hecho uso del feriado en el período que le correspondía, como tampoco el pago del feriado proporcional, cuando se ha puesto término a la relación laboral. Que ha de tenerse presente que la ley 18.883, el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales aplicable para el caso de manera supletoria, tampoco contempla la procedencia del pago de la indemnización del feriado por el no uso del beneficio ni el pago del feriado proporcional por término de la relación laboral, ni menos contempla la figura del feriado progresivo. Además, ha de indicarse que la conclusión anterior no puede verse alterada por el hecho de que tales funcionarios fueron regidos por el Código del Trabajo, por cuanto con la entrada en vigencia de la ley 19.378 este último cuerpo legal estableció normas especiales en materia de feriado legal que prevalecen sobre cualquiera otra normativa sobre el particular.

Presentarán indicación para que colegios no puedan discriminar por sexo

GeneroEn el marco del debate en general del proyecto que crea el nuevo Sistema de Educación Pública y que se encuentra en discusión al interior de la Comisión de Educación y Cultura, uno de sus integrantes, el senador Fulvio Rossi adelantó parte de lo que será el debate en particular.

El legislador anunció que repondrá una indicación presentada junto al senador Jaime Quintana en el marco de la Ley de Inclusión. Esta norma vigente como la que cursa su segundo trámite en el Senado, forman parte de la llamada Reforma Educacional.

La disposición a la que hace alusión el congresista, busca que no exista discriminación por sexo en los establecimientos educacionales.

Según indicó el parlamentario, » junto a Jaime Quintana ya habíamos planteado lo importante que es que exista igualdad de condiciones tanto para hombres y mujeres a la hora de optar por un establecimiento educacional, creo que es lo básico a tener en cuenta al plantear un cambio inclusivo en la educación de nuestro país, cuyo fin es terminar con la discriminación en todas sus formas».

El senador Rossi agregó que «es fundamental además considerar que los estudiantes están insertos en una sociedad donde deben convivir con pares del sexo opuesto, por lo que resulta obvio que un ambiente mixto ayuda a esa inserción en la sociedad».

Por último, el parlamentario indicó que » es importante tener en cuenta que a nivel mundial la educación avanza en terminar con los establecimientos educacionales para niños y jóvenes de un sólo sexo, lo que además ayudaría en nuestro país a avanzar en derrocar las creencias machistas que lamentablemente, aún imperan en gran parte de la sociedad».

Cabe recordar que el tema reflotó tras la controversia generada por una carta que envió Marina Ascencio –una niña de 11 años– a la Presidenta Michelle Bachelet, en la que solicitó ser admitida en el Instituto Nacional, establecimiento compuesto exclusivamente por estudiantes varones.

(Fuente: Senado)

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