Aprobado en la Cámara de Diputados proyecto misceláneo de educación

La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que modifica diversos cuerpos legales que rigen al sector educativo, en materia de subvención escolar preferencial, Sistema de Desarrollo Profesional Docente y situación de becarios de posgrado.

La iniciativa realiza determinados ajustes a ciertas regulaciones existentes, así como el perfeccionamiento de reglas con el fin de permitir su adecuada aplicación.

En primer lugar, el proyecto establece medidas de retención de la subvención escolar preferencial (SEP) mensual para aquellos establecimientos que no realicen la rendición anual de cuentas y una reducción de los recursos entregados por este concepto para establecimientos educacionales que, cumpliendo con la exigencia de rendición de cuentas, no alcancen a demostrar que ejecutaron el 70% de los recursos que les fueron entregados.

En segundo término, se facilita el cierre de las becas administradas por CONICYT y se otorga un nuevo plazo a los becarios para cumplir y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, al 29 de diciembre de 2017.

Un tercer aspecto dice relación con modificaciones al Estatuto Docente y a la Ley N° 20.903, para aclarar el concepto de “docente principiante”, y precisar que la asignación de inducción se pagará a través del sostenedor. Además, se incorpora al régimen del Sistema de Desarrollo Docente el tramo “de acceso”, que hasta ahora existía sólo en transición. Se especifica que en las escuelas o liceos cárceles se entenderá que existe un 60% de concentración de estudiantes prioritarios, lo que permitirá a los docentes que ahí se desempeñen, acceder a la asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios. En relación con la misma asignación, se aclara el plazo durante el cual puede percibirla un docente inicial temprano.

Adicionalmente, se modifican los requisitos para acceder a las funciones de Jefe de División e Intendente de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación Parvularia.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11128.

Ingresa proyecto que posterga entrada en vigencia de nueva estructura para la enseñanza básica y media

La Ley General de Educación establece que, a partir de 2018, los niveles de educación básica y media durarán seis años cada uno. Además, en esta última etapa, habrá cuatro años de educación general y dos de formación diferenciada.

Esta nueva estructura busca facilitar a las y los estudiantes una trayectoria escolar de calidad, para que puedan ingresar y egresar de un mismo establecimiento sin necesidad de cambiarse al pasar a la enseñanza media. Además, se pretende contar con profesores especialistas en todas las asignaturas desde lo que hoy es séptimo básico y que pasaría a ser primero medio, permitiendo una trayectoria más especializada desde una edad más temprana.

Para implementar este cambio, la Ley General de Educación estableció un plazo de 8 años, de manera de realizar las adecuaciones de currículum, infraestructura y cuerpo docente. Sin embargo, y precisamente por la complejidad del proceso, el tiempo se hizo insuficiente.

Así por ejemplo, es necesario readecuar alrededor de 2.420 establecimientos municipales y 1.175 particulares subvencionados que imparten enseñanza básica completa, además de 374 establecimientos municipales y 241 particulares subvencionados que sólo imparten enseñanza media completa.

Respecto a los docentes, un conjunto importante de ellos, que actualmente imparte clases en séptimo y octavo año básico, deberá especializarse para enseñar en los dos nuevos cursos iniciales de educación media. A la fecha, un 40% de este universo no posee especialidad.

Por ello, el Ejecutivo estima que es necesario postergar la puesta en marcha de la nueva estructura curricular, lo que permitirá al Ministerio de Educación realizar las acciones necesarias para su implementación y que los colegios puedan adaptarse, posponiendo este cambio hasta 2026.

La propuesta, que ingresó con urgencia de discusión inmediata, fue derivada para su estudio a la Comisión de Educación.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11132.

Contraloría se pronuncia sobre inclusión de alumno en “actividad formativa equivalente a tesis”

estudiantes educacion superior asociacion universidadSe solicitó a la Contraloría General de la República, por parte de un estudiante, según afirma, del Programa de Magister en Derecho con mención en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, reclamando en contra de esa casa de estudios por no haber sido considerado dentro de aquellos alumnos que cursarían en el año 2016 la “Actividad Formativa Equivalente a Tesis” -en adelante AFET-.

Señala que mediante correos electrónicos se le informó que podría participar de aquella instancia, pero que, en definitiva, no fue considerado.

En su informe, la universidad manifiesta que efectivamente se enviaron correos electrónicos informativos a alumnos que habían participado de ese programa, agregando que en la nómina final no se consideró al solicitante porque carecía de la calidad de alumno regular, dado que cursó el magíster durante el periodo 2012-2013 y, de acuerdo al reglamento dictado al efecto, la permanencia máxima en él es de tres años.
Al efecto, el ente de control hace presente que la jurisprudencia del Órgano Contralor ha manifestado, entre otros, en el dictamen N° 9.904, de 2015, que la autonomía universitaria -de que goza el establecimiento denunciado- consiste en la atribución de esas instituciones de tener poder resolutivo en todo lo que se relaciona con su quehacer interno, sin perjuicio de la obligación de sujetarse a las disposiciones legales y constitucionales que sean aplicables, por lo que la Universidad de Chile, tal como se sostiene en ese pronunciamiento, puede determinar los requisitos de aprobación de estudios y de titulación de una carrera, los que deberán estar especificados y sancionados mediante un acto formal.

Y es que tal como el recurrente lo expresa y en armonía con lo informado por la referida universidad, el interesado carecía de la calidad de estudiante en la época en que le fueron enviados los correos que aludían a la AFET, toda vez inició el pertinente programa de magister en el año 2012, por lo que debió graduarse como máximo durante el año 2014.

En razón de lo expuesto, el dictamen concluye manifestando que no se advierte irregularidad en la decisión del organismo reclamado en orden a no haber considerado al recurrente para la AFET del año 2016.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el Dictamen de Contraloría Nº 1.291 de 2017..

Creación del Sistema de Educación Pública: Sala aprueba idea de legislar

educaciónEn condiciones de volver a la Comisión de Educación y Cultura, quedó el proyecto que crea el Sistema de Educación Pública, el que cursa su segundo trámite. Esto luego que la Sala respaldara sus ideas matrices con 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Ahora los legisladores y el Ejecutivo deberán presentar indicaciones para mejorar el articulado de la propuesta, lo que dará paso al debate en particular.

La discusión se centró en la importancia de la educación pública, la descentralización o centralización que trae implícita la propuesta, la institucionalidad que debe crearse para fortalecer la calidad de la enseñanza, y el rol que deben asumir los municipios.

PROYECTO

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto crear el Sistema de Educación Pública como una nueva institucionalidad especializada en gestión educacional y dotada de estabilidad, coordinación y capacidades para hacerse cargo de la administración, desarrollo, acompañamiento y apoyo a los establecimientos educacionales administrados en la actualidad por los municipios.

Contenido:

– Crea el Sistema de Educación Pública destinado a permitir al Estado proveer, a través de las instancias que se precisan, una educación pública gratuita, de calidad, laica y pluralista; que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad, debiendo en ello considerarse las particularidades locales y regionales que garanticen el ejercicio del derecho a la educación a todas las personas, en sus distintos niveles y modalidades y, en todo el territorio nacional.

– Dispone que el Sistema y sus integrantes deberán regirse especialmente por los siguientes principios de educación pública, precisándose en cada caso el alcance de cada uno de ellos: a) Provisión de una educación de calidad que permita a los estudiantes acceder a oportunidades de aprendizaje para un desarrollo integral; b) Velar por el mejoramiento sostenido de los procesos educativos que se desarrollen en los establecimientos educacionales, con el objeto de alcanzar una educación de calidad integral e inclusiva; c) Asegurar la cobertura en todo el territorio nacional de la prestación del servicio educacional y la garantía de acceso de todas las personas, especialmente a aquellas que tengan necesidades educativas especiales; d) Desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades; e) Colaboración y trabajo en red, fomentando la cooperación permanente y sistemática entre las instituciones que lo componen e incluso con otras entidades, con el objeto de propender al pleno desarrollo de la educación pública; f) Asegurar, a lo largo de toda la trayectoria educativa, a través de proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana, un trato no discriminatorio, promoviendo activamente la eliminación de todo tipo de segregación que atente contra la igualdad de derechos y de oportunidades; g) Se deberá contar con proyectos educativos diversos y pertinentes a la identidad, necesidades e intereses de la comunidad, respetando siempre los derechos humanos y la convivencia democrática; h) Formación ciudadana y valores republicanos; e i) Integración con el entorno y la comunidad.

– El Sistema estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública; por los Servicios Locales de Educación Pública y por los establecimientos educacionales que hoy administran las municipalidades y corporaciones municipales.

– Crea la Dirección de Educación Pública como servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educación, encargada de velar por la coordinación de los Servicios Locales de Educación Pública y que éstos provean una educación de calidad en todo el territorio nacional, para lo cual deberá proponer al Ministerio de Educación, la política nacional de fortalecimiento de la educación pública. Fija su organización interna y sus funciones y atribuciones.

– Contempla la creación de 68 Servicios Locales de Educación Pública, descentralizados funcional y territorialmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales ejercerán su competencia en unidades territoriales que comprenderán el territorio de una comuna o de una agrupación de comunas dentro de una misma región y serán, para todos los efectos, los sostenedores de los establecimientos educacionales de su dependencia.

– Los Servicios Locales estarán encargados de proveer el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda, debiendo orientar su acción de conformidad a los principios de la educación pública y velar especialmente por la mejora continua de la calidad de la educación, según las particularidades de su territorio, promoviendo el desarrollo equitativo de todos las entidades escolares bajo su gestión.

– Regula las atribuciones, funciones y organización interna de los Servicios Locales, estableciendo que en cada uno de ellos existirá un Consejo Local de Educación Pública, entregándose la dirección y administración de cada Servicio Local a un funcionario denominado Director Ejecutivo, quien será el jefe superior del servicio, cuyas competencias y procedimiento para su nombramiento se precisa.

– Establece un financiamiento propio para el sistema de educación pública, el que será del tipo directo, esto es principalmente a través de las correspondientes asignaciones de recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público.

– Regula 3 instrumentos de gestión educacional especiales: el convenio de gestión educacional, el plan estratégico local y el plan anual.

a).- Convenio de gestión educacional: Al momento de su nombramiento, cada director ejecutivo suscribirá un convenio de desempeño con el Ministro de Educación denominado “convenio de gestión educacional”, que tendrá una duración de 6 años y fijará los objetivos del cargo durante su periodo, las metas, y los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento del mismo. El convenio será elaborado por la Dirección de Educación Pública, con la participación del Consejo Local de Educación respectivo, que podrá proponer prioridades para la gestión del director ejecutivo.

b).- Plan Estratégico Local de Educación Pública, el cual deberá ser elaborado por el respectivo Director Ejecutivo dentro de los primeros 6 meses de su gestión y aprobado por el Consejo Local. En él se deberá contener, al menos, un diagnóstico de la prestación del servicio educacional por parte del Servicio Local en el territorio de su competencia; objetivos y prioridades de desarrollo de la educación pública en el territorio a mediano plazo, los que deberán ser concordantes con los objetivos establecidos en el convenio de gestión educacional y la política nacional que, para estos efectos, elabore el Ministerio de Educación; y estrategias y acciones para el cumplimiento de los objetivos del plan. Su duración será de 6 años.

c) Plan Anual. Cada Director Ejecutivo presentará al Consejo Local, a más tardar el 15 de octubre de cada año, un plan anual para el año siguiente, el que contemplará un estado de avance del cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el convenio de gestión educacional y en el Plan Estratégico Local; la dotación de profesionales y asistentes de la educación de cada establecimiento; y una planificación anual de las acciones de apoyo técnico-pedagógico para los establecimientos de su dependencia.

– Se establece que los establecimientos educacionales son la unidad básica y fundamental del Sistema, en virtud de la cual se orienta la acción de sus integrantes; el objeto de éstos es contribuir a la formación de los estudiantes que los integran y propender a asegurar el logro de aprendizajes en las distintas etapas de la vida de las personas, a fin de potenciar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, de conformidad a lo establecido en la ley general de educación.

– Regula, mediante disposiciones transitorias, la gradualidad de la transición hacia la nueva institucionalidad y los mecanismos de traspaso del servicio educacional desde los actuales sostenedores a los Servicios Locales considerando el traspaso de bienes, del personal y el plan de transición para que lo anterior se produzca en las mejores condiciones posibles.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10368-04.

Proyecto que crea el Sistema de Educación Pública: norma va a Sala con votación dividida

educaciónListo para ser visto por la Sala quedó el proyecto que crea el Sistema de Educación Pública. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura aprobaran con tres votos a favor y dos en contra, las ideas matrices de la norma que cursa su segundo trámite.

DESCENTRALIZACIÓN

El presidente de la instancia, el senador Ignacio Walker destacó la nueva propuesta del Mineduc por su énfasis en la descentralización. “Quiero valorar la nueva propuesta que nos ha hecho el Gobierno. Inicialmente el proyecto era muy centralista, esta nueva propuesta es más descentralizadora”, comentó el legislador.

Complementó señalando que “el texto del Ejecutivo fortalece a las escuelas, el poder local y crea una junta directiva de carácter resolutivo con representantes de gobiernos municipales y regionales. El poder de decisión queda radicado en lo local, porque crea un ente que permite representar a las comunidades educativas -el consejo local- y por otro lado, resolver en materia de rendición de cuentas y otros, por medio de la junta educativa local”.

“Creo que es un paso importante hacia una nueva educación pública, pero insisto, no traspasándole el poder de decisión a Santiago, al nivel central, sino que fortaleciendo y relevando el poder local”, agregó.

CALIDAD

Por su parte el senador Fulvio Rossi aseguró que con esta aprobación se da un paso importante en el mejoramiento de la educación pública. “Ésta está perdiendo matrícula y prácticamente va en camino de desaparecer. La educación cuando depende de los municipios se fragmenta y politiza, y se vuelve de mala calidad y bajo rendimiento, a lo que hay que sumarle problemas en su infraestructura”, comentó.

En esa línea, valoró que el proyecto contemple un organismo que se dedique a cambiar este panorama, “donde haya un responsable de la calidad, por eso hemos puesto el foco en la escuela con más atribuciones para los directores. Tenemos además servicios locales educación que van a dar cuenta a la comunidad y creamos una estrategia nacional que permita articular todos estos servicios locales”.

VOTACIÓN

A su vez, el senador Jaime Quintana, reflexionó acerca de la votación dividida. “Acá la derecha nos ha dicho que hay que partir haciendo reformas por la educación pública, sin embargo hoy que analizamos este tema, ellos se han restado. La derecha no quiere ningún cambio en educación. El senador Allamand habló de borrachera ideológica, pero creo que tienen una adicción a un modelo fracasado”, explicó

MUNICIPIOS

Desde la otra vereda, la senadora Ena Von Baer aseguró que “es increíble como la Nueva Mayoría insiste en reformas mal planteadas y que le hacen mal al país. Este proyecto le va a hacer más daño a la educación pública. Hoy esta norma centraliza la educación en Santiago, le quita la capacidad de decisión a las comunas, vamos a tener una estructura pesada y burocrática”.

La congresista continuó “me pregunto ¿cómo eso puede ser una mejora para la calidad de educación de las regiones? Hay comunas que invirtieron dinero en educación y resulta que ahora se les va a castigar por ello. Si el Estado le va a quitar la educación a  los municipios, debe devolverles la inversión que hicieron, me parece”.

Finalmente, la ministra de Educación, Adriana Delpiano calificó como un gran día la aprobación del proyecto. “Luego de la Sala comenzaremos la discusión en particular, donde ya estamos avanzando para acercar posiciones. Quiero celebrar que podamos tener una estructura organizada para apoyar a las escuelas, donde el foco esté puesto solo en el establecimiento. Eso nos dará garantías de que podremos volver a fortalecer la educación pública”, declaró.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10368-04.

Norma que adecúa la ley de inclusión es respaldada por la Comisión de Educación

educaciónEn condiciones de ser visto por la Comisión de Hacienda quedó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar, el que cursa su segundo trámite.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura aprobaran –en general y particular- el texto en su última sesión. Una vez que Hacienda haga lo propio, éste pasará a Sala.

El presidente de la instancia especializada, el senador Ignacio Walker valoró dicha votación favorable, explicando que “con ello damos tranquilidad a los sostenedores de la educación particular subvencionada, quienes habían quedado con una serie de dudas tras la aprobación de la ley de inclusión”.

El legislador aclaró que “con la norma en vigencia estaba pendiente lo relacionado con los inmuebles. Esto porque los sostenedores tienen la obligación de comprar o autocomprar los recintos donde funcionan los establecimientos particulares subvencionados para seguir funcionando, y ahora les damos un plazo de hasta 10 años para seguir arrendando y luego resolver esa situación”.

“Ahora, ellos van a poder acogerse a la ley, transformándose en personas jurídicas sin fines de lucro antes del 31 de diciembre de este año, pero su situación patrimonial va a quedar a salvo. Tendrán hasta 6 años para seguir arrendando, y si se transforman en sin fines de lucro antes del 30 de junio, van a tener un plazo de 10 años”, describió.

Al respecto, la senadora Ena Von Baer interpretó esta ley como “el reconocimiento del Ejecutivo de que la ley de inclusión no funciona ya que está mal planteada y ejecutada. Con ella muchos colegios particulares subvencionados tendrían que cerrar”.

“Muchas de las disposiciones de arrendamiento e infraestructura, se cambian con esta ley miscelánea, todo para que no hacer desaparecer a estos planteles”, comentó lamentando la implementación que ha tenido la norma.

Por su parte, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano planteó que “este proyecto mejora aspectos de la ley de inclusión de carácter tributario y patrimonial. Se da la posibilidad a los establecimientos con más de 400 alumnos, que solo tenían tres años para adquirir el lugar donde funcionan, a continuar en las mismas condiciones por 6 años. Además, se les pone el incentivo que si lo hacen antes del 30 de junio, se prorroga esta situación por otros 4 años”, indicó.

Otro aspecto de esta ley miscelánea, y que fue explicado por la titular de la cartera, fue que se faculta a las universidades autónomas a impartir la carrera de pedagogía teniendo 3 años para acreditarla y otros 3 años para hacer lo propio con el plantel.

PROYECTO

El proyecto se refiere a tres materias:

  1. Permite que las universidades en proceso de licenciamiento, y aquellas autónomas a la fecha de entrada en vigencia de la norma que regula este artículo, puedan, con apego a la regulación general, comenzar a impartir carreras de pedagogía.
  2. Amplía el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional. Para ello también fortalece el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar; entrega gradualidad en la disminución del financiamiento compartido; y extiende el plazo para comunicar la renuncia a la subvención.
  3. Plantea reglas tributarias especiales: esto en cuanto al tratamiento tributario de los aportes o donaciones y el tratamiento tributario de las ventas.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 11029-04.

En Cámara de Diputados solicitan que se regulen modelos pedagógicos educativos alternativos

educaciónPor 92 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita a la Presidenta de la República regular los modelos educativos pedagógicos alternativos liberales.

La solicitud fue presentada a la Cámara por los diputados Marcela Hernando (PRSD), Iván Flores (DC), José Pérez (PRSD), Alberto Robles (PRSD), Claudio Arriagada (DC), Daniel Farcas (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Enrique Jaramillo (PPD), Víctor Torres (DC) y Loreto Carvajal (PPD).

Los legisladores señalaron que el cauce educacional nacional se basa en un «estándar miope» para la consecución de sus fines y por lo mismo hacen falta modalidades alternativas educativas que modifiquen, truequen o complementen el sistema actual, para crear un todo educacional acorde a los nuevos tiempos y que busque de forma teórica y práctica el mayor desarrollo y felicidad del alumno, más allá de solo prepararlo para la aprobación de pruebas o exámenes estandarizados.

En ese contexto, aseguraron, se entiende como educación alternativa todos aquellos modelos pedagógicos que se encuentran apartados, epistemológica y/o metodológicamente, del modelo tradicional nacional, los cuales se encuentran definidos institucionalmente en la LGE. “Dicho modelo alternativo se explicita como proceso de enseñanza no formal y educación informal”, indicaron.

Desde esa mirada, manifestaron, se hace importante incluir también sistemas alternativos de enseñanza basada en la pedagogía libertaria, la cual, agregaron, basa su modelo pedagógico en un ideal de sociedad libre con ciudadanos capaces de opinar y cuestionar. “Si se estima que la escuela educacional educa y encausa la enseñanza hacia una sociedad subordinada e irreflexiva, el modelo pedagógico libertario vendría a ser un sistema social y educativo enfocado en romper dicho paradigma y establecer un sistema educacional emancipador”, comentaron.

Por lo anterior, relataron, se hace menester implementar modelos curriculares educacionales diferentes al proceso formal establecido en el área educativa pública, que entreguen una real variante a las familias chilenas al momento de elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, en base a la plena libertad que le otorga la ley a las instituciones educacionales para implementar modalidades curriculares según la línea valórica y filosófica que estimen convenientes.

(Fuente: Diputados)

Consulte la resolución N° 758.

Proyecto de Ley misceláneo relativo a reforma educacional fue despachado a sala

educaciónA disposición de la Sala de la Cámara de Diputados quedó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar, tras ser analizado el pasado miercoles por las comisiones de Educación y Hacienda.

El texto, en primer lugar, busca establecer un plazo de tres años para que las universidades acreditadas, que no imparten pedagogía y deseen impartirla, logren la acreditación de estas nuevas carreras. Esto, debido a que ley vigente señala que la carrera solo puede impartirse si está acreditada, pero dicha acreditación solo se puede obtener si la carrera se está impartiendo debido a los requisitos de admisión y aplicación de evaluaciones.

Asimismo, permite a las universidades autónomas que no se encontraban acreditadas al momento de la publicación de la Ley 20.903, abrir carreras de pedagogías teniendo tanto la acreditación institucional como la acreditación de la carrera o programa en un plazo de tres años, contados desde el inicio de las actividades académicas respectivas.

Por otro lado, el proyecto de ley realiza modificaciones al proceso de adecuación a la Ley de Inclusión Escolar, facilitando la transformación a sin fines de lucro para colegios particulares subvencionados, sobre todo para aquellos que tienen un mayor copago y una gran cantidad de alumnos.

En dicho caso, la legislación actual contempla un plazo de 3 años para la transformación y el cambio de patrimonio, por lo cual este proyecto ampliaría el proceso a seis años, agregando cuatro más para aquellos colegios que al 30 de junio de 2017 decidan tomar la decisión de ser sin fines de lucro.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 11029.

Corte de Apelaciones rechaza recurso de protección de estudiante por no recibir beneficio de gratuidad universitaria

educaciónLa Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso de protección interpuesto por un estudiante que alega estar dentro de los cinco primeros deciles, calificando para el beneficio. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 2 de Diciembre, la undécima sala del tribunal de apelaciones rechaza el recurso de protección interpuesto contra la resolución emitida por el Ministerio de Educación que no otorga el beneficio de la gratuidad universitaria a la estudiante.

El estudiante alega que pertenece al 50% de la población de menores ingresos, cumpliendo con los requisitos legales para obtener el beneficio. Si bien la recurrente solicitó el beneficio de la Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016, éste no le fue concedido. En contra de esta resolución, presentó reposición administrativa ante el Ministerio de Educación el día 20 de julio de 2016, porque el Ministerio de Desarrollo Social había calificado su hogar dentro del cuarto decil de hogares más vulnerables y por ello el recurrido debía utilizar la misma información. Habiendo recurrido administrativamente respecto a aquella negativa, el recurso fue rechazado, manteniendo firme la decisión de no otorgarle el beneficio.

A pesar de ser del cuarto decil según la clasificación del Ministerio de Desarrollo Social, la estudiante pertenece al sexto decil de ingresos de la población del país. El Reglamento del Programa de Becas Estudiantiles, que aprueba el manual de calificación socioeconómica para la asignación de beneficios para la educación superior, utiliza un instrumento de evaluación socioeconómico a cargo del Ministerio de Educación, denominado Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que es distinto al del Registro Social de Hogares a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. En consecuencia, el hecho de que en una de estas aparezca una persona formando parte de un determinado decil, no implica que en el otro instrumento de medición deba aparecer en el mismo decil, dado que el universo de hogares al que se aplican las fichas de antecedentes tiene una base de personas interesadas en formar parte de dichas fichas socioeconómica que puede ser distinta, dado que se trata de objetivos distintos, de modo tal que bien puede variar el decil al que una persona queda incorporado.

Por esta razón, y conforme a la legislación, la actora no se encuentra dentro de los primeros cinco deciles según el Reglamento del Programa de Becas Estudiantiles. Asimismo, la negativa se estima fundada y adoptada dentro de las facultades que la ley le otorga al Ministerio, no vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley.

Cámara de Diputados ratifica propuesta de comisión mixta que repone recursos para gratuidad en educación

educaciónCon 88 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó la propuesta de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley de Presupuestos para 2017.

Junto con reponer los recursos que se habían rechazado para la Contraloría General de la República, y asegurar el pago de un bono para las manipuladoras de alimentos, proveyendo los recursos para que se financien los beneficios atrasados de 2016 y 2015, el debate se centró en el acuerdo alcanzado entre Gobierno y oposición respecto a los recursos para la educación superior.

La propuesta entrega 3.500 Becas Bicentenario a planteles privados, siempre que esas instituciones tengan al menos 4 años de acreditación y un 80% de sus alumnos con un puntaje ponderado superior a 450 puntos.

Además, se redefinen los montos que se van a entregar a los 3 tipos de Beca Nuevo Milenio que son para los estudiantes del sector público y profesional: la primera para los planteles con dos años de acreditación, con un valor de $600 mil; la segunda para planteles con 3 años de acreditación ($860.000) y la tercera para 4 años o más, de $900.000.

Asimismo, se fortalece a las universidades estatales mediante un aporte financiado con un préstamo del Banco Mundial.

Adicionalmente, se incrementa el aporte basal a universidades estatales en $3.500 millones, que se suman a los originales $6 mil que establecía el presupuesto para el próximo año. A la vez, el límite de crecimiento de la matrícula de 2,7% se puede aumentar si hay una propuesta de cada plantel para su financiamiento antes del 31 de diciembre de este año, y si hay un convenio con el Estado para el programa de acceso.

La propuesta debe ser ratificada ahora por el Senado, para ser luego despachada al Ejecutivo para sus trámites de promulgación.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10912.

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