Solicitan derogar la Ley Reservada del Cobre y dar celeridad a los proyectos relativos al financiamiento de las Fuerzas Armadas

TRABAJADORES DEL COBREPor 81 votos a favor, 10 en contra y 7 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita a la Presidenta de la República derogar la Ley Reservada del Cobre y darle celeridad a los proyectos de ley relativos al financiamiento de las Fuerzas Armadas.

La solicitud fue presentada a la Cámara por un grupo transversal de diputados compuesto por Paulina Núñez (RN), Cristina Girardi (PPD), Felipe Kast (Evopolis), Pedro Browne (Amplitud), Daniella Cicardini (PS), Camila Vallejo (PC) y Felipe De Mussy (UDI).

En el documento, los legisladores señalaron que la contingencia actual, relativa al precio del cobre, así como la situación financiera de Codelco, han derivado en que esta empresa ha visto disminuida su capacidad de aporte en razón de las pérdidas que ha registrado en el último tiempo. Sin embargo, “las pérdidas contables que ha registrado, derivan parcialmente de ingresos brutos que deberían contarse como utilidades, pero que, por disposición de la ley, deben entregarse a las Fuerzas Armadas”, acotaron.

Agregaron que la Ley Reservada del Cobre tuvo su origen en la persistente falta de recursos para las Fuerzas Armadas, toda vez que la correcta y debida provisión de las necesidades de la defensa fue, sistemáticamente, postergada por décadas, poniendo a nuestro país en una situación desventajosa frente a las demás naciones con las cuales no había, por aquellos tiempos, buenas relaciones.

En este contexto, añadieron que la Ley Reservada del Cobre ha cumplido un rol relevante en la normalización de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, pero también, después de años de aplicación, parece conveniente que sea puesta críticamente en debate y ponderación de actualización.

“La Ley Reservada del Cobre hoy constituye un medio inadecuado de financiamiento, por lo que urge que se dispongan los medios necesarios para una forma moderna y acorde a las necesidades actuales de la defensa nacional”, expresaron.

Por otro lado, argumentaron, recientes casos de irregularidades en el manejo de estos fondos han demostrado que los controles y modo de empleo requieren de un nuevo marco que asegure mejores estándares para la reinversión de estos.

Por este motivo, “urge que se derogue la Ley Reservada del Cobre y, conjuntamente, se urjan los proyectos relativos al financiamiento de las Fuerzas Armadas”, puntualizaron.

(Fuente: Diputados)

Consulte la Resolución 704 de la Cámara de Diputados.

Corte ordena al Ejército entregar nómina de generales que prestaron servicios en la CNI

FUERZAS ARMADASLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Ejército de Chile en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia donde se dispone que la institución entregue el listado de oficiales ascendidos que hayan estado en servicio activo y que hubiesen sido adscritos a la DINA o la CNI.

La resolución establece que la exposición de los ascensos y destinaciones de funcionarios públicos forma parte del ejercicio de funciones públicas, la que debe estar al alcance de cualquiera que tenga interés en conocerla, sin poder la institución ampararse en las causales de reserva contempladas tanto en la Ley N° 20.285. Consulte fallo de la Corte de Apelaciones analizado por Microjuris.

En fallo unánime, el pasado lunes 7 de Marzo la segunda sala del tribunal capitalino rechazó la reclamación de ilegalidad en contra de la decisión final recaída en el Amparo C-1929-15 C-1931-15 llevado por el Ejército de Chile ante el Consejo para la Transparencia, donde se dispone que la institución entregue el listado o nómina de los oficiales ascendidos al grado de general, en el período comprendido entre el 10 de marzo de 2002 y el 11 de marzo de 2015, que hayan estado en servicio activo y que hubiesen sido adscritos, conformado, destinados o símil, a la Comisión DINA, la DINA o la CNI.

La corte parte desde el supuesto de que el principio rector en estos asuntos es la publicidad, y es en ese contexto en el que debe examinarse la legalidad o ilegalidad de la decisión del Consejo. En el cometido de regulación del principio de la transparencia, la Ley N° 20.285 desarrolla entre sus normas las excepciones que la propia Carta Fundamental reconoce a la regla general y básica de la publicidad, esto es, debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Es decir, el derecho de acceder a la información de los órganos del Estado, no obstante encontrarse garantido constitucionalmente en el artículo 8 de la Carta Fundamental, no es absoluto y total, sino que reconoce limitaciones las que se recogen y reflejan en las causales de secreto o reserva que la citada Ley de Transparencia establece, en su artículo 21.

Sin embargo, en el caso tales excepciones no serían aplicables. Si bien es cierto que la propia ley antes mencionada se ha encargado de prever determinadas cortapisas o prohibiciones en el ejercicio del derecho a reclamo por parte del órgano conminado a informar, en el caso el Ejército de Chile no puede invocar las circunstancias pormenorizadas en el N° 1 del artículo 21, que, prevé dos hipótesis: que se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales o que sean previos a la adopción de una resolución, medida o política (sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas).

El tribunal, finalmente, desestima la posibilidad de afectación a terceros del N° 2 del mismo artículo 21, a causa de la entrega de información sobre ascensos y remuneraciones de funcionarios. Al respecto, se resuelve:

[…] La exposición de los ascensos y destinaciones de funcionarios públicos, forma parte del ejercicio de la función de la misma índole, la que debe estar al alcance de cualquiera que tenga interés en conocerla, desde que se enmarca en la transparencia necesaria a la confianza sobre la que se estructura y construye un Estado de Derecho sólido y perdurable. En consecuencia, en la especie, el principio rector de publicidad no admite resignación, no sólo por la prioridad que la propia Constitución Política de la República otorga a la exposición de la información de los órganos del Estado, sino porque además de resultar inexistente o, al menos, no probada la afectación de los terceros funcionarios públicos involucrados, como se dijo, en el ejercicio de sopesar el beneficio que se obtendría en caso de retenerse la información requerida versus el provecho que reportaría la divulgación de los antecedentes, resulta vencedora -en el caso- esta última conducta, desde que la difusión de que aquí se trata forma parte del ejercicio de la función pública, la que prima por sobre los intereses particulares que pudieran estar en juego, circunstancia – la publicidad- consustancial y previamente conocida por quien se adscribe al régimen de la administración pública.

Ministro en visita dicta procesamientos por fraudes a Ley Reservada del Cobre

codigo de justicia militarEl ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo Contreras, dictó el 5 de febrero pasado,  autos de procesamiento en la investigación que instruye por fraude al fisco con recursos de la ley reservada del cobre respecto de los pagos realizados a los proveedores «Tecnometal» y «Frasim», por supuestos servicios prestados al Ejército de Chile.

En las resoluciones, el  ministro Astudillo  sometió a proceso a Juan Carlos Cruz Valverde y   Liliana Francisca Villagrán Vásquez (en la investigación relativa a los proveedores Tecnometal y Frasim) y  Clovis Alejandro Montero Barra (en la investigación relativa al proveedor Frasim) como autores de delitos reiterados de fraude al Fisco y  falsedad documental, ordenando además la prisión preventiva de Villagrán Vásquez.

De acuerdo a los antecedentes  recopilados en la etapa de la investigación en relación a las facturas emitidas por Tecnometal, el ministro en visita dio por establecido que:
«1) En distintas ocasiones , entre los meses de septiembre de 2011 y diciembre de 2013, Pedro Salinas Reyes o «Tecnometal» presentó a cobro al Ejército de Chile un total de 233 facturas por un monto total de $1.389.608.049 ;
2) Para hacer efectivo el pago de esas facturas, terceras personas forjaban la documentación de respaldo, falseando las firmas de las jefaturas generándose de esa manera una apariencia de realidad y verdad;
3) Las facturas eran ingresadas generalmente por mano, es decir, sin oficios conductores, al Departamento de Planificación Financiera (DPAF), unidad dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde  las recibían  determinados «dactilógrafos» o «ejecutivos de cuentas», quienes , en la práctica eran los encargados  de definir el Decreto Supremo ( los recursos financieros asociados al mismo) al cual se imputaba el gasto por supuesto servicio o adquisición efectuada al proveedor y , además, de cursar tramitación de las facturas respectivas, para su remisión a Tesorería del Ejército a los fines del pago efectivo de su valor;
4) Luego que Tesorería transfería los fondos a la cuenta corriente del proveedor, en pago de facturas falsas, este  procedía a retirar de inmediato y siempre en efectivo una parte de esos dineros;
5) Con este modo de operar se logró que, con cargo a dineros de la denominada «Ley Reservada del Cobre», el Ejército de Chile pagara un total de $1.389.608.049 por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de realidad y respaldo».
En cuanto a los hechos investigados  respecto de Frasim, el magistrado Astudillo logró acreditar que:
«1) Entre los meses de octubre de 2011 y diciembre de 2013, un Coronel del Ejército de Chile, solicitó y obtuvo la entrega de 161 facturas por parte del Francisco Huincahue Necuñir-FRASIM, a la sazón proveedor del Ejército de Chile;
2) Conforme  lo acredita el informe evacuado por la Comandancia General de la Guarnición del Ejército, Región Metropolitana, esa repartición o unidad del Ejército de Chile nunca efectuó compras o adquisiciones al proveedor «Francisco Huincahue Necuñir-FRASIM», en los años 2011, 2012, 2013 y 2014;
3) Las facturas ideológicamente falsas y su pretendida documentación de respaldo, materialmente falsificada, era ingresada, generalmente por mano, es decir sin oficios conductores, al departamento de Planificación Financiera (DPAF), unidad dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde las recibían determinados «dactilógrafos» o «ejecutivos de cuentas», quienes, en la práctica, eran los encargados de definir el Decreto Supremo ( los recursos financieros asociados al mismo) al cual se imputada el gasto por el supuesto servicio o adquisición efectuada al proveedor y, además, de cursar la tramitación de las facturas respectivas, para su remisión a Tesorería del Ejército a los fines del pago efectivo de su valor;
4) Luego que la Tesorería transfería los fondos a la cuenta corriente del proveedor, en pago de las facturas falsas, este  procedía a retirar de inmediato una parte de esos dineros. En términos globales, el proveedor se reservaba para sí el valor del IVA de lo facturado más un 15% del valor neto de la factura, mientras que el resto de los dineros eran entregados , en efectivo o » en billetes» al Coronel del Ejército antes aludido;
5) Con este modo de operar se logró que, con cargo a dineros de la denominada «Ley Reservada del Cobre», el Ejército de Chile pagara un total de $981.955.590 por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de toda realidad y respaldo».
(Fuente: Poder Judicial)
Consulte las resoluciones para Tecnometal y Frasim.
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