Congreso y Ejecutivo concuerdan medidas para regular remuneraciones de altas autoridades del estado

congreso nacional smallEn el marco de la necesidad de fortalecer la legitimidad del servicio público, ante el aumento de los estándares éticos que la ciudadanía espera que cumplan quienes se desempeñan como servidores públicos, el Congreso Nacional y el Gobierno iniciaron en 2015 un trabajo conjunto para revisar el sistema actual de dietas parlamentarias y remuneraciones de las altas autoridades del país, para efectos de fijar criterios para su determinación y reajustabilidad.

Hoy, los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber, y de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, junto al Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, suscribieron el convenio que plasma los acuerdos alcanzados, enfocados en dos líneas de propuestas:

I. Establecer un mecanismo de reajuste de remuneraciones
II. Impulsar moción que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional en lo relativo a Probidad y Transparencia

Al respecto, el ministro Valdés calificó la propuesta como «soluciones bastante innovadoras que alejan los conflictos» que podrían existir cuando los parlamentarios deben legislar sobre sus propios rejaustes.

De esta manera, en primer término, el Congreso le dará al Presidente de la República un poder especial para fijar el monto del reajuste, previo informe de un organismo asesor que propondrá el reajuste de remuneraciones de las altas autoridades del Estado, el cual no podrá ser superior al general dispuesto para el sector público.

Dicho Consejo estará compuesto por tres miembros, los cuales deberán haber ejercido en alguno de los siguientes cargos: Consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director de Presupuestos, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos o Director Nacional del Servicio Civil. Todos los miembros serán nombrados por el Presidente de la República y ejercerán su cargo ad honorem.

El Presidente de la Cámara destacó que «este esfuerzo se viene realizando por las corporaciones desde antes del presente mandato» y que es especialmente relevante, en materia de reajuste, porque los parlamentarios recibían constantemente «una crítica severa de que nosotros nos pronunciábamos sobre nuestro propio reajuste y aparecía como un privilegio».

Modificación ley orgánica del Congreso Nacional

En segundo lugar, se propone enfatizar algunas medidas contenidas en el proyecto que modifica la LOC:

1. Dedicación Exclusiva de la Función Parlamentaria y deber de abstención de los parlamentarios. La citada moción regula estas materias entendiendo por función parlamentaria todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes. Además, se plantea que los parlamentarios solo podrán ejercer la administración de los bienes que no estén afectos a la obligación de ser delegados a terceros; desempeñar actividades docentes hasta por un máximo de doce horas mensuales; y producir, crear y publicar obras literarias, científicas, artísticas o técnicas.

En cuanto al deber de abstención de los parlamentarios, la moción establece que los miembros de ambas corporaciones no podrán promover ni votar asuntos en el que tengan un interés directo o lo tenga su cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, cuando sea de tal naturaleza que, objetivamente, pudiera considerarse que adquiere preminencia sobre el interés general. El parlamentario que infrinja el deber de abstención, será sancionado con censura.

2. Sobre el efecto del desafuero en las asignaciones parlamentarias, la Comisión sugiere incorporar como indicación un artículo que consagre legalmente este efecto, de acuerdo a lo ya acordado tanto en la Cámara como en el Senado en la materia. Es decir, que las asignaciones solo corresponderán a la parte “que no esté comprometida por contratos válidamente celebrados por la institución o que recaiga en recursos destinados al ejercicio mismo de la función parlamentaria”.

3. En materia de multas por inasistencia de los parlamentarios, se propone perfeccionar la norma, ampliando la sanción a la inasistencia injustificada a sala también a las comisiones; estableciendo un rango de multas que deberá aplicar el organismo interno de las respectivas Corporaciones. Así solo se entenderá por ausencia justificada la que se funde en una licencia médica, un impedimento grave, la realización de alguna gestión encomendada por la Corporación o alguna de las actividades propias de la función parlamentaria.

Antecedentes

Cabe recordar que este trabajo surgió del acuerdo alcanzado el 21 de septiembre de 2015, en el marco de la discusión del Reajuste del Sector Público, donde los poderes Ejecutivo y Legislativo, representados por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y los entonces Presidentes del Senado, Patricio Walker y de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, suscribieron un protocolo de acuerdo que contempló que el reajuste de ese año no se aplicara a los mas altos cargos del Estado, incluyendo a la Presidenta de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes Regionales, Senadores y Diputados.

Pero, además, se acordó revisar el sistema actual de dietas parlamentarias, los criterios para su determinación y los mecanismos para su reajustabilidad, de tal forma que ellos sean definidos mediante procedimientos externos al quehacer parlamentario.

Paralelamente, y de manera consistente, tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional han avanzado en otras medidas tendientes a dotar de mayor legitimidad a la función pública y, en particular, a la función parlamentaria, como por ejemplo:

  1. Reforma constitucional que estableció la obligación de una Cuenta Pública a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados (Ley N° 20.854);
  2. Reforma constitucional que establece la cesación en el cargo de parlamentarios, alcaldes y concejales, por infracción a las normas sobre transparencia y gasto electoral (Ley N° 20.870);
  3. Ley sobre Probidad en la Función Pública, que regula la declaración de intereses y patrimonio a autoridades públicas (Ley N° 20.880).
  4. Conformación del Consejo de Modernización de la Labor Legislativa.
  5. Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en materia de Probidad y Transparencia, que precisa impedimentos de los parlamentarios; que prohíbe el uso de información privilegiada; refuerza el deber de asistencia, entre otras medidas (Boletín N° 10.264-07).
  6. Medidas de gestión interna del Congreso Nacional:
    1. Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, sobre procedencia del pago de asignaciones a un diputado que se encuentra desaforado.
    2. Elaboración de nuevo Estatuto Parlamentario para la Cámara de Diputados, que busca revisar y definir un conjunto de prerrogativas, derechos, deberes y prohibiciones que rigen el ejercicio del cargo parlamentario.
    3. Norma de la Comisión de Ética del Senado que obliga a los parlamentarios a hacer pública, mediante la ley de lobby u otra fórmula de registrar sus audiencias, las reuniones que sostengan con personas que postulen a algunos de los cargos en los cuales el Senado tiene participación en la decisión final.
    4. Avances para tener un sistema de transmisión televisiva de las diversas comisiones del Senado.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10264.

Traspaso de competencias: rechazan proyecto con miras a una Comisión Mixta

Mapa-Chile-regiones-v2Pese a que en sesión anterior se había acordado avanzar en los puntos en los que existía coincidencia, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización rechazó el proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización, en tercer trámite constitucional, y acordaron recomendar a la Sala que se vote en contra todo el cuerpo legal, «para que el texto pueda ser perfeccionado en una Comisión Mixta. Ello, con el fin de entregar herramientas al nuevo gobernador regional, con sus respectivas transferencias de competencias», precisaron.

La decisión se adoptó, luego de que los integrantes de la instancia parlamentaria recibieran de parte de la Secretaría General de la Presidencia una pauta con los principales puntos del proyecto, lo que a juicio de la senadora Ena Von Baer, presidenta de la Comisión, «no mejora en nada lo que ya tenemos y no considera atribución real alguna».

«No estoy dispuesta a aprobar este proyecto como está, no puedo elegir gobernadores de papel, no hay traspaso de competencias, cosa que se pidió transversalmente en la Sala, pero la minuta deja claro que no hay ánimo de cambiar», agregó.

Cabe recordar que en la última reunión, antes de la semana regional, el senador Andrés Zaldívar había propuesta esta fórmula, pero no se había alcanzado acuerdo para concertar la medida. Revise nota relacionada.

Al respecto, el senador Jorge Pizarro detalló que «el tema que nos interesa es el traspaso de atribuciones para los gobiernos regionales, en materia de descentralización y lo que acordamos ahora es lo mismo que habíamos pedido hace 15 días atrás, y que la derecha no quiso, es rechazar el proyecto en su totalidad, de manera de ir de inmediato, con los diputados, a una Comisión Mixta y fijar ahí las bases del acuerdo con el gobierno para tener un traspaso efectivo. Espero que esté operativo para las próximas elecciones, algunos no quieren, pero nosotros lo estamos impulsando fuertemente».

En tanto, el senador Espina reiteró que «el proyecto hoy día es muy malo y es un engaño a la ciudadanía que cree que va a elegir al nuevo intendente y eso no es verdad, el nuevo intendente se va a llamar delegado presidencial y seguirá dependiendo del presidente».

Durante la sesión, además, los legisladores adoptaron el acuerdo de oficiar para que los consejeros regionales puedan tener un acceso más expedito a las dependencias del Senado, «ya que han manifestado que es restrictivo», precisó el senador Espina.

Asimismo, se solicitó que el Ejecutivo abordara prontamente las inhabilidades de los consejeros, para que puedan postular a cargos parlamentarios, para lo que los legisladores destacaron que se debe propiciar la competencia del sector.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 7963-06.

Moción propone que funcionario condenado a pena alternativa no sea desvinculado del respectivo servicio

Funcionarios JudicialesLa moción del senador Chahuán expone que el Título III de la LOC Nº 18.575, de Bases de la Administración del Estado, contempla las normas sobre probidad administrativa, prescribiéndose en su artículo 54 letra c) que no pueden ingresar a cargos de la Administración del Estado, las personas que se hallen condenadas por crimen o  simple delito.

Observa luego que tal restricción es aplicable para el ingreso a dichos cargos, el legislador también ha considerado el caso de que durante el desempeño de los mismos, un funcionario sea condenado por su responsabilidad en un ilícito de dichas categorías, lo que constituye una inhabilidad sobreviniente para su desempeño que debe ser informada por el afectado a su superior jerárquico en el plazo de 10 días, debiendo en el mismo acto presentar su renuncia so pena de sancionarlo con la medida de destitución del infractor.

Al efecto, el autor de la iniciativa aduce que la condena impuesta en un proceso judicial constituye indudablemente una inhabilidad sobreviniente para el funcionario que le afecte, de igual entidad a la prohibición de ingreso por una causal similar, estima que es necesario hacer algunas precisiones a dicha forma de marginación del servicio en la administración estatal, por cuanto se produce una asimetría entre ambas situaciones.

Lo anterior, debido a que en muchas ocasiones se ha dado el caso de que un funcionario público es condenado, por su responsabilidad en un simple delito, mediante sentencia ejecutoriada que le impone una pena que no sea privativa de libertad, tales como suspensión del empleo o pago una multa, y que las mismas son cumplidas por el afectado durante su permanencia en el servicio. Sin embargo, pese a tal satisfacción de las sanciones impuestas, solo por efecto de lo dispuesto en el artículo 64, debe igualmente hacer abandono del respectivo servicio, ya sea mediante la presentación de la renuncia, previa declaración de la causal de inhabilidad que le afecta, o bien mediante destitución en el evento que no cumpla con tal obligación.

Por los motivos antes expuestos, y con el objeto de evitar la desproporcionalidad de las sanciones, el proyecto de ley propone modificar la LOC Nº 18.575, estableciendo que los servidores regulados por este cuerpo legal y que hayan sido condenados por un simple delito a una pena que no sea privativa de libertad, tales como multa o suspensión del empleo, que hayan sido cumplidas, y que asimismo como resultado de sus calificaciones anuales se encontraren en clasificados en Lista 1 o 2, tienen derecho a que no se les exija su renuncia, pudiendo continuar en el organismo respectivo.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10781-06.

Proponen que condenados por crimen o simple delito puedan ingresar a la administración pública

administrador condominioLa moción de los senadores De Urresti y Ossandón expone que cualquier persona que haya recibido una condena por crimen o simple delito, aun cuando haya satisfecho íntegramente la pena impuesta, se encuentra inhabilitada para trabajar en los servicios públicos, ya sea en calidad de planta, contrata o a honorarios, pudiendo ocuparse solamente en los puestos laborales que ofrece el sector privado.

Observa luego que la Contraloría General de la República en su dictamen Nº 30.442 de 2010, sostuvo que “El solo hecho de encontrarse cumplida una condena no es suficiente para permitirse el ingreso a la Administración, puesto que para ello se requiere, necesariamente, que se realicen los trámites pertinentes a fin de obtener la eliminación de los antecedentes o prontuario penal, mediante los procedimientos establecidos para tal efecto en el decreto ley N° 409, de 1932 -que establece normas relativas a reos-; en la ley N° 18.216 -que establece medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad-, y en el decreto N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, lo cual resulta aplicable asimismo a los contratados a honorarios”.

Al efecto, los autores de la iniciativa aducen que la filosofía que subyace a esta norma general es la protección de la dignidad de la función pública y la probidad administrativa. Agrega que dichos valores inspiran y fundamentan una visión de larga tradición republicana según la cual los hombres y mujeres de mayor integridad ética son quienes deben ser preferidos para servir los cargos públicos.

Sin embargo, y con el objeto de favorecer la reinserción laboral de quienes, habiendo sido condenados una sola vez por un crimen o simple delito, se encuentran impedidos de ingresar a los cargos de la Administración Pública, el proyecto de ley propone modificar tanto la Ley Nº 18.834, sobre estatuto administrativo, así como también la Ley Nº 18.883, sobre estatuto administrativo para funcionarios municipales, estableciendo que los infractores también puedan acceder a la Administración en los cargos de técnicos, profesionales y directivos, y no solo de auxiliares y administrativos como lo reconoce la actual legislación.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10670-06.

Proyecto propone perfeccionar legislación relativa a al destino de inmuebles entregados por el fisco a título gratuito

congreso nacional smallDando cuenta de hechos recientes conocidos por la opinión pública, que apuntarían a un virtual vacío legal, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría, presentó un proyecto que modifica el Código Civil y el DL 1.939, de 1977, sobre Normas de Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en materia de destino de inmuebles entregados por el fisco a título gratuito.

La moción, derivada a la Comisión de Constitución para su estudio y presentada en la cuenta del día 2 de mayo, fue ingresada a trámite por el diputado Chávez junto a sus camaradas de partido Fuad Chahin, Aldo Cornejo, Roberto León, Yasna Provoste, Ricardo Rincón, René Saffirio y Patricio Vallespín y a los diputados PPD Guillermo Ceroni y PS Leonardo Soto.

Los legisladores recordaron que el Decreto Ley 1939/77 autoriza al Presidente de la República a transferir inmuebles fiscales en forma gratuita a diversas entidades, en casos excepcionales y por razones fundadas, dentro de las cuales se consideran las personas jurídicas de derecho público o privado, “siempre que estas últimas no persigan fines de lucro”.

Resaltaron que un informe pericial contable de la Policía de Investigaciones, de 2005, da cuenta del caso de la Fundación Cema Chile, que pasó de un modelo dependiente de las subvenciones y donaciones del Estado, a financiarse casi exclusivamente de la venta y arriendo de inmuebles. «Solo entre 1996 y 2004, la PDI constató ingresos por más de $3.741 millones por concepto de inmuebles enajenados», enfatizaron.

Plantearon que, de dicho informe, es posible inferir que se ha incumplido el compromiso legal asumido con el fisco, en cuanto a destinar los inmuebles a los fines sociales que entonces se consideraron para fundamentar el mecanismo excepcional de la transferencia gratuita.

«De esta manera, se hace necesario legislar al respecto y prohibir que en nuestro país vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, donde organizaciones constituidas legalmente, con un fin específico, puedan generar un entramado de propiedades y, más aún, disponer de ellas, cuando fueron entregadas para fines de ayuda a la comunidad», putualizaron.

En línea con lo recién señalado, el proyecto establece que, respecto de aquellos bienes inmuebles que hayan sido transferidos a título gratuito por parte del Estado a una corporación, una vez disuelta, serán restituidas al Estado.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10628.

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