Corte de Apelaciones de Santiago rechaza amparo por decreto de expulsión de periodista italiano

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el periodista italiano Lorenzo Spairani, quien fue expulsado del país el 4 de febrero pasado, por orden de la Intendencia Regional Metropolitana.

En fallo unánime (causa rol 332-2017), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministro Juan Manuel Muñoz Pardo, Miguel Vázquez y Elsa Barrientos– descartó actuar ilegal de la autoridad al decretar la expulsión del profesional europeo. Asimismo, el tribunal consideró extemporáneo el recurso, el cual fue interpuesto después de que se concretara la expulsión de Spairani.

«De los antecedentes expuestos por las partes, y los fundamentos contenidos en el decreto de expulsión, se ajustan a la preceptiva legal y reglamentaria vigentes y al mérito del procedimiento incoado, acto administrativo, que por ende ha sido pronunciado por la autoridad competente y dentro del ámbito de sus atribuciones, de manera que la acción constitucional no puede prosperar, toda vez que la medida de expulsión del amparado se ajusta a derecho, tanto en el cumplimiento de las formalidades, como en la concurrencia de las causal de expulsión del país establecidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «(…) tal como lo argumenta la Policía de Investigaciones, en su informe, el recurso deducido resulta extemporáneo, en tanto a la fecha de su interposición -los días 05, 08, y 09 de febrero de 2017- y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90° del D.L. 1.094, ya se había hecho efectiva la expulsión del amparado, lo que consta de los antecedentes aportados en la causa y, refrendado en estrados por la parte recurrente».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago acoge recurso de protección y ordena al Registro Civil celebrar matrimonio entre chileno y ciudadana ecuatoriana

Matrimonio y Pacto de Union CivilLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por una pareja chileno-ecuatoriana en contra del Registro Civil e Identificación, organismo que se negó a celebrar su matrimonio.

En fallo unánime (causa rol 1.613-2017), la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Javier Moya, Pilar Aguayo y la abogada (i) Claudia Candiani– acogió la acción cautelar presentada por Mayra Pinela Espinoza y Hugo Lara Díaz.

Pinela Espinoza arribó hace 10 años a Chile. Periodo en el que cumplió una pena de 541 días de presidio por un hurto. Además, se encuentra en situación irregular en el país, razón por la cual el Registro Civil le denegó fecha para contraer matrimonio, pese a que la pareja tiene un hijo y esperan otro.

En la sentencia, el tribunal de alzada establece que el Registro Civil cometió un acto arbitrario al negar la concreción del matrimonio, sin que exista impedimento legal, de acuerdo a la ley de matrimonio civil chilena y la Convención Americana de Derechos Humanos.

«Que, analizada la normativa invocada por la recurrente, esta Corte observa que el citado artículo 76 del DL 1094 efectivamente exige a los extranjeros que acrediten su residencia legal en el país y que demuestren que se encuentran habilitados para la celebración del acto o contrato requerido; sin embargo, en la especie, cabe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Matrimonio Civil que señala que «la facultad de contraer matrimonio es un derecho inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello», establece el fallo.

Resolución que agrega: «En el mismo sentido se pronuncia el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al señalar, en su párrafo segundo, que «se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención», norma que en relación al inciso segundo del artículo quinto de la Constitución Política de la República, eleva a derecho humano de carácter universal la facultad de contraer matrimonio. En este derrotero, no existen, a juicio de esta Corte, otros impedimentos para contraer matrimonio en Chile que no sean los que consagra el artículo 5° de la Ley N° 19.947, que en la especie no concurren; razones por las cuales esta Corte estima no existir impedimento alguno para que los recurrentes contraigan matrimonio en Chile».

«(…) en armonía con lo razonado, no cabe sino concluir que la recurrente -Servicio de Registro Civil e Identificación- ha incurrido en conducta ilegal y arbitraria: Ilegal al no existir norma alguna en nuestro país que permita discriminar entre chilenos o extranjeros, en cuanto al documento idóneo que sirva para acreditar la identidad de los contrayentes, siendo suficiente un pasaporte válido y vigente, tal como, además, lo informa el propio Registro Civil al publicar en su página Web que para efectos del matrimonio de ciudadanos extranjeros en Chile, estos podrán usar cédula de identidad o pasaporte. En este sentido, la conducta del Servicio priva a los recurrentes del legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio, no obstante cumplir los requisitos legales para ello; y arbitrario, desde que no expresa una justificación suficiente para negar la celebración del acto, máxime cuando ambos contrayentes cumplen con los requisitos establecidos por el legislador para contraer el vínculo», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

A John O’Reilly no se le puede sancionar en lo inmediato con abandono del país, porque cuando se aplica la sanción aun gozaba de la nacionalidad por gracia

Fuente: Emol

Fotografía: Emol

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto por el sacerdote, dejando sin efecto la resolución del Ministerio de Interior y Seguridad Pública por la cual se revocó el permiso de permanencia definitiva en el territorio nacional y dispuso que debía hacer abandono del país. Consulte el fallo del recurso analizado en Microjuris.

El día lunes 5 de Septiembre pasado, la Corte acogió la acción de protección interpuesta en contra de la resolución que cesó el permiso de permanencia definitiva que le fuera otorgado al presbítero, disponiendo que debía hacer abandono del país en el plazo de 72 horas, fundado en la condena por el delito de abuso sexual reiterado en contra de menores de edad.

El tribunal estimó que como consecuencia de la naturalización por gracia legal –que le fue concedida al sacerdote– éste pasó a tener la calidad de chileno y, en tal virtud, su permanencia dentro del territorio nacional no obedeció al permiso de residencia definitiva de que gozaba previamente, sino que ella era la natural consecuencia de la nacionalidad que se le había conferido por ley. Por eso, la naturalización del actor aparejó la cesación de los efectos del permiso de residencia, esto es, su extinción, por cuanto desaparecieron los presupuestos que determinaron su dictación.

Los fundamentos de las resoluciones impugnadas, dan cuenta de la condena por abusos sexuales impuesta al recurrente, la que fue llevada a efecto cuando éste tenía la nacionalidad chilena, con lo que desaparece el fundamento jurídico de la actuación de la recurrida, que precisamente estuvo constituido por disposiciones contempladas en la Ley de Extranjería y su reglamento que, en cuanto tales, son aplicables a los extranjeros y no puede pretenderse se refieran a quienes son chilenos, como era el caso del recurrente.

Razona el fallo, que si se pretendiera que las regulaciones de la normativa sobre extranjeros son aplicables al recurrente –por cuanto en el momento en que fueron dictadas las resoluciones exentas de que se trata era extranjero– resultaría que se estaría extendiendo el ámbito de dicha normativa a conductas llevadas a efecto antes de tener tal calidad, lo que redundaría en la retroactividad que proscribe el artículo 52 de la Ley N° 19.880.

Según el tribunal, «tan claro resulta ello que si durante la vigencia de la nacionalización el recurrente se hubiere ausentado de Chile, por un plazo interrumpido superior a un año, de ningún modo pudiera haberse entendido que su permanencia definitiva se había revocado tácitamente, conforme lo hubiere autorizado –en principio– el artículo 43 del Decreto Ley N° 1.094, pues en tal escenario hubiera resultado inconcuso que su alejamiento del territorio nacional no afectaba su derecho de entrar y salir del país libremente y por el tiempo que deseare».

En conclusión, se declara que las resoluciones contra las que se recurre han significado la perturbación para el sacerdote de la garantía que el N° 2 del artículo 19 de la Constitución le reconoce: es decir, la igualdad ante la ley. Las resoluciones en cuestión le significan un trato desigual, pues sin fundamento que lo justifique le han aplicado una normativa que no podía tener tal efecto sobre él, con lo que queda desmedrado frente a otros chilenos que se hallan en idéntica situación.

Diputados aprueban en último trámite voto de chilenos en el exterior

Camara-Diputados-ChileLuego que la Cámara de Diputados aprobara, con 110 votos a favor y 1 abstención, las modificaciones realizadas por el Senado, al proyecto que regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el exterior, fue remitido al Ejecutivo.

La iniciativa, señalaron los diputados “operativiza” la reforma constitucional aprobada en 2014, que incluyó en la Carta Fundamental el derecho de los chilenos residentes en el extranjero a participar en las elecciones y primarias presidenciales y en los plebiscitos.

El proyecto consiste en que los chilenos en el extranjero que deseen ejercer su derecho a sufragio activo, deberán inscribirse sólo una vez para indicar su domicilio electoral en el extranjero y sólo deberán repetir este trámite si cambian de domicilio, conforme a las reglas generales. Además, se contempla la existencia del domicilio electoral en el extranjero, el que tendrá las mismas características del domicilio electoral en Chile, bastando su sola declaración para entender dicho lugar como su domicilio electoral.

Se señala, además en el documento, que tanto la inscripción como el cambio de domicilio podrá hacerse ante el Consulado respectivo, o bien, ante la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, al momento de entrar o salir del país.

Con respecto a los procesos, se establece que efectuada la inscripción o cambio de domicilio para votar en el extranjero, se formará dentro del padrón general uno de chilenos en el extranjero. Cada país que cuente con un consulado de Chile, contará también con una Junta Electoral, que será presidida por el respectivo Cónsul e integrada, además, por otro funcionario del Servicio Exterior, que tendrá la función de secretario. Corresponderán al Cónsul todas las funciones de delegado electoral.

Además, la iniciativa especifica que los consulados serán los encargados de custodiar los útiles electorales y de velar por el expedito acceso a los lugares de votación. Y, los cónsules serán los responsables de que las mesas se instalen correctamente en los locales de votación, además de ser expertos de identificación, en los casos en que exista disconformidad notoria y manifiesta entre los datos del padrón de mesa y la identidad del elector.

En cuanto al Servicio Electoral, éste cumplirá las mismas funciones que respecto de las elecciones que se desarrollan en Chile, además de determinar los lugares de votación y la creación o fusión de mesas receptoras de sufragios y dictar instrucciones para determinar la aplicación de la normativa electoral en aspectos concretos.

Del padrón de chilenos en el extranjero, la Junta Electoral correspondiente, el consulado de cada país, elegirá a tres vocales para constituir cada una de las mesas receptoras de sufragios.

El proyecto incluye también los actos preparatorios en el extranjero; aspectos sobre publicidad y propaganda; funcionamiento de las juntas electoras; señala los locales de votación; la oficina electoral; las reclamaciones (podrán presentarse a través del sitio web del Tribunal Electoral Regional de turno de la Región Metropolitana, o bien en el respectivo consulado chileno, que tendrá la obligación de ingresarlos); determina sanciones y procedimientos judiciales.

Cabe señalar, que el Senado introdujo una enmienda que prohíbe a todo el personal de embajadas y consulados a participar de actividades de campaña. También, indica que habrá al menos un lugar de votación por cada consulado, salvo que, por razones fundadas y de acuerdo a la información de infraestructura, cantidad de chilenos en la zona geográfica, etc., pueda disponer más de un lugar de votación por cada consulado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10344.

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