Patio 29: Corte de Santiago confirma fallo que ordena al Fisco pagar indemnización por errónea identificación de restos de ciudadano uruguayo

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a familiares de Arazati López López, ciudadano uruguayo cuyos restos fueron mal identificados por el Servicio Médico Legal (SML) a periciar osamentas inhumadas en el Patio 29 del Cementerio General.

En fallo unánime (causa rol 13.064-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Viviana Toro y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– confirmó la sentencia dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó indemnizar a los familiares de López López.

Los restos óseos del ciudadano uruguayo, detenido el 14 de septiembre de 1973 en una pensión de Avenida España, fueron erróneamente identificados en 1994 a través de pericias antropomórficas y repatriados a Uruguay. Sin embargo, en 2009 se comprobó con exámenes de ADN mitocondrial que habían sido mal individualizados.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo dictado por la jueza Rocío Pérez Gamboa, que estableció (causa rol 27.716- 2014) la responsabilidad del Estado por la falta de servicio del SML.

«Resulta un hecho público y notorio la necesidad de la ciudadanía, autoridades y por sobre todo de los familiares de víctimas detenidas desaparecidas de obtener certeza, no solo de su paradero en algunos casos, sino también de su identificación en el caso de los restos encontrados en el Patio 29 y que tal importancia y trascendencia ha sido expresada por el Estado en los distintos ámbitos y etapas de este proceso, lo que se ha podido apreciar por ejemplo en la resolución Exenta N° 554 del propio Servicio Médico Legal en el que se hace mención a la urgente necesidad de solucionar el problema de identificación, en la valiosa inversión económica que el informe Glasgow significó, y en los restantes esfuerzos económicos efectuados por el Ministerio de Justicia para implementar a este servicio de modernos equipos y capacitación para su personal», sostiene el fallo de primera instancia.

Resolución que agrega: «En este contexto la obligación y responsabilidad del Servicio Médico Legal resulta trascendente y relevante toda vez que debía emplear la mayor acuciosidad, seriedad y resguardo en el cumplimiento de esta tarea, advirtiéndose no solo la impericia de sus peritos y procedimientos aplicados, sino que además debió haber desplegado sus esfuerzos precisamente para refutar las conclusiones que se contenían en el denominado Informe Glasgow, omitiendo dar a conocer íntegramente dichos cuestionamientos, tanto a los tribunales que conocían de los diversos procesos como a los destinatarios de tal información».

«Valga consignar –continúa– que si bien es cierto que el avance de los conocimientos y de las técnicas de la ciencia, es permanente y en constante desarrollo, ello no eximía al Servicio Médico Legal de su deber de proporcionar un servicio de calidad y excelencia, debiendo estar al tanto de la ciencia a nivel internacional, sin que sea excusa para ello la falta de dotación o de implementación de la misma, puesto que el reproche que se le hace por esta sentencia no es carecer de ello, sino haber ocultado que existían reparos en su trabajo y en haber omitido en forma negligente, al parecer de esta juzgadora, que lo concluido tenia precisamente las características ya dichas, esto es, que estaba sujeto a los conocimientos y técnicas de que en ese momento se disponía, y más aún, que ya a esa data se contaba en el contexto internacional con otros medios de verificación. Lo esperable, era que al igual que en otros informes se consigne las salvedades, los porcentajes de certeza o margen de error (…) se tiene por establecido que el Servicio Médico Legal, en cuanto órgano de la Administración del Estado, entregó un servicio defectuoso, ocasionando una apresurada y errónea identificación de los restos del patio 29, que de generar daños obliga al Estado a su resarcimiento».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema condena al Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota por muerte de recién nacido en hospital de Quilpué

receta medicaLa Corte Suprema condenó al Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota a pagar una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) a madre de recién nacido que falleció el 18 de noviembre de 2011, en el Hospital de Quilpué por falta de servicio.

En fallo unánime (causa rol 31.492-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– estableció la responsabilidad del servicio recurrido por la falta de atención brindada al hijo de Jocelyn Fuentes Figueroa.

«Que a fs. 261 y 238 de autos se agregó el sumario administrativo en que se consignó, tanto en la formulación de cargos como en la sanción impuesta, que hubo un actuar negligente de dos funcionarias de la recurrida, sumario que según las normas citadas debe tenerse por reconocido y en consecuencia hace plena prueba. Establece que hubo faltas de esas funcionarias que implicaron negligencia o falta de cuidado debido en su actuar, lo que provocó el lamentable deceso del hijo de la demandante y recurrente», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «en el contexto de lo ya expuesto cabe concluir en este caso el elemento causal del daño producido es la falta personal de las funcionarias del Servicio recurrido, la cual compromete la responsabilidad de la demandada desde que se concretó justamente en el ejercicio de la función o servicio que a la demandada correspondía brindar a sus usuarios, en este caso la recurrente».

«Desde esa perspectiva –continúa–, el Servicio recurrido no puede desvincularse de la falta personal en que incurrieron dos de sus funcionarias, puesto que los acontecimientos tuvieron lugar en un servicio de su dependencia, por profesionales asignados al mismo y en un horario normal de funcionamiento, de modo que las acciones desplegadas por ellas no se encuentran separadas del servicio, evento en el que resulta clara la responsabilidad del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, que tiene a su cargo al Hospital de Quilpué».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones de Santiago rechaza demanda contra Defensoría Penal Pública por falta de servicio

palacio tribunales santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo que rechazó demanda presentada en contra de la Defensoría Penal Pública –DPP– por una supuesta falta de servicio al no otorgar asesoría jurídica en un procedimiento abreviado a acusado por tráfico de drogas.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Pedro Advis y la abogada (i) Paola Herrera– ratificó la sentencia dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda presentada por Leonel Veliz Trujillo, condenado en julio de 2009, a la pena de 3 años y un día de presidio por el Juzgado de Garantía de Arica, y que alega que no tuvo asesoría jurídica oportuna de la DPP.

«Que ningún vicio se advierte en la especie pues ciertamente si lo que ha pretendido el actor, como lo señaló en su escrito de fojas 294, es que el servicio Médico Legal de Arica informara sobre las consecuencias post traumáticas que provocó a su parte el haber sido condenado por el delito de tráfico de drogas y si sufrió o no daño moral por la conducta negligente que se le imputa a la Defensoría Penal Pública, ha debido solicitar el nombramiento de un perito médico psiquiatra y procederse en la forma que prescribe el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, esto es, citando el tribunal a las partes a una audiencia en la que se debe fijar primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener y el punto o puntos materia del informe; y si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «en este orden de cosas, aun aceptando -para los efectos de construir la hipótesis- que lleva razón el apelante y que el daño moral sí está probado o que se lo debe presumir, lo cierto es que, como ha quedado de manifiesto, el fallo impugnado rechaza la demanda también porque aún de existir un daño éste no tiene relación causal con la falta de servicio acreditada sino que con la propia conducta del demandado al aceptar un juicio abreviado. De este modo, en esta hipótesis, igualmente la sentencia habría de confirmarse, pues esta última conclusión del fallo de primer grado -la de no haber nexo causal entre perjuicios y falta de servicio no ha sido atacada por el apelante».

(Fuente: Poder Judicial)

Juzgado civil de Santiago acoge demanda de indemnización de servicios por negligencia de organismos públicos durante tsunami

terremoto catastrofeEl Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios por el fallecimiento de familiares a causa del tsunami causado por el terremoto del 2010.

La resolución del tribunal establece que si bien el SHOA no estuvo, por causas inimputables, en condiciones de cumplir rápidamente con su obligación reglamentaria de dar aviso a las respectivas autoridades navales y marítimas para la adopción de las medidas preventivas, sí podía dar aviso a estaciones de Carabineros con asiento en los puertos y caletas afectadas, cuyas comunicaciones no tenían impedimento alguno. Consulte fallo de primera instancia analizado por Microjuris.

El tribunal de primera instancia determinó la responsabilidad del Fisco en la muerte de los familiares de los demandantes debido a las negligencias graves ocurridas durante la emergencia, pues no realizó la comunicación a organismos a los que debió haber informando, lo que constituye una infracción gravísima al protocolo de emergencia que lo obligaba a informar, actuando con culpa por infracción de reglamentos.

Según el fallo, en el SHOA recae un deber exclusivo: es la única autoridad oficial en el país responsable de evaluar las informaciones sísmicas y de mareas para determinar la posibilidad de generación de un tsunami, emitir alertas y/o alarmas de maremotos y difundirlas o cancelarlas, todo según el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM) en el que participan las autoridades marítimas y civiles conforme a las disposiciones contenidas en la publicación Nº 3014, «Instrucciones Generales sobre el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos». Asimismo, la finalidad principal del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos será hacer llegar toda la información relacionada con la magnitud y hora estimada de llegada de un maremoto a nuestras costas, información que el SHOA debe entregar a las autoridades navales, marítimas y civiles (ONEMI) para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, entre ellas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en los puertos y caletas del litoral.

El SHOA debía poner en conocimiento de la alerta de tsunami a las autoridades civiles —como a la ONEMI, cosa que efectivamente hizo— pero también a autoridades navales y marítimas, para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, entre ellas las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en los puertos y caletas del litoral. Lo último no ocurrió, y los motivos esgrimidos —el colapso del sistema de comunicaciones, no del SHOA sino de los potenciales destinatarios— no justifican dicha omisión, pues no es efectivo dicho colapso respecto de Carabineros.

En su defensa, el Fisco aduce imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho, a causa del corte de comunicaciones post-catástrofe.

Pierde vigor la alegación de imprevisibilidad desde que el SHOA (que constituye un ente con Mando Técnico y es el único facultado para calificar la probabilidad de un maremoto) decretó alerta de tsunami y remitió dicha alerta por fax al CAT de la ONEMI a las 04:07 am, apoyado además en el primer boletín del Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, PTWC) recibido en la sala SNAM a las 03:48 horas, documento que había sido remitido por el PTWC a las 06:46, hora internacional, 03:46 hora de Chile, que indicaba también probabilida de tsunami. Ante este hecho cabe preguntarse dónde está la imprevisibilidad de una ocurrencia de tsunami. Abona lo dicho el que la alerta de tsunami emitida por el SHOA sólo fue cancelada a las 05:10 am, por lo que en el tiempo en que la ONEMI recibe la alerta de tsunami y finalmente ésta es erróneamente cancelada (varias olas ya azotaban las costas de Chile) se aprecia una conducta culposa del ente estatal. En consecuencia, era previsible la ocurrencia de un tsunami, pues así lo comunicaba la alerta del SHOA y el boletín del PTWC.

En cuanto a la irresistibilidad, por las evidentes razones de anormalidad vividas, se asentó em el procedimiento que la Armada de Chile estuvo imposibilitada sin culpa de hacer llegar la alerta a las autoridades navales y marítimas. Sin embargo, sí estuvo en condiciones de comunicarse con Carabineros apostados en las zonas afectadas, pues las comunicaciones de estos se mantuvieron en pie, y estaba obligado por protocolo a hacerlo y no lo hizo, lo que constituye una omisión culposa y no un caso fortuito o fuerza mayor.

Suprema confirma sentencia que condenó al Fisco por muerte de suboficial en la Antártica

Antartica zona extrema australEn fallo unánime, la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $239.000.000 (doscientos treinta y nueve millones de pesos) a la familia de suboficial del Ejército, quien murió en septiembre de 2005, en la Base Antártica General Bernando O’Higgins Riquelme.

En su sentencia, se expone que los sentenciadores del grado estimaron que el Suboficial Burboa Reyes falleció en un acto de servicio, concluyendo que la orden para salir el día 28 de septiembre de 2005, con la finalidad exclusiva de recuperar el trineo «Orión», provino de los máximos representantes del Ejército de Chile, sin haber preparado medidas de seguridad y de respuesta alguna frente a eventuales emergencias, así como soslayando los pronósticos meteorológicos correspondientes, a pesar de existir condiciones climáticas adversas y sin considerar los riesgos que tal operación presentaba. Esta fue la acción que provocó finalmente la muerte del Suboficial Burboa Reyes.

Y en cuanto al régimen de responsabilidad, se estimó aplicable a las Fuerzas Armadas el estatuto del Título XXXV del Libro IV del Código Civil, desechando la solicitud del Fisco en cuanto de reducir el quantum indemnizatorio en razón del montepío que recibe María Angélica Ruiz Hernández, toda vez que éste es un estipendio que está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para el personal que fallece en acto de servicio, como ocurrió en autos, pero no para el evento que ese deceso sea producto de una falta de servicio atribuida al Fisco de Chile.

Así, conforme a lo anterior, concluye el máximo Tribunal expresando que no puede la demandada, a fin de eximirse del pago de las indemnizaciones que se generan a partir de la falta de servicio en que ha incurrido, alegar que los familiares demandantes han recibido las prestaciones establecidas en la Ley N°18.948, toda vez que ellas van destinadas a cubrir un daño distinto y no pueden servir para eludir el hecho que, en este caso, la muerte del funcionario se ha producido con culpa de la institución. En efecto, la interpretación que propone la demandada en el recurso de casación sustancial en examen, implicaría que en la práctica ninguna distinción existiría entre el caso que la muerte se hubiese producido por un accidente ocurrido en el marco de las labores propias del cargo y aquel en que el fallecimiento derive de una negligencia del servicio, lo que derivaría en obviar -y, por tanto, dejar sin sanción alguna- el disvalor adicional que se observa en la conducta de la institución en el segundo caso.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el fallo de la Corte Suprema, Rol Nº 1494-16.

Corte de Antofagasta confirmó sentencia y ordena a Municipalidad indemnizar por accidente en vía pública

Corte de AntofagastaEn fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Tocopilla, que condenó a la Municipalidad de dicha comuna a pagar una indemnización de perjuicios por falta de servicio a Lorena Barraza Castillo, quien sufrió una fuerte caída el 18 de abril de 2013, en la vía pública, provocada por la falta de mantenimiento de la tapa de una cámara del alcantarillado.

En ese sentido, el fallo confirmó el pago de $1.281.379, por concepto de daño emergente, elevando a 7 millones la indemnización por daño moral.

Al efecto, el Tribunal de alzada adujo en lo grueso que «existen presunciones judiciales suficientes en términos del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, que permiten establecer la falta de servicio en cuanto no se mantuvo reparada la acera en lo referente al levantamiento de la tapa de la cámara, a consecuencia de lo cual se ha producido la lesión que en este proceso de indemniza, razones por la cual no cabe sino confirmar la sentencia, cuyas costas del recurso deberá pagar la demandada».

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el fallo íntegro de la apelación, causa Rol Nº 878-2015.

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