Corte Suprema: concepto de familia para declaración de bien familiar abarca a cónyuge separada madre de hijo común fallecido

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que negó la declaración de bien familiar, pues en el inmueble convivió el demandado con la madre y el hijo común que falleció, hasta que aquél abandonara la propiedad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, la cuarta sala del máximo tribunal consideró que concurre el presupuesto establecido en el artículo 141 inciso primero del Código Civil para declarar el inmueble como bien familiar, ya que sirve de residencia principal de la familia, entendiéndola en un sentido amplio. Así, la cónyuge separada judicialmente que fue madre del hijo en común fallecido, con la cual vivió junto al hijo, está incluida dentro del concepto de «familia» del Código Civil.

Según el fallo, el sentido amplio de «familia» implica que es una institución natural y social que, basada en vínculos de sangre y afecto, vincula a los individuos que la integran para cumplir en comunidad los fines de la vida en el orden espiritual y material, habitualmente bajo la autoridad de un ascendiente originario, o sea, para auxiliarse recíprocamente en todas las circunstancias de la vida.

En tal sentido, el fallo considera que no hay justificación razonable para concluir que la terminología del artículo 141 del Código Civil –en el sentido que puede declararse bien familiar el inmueble que «sirva de residencia principal de la familia»– no permite abarcar el caso en que vive uno de los cónyuges separados, madre de un hijo común fallecido.

El fallo contiene una prevención del Abogado Integrante Sr. Matus. En ella, estima que el concepto de familia del artículo 141 inciso primero del Código Civil debe entenderse como el grupo de personas vinculadas por matrimonio o acuerdo de unión civil y su descendencia, cuando la haya, que viven juntas o, en caso de separación o abandono del hogar común, vivieron juntas. Pero de todas maneras, este concepto legal concuerda plenamente con los hechos que se han tenido por acreditados en la causa para el concepto de familia.

Adicionalmente, la sentencia contiene un voto disidente de la ministra señora Chevesich y abogada integrante señora Etcheberry.

La disidencia estima que el objeto de la declaración de bien familiar es proteger el núcleo familiar, por la vía de asegurarle la mantención del hogar físico, ante conflictos o desavenencias que pudieran poner fin a la vida en común entre los cónyuges, por cuanto es una «garantía para el cónyuge que tenga el cuidado de los hijos, en casos de separación de hecho o de disolución del matrimonio» (Ramos, René, Derecho de Familia, Editorial Jurídica, año 2007, página 350, citando al profesor Enrique Barros). Aquello permite concluir que si el matrimonio ha cesado en su convivencia, residiendo sólo uno de los cónyuges en el inmueble cuya declaración de bien familiar se pretende, sin la presencia de hijos en común, no se cumple la finalidad de la institución analizada, desde que en tales circunstancias no puede considerarse que en la actualidad sea la residencia de la familia, de modo que no concurre el requisito de constituir el inmueble la residencia principal de la misma, al estar habitado exclusivamente por el cónyuge demandante, interpretación que se ajusta al tenor y espíritu del artículo 141 y siguientes del Código Civil.

Sala continúa debate y votación de proyecto que crea el Sistema de Garantías de la Niñez

El proyecto de ley que crea el sistema de garantías de la niñez centró el trabajo de la Sala de la Cámara de Diputados el martes 7 de marzo.

Los alcances de la iniciativa legal fueron presentados la semana pasada, a través de la rendición de los informes de las Comisiones de Familia y de Hacienda, lo que poseen una diferencia importante en sus normas: mientras el primero insta al Estado a utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de los infantes, incluso requiriendo la cooperación internacional en caso de estos no ser suficientes los dineros del país; el texto de Hacienda no presenta un compromiso explícito para asegurar el presupuesto necesario.

Tal como se explica en los textos, el propósito de la iniciativa consiste en adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile, mediante la creación de un ordenamiento coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales denominado «Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez», que da cuenta de una nueva concepción de los niños como sujetos de derechos y no meramente como depositarios de prácticas asistenciales o como objetos de la tutela estatal.

Además, contiene las bases institucionales para prevenir la vulneración de sus derechos, como asimismo, asegura su efectivo cumplimiento y vela por el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, el que considera, además, su identidad cultural y pertenencia a pueblos indígenas, que permitan favorecer su desarrollo integral.

Conforme al texto de la Comisión de Hacienda (último aprobado), esta ley tiene por objeto la protección y garantía integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las leyes.

El proyecto, tal como se adelantó, crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, el que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños.

Formarán parte de este sistema, entre otros, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado, el Defensor de los Derechos de la Niñez, entras instituciones, que en el ámbito de sus competencias deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos del niño.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por niño todo ser humano menor de dieciocho años. En caso de duda sobre si un niño es o no menor de dieciocho años, y siempre que vaya en beneficio de sus derechos, se presumirá que lo es.

Esta normativa define que es deber de los órganos del Estado, de la familia y de la sociedad respetar, promover y proteger los derechos de los niños. Asimismo, indica que la responsabilidad por el cuidado, formación, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres y/o madres del niño, quienes ejercerán esta responsabilidad activa, equitativa y permanentemente, sea que vivan o no en el mismo hogar.

Señala también que toda persona debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los niños. Las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo funciones relacionadas con el desarrollo de los niños deben respetar, promover y velar activamente por sus derechos, reciban o no financiamiento del Estado, debiendo respetar siempre el interés superior del niño.

Corresponderá a los órganos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, en particular: promover, en condiciones de igualdad, el libre y pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños; proveer programas, asistencia y apoyo a los padres y/o madres, y a las familias en el ejercicio de su responsabilidad sobre los niños; y facilitar y promover la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Asimismo, se deberá promover el restablecimiento de los derechos cuyo ejercicio se haya visto privado o limitado por la falta o insuficiencia del desarrollo de los derechos y deberes que competen a los padres y/o madres, y a las familias; dar prioridad a los niños vulnerados en sus derechos en el acceso y uso a todo servicio, prestación y recursos de toda naturaleza, sean públicos o privados necesarios para su completa rehabilitación, en las debidas condiciones de seguridad y dignidad; y promover el restablecimiento de los derechos de los niños vulnerados por terceros distintos de los padres y/o madres, su familia, sus representantes legales o quienes los tuvieran legalmente a su cuidado.

Esta ley promoverá la defensa en particular de los derechos de los niños en situación de discapacidad o provenientes de grupos sociales o específicos, tales como niños inmigrantes, pertenecientes a comunidades indígenas o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, garantizando su pleno desarrollo y respeto a las garantías especiales que la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, la Constitución Política de la República y las leyes, les otorgan.

Asimismo, se establece que todo niño tiene derecho a que en las actuaciones y decisiones que les afecten, sea que provengan de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones privadas, o de los padres y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, se considere primordialmente su interés superior.

El cuerpo legal, además, entre otras múltiples normas, define que los niños tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria; y determina que los órganos de la Administración del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley establece, dentro del marco de sus competencias legales, asegurando, en su caso, el acceso a las prestaciones que les corresponde entregar o garantizar de manera progresiva y velando por una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos de que disponga el país y sus respectivos presupuestos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10315.

Se inicia debate de proyecto sobre sistemas de garantías de la niñez

niñosCon los informes de la Comisión de Familia, entregado por la diputada Denise Pascal (PS), y de la Comisión de Hacienda, entregado por el diputado Ernesto Silva (UDI), se dio por iniciado el debate del proyecto que establece un sistema de garantías de la niñez.

La propuesta busca adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile, mediante la creación de un ordenamiento coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales denominado «Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez», que da cuenta de una nueva concepción de los niños como sujetos de derechos y no meramente como depositarios de prácticas asistenciales o como objetos de la tutela estatal.

Además, contiene las bases institucionales para prevenir la vulneración de sus derechos, como asimismo, asegura su efectivo cumplimiento y vela por el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, el que considera, además, su identidad cultural y pertenencia a pueblos indígenas, que permitan favorecer su desarrollo integral.

Cabe resaltar que durante su análisis en las comisiones surgieron diferencias importantes: mientras Familia optó por instar al Estado a utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de los infantes, debiendo incluso acudir a la cooperación internacional en caso de estos no ser suficientes los dineros del país; Hacienda, a solicitud del Ejecutivo, dejó abiertas las normas relacionadas, sin un compromiso explícito.

Contenido

La propuesta legal tiene por objeto la protección y garantía integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las leyes.

El Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños.

Formarán parte de este sistema, entre otros, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado, el Defensor de los Derechos de la Niñez y otras instituciones que en el ámbito de sus competencias deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos del niño.

Entre otras materias, se establece que la ley promoverá la defensa en particular de los derechos de los niños en situación de discapacidad o provenientes de grupos sociales o específicos, tales como niños inmigrantes, pertenecientes a comunidades indígenas o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, garantizando su pleno desarrollo y respeto a las garantías especiales que la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, la Constitución Política de la República y las leyes, les otorgan.

Además, todo niño tiene derecho a que en las actuaciones y decisiones que les afecten, sea que provengan de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones privadas, o de los padres y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, se considere primordialmente su interés superior.

El cuerpo legal define que los niños tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria; y determina que los órganos de la Administración del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley establece, dentro del marco de sus competencias legales, asegurando, en su caso, el acceso a las prestaciones que les corresponde entregar o garantizar de manera progresiva y velando por una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos de que disponga el país y sus respectivos presupuestos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10315.

Fallo histórico en Uruguay: Justicia ampara vida de nonato y suspende interrupción voluntaria del embarazo por pedido del padre

embarazoLa Jueza Letrada de Primera Instancia de Mercedes de 3º Turno, Dra. Pura Book Silva, hizo lugar a una demanda de amparo disponiendo la suspensión de un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo para proteger los derechos fundamentales del concebido.
Cabe señalar que la Ley 18.987, o también conocida como “ley del aborto”, fue aprobada en 2012 bajo la presidencia de José Mujica (2010 – 2015) y entre sus artículos se especifica que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada cuando la mujer cumpla con los requisitos establecidos y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez.

En su sentencia, la Magistrada sostiene que permitir a la madre continuar con el proceso de interrupción del embarazo “implicaría una infracción a la normativa vigente y aplicable al caso, porque no se cumplen los requisitos formales previstos en el art. 3° inc 1, no hay prueba registrada en la historia clínica de su cumplimiento, rigiendo en este proceso la aplicación de las normas de la prueba previstas en el CGP, por lo que firmemente sostiene la suscrita deben controlarse en su prueba porque de dicho control y valoración, de estar acreditado que fueron cumplidos, depende nada menos que la continuación de los procedimientos destinados a detener el proceso de gestación, de la vida y la integridad de un concebido”.

Enseguida la jueza agrega que “una vez producido el embarazo la situación es otra porque al haber un ser humano nuevo con derechos inherentes a su condición de tal protegidos legalmente, la decisión de interrumpir el embarazo no atañe sólo a su cuerpo sino que realmente también afecta a otro ser humano, con vida, la vida que tutela en sus principios generales la misma ley 18.987”.

Luego la Jueza establece que “encarar con ligereza la procedencia de estos procedimientos destinados a interrumpir la vida de un ser protegido legalmente, sin cumplir con los requisitos señalados, o dando razones no probadas de ellos, implicaría prácticamente entender al aborto como un medio interruptivo de la vida humana, de fácil y rápido acceso, en contra de toda la normativa nacional sobre el tema de acuerdo a la interpretación lógico sistemática del orden jurídico”.

“Ante esa falencia, y en el conflicto entre el derecho a la autodeterminación de la mujer sin razones atendibles que justifiquen el impedimento para continuar el embarazo de acuerdo a lo expuesto en la audiencia, sin prueba de afectación sicológica, valorando la situación concreta con criterio de razonabilidad o proporcionalidad, frente al derecho a la vida del concebido, entiende la suscrita debe primar el derecho a la vida consagrado en nuestro jurídico”, concluye la Magistrada.

(Fuente: Diario Constitucional)

Suprema anula de oficio sentencia que ordena a organismo técnico establecer régimen de relación directa y regular: se infringe deber de inexcusabilidad

Padres separadosLa Corte Suprema anuló de oficio la sentencia de familia que oficia al DAM para que establezca un régimen de relación directa y regular entre padre e hijo, sin resolver el asunto en la misma sentencia. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 26 de Enero de este año, la cuarta sala del máximo tribunal terminó anulando de oficio la sentencia apelada que confirmó el fallo de familia que estableció el pago de un monto de pensión alimenticia, y adicionalmente solicitó al DAM de la comuna que en base a los antecedentes de la causa propusiera la mejor relación directa y regular entre padre e hijo, a fin de fortalecer la revinculación filial, procurar la adaptación del niño al padre y retomar las visitas sin causar daño al niño.

La Corte Suprema estima que el tribunal omite pronunciarse respecto a la demanda reconvencional de relación directa y regular interpuesta por el recurrente, vulnerando el artículo 66 N° 4, 5, y 6 de la Ley N° 19.968. Esto es así, porque el tribunal no emite pronunciamiento ni vierte en la sentencia razonamiento alguno sobre los motivos que sustentan su decisión en lo referente al régimen de relación directa y regular, cosa que además es reiterada por el tribunal de segunda instancia al confirmar la sentencia en iguales términos.

Como se dijo, el tribunal del fondo solicita al DAM que propusiese el mejor régimen de relación directa y regular entre el padre y el hijo. Si bien la iniciativa se encuentra motivada por el interés superior del niño, el fallo considera que el tribunal no sabe conjugar dicho principio con su deber ineludible de pronunciarse sobre todo asunto sometido a su conocimiento. Por lo tanto, al delegar en la sentencia la labor de determinar el régimen de relación directa y regular en otra entidad, infringe el deber de inexcusabilidad que informa el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

El fallo, en todo caso, considera la posibilidad de que la delegación por parte del tribunal del establecimiento de un régimen de relación directa y regular en el DAM podría ser interpretado como una forma de posponer su decisión hasta después de recabar sustento técnico. Sin embargo, al no señalar los fundamentos que supuestamente harían necesaria la intervención de un organismo técnico, de todas maneras incumple su obligación de fundamentar la sentencia, dejando al recurrente en la indefensión.

Es por ello mismo que la Corte Suprema emite en el mismo acto una sentencia de reemplazo, estableciendo un regimen de relación directa y regular entre el padre y el hijo.

En esta, a efectos de establecer el régimen de relación directa y regular, se considera que es necesario evaluar y ponderar lo señalado por los informes psicológicos evacuados. Ellos señalan que: a) la situación de ausencia del padre no satisface las necesidades emocionales del niño; b) se recomienda una relación directa y regular sin pernoctación, dado que el ciclo vital que vive el niño se caracteriza por una mayor dependencia de la madre; c) se observa apego del padre hacia su hijo y un genuino interés por participar en su desarrollo, sin que se perciban contradicciones para ejercer roles parentales; d) si bien se constata una tendencia a la impulsividad en la estructura de personalidad del demandante reconvencional, ello no representa un obstáculo para el ejercicio de su rol parental.

De todo lo anterior, el tribunal concluye que el restablecimiento de la relación del padre con su hijo debe ser progresiva, dado el tiempo de separación que ha habido entre ellos, que aconseja adecuar los ritmos de adaptación y reconocimiento, y que el padre someterse a un tratamiento de control de impulsos que contribuya a mejorar el manejo de su impulsividad, en pro del interés superior del niño.

Corte de Santiago acoge recurso de protección y ordena al Registro Civil celebrar matrimonio entre chileno y ciudadana ecuatoriana

Matrimonio y Pacto de Union CivilLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por una pareja chileno-ecuatoriana en contra del Registro Civil e Identificación, organismo que se negó a celebrar su matrimonio.

En fallo unánime (causa rol 1.613-2017), la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Javier Moya, Pilar Aguayo y la abogada (i) Claudia Candiani– acogió la acción cautelar presentada por Mayra Pinela Espinoza y Hugo Lara Díaz.

Pinela Espinoza arribó hace 10 años a Chile. Periodo en el que cumplió una pena de 541 días de presidio por un hurto. Además, se encuentra en situación irregular en el país, razón por la cual el Registro Civil le denegó fecha para contraer matrimonio, pese a que la pareja tiene un hijo y esperan otro.

En la sentencia, el tribunal de alzada establece que el Registro Civil cometió un acto arbitrario al negar la concreción del matrimonio, sin que exista impedimento legal, de acuerdo a la ley de matrimonio civil chilena y la Convención Americana de Derechos Humanos.

«Que, analizada la normativa invocada por la recurrente, esta Corte observa que el citado artículo 76 del DL 1094 efectivamente exige a los extranjeros que acrediten su residencia legal en el país y que demuestren que se encuentran habilitados para la celebración del acto o contrato requerido; sin embargo, en la especie, cabe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Matrimonio Civil que señala que «la facultad de contraer matrimonio es un derecho inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello», establece el fallo.

Resolución que agrega: «En el mismo sentido se pronuncia el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al señalar, en su párrafo segundo, que «se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención», norma que en relación al inciso segundo del artículo quinto de la Constitución Política de la República, eleva a derecho humano de carácter universal la facultad de contraer matrimonio. En este derrotero, no existen, a juicio de esta Corte, otros impedimentos para contraer matrimonio en Chile que no sean los que consagra el artículo 5° de la Ley N° 19.947, que en la especie no concurren; razones por las cuales esta Corte estima no existir impedimento alguno para que los recurrentes contraigan matrimonio en Chile».

«(…) en armonía con lo razonado, no cabe sino concluir que la recurrente -Servicio de Registro Civil e Identificación- ha incurrido en conducta ilegal y arbitraria: Ilegal al no existir norma alguna en nuestro país que permita discriminar entre chilenos o extranjeros, en cuanto al documento idóneo que sirva para acreditar la identidad de los contrayentes, siendo suficiente un pasaporte válido y vigente, tal como, además, lo informa el propio Registro Civil al publicar en su página Web que para efectos del matrimonio de ciudadanos extranjeros en Chile, estos podrán usar cédula de identidad o pasaporte. En este sentido, la conducta del Servicio priva a los recurrentes del legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio, no obstante cumplir los requisitos legales para ello; y arbitrario, desde que no expresa una justificación suficiente para negar la celebración del acto, máxime cuando ambos contrayentes cumplen con los requisitos establecidos por el legislador para contraer el vínculo», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema remite al senado informe sobre proyecto de ley que suspende sentencias para embarazadas y madres de menores de 3 años

Pleno Corte SupremaReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 3 de febrero recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley que establece la suspensión de la ejecución de sentencias y de la prisión preventiva de embarazadas y mujeres con hijos menores de 3 años. Informe que fue remitido al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, el lunes 13.

La Corte Suprema, tras la revisión de la iniciativa legal afirma que: «(…) es posible concluir que el proyecto en cuestión propone ajustes normativos de importancia no menor, en relación al cumplimiento de los estándares internacionales antes mencionados, los que intentan equilibrar las desigualdades que afectan a las mujeres privadas de libertad embarazadas o que dan a luz en esa condición y proteger el interés superior de niños y niñas, a través de modificaciones legales que pretenden hacerse cargo del rol de cuidado de los hijos que socialmente se atribuye a la mujer, y del impacto que sobre la base de este rol socialmente definido, tiene la privación de su libertad para ella y para la sociedad en general».

Oficio que agrega: «Ahora bien, la opción tomada por el proyecto obliga también a preguntarse si una modificación como la propuesta no contribuiría, acaso, a perpetuar el rol socialmente asignado a la mujer como única o exclusiva cuidadora de sus hijos, excluyendo la participación de los hombres en el ejercicio de su rol parental y la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, que han potenciado las últimas reformas introducidas al Código Civil por la ley 20.680».

Respecto de la suspensión de la ejecución de la sentencia, el máximo tribunal sostiene que «(…) si bien la medida de suspensión parece orientarse a proteger a la familia y al interés superior del niño, su carácter doblemente incondicionado –no constituye una facultad para el juez, sino una obligación, y al finalizarse el periodo de suspensión esta siempre implicará la privación de libertad de la mujer y la separación de su hijo, aunque se haya rehabilitado y ya no exista necesidad de pena– puede perjudicar el interés superior del niño o niña y contradecir el sentido general que de acuerdo a la ley y los tratados internacionales debe perseguir el sistema penitenciario: promover la reinserción social y la ulterior prevención del delito».

«En efecto –continúa–, sin perjuicio de su enorme relevancia en la generalidad de los casos, no es difícil pensar en situaciones en que la medida de suspensión de la condena podría resultar irrelevante o incluso inútil en relación al interés del menor. Y esto es así, porque tal como demuestra la experiencia de la situación regulatoria actual, pueden existir casos en que justamente aquello que más convenga al menor sea quedar bajo el cuidado personal de su padre, algún otro miembro de su familia o, en casos especialmente graves, su internación en un centro de lactantes e infantes del SENAME. En estas situaciones, la medida de suspensión de la condena de la madre no serviría a los fines que busca el proyecto y, al contrario, podría contribuir a perpetuar estereotipos de género, pudiendo su aplicación particular dificultar las acciones encaminadas a lograr una mejor distribución de roles y tareas en materia de cuidado de los hijos».

Potestad discrecional
Ahondado en el punto, el pleno de ministro propone, «en lo que a este asunto respecta, pareciera pertinente considerar la medida de suspensión de la condena como una potestad discrecional de los tribunales de justicia y no un deber incondicionado, tal como aparece en la propuesta. Esto haría posible conciliar, en el caso concreto, todos los fines que enuncia la moción, haciéndose cargo del hecho que en la generalidad de los casos es la mujer la que ejerce el cuidado del niño o niña, sin contradecir un enfoque respetuoso de las consideraciones de género y el interés superior de las niñas y niños implicados. Asimismo, la denunciada rigidez del sistema, que tampoco distingue, al expirar el plazo de suspensión de la condena, e impone, necesariamente, la privación de libertad en la mujer que ha utilizado esta herramienta, puede provocar importantes distorsiones respecto de los fines de reinserción que debiese perseguir un modelo de ejecución penitenciaria respetuoso de los Derechos Humanos».

«En este sentido –prosigue–, tal como en el caso anterior, resulta contra intuitivo o incluso violento privar de libertad a una mujer que, tras haber visto suspendida su condena, demuestra haberse reinsertado adecuadamente en sociedad y haberse hecho cargo del cuidado del niño o niña y su desarrollo integral. Lo cierto es que, tal como en el caso anterior, parece aconsejable entregar la evaluación de la situación de la mujer y su hijo a la judicatura especializada, la que en conocimiento de las circunstancias del caso y el interés superior del niño, debería ser capaz de ampliar el plazo de suspensión o, inclusive, sustituir o conmutar su condena. Esta sola posibilidad, podría constituir un importante incentivo para la reinserción de la mujer, la prevención de su reincidencia, y el resguardo de la familia y el interés superior del niño.
De hecho una solución regulativa similar se ha propuesto por varios expertos chilenos en la materia».

Cautelares
Sobre los mecanismos de control de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, la Corte Suprema estima que «(…) la suspensión de la condena sujeta a la mujer a un régimen de control innominado, que no especifica detalladamente sus implicancias ni refiere a algún estatuto legal o reglamentario que defina claramente sus consecuencias, no precisándose si la sujeción al control de la mujer corresponde a una pena, o a alguna otra medida. De esta manera, la estrategia regulativa del proyecto no responde cuestiones tan elementales como las que siguen:
– Determinar si el mecanismo de suspensión interrumpe o suspende el plazo de prescripción de la pena que se estipula. Esto es importante, especialmente, en atención a las reglas de media prescripción que estipula el artículo 103 del Código Penal, y la posibilidad de extender hasta por tres años más el periodo de suspensión, como sugiere el nuevo artículo 468 bis de la propuesta;
– Determinar si el mecanismo de revocación de la suspensión será incondicionado; si se producirá sólo tras la comisión de un nuevo delito o también con el incumplimiento del régimen de control impuesto; si se discriminará según la entidad del incumplimiento, o la reiteración de los mismos; qué rol jugará en su evaluación el cuidado del niño, su interés superior o el proceso de reinserción de la condenada;
– Determinar cómo se ejercerá el control de la autoridad; si será de cargo del SENAME. De las policías o de Gendarmería de Chile; si se someterá a la mujer a una o más condiciones determinadas, como las de realizar acciones en favor de su hijo o el hogar común;
– Determinar qué sucederá si al cumplirse dos años de suspensión nace un nuevo hijo; ¿Se suspenderá nuevamente la pena respecto de este nuevo recién nacido? ¿Cómo se calificará la existencia de una enfermedad grave?
– Determinar cómo se aplicarán las reglas de abono, si se someterá a las reglas generales explicitadas en el artículo 26 de la ley 18.216, independientemente del hecho que el control al que se somete a la mujer no tiene necesariamente el carácter de pena (o modo de cumplimiento de la misma)».

A modo de compendio, el pleno sostiene que «(…) no obstante la positiva inspiración del proyecto, éste no considera algunas cuestiones relacionadas, que han sido observadas por diversos expertos como de necesaria reforma:
– La inexistencia de una regla o principio según el cual la lactancia o el cuidado personal de un niño puedan servir de fundamentación o argumento para la concesión de alguno de los beneficios o derechos penitenciarios que prevé la ley, como son la libertad condicional, la rebaja de condena, el sistema de salidas, o la pena mixta.
– La inexistencia de una reglamentación que permita facilitar la relación directa y regular de madres y padres privados de libertad, con sus hijos menores, durante toda su niñez.
– La inexistencia de regímenes y principios que plasmen la importancia de la maternidad o paternidad para efectos de acceder prioritariamente a las plazas de trabajo, educación y capacitación en contextos de encierro.
– La inexistencia de un sistema de ejecución penitenciario moderno, que cuente con jueces de ejecución con competencias claras, con cobertura jurisdiccional adecuada, y criterios interseccionales que permitan compatibilizar el resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la legalidad y juridicidad en el cumplimiento de las penas, y la reinserción social de los condenados».

Prisión preventiva indispensable
Sobre la prisión preventiva, el informe del máximo tribunal afirma que «es menester tener presente que, en su calidad de medida cautelar, ella se impone sobre la base de un juicio de ponderación complejo que, de un lado, considera la existencia de determinados riesgos que pueden producirse mientras dura la investigación o el juzgamiento de la acción (como podrían ser la fuga del imputado o la perpetración de un nuevo ilícito), y por otro, considera los daños, costos y riesgos que una medida tan intensa como ésta produce (v.gr. los costos económicos que conlleva la privación de libertad para el Estado, el riesgo jurídico de privar de libertad a alguien que en definitiva será declarado inocente, etc.). De allí que ella sólo pueda imponerse cuando, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, ella sea ‘indispensable'».

«Pues bien –continúa–, atendida la naturaleza jurídica de la prisión preventiva como medida cautelar, la existencia de una mujer embarazada, o que tenga a su cargo el cuidado de su hijo, implica riesgos y consecuencias dañinas adicionales -a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior del presente informe- que no se encuentran presentes respecto de otros imputados. Estos riesgos intensificados, contrastados con el principio de la primacía del interés superior del niño, de la personalidad de las penas y la protección de la vida del que está por nacer, plausiblemente pueden llevar a considerar al legislador la prohibición de aplicar esta medida a mujeres embarazadas. Esto equivaldría, desde luego, a una decisión de política criminal, en la que el legislador ordena de modo incondicionado que, ante los conflictos de intereses que pudieran existir entre los principios de éxito de una investigación y prevención del delito por un lado, y el interés superior del niño y la protección de la vida de aquél que está por nacer, por otro, el juez siempre deba privilegiar estos últimos, debiendo el ordenamiento prever otros mecanismos orientados a resguardar el éxito de la investigación. Con todo, valen aquí las reflexiones hechas anteriormente, en relación a los eventuales problemas que podría generar una opción legislativa rígida o incondicionada, que eventualmente podría conspirar contra los propósitos del mismo proyecto».

«Sin perjuicio de lo anterior, es menester tener presente que la prisión preventiva es una medida que, aún hoy, sin norma expresa al respecto, podría decidir no aplicarse para las mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años, tanto en razón del criterio de ponderación antes indicado, como en directa aplicación del control de convencionalidad relativo al interés superior del niño, priorizando otras medidas de control contempladas por la ley. Así, «no se sacrifica aquí ningún interés público estatal de coerción personal sino que se lo adapta para conjugarlos con los derechos de protección especial que involucran a la infancia y la adolescencia«, concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el informe de la Corte Suprema.

 

Corte Suprema: existe contrato de comodato, y no mera tolerancia, por la relación familiar entre ocupante y dueña de la casa

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, considerando que no existía precario porque entre la madre dueña de la casa y la ocupante –su hija– no existía mera tolerancia sino un contrato de comodato. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 3 de enero, la cuarta sala del máximo tribunal revoca la sentencia que acogía la demanda de precario, resolviendo unánimemente en cambio que tal acción no correspondía al existir un contrato previo entre las partes.

Para fundamentar esto, la corte expresa que, aunque no existiese un contrato entre las partes para utilizar el inmueble respecto del cual se acciona de precario, no merece reparos el hecho que la actora haya consentido a los demandados hacer uso de la vivienda para residir en ella, si se observa la relación madre-hija que media entre ambas, lazo parental que razonablemente presta asidero a la alegación de un consenso generador de la obligación de reintegro, incompatible con la simple aceptación pasiva al ingreso de los demandados, suceso éste que escapa a cualquier acuerdo de voluntades, puesto que se alza sobre un cimiento material de esencia de la institución, cual es la invasión de un bien y la pasividad frente a ese acontecimiento mostrada por la dueña.

Los demandados, entonces, no permanecen en el recinto por un mero hecho, presupuesto constitutivo de simple precario, sino que en razón de una aquiescencia de la madre de la demandada y dueña del lugar. Según el tribunal, los jueces de la instancia prescindieron de tal antecedente y erraron en la aplicación del artículo 2195 del Código Civil, en tanto que la existencia del préstamo de uso conferido a los demandados constituye un caso que refleja de forma indubitada que el empleo que se ha hecho del sitio no obedece a una mera tolerancia de su dueña.

Por tanto, se produce el quebrantamiento de los artículos 2194 y 2195 del Código Civil, pues efectivamente los demandados no habitan la casa por mera tolerancia de la actora, sin previo contrato, sino en virtud de una licencia que su dueña les confirió, circunstancia que faculta calificar tal ocupación como un contrato de comodato, y distanciarla de un mero precario.

Presentan moción para evitar que mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años cumplan prisión preventiva

Carcel rejas preso A la Comisión de Constitución pasó la moción que apunta a suspender la sentencia penal y dictar la improcedencia de la prisión preventiva respecto de mujeres embarazadas, o de aquellas que tengan hijos o hijas menores de tres años.

La iniciativa que fue presentada por los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia en el caso de mujeres embarazadas o con hijos o hijas menores de tres años.

El texto legal también se puso en conocimiento de la Corte Suprema para los fines previstos en el artículo 77 de la Carta Fundamental.

Al respecto el senador Navarro aseveró que  “Hoy, hay 122 niños y niñas menores de 3 años en las cárceles chilenas”. Ellos «están junto a sus madres condenadas, sin contar con las mínimas condiciones de protección para su desarrollo, pues viven en un ambiente acotado que al final los habitúa al sistema carcelario, y que puede llegar a incidir en su formación personal, en la más íntima relación en torno al apego a la madre y particularmente, al entorno social”.

Por lo anterior «buscamos establecer un criterio que es de carácter internacional, y que señala el efecto desastroso que se produce sobre el niño al estar dentro de la cárcel”, explicó.

Recordó que el caso de  “Lorenza Cayuhán y su hija Sayén le han dado la inspiración a este proyecto de ley porque, una mujer que estando condenada por un proceso penal, estando cumpliendo su pena, fue llevada engrillada a tener a su hija a una clínica privada en Concepción”.

“Este hecho”, continuó, “aparte de la discriminación, no recuerdo que haya ocurrido ni en Chile ni en el mundo, pues el que una reclusa haya sido engrillada a su cama para tener una cesárea, y en el momento del parto que se le haya puesto una cadena entre sus piernas, creo que no solo era absolutamente innecesario, sino que fue una medida digna de la Edad Media”.

“Y lamentablemente, esta situación develó un tema mucho más profundo, pues en Chile hoy hay 122 niños menores de 3 años que comparten la cárcel con sus madres. Es decir, están dentro de la cárcel, viviendo en la cárcel, cuando la pena a quien afecta es a la madre, no al niño, y las convenciones internacionales, particularmente los tratados que Chile ha firmado, recalcan que lo principal es el bien superior del niño”, enfatizó el parlamentario.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos indicó que, “aquí no se está buscando evadir la pena. Pedimos que se suspenda y que se cumpla con arresto domiciliario, o de algún otra forma”.

“Pues lo esencial es el bien superior del niño o niña, por tanto este proyecto busca que ningún niño hasta la edad de 3 años deba estar encarcelado junto a su madre y esperamos que todos los parlamentarios lo entiendan de la misma manera y nos apoyen en su rápida aprobación, para que nunca más un caso como el de Lorenza y Sayén vuelva a ocurrir en Chile”, sentenció.

ANTECEDENTES

En los argumentos de la moción se expresa que antes del año 2005 el promedio anual de condenadas a prisión se mantenía relativamente estable (1.300 reclusas en promedio anual), situación que con posterioridad a la publicación de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de drogas, aumentó progresivamente (hasta app. 3.400 en promedio anual), debido al gran aumento de condenas a prisión en mujeres que obtenían sus ingresos gracias al microtráfico de drogas (negocio que ejercían desde sus propios hogares).

A noviembre de 2016, 4.032 mujeres se encontraban privadas de libertad, lo que corresponde al 8% de la población penal.  El 88,5% de ellas declaró ser madres y la gran mayoría encabezaban familias monoparentales y ejercían la jefatura del hogar.

En nuestro país se estima que 1 de cada 100 niños, tiene a su padre y/o madre privados de libertad en Chile (más de 40.000), no obstante, la falta de información sobre niños y niñas con progenitores encarcelados es un indicador de la invisibilidad de las familias de los presos en general, de la facilidad con que los niños y niñas de una madre o padre encarcelado son olvidados.  Naciones Unidas el año 2011, en su Día General de Debate, reconoció que niños y niñas con padre y/o madre encarcelados “son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal. No han hecho nada malo y sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad. Sus derechos de crianza se ven afectados tanto por la acción delictiva de uno de sus progenitores como por la respuesta del estado en nombre de la justicia”.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11073-07.

Suprema revoca sentencia y acoge amparo interpuesto a favor de comunera mapuche engrillada durante parto

supremaLa Corte Suprema acoge el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de amparo que había resuelto que no fue vulneratorio el actuar de Gendarmería de mantener engrillada a una interna de origen mapuche durante sus labores de parto. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Con fecha 2 de diciembre, la segunda sala del máximo tribunal decide revocar la resolución de amparo de la Corte de Apelaciones de Temuco. En lo esencial, el tribunal resolvió que existió una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, pues hubo una confluencia de factores entrecruzados de discriminación que se potenciaron e impactaron negativamente en la amparada, al recibir un trato injusto, denigrante y vejatorio dada su condición de mujer, de gestante y parturienta, de privada de libertad y por pertenecer a la etnia mapuche, lo que en forma innecesaria puso en riesgo su salud y vida, así como la de su hijo, todo ello en contravención a la normativa nacional e internacional vigente en la materia. Estas reglas han advertido que la convergencia de múltiples formas de discriminación aumenta el riesgo de que algunas mujeres sean víctimas de discriminación compuesta, por lo cual la entidad recurrida, afectó la seguridad personal de la amparada durante la privación de libertad que sufría con motivo del cumplimiento de las penas impuestas y su dignidad como persona, en contravención a la Constitución Política y las leyes.

Más específicamente, el maltrato recibido por la amparada encuentra explicación en su pertenencia a una comunidad mapuche. De otra forma no se explica el desmesurado y, por ende, desproporcionado operativo de seguridad que a su salida de la unidad penal para su atención médica en un recinto asistencial llevó a cabo Gendarmería. Su clasificación es de bajo compromiso delictual, a lo que cabe agregar que su estado de salud restaba toda posibilidad de que durante su traslado pudiera atentar contra terceros o intentar su huída. Tales circunstancias no resultan coherentes con el inusual despliegue de medidas de custodia y coerción en los traslados y durante su permanencia en los recintos hospitalarios.

A esto se suma que lo realizado constituyó también un acto de discriminación en su condición de mujer, pues el trato recibido por ésta de parte de los agentes estatales desconoció dicho estado de vulnerabilidad y, por ende, de necesidad de protección, en circunstancias que, desde una perspectiva de igualdad de género, se debió haber tomado en consideración la situación particular que experimentaba al acercarse el proceso del parto -más aún en las difíciles circunstancias de salud y de privación de libertad en que éste se desarrolló-, como, por otro lado, la especial significación vital para ella del mismo, sobre todo dentro de la comunidad mapuche a la que pertenece, y el impacto negativo que una aplicación no diferenciada de las normas y reglamentos penitenciarios podía ocasionar en aquella mujer.

Gendarmería alegaque en su actuar se habrían ceñido los funcionarios a la normativa propia para actuar en estos casos, citando el Oficio N° 202/2015 del 20 de mayo de 2015 de Gendarmería de Chile, que reitera Instrucciones de buen servicio sobre Servicios Hospitalarios y Salidas al Exterior. Sin embargo, la corte estima que esta normativa no se adecúa a la normativa internacional. Al respecto dice que

Dicho instructivo, amén de imponer formalidades que no parecen razonables en circunstancias médicas de urgencia, como una solicitud escrita fundada del facultativo, en el caso de la mujer embarazada privada de libertad, deja a la discreción de los funcionarios de Gendarmería actuantes el uso de medidas de coerción en los momentos anteriores y posteriores a la intervención médica directa, como ocurrió en este caso -durante los traslados y con posterioridad a la evaluación e intervención-, en circunstancias que las reglas 48 de las Reglas de Mandela y 24 de las Reglas de Bangkok, prohíben su uso, sin necesidad de requerimiento del médico tratante en los momentos anteriores, durante y posteriores al parto.

Finalmente, considerando lo resuelto por el tribunal de apelaciones, la Corte Suprema declara que no es obstáculo para hacer lugar a la acción de amparo el que pudieran haber dejado de existir las medidas que afectaron la seguridad personal de la amparada. Una acción de protección constitucional busca restablecer el imperio del derecho, lo que comprende la precisión del sentido de los derechos fundamentales, su respeto, el de las garantías que los protegen y la eventual corrección funcionaria, como lo señalaba el artículo 313 bis del Código de Procedimiento Penal.

En consideración de todo lo anterior, resuelve que:

1. La custodia de la amparada y las medidas de seguridad que se adopten por Gendarmería durante los traslados de aquélla a algún recinto asistencial de salud se efectuarán dando estricto cumplimiento a lo previsto en las Reglas 47, 48 y 49 de la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

2. Durante dichos traslados, así como durante su permanencia en dichos recintos, su custodia directa será ejercida exclusivamente por personal femenino de Gendarmería de Chile.

3. Gendarmería de Chile deberá revisar y adecuar sus protocolos de actuación en materia de traslado a hospitales externos, conforme a la normativa Internacional suscrita por Chile relativa a mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos lactantes, así como a aquella relativa a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres.

4. Gendarmería de Chile deberá remitir copia de los resultados del sumario administrativo que lleva adelante con motivo de estos hechos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dentro de un plazo no superior a 30 días, además de informar a dicho tribunal sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los tres puntos precedentes.

 

A %d blogueros les gusta esto: