Moción propone restablecer que nombramientos de oficiales superiores, generales y almirantes de las F.F.A.A. cuenten con aprobación del Senado

FUERZAS ARMADASLa moción del senador Navarro, expone que hasta el año 1973 la Comisión de Defensa del Senado, revisaba anualmente y cuando las circunstancias así lo requerían, la propuesta que el gobierno hacía respecto de los oficiales que obtenían los grados de coroneles y capitanes de navío, así como los futuros integrantes del alto mando, los generales y almirantes de la Fuerzas Armadas; posteriormente con su informe, era la Sala del Senado, la que aprobaba, dicho ascensos.

Observa luego que desde los inicios de la República, esta exigencia y criterio se utilizó en Chile por más de 160 años, plasmándose en los diferentes textos constitucionales, y cuya facultad del Senado rigió en plenitud hasta la vigencia de la Constitución de 1925.

Asimismo, recuerda que el Estatuto de la Junta de Gobierno, en 1974, mantiene este criterio de nombramiento con aprobación de dos poderes del Estado, consagrándolo en su artículo 13°, señalando: “Con acuerdo de la Junta de Gobierno, el Presidente conferirá los empleos o grados de oficiales generales, mediante decreto supremo. Para la provisión de los empleos o grados de Coroneles o Capitanes de Navío, se estará a lo dispuesto en los reglamentos de las instituciones”.

De esa manera, el autor de la iniciativa sostiene que la tradición republicana antes expuesta se vio interrumpida para el Golpe de Estado de 1973, motivo por el cual y con el objeto restablecer la facultad que históricamente tuvo el poder legislativo y en este caso el Senado, por 162 años, desde 1818 y hasta 1980, propone una reforma constitucional al artículo 53 de la Carta Política, que establezca que los Ascensos a Oficiales Superiores, Generales y Almirantes de las FFAA, que hace el Ejecutivo, deba contar con la aprobación del Senado.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11043-07.

Corte de Apelaciones resuelve que funcionarios DGAC pertenecen a Capredena y no al régimen de AFP

aerolinea avion aeropuertoLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación interpuesto por los Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, declarando que los actores pertenecen al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Consulte el fallo de apelación analizado en Microjuris.

La sentencia de primera instancia del 29° Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Fisco, rechazando la demanda aduciendo que la Ley 18.458 derogó tácitamente el régimen previsional que los vinculaba con el de Fuerzas Armadas. El hecho gatilló con posterioridad una movilización de cuatro días durante el mes de Diciembre del 2015, que terminó en una fallida negociación con el gobierno.

La apelación, fallada por la quinta sala el pasado 9 de Agosto, establece que no se ha modificado la calidad de empleados civiles de Fuerzas Armadas de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esta calidad es la que arroga el régimen previsional de Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena) para los 1.331 funcionarios aeronáuticos, conforme expresamente lo establece el artículo 1 de la Ley N° 18.458, norma que, incluso, prevé la posibilidad de opción entre regímenes previsionales y excluye del sistema pretendido solamente al personal que se incorpora a las instituciones dependientes del Ministerio del Interior y Defensa Nacional con posterioridad a su entrada en vigencia.

En ese sentido, la resolución comenta que no procede la derogación alegada por el Fisco, en la medida que ella se sustenta en una supuesta regulación específica por parte de la Ley N° 18.458 del régimen previsional del personal de la Fuerzas Armadas, lo que, aunque pudiera considerarse efectivo, no modifica la calidad de empleados civiles de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Por todo esto, la sentencia resuelve finalmente que se deben revertir los efectos de la aplicación errónea de las normas previsionales que hacen que los funcionarios se encuentren actualmente en el régimen de pensiones AFP, correspondiéndoles el de Capredena.

El fallo contiene un voto de disidencia del Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, que explica que se debe rechazar el recurso de apelación, confirmando la sentencia de primera instancia.

Según explica el disidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas conforme al artículo 1 de la Ley N° 16.752 y artículo 101 de la Constitución Política de la República, por lo que no puede asimilarse al personal institucional de las ramas de las F.F.A.A., en razón de la naturaleza de las funciones que éstas cumplen. Asimismo, el artículo 96 inciso 1 del D.L. 3.500 estatuye que el personal afecto a los regímenes de Capredena y Dipreca continúan sujetos a dichas instituciones y la Ley N° 18.458 señala taxativamente quienes son imponentes de Capredena, estableciendo en su artículo 1 letra b) que el mismo se aplica a la Planta de Empleados Civiles de las F.F.A.A. y no al personal a contrata. Finalmente, según el artículo 4 del D.F.L. N° 1, el personal es el que pertenece a F.F.A.A. y no aquel perteneciente a servicios públicos dependientes, como es la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Corte de Santiago condenó a medio de comunicación escrito a pagar una indemnización por vincular a ex Oficial de Carabineros con narcotraficantes

FUERZAS ARMADASEn fallo unánime, la Corte de Santiago condenó a El Mercurio SAP a pagar una indemnización de $20.000.000 a ex Comandante de Carabineros, Juan Ignacio Loyola Villalobos, quien fue vinculado por la empresa periodística con una banda de narcotráfico conocida como «Los Carejarro», en julio de 2008.

La sentencia de la Corte capitalina, la cual confirma el fallo dictado por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad de la empresa por falta de cuidado o negligencia al difundir dicha información, sostiene que «aparece manifiesta la falta de cuidado, culpa o negligencia de la demandada al difundir la información en los términos en que fue publicada (tanto en la portada como en los titulares del cuerpo interior), del momento que vincula una «expulsión» del demandante del cuerpo de Carabineros (hecho que no había ocurrido) con nexos con una banda de narcotraficantes; en circunstancias que la propia fuente de la información que cita señala que no hay antecedentes de esos nexos. Sigue de ello que si por los dichos del General de Carabineros que dio la información, y que le constaban al medio de prensa demandado al citarlos textualmente, no aparecían hasta ese momento «nexos» con la banda de narcotraficantes ya mencionada, la demandada obró con culpa evidente al destacar la existencia de tales nexos tanto en la portada como en los titulares del cuerpo interior. Es decir, cuando efectuó la publicación de la manera antes indicada, y sabiendo que tales vínculos no se habían establecido, actuando desaprensivamente, informó como si fueren efectivos, relacionando a ellos la salida de Carabineros del actor. Por tanto, la demandada sabía que la información no tenía caracteres de veracidad».

La resolución del Tribunal de Alzada agrega que «(…) no exonera de responsabilidad a la demandada la circunstancia que se hubiese informado en términos similares, por otros medios de comunicación, sobre los hechos que dieron origen al proceso, como quiera que es facultad del agraviado demandar a uno, a más de uno o a todos los que le habrían inferido el daño; no pudiendo diluir su propia responsabilidad por haber incurrido otros en hechos similares. Con todo, y aun cuando se aceptara la teoría de la equivalencia de las condiciones –que cita– para establecer el nexo causal, ello tampoco lo libera de responsabilidad, del momento que si otros medios concurrieron al hecho dañoso, sólo demostraría ello la existencia de causas concurrentes o concausas, pero no que por tal razón queda eximido uno de los que contribuyó al daño producido».

(Fuente: Diario Constitucional)

Proyecto «anti-encapuchados» fue aprobado en Comisión de Seguridad Ciudadana

carabineros fuerzas de orden protestaCon una sanción de hasta 40 UTM (un poco más de $1.800.000) podría ser sancionada una persona que, con ocasión de alteraciones al orden público, oculte su rostro para evitar su identificación. Además, podrá ser detenida «in situ» por Carabineros.

Así lo establece el proyecto de ley que aprobó este miércoles la Comisión de Seguridad Ciudadana, y que tiene por objetivo modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público, y permitir la detención en caso de flagrancia. El siguiente paso de la iniciativa es su debate y votación en la Sala de la Cámara.

Se trata de una moción de los diputados RN Gonzalo Fuenzalida, José Manuel Edwards yMarcela Sabat, PPD Daniel Farcas, PRSD Fernando Meza y Marcela Hernando, DC Gabriel Silber (quien lo informará ante el Hemiciclo) y UDI, Claudia Nogueira.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10717.

Consejo para la Transparencia acogió amparo de acceso a la información contra Ejército por no justificar secreto o reserva

FUERZAS ARMADASSe dedujo amparo de acceso a la información en contra del Ejército de Chile, fundado en que la respuesta otorgada es incompleta referente al Capitán que se indica, relativo la copia íntegra del o los actos administrativos, así como sus respectivos antecedentes fundantes, por los que se designó a determinados funcionarios del Ejército de Chile a un curso de adoctrinamiento para Oficiales de los servicios profesionales.

El Consejo para la Transparencia sostuvo en torno a la aplicación de la causal de reserva alegada por el órgano, respecto de la identidad de los demás Oficiales del Ejército de Chile que fueron designados para el Curso de Adoctrinamiento, esto es, el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, que resulta pertinente indicar que el citado artículo 436 numeral 1 del Código de Justicia Militar prescribe: «Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal».

Luego, la decisión expresa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no solo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, manifiesta que si bien el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

Así, el CPLT advierte que, analizados los antecedentes entregados en su oportunidad, la identidad del personal requerido, corresponde a dotación de las unidades de Justicia Militar, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria y Servicio Religioso. Por tanto, ni de la respuesta dada a la solicitud de información, ni en los descargos presentados al Consejo, el órgano reclamado señaló de qué manera se produciría la afectación con la entrega de la información solicitada, a alguno de los bienes jurídicos descritos en la norma constitucional, limitándose a señalar que sólo por tratarse de parte de la dotación del Ejército de Chile, se configuraba inmediatamente la reserva del artículo 436 del Código de Justicia Militar, sin considerar la afectación que expresamente exige el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política.

Conforme a lo anterior, el Consejo concluye acogiendo el amparo, toda vez que el Ejército no ha indicado de qué forma específica se produce afectación cierta y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de funciones del organismo, los derechos de las personas, la seguridad de la nación, o el interés nacional. Añade que se trata de argumentaciones de carácter genérico, desprovistas de elementos fácticos para realizar un adecuado juicio de ponderación y proporcionalidad por parte de esta Corporación.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el texto íntegro de la resolución, C305-16.

Corte de Apelaciones de Santiago dirime competencia en el denominado Milicogate

leopard tanque armaLa Corte de Apelaciones de Santiago determinó que corresponde al Segundo Juzgado Militar de Santiago seguir la tramitación de la investigación por infracción al artículo 367, número 1, del Código de Justicia Militar –falsificación de documentos militares–, en el  caso conocido como «Milicogate».

En fallo unánime (causa rol 3489-2014), la Undécima Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Alejandro Rivera, Jorge Norambuena Carrillo y el abogado (i) Jorge Norambuena Hernández– resolvió que la causa debe radicar en la justicia castrense por tratarse de una investigación por delitos militares en la cual se encuentra procesados el coronel de Ejército Clovis Montero Barra y el cabo Juan Carlos Cruz Valverde.

«Esta Sala por unanimidad plantea que las conductas a las cuales se han hecho mención, en relación a la investigación que se lleva actualmente en sede militar, dicen relación con delitos militares, en particular con el procesamiento respecto del 367 N°1 delito de iguales características y cometido por un funcionario público-militar, en consecuencia, dado lo dispuesto en el artículo 5° del Código de Justicia Militar, y lo señalado por el Ministerio Público Judicial, en su informe agregado a estos antecedentes, es de parecer de esta Sala que corresponde el conocimiento al Juzgado Militar en el cual actualmente se está tramitando esta investigación, en consecuencia, confirmando la resolución apelada, queda dirimida esta cuestión debiendo continuar el tribunal que actualmente se encuentra a cargo de esta investigación, debiendo comunicarse esta decisión a ambos tribunales, tanto al que se planteaba la contienda el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago como obviamente al Segundo Juzgado Militar de Santiago y además procediendo de conformidad a los artículos 109 del Código de Procedimiento Civil y 191 y 192 del Código Orgánico de Tribunales», sostiene el resolución.

(Fuente: Poder Judicial)

Suprema condena al Estado a pagar indemnización a seis sobrevivientes de la tragedia de Antuco

Antuco_VolcanLa Corte Suprema rechazó recurso de casación y ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) a cada uno de los 6 soldados conscriptos que sobrevivieron al ejercicio militar realizado el 18 de mayo de 2005.

En fallo unánime (causa rol 16269-2015), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jaime Rodríguez Espoz– confirmó el fallo impugnado que condenó al fisco a pagar las indemnizaciones.

«(…) tal como lo sostuvo esta Corte en los autos Rol N° 24.984-2014, la condena penal de los ex funcionarios del Ejército de Chile, como autores de cuasidelito de homicidio simple, implica admitir que aquellos incurrieron en lo que el derecho administrativo denomina una «falta personal» que ocasionó la muerte de algunos conscriptos que se encontraban a su cargo, así como el daño psíquico y psicológico respecto de otros conscriptos que sobrevivieron a los hechos. Sin embargo, atendido el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos, tal falta personal no se encuentra desvinculada del servicio, sino que se ha cometido, como lo refiere el fallo impugnado, en el ejercicio del mismo. En efecto, el hecho ocurre el día 18 de mayo de 2005, en circunstancias que los demandantes se encontraban realizando el servicio militar, razón por la que debían cumplir las órdenes emanadas del personal superior jerárquico en cuanto a ejecutar una marcha de repliegue hacia un recinto empleado como refugio, provistos para ello de ropa, equipo y alimentación entregada por el Ejército de Chile y capacitados e instruidos para realizar este tipo de ejercicios por la misma institución, por lo que claramente existe un entorno que está vinculado al servicio del que formaban parte los soldados intervinientes en estos hecho», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «En consecuencia, el Estado no puede desvincularse de la falta personal en que han incurrido sus agentes, por cuanto ha sido éste quien ha instalado a los conscriptos afectados en una determinada misión militar y les ha impuesto además la obligación de cumplir con los ejercicios o actividades de instrucción, de modo que la acción desplegada por los funcionarios condenados penalmente no se encuentra desprovista de vínculo con el servicio, sino que por el contrario, se ha cometido en el ejercicio de la función, la que se ha ejecutado indebidamente, comprometiendo por lo tanto la responsabilidad estatal».

«Que en efecto–continúa–, de lo hasta ahora razonado fluye la existencia de la relación de causalidad entre el hecho y el resultado dañoso, siendo del caso destacar que el vínculo causal es una materia que comprende un aspecto fáctico y otro aspecto normativo, siendo cuestionado a través del arbitrio únicamente el primer aspecto señalado, cuestión que en la especie no resiste análisis, toda vez que se estableció que los actores eran conscriptos que participaron en la fatídica marcha del 18 de mayo de 2005 y que a raíz de aquel suceso sufrieron daños que incluso fueron reconocidos por el demandado, quien esgrime que prestó ayuda sicológica a los conscriptos sobrevivientes para efectos de superar los traumas creados a partir de los hechos que motivan la presente acción. De este modo se descarta la infracción de los artículos 1698 del Código Civil en relación a los artículos 1437, 2314 y 2329 del mismo cuerpo normativo. Que, por otro lado, tal como se ha reflexionado, en los autos quedó asentada la existencia de una falta personal inescindible de la función pública desplegada por el agente del Estado, descartándose así la vulneración de los artículos 1° de la Ley N° 18.948, 42 de la Ley N° 18.575 y 2320, 2322 y 2284 del Código Civil, pues en la especie existe un factor de imputación que genera la responsabilidad del Estado».

(Fuente: Poder Judicial)

Aprueban en general proyecto que exige publicación de ley reservada del cobre

TRABAJADORES DEL COBRELa Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó -por 8 votos a favor y 5 en contra- el proyecto de ley que exige la publicación en el Diario Oficial de la Ley 13.196, Reservada del Cobre.

Al efecto, el diputado Pilowsky indicó que “Esta ley tiene que ser conocida por todos los chilenos, no es posible que en pleno sistema democrático aún no exista una ley de público conocimiento”.

En ese sentido, precisó que hay tres elementos que, a partir del análisis de la ley, podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Sobre esto, mencionó el 10% de las ventas de Codelco, de exportados respectos del cobre y sus derivados. “Ocurre que ese porcentaje aparece todos los años en la Contabilidad de Codelco y es un hecho público notorio que apareció, también, en el Libro de la Defensa del año 2010”.

Por otra parte, el Browne señaló que la ley no implica ningún riesgo para la seguridad nacional y que no hay nada de lo que no se tenga conocimiento. “Prácticamente todo se conoce y la verdad es que tenemos que ir despejando dudas que los ciudadanos tienen respecto de cómo están operando y financiándose las Fuerzas Armadas, porque se hace innecesario tener esta reserva de una ley que no compromete, absolutamente, nada.

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, y se espera que en la próxima sesión sea aproaba en particular.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10518-07.

Juzgado civil de Santiago acoge demanda de indemnización de servicios por negligencia de organismos públicos durante tsunami

terremoto catastrofeEl Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios por el fallecimiento de familiares a causa del tsunami causado por el terremoto del 2010.

La resolución del tribunal establece que si bien el SHOA no estuvo, por causas inimputables, en condiciones de cumplir rápidamente con su obligación reglamentaria de dar aviso a las respectivas autoridades navales y marítimas para la adopción de las medidas preventivas, sí podía dar aviso a estaciones de Carabineros con asiento en los puertos y caletas afectadas, cuyas comunicaciones no tenían impedimento alguno. Consulte fallo de primera instancia analizado por Microjuris.

El tribunal de primera instancia determinó la responsabilidad del Fisco en la muerte de los familiares de los demandantes debido a las negligencias graves ocurridas durante la emergencia, pues no realizó la comunicación a organismos a los que debió haber informando, lo que constituye una infracción gravísima al protocolo de emergencia que lo obligaba a informar, actuando con culpa por infracción de reglamentos.

Según el fallo, en el SHOA recae un deber exclusivo: es la única autoridad oficial en el país responsable de evaluar las informaciones sísmicas y de mareas para determinar la posibilidad de generación de un tsunami, emitir alertas y/o alarmas de maremotos y difundirlas o cancelarlas, todo según el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM) en el que participan las autoridades marítimas y civiles conforme a las disposiciones contenidas en la publicación Nº 3014, «Instrucciones Generales sobre el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos». Asimismo, la finalidad principal del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos será hacer llegar toda la información relacionada con la magnitud y hora estimada de llegada de un maremoto a nuestras costas, información que el SHOA debe entregar a las autoridades navales, marítimas y civiles (ONEMI) para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, entre ellas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en los puertos y caletas del litoral.

El SHOA debía poner en conocimiento de la alerta de tsunami a las autoridades civiles —como a la ONEMI, cosa que efectivamente hizo— pero también a autoridades navales y marítimas, para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, entre ellas las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en los puertos y caletas del litoral. Lo último no ocurrió, y los motivos esgrimidos —el colapso del sistema de comunicaciones, no del SHOA sino de los potenciales destinatarios— no justifican dicha omisión, pues no es efectivo dicho colapso respecto de Carabineros.

En su defensa, el Fisco aduce imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho, a causa del corte de comunicaciones post-catástrofe.

Pierde vigor la alegación de imprevisibilidad desde que el SHOA (que constituye un ente con Mando Técnico y es el único facultado para calificar la probabilidad de un maremoto) decretó alerta de tsunami y remitió dicha alerta por fax al CAT de la ONEMI a las 04:07 am, apoyado además en el primer boletín del Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, PTWC) recibido en la sala SNAM a las 03:48 horas, documento que había sido remitido por el PTWC a las 06:46, hora internacional, 03:46 hora de Chile, que indicaba también probabilida de tsunami. Ante este hecho cabe preguntarse dónde está la imprevisibilidad de una ocurrencia de tsunami. Abona lo dicho el que la alerta de tsunami emitida por el SHOA sólo fue cancelada a las 05:10 am, por lo que en el tiempo en que la ONEMI recibe la alerta de tsunami y finalmente ésta es erróneamente cancelada (varias olas ya azotaban las costas de Chile) se aprecia una conducta culposa del ente estatal. En consecuencia, era previsible la ocurrencia de un tsunami, pues así lo comunicaba la alerta del SHOA y el boletín del PTWC.

En cuanto a la irresistibilidad, por las evidentes razones de anormalidad vividas, se asentó em el procedimiento que la Armada de Chile estuvo imposibilitada sin culpa de hacer llegar la alerta a las autoridades navales y marítimas. Sin embargo, sí estuvo en condiciones de comunicarse con Carabineros apostados en las zonas afectadas, pues las comunicaciones de estos se mantuvieron en pie, y estaba obligado por protocolo a hacerlo y no lo hizo, lo que constituye una omisión culposa y no un caso fortuito o fuerza mayor.

Diputados presentan proyecto para homologar plazos de prescripción de responsabilidad administrativa en Fuerzas Armadas

FUERZAS ARMADASUn grupo de diputados presentaron una iniciativa legal para modificar el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, así como la ley orgánica constitucional de Carabineros, para aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria ante hechos irregulares.

El texto aumenta de dos a cuatro años el plazo de prescripción administrativa en caso de ilícitos para miembros de las FF.AA y Carabineros, hecho que hace justicia con el período que actualmente rige para quienes se desempeñan en la administración pública.

La propuesta surgió en el marco de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Investigadora del Fraude en el Ejército, particularmente, tras la presentación realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien indicó que uno de los problemas en la aplicación de sanciones por parte del órgano fiscalizador es el hecho que los uniformados tienen plazos de prescripción de su responsabilidad administrativa mucho menor al resto de los funcionarios públicos, dos años en el caso de los miembros de las FFAA y seis meses en el caso de Carabineros.

En los argumentos de esta moción, se señala que la probidad administrativa surgió en nuestro ordenamiento jurídico a propósito de la función pública y adquirió rango constitucional el año 2005. De esta manera, el principio de probidad exige a los funcionarios públicos, observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, poniendo el interés general siempre por sobre el particular.

De ahí entonces que exista un conjunto de deberes que deben cumplir todos los funcionarios de la Administración del Estado, y que la responsabilidad administrativa se origine en una infracción cometida por el funcionario público a dichos deberes, prohibiciones y/o incompatibilidades que le afecten.

Sin embargo, como toda responsabilidad, independiente de su naturaleza, una de las formas de extinguirla es por el transcurso del tiempo, vale decir la prescripción. La regla general de prescripción de la responsabilidad administrativa para los funcionarios se encuentra consagrada en el Estatuto Administrativo, que dispone que la acción disciplinaria prescribirá en un plazo de cuatro años.

Pero, tratándose del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estos plazos son diferentes, existiendo así «una manifiesta desigualdad entre la totalidad de los funcionarios públicos».

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de Ley, Boletín Nº 10623.

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