Corte de La Serena: La no renovación de una contrata de manera infundada atenta contra el principio de confianza legítima de la administración

Con fecha 14 de febrero de 2017, la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acoge el recurso de protección interpuesto por un funcionario contra el Instituto Nacional del Deporte, por no renovar su contrata mediante una resolución infundada. El tribunal considera que la resolución que no renueva la contrata que lleva 10 años en la Institución debe ser debidamente fundamentada. De otro modo, deviene en un acto arbitrario que contraviene el principio de confianza legítima, como ocurre en el caso.

La sentencia unánime del tribunal de apelaciones considera que al ser renovada durante 10 años la vinculación de funcionaria, al actor le asistió –al amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5, 8 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica– la confianza legítima de que sería recontratado para el año 2017. La confianza legítima se traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente. Es deber derivado del principio de la confianza legítima que los órganos de la administración del Estado actúen coherentemente, y en el caso de determinar una decisión distinta a la que han venido adoptando, dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de carácter positivo debidamente motivado a través del cual este se manifieste, justificado en hechos o circunstancias comprobables.

En concreto, parte de la arbitrariedad está en que el acto de notificación en que se indica al recurrente que no será nombrado para un nuevo período no aparece respaldado por un acto administrativo formal emanado de la autoridad superior del Servicio, precisamente porque el tal acto no existía todavía. Tal deficiencia en el proceder se intenta salvar mediante la posterior dictación de una Resolución por parte del Director Nacional en el que aparecen una serie de imputaciones, las que a esa fecha se encontraban abarcadas por un sumario administrativo recién iniciado, encontrándose pendiente la citación al recurrente a fin de que preste declaración ante la Fiscal instructor a cargo. Lo cierto es que ninguna de esas imputaciones —dada su gravedad— están comprobadas en la sede administrativa correspondiente, como tampoco en esta sede de protección, vale decir, al momento de la exoneración no se encontraban acreditadas con el resultado final del sumario administrativo, que el propio Director Nacional ordenó incoar para establecer las responsabilidades del caso sancionar al funcionario si fuere encontrado responsable, incluso con la destitución del cargo si resulta mérito para ello.

Adicionalmente, el Instituto transgrede la presunción de inocencia que asiste al funcionario, y se vulnera respecto de éste la garantía a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso primero de la Carta Fundamental, y por derivación se conculca también la prohibición de discriminación arbitraria aludida en el artículo 19 N° 2, inciso segundo, y la obligación del legislador de garantizar un procedimiento racional y justo, a que se refiere el artículo 19 N° 3 inciso sexto. Todo ello sobre la base de que el funcionario fue objeto de una exoneración irregularmente tramitada, principalmente porque además de que la notificación de exoneración no tenía causa jurídica (que se intentó sanear con una resolución tardía), esta fue basada en conjeturas sometidas a la investigación de un sumario administrativo recién iniciado y sin que conste en él acusación alguna emanada de la Fiscal a cargo, y menos una resolución sancionatoria de la autoridad competente, que pueda, por el momento, dar pie a la decisión de exonerarlo de la institución.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, si bien es cierto el artículo 20 de la Constitución no ofrece el recurso de protección respecto de todas y cada una de las garantías constitucionales, sí lo hace respecto de aquella que garantiza la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, entendida como el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar arbitrariamente entre ellas. En el caso particular, esto ocurre porque se ha aplicado al actor un procedimiento de exoneración apartado de las formalidades administrativas mínimas y sustentada en motivaciones que al momento de su concreción se apartaron de una ponderación objetiva y de la justificación necesaria que tal medida requiere, afectando la garantía señalada, anticipando la pena derivada de un sumario administrativo inconcluso.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Ingresó proyecto que regula reajuste de altas autoridades del estado

La iniciativa crea un Consejo Asesor cuyo rol será determinar el reajuste de las remuneraciones de las altas autoridades del sector público como ministros, subsecretarios e intendentes, además de los parlamentarios, para que estos no tengan que intervenir en definir su propio reajuste.

Así lo explicó el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien subrayó que este es un trabajo que lleva ya varios meses para ver “cómo tratamos las remuneraciones de los altos cargos públicos, para que el Congreso no tenga que votar su propio reajuste… y hacerse cargo de una crítica recurrente”.

El consejo, agregó Valdés, será de carácter técnico e imparcial, para que el reajuste de los altos cargos sea diferenciado del resto, destacando su importancia “porque va a mejorar la institucionalidad respecto de un tema que siempre es tenso”.

El personero también aclaró que esto no implica un congelamiento de las remuneraciones, lo cual en la práctica ya ha ocurrido en los últimos años, lo que a largo plazo, aseguró, genera un escenario complejo.

“Llevamos dos años en que las dietas y las remuneraciones más altas del sector público han tenido un reajuste real negativo, porque han sido nominalmente congeladas. Eso significa que ni siquiera han tenido la inflación, y por lo tanto se va acumulando una disminución real de los salarios, que puede tener buenas razones de corto plazo, pero que no se puede mantener como una constante, si no, vamos a tener un problema respecto de talentos en el sector público porque esto achata toda la estructura salarial”.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, relevó que este consejo en ningún caso reemplaza a la mesa del sector público que negocia año a año el reajuste para la totalidad de funcionarios de la administración del Estado. En la misma línea, puntualizó, el reajuste que el Consejo determine no podrá ser superior al reajuste general de remuneraciones de los trabajadores de la administración pública.

Sobre la urgencia, esta se resolverá una vez que se defina la agenda legislativa pero se espera que esté aprobado antes del próximo reajuste, en diciembre de 2017.

(Fuente: Diputados)

Contraloría se pronunció sobre incumplimiento de pago de honorarios y contratación de personas con discapacidad por parte de municipalidad

Contraloría General de la RepublicaSe denunció ante la Contraloría General de la República el incumplimiento en los pagos por servicios prestados en la Municipalidad de Cerro Navia en calidad de honorarios correspondientes al mes de abril y a los primeros días de mayo de 2016, por cuanto el trabajo que se habría desarrollado en esa entidad no tenía relación con el decreto alcaldicio que aprobaba la respectiva contratación, situación que habría originado la dilación en el desembolso de otros periodos en que ejerció sus labores. Añade que cuando consultó por la situación que le aquejaba, no tuvo respuesta por parte del Alcalde, la Administradora Municipal ni del Contralor Municipal.

Al respecto, el ente de control recordó que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa contenida en sus dictámenes N°s. 7.266 de 2005 y 40.050 y 49.429, ambos de 2014, ha considerado que las personas contratadas a honorarios, no le son aplicables las disposiciones de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por cuanto no tienen la calidad de funcionarios municipales.

Enseguida, la Contraloría indica a propósito de las indagaciones efectuadas sobre el particular, permitieron tomar conocimiento que la Municipalidad de Cerro Navia, el 30 de julio de 2015, dictó el reglamento N° 1 sobre “Contratación de Personas a Honorarios”, aprobado por la autoridad comunal en igual fecha, señalando sus artículos 23 y 24, las condiciones y fijación de la fecha de pago de esas personas dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.

Así, consta en dichos decretos la aprobación de las labores a honorarios del recurrente, fijándose como periodo de desempeño entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, cuyo cometido para el primer acto administrativo tenía relación con el “Estudio o proyecto que permita conocer de manera sistemática la situación actual de las organizaciones sociales de Cerro Navia, para construir fundamentalmente una propuesta que permita apoyar su desarrollo”, objetivo que fue cambiado en el mes de octubre de 2015 para “Desarrollar procedimientos de control interno a las operaciones que desarrolla la Dirección de Administración y Finanzas, en las áreas de Patentes Comerciales, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Recursos Humanos, con el fin de asegurar la eficiencia y resguardar la gestión municipal en éstas áreas”. Añade, que estas últimas funciones se prorrogaron y sancionaron para el año siguiente en el decreto alcaldicio N° 31, de 2016.
A su vez, la Contraloría hace presente que consultada a la autoridad comunal, esta indicó que habiendo revisado los libros de ingreso de correspondencia en la unidades de Recursos Humanos, Administración y Oficina de Partes, no existió constancia de la renuncia del denunciante, y que al no presentarse a trabajar la autoridad comunal dictó el decreto alcaldicio N° 312 de 2016, que le puso término al contrato a contar del 6 de mayo de ese año, en conformidad con la cláusula primera del acuerdo. Agrega, que conjuntamente se remitieron los desembolsos de las mensualidades de los servicios prestados por el afectado, desde el 2015 a marzo de 2016 y la hoja de observaciones N° 70, de 12 de abril de ese último año, del Contralor Municipal, quien no aprobó el pago de servicios del denunciante en el mes de marzo, pagaderos en abril, argumentando que la labor específica para la cual fue contratado no tenía relación con el informe mensual de actividades que describía las tareas asociadas al proceso de conciliación bancaria, concluyendo que eran ajenas a lo requerido y la improcedencia que fueran retribuidas.

Posteriormente, la autoridad comunal complementó la respuesta entregada inicialmente a la Contraloría, indicando que en forma previa al entero de los honorarios el ex contratado debe subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal en las hojas de observaciones N°s. 61, y 70, del 7 y 12 de abril de 2016, respectivamente, que objetaron el pago por los servicios prestados en marzo de este año, reiterando que las actividades informadas no daban cuenta del cumplimiento de las labores contratadas. Respecto a los desembolsos efectuados al ex servidor, se comprobó que en los meses de enero, febrero, agosto y septiembre todos de 2015, el entero se realizó en una fecha posterior a la periodicidad mensual establecida en el contrato a honorarios suscrito entre las partes y que existen montos adeudados desde abril de 2016 hasta los cinco primeros días de mayo.

Sobre la improcedencia del pago argumentada por el Director de Control de esa corporación edilicia, el órgano contralor aduce que tal como lo ha reconocido, los honorarios constituyen una contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador, en razón del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, en el cual el desempeño de una labor para la Administración lleva aparejado el pago de las sumas pertinentes, de manera que, de no realizarse dicho desembolso, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de ella, situación que acontecería en el caso que se analiza si no se pagan denunciante sus honorarios respecto del periodo mencionado precedentemente (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 75.482 de 2010, 54.812 de 2011, 62.690 de 2012, 5.620 de 2013 y 61.314 de 2014, todos de este origen).

De esa forma, la Contraloría concluye en síntesis manifestando que, en mérito de lo expuesto, la Municipalidad de Cerro Navia deberá, en el más breve plazo, pagar al afectado, informando de ello al Departamento de Atención y Denuncia Ciudadana, y ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que no adecuaron oportunamente el cambio de cometido asignado al afectado, remitiendo al citado Departamento la copia del decreto alcaldicio que lo disponga y la designación del fiscal en el plazo ya indicado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría determinó que personal a honorarios debe observar principio de probidad administrativa

Contraloría General de la RepublicaSe denunció ante la Contraloría General de la República –por parte del diputado Gonzalo Fuenzalida- que el personal que detalla de la Municipalidad de La Reina -durante su jornada laboral- habría participado directamente en la campaña electoral del ex alcalde de la comuna, en los pasados comicios municipales.

La entidad edilicia en cuestión informó que las personas insectionidualizadas en la presentación estaban contratadas bajo la modalidad de honorarios, por lo que no revisten la calidad de funcionarios municipales, encontrándose regidos por el respectivo contrato, el que no establece un horario laboral, de modo que, a su juicio, los actos que se cuestionan obedecen a actividades particulares de aquellos, desarrolladas en el ámbito de su vida privada y libertad de expresión.

Al respecto, el ente de control recordó que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4°, inciso tercero, de la Ley N° 18.883, las personas contratadas a honorarios se rigen por las reglas que establezca el respectivo convenio y no les son aplicables la disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo, sin que pueda entenderse, como indica el municipio, que se trata de un contrato arrendamiento de servicios inmateriales previsto en el Código Civil, pues este constituye una figura ajena al sistema de provisión de empleos públicos, tal como lo sostiene, entre otros, el dictamen N° 53.440 de 2015.

Agrega enseguida que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa, ha precisado que quienes cumplen actividades a honorarios no poseen la calidad de funcionarios y, por ende, carecen de responsabilidad administrativa (aplica dictamen N° 17.593 de 2015).
No obstante lo anterior, y a diferencia de lo que entiende el órgano comunal, la Contraloría expresa que quienes se desempeñan como contratados a honorarios en la Administración, deben observar el principio de probidad administrativa en el desarrollo de las tareas encomendadas en virtud del respectivo acuerdo de voluntades, por cuanto si bien no son funcionarios públicos, tienen el carácter de servidores estatales y realizan una función pública (aplica criterio contenido en el dictamen N° 27.856 de 2016).

Siendo ello así, indica el dictamen que aquellos que se encuentran ligados a la Administración en la mencionada calidad deben dar estricto cumplimiento en todas sus actuaciones al principio de probidad administrativa establecido en el artículo 8° de la Constitución Política y que se encuentra desarrollado en la Ley N° 18.575, cuyo artículo 62, en sus N°s. 2, 3 y 4, preceptúa que lo contravienen especialmente el hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.

De lo expuesto, el órgano contralor advierte que los servidores públicos -entre ellos los municipales-, cualquiera sea su jerarquía y con independencia del estatuto jurídico que los rija, están impedidos de desarrollar, en el ejercicio de sus cargos o funciones, dentro de las dependencias públicas o utilizando bienes públicos, cualquier actividad de carácter político, como lo sería, a manera ejemplar, hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 50.078 de 2013, y 69.300 de 2016).

De esa forma, concluye la CGR señalando que, de la documentación examinada -en especial, fotografías que darían cuenta del desarrollo de actos de campaña política en favor del ex alcalde de la Municipalidad de La Reina-, no ha sido posible apreciar si tales acciones fueron realizadas al margen del desempeño de la función pública, y utilizando recursos y bienes propios, circunstancias a las que no se refirió la entidad edilicia, por lo que corresponde que ese órgano comunal instruya la pertinente investigación a fin de indagar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los funcionarios involucrados, debiendo remitir copia del decreto que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría (aplica criterio contenido en el dictamen N° 58.415 de 2013).

(Fuente: Diario Constitucional)

Contraloría se pronuncia sobre requisito de trabajador a contrata para acceder vía concurso interno a calidad de contratado indefinido

Contraloría General de la RepublicaLa Contraloría Regional de la Araucanía remitió al ente contralor, la solicitud realizada por una servidora a honorarios de la Municipalidad de Lumaco, acerca de la revisión del cumplimiento del requisito de continuidad en su desempeño para acceder, vía concurso interno, en virtud del artículo 2° de la ley N° 20.858, a la calidad de contratada en carácter de indefinido, toda vez que, según señala, le faltarían 22 días para completar el período de 3 años exigido en dicho cuerpo normativo.

El municipio en cuestión informó que la propia peticionaria reconoce que le faltan 22 días para cumplir con el plazo de 3 años exigido por la anotada ley N° 20.858, y que, en la especie, no procedería hacer una interpretación extensiva de dicho cuerpo normativo que modifique un término legal.

Sobre el particular, el órgano fiscalizador hizo presente que la disposición por la cual se consulta establece un beneficio de carácter excepcional, por lo que conforme al principio de interpretación estricta de las normas de esta naturaleza, solo debe aplicarse en los casos expresamente contemplados, no pudiendo extenderse, sea por similitud o analogía, a otra situación no prevista en dicha normativa, como sería aceptar como cumplido el requisito de 3 años continuos de desempeño a honorarios para acceder vía concurso interno a la calidad de funcionario con contrato indefinido, respecto de aquellos servidores a los que les falten algunos días para que dicho plazo se verifique (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 5.438, de 2012 y, 68.584, de 2015).

Enseguida, sostiene el Contralor que, de los antecedentes tenidos a la vista, en especial de los contratos a honorarios de la recurrente y del certificado de fecha 28 de diciembre de 2015, emitido por el Encargado de Personal del Centro de Salud Familiar de Lumaco, aparece que la reclamante ha prestado servicios, en forma ininterrumpida, en esa calidad, con una jornada de 44 horas semanales desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que a aquella, al 11 de agosto de esta última anualidad -fecha de publicación de la anotada ley N° 20.858-, le faltaban 11 días para cumplir el periodo de tres años continuos sujeta a una jornada de trabajo de 33 o más horas semanales que exige la preceptiva en análisis.

Así, la Contraloría concluye señalando que al no verificarse en el caso el requisito antes señalado, no procedería que, en virtud de lo dispuesto en el aludido inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 20.858, acceda, vía concurso interno, a la calidad de contratada en carácter de indefinido.

(Fuente: Contraloría)

Consulte el Dictamen de Contraloría Nº 2.877 de 2016.

Reajuste del Sector Público: los beneficios que ya fueron aprobados por el Congreso

Funcionarios JudicialesPese al desacuerdo generado ayer en torno a algunos puntos claves del proyecto de reajuste del sector público, principalmente el porcentaje de aumento de las remuneraciones y el tope salarial para su aplicación, la iniciativa legal obtuvo igualmente la ratificación de una parte importante de sus contenidos.

En efecto, aparte de estos dos puntos, la propuesta contempla aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios del sector público; personal de las universidades y servicios traspasados; y para los trabajadores de establecimientos particulares de enseñanza subvencionados, de educación técnico-profesional, colaboradores del Sename, Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia.

Asimismo, la iniciativa contempla la entrega, en 2017, de un bono de invierno de $59.188 para los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores (Ley 16.744), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, los que se encuentren percibiendo aporte previsional solidario de vejez y a los beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez. Además, se consideran los respectivos aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para este sector.

Adicionalmente, el proyecto incluye la entrega de un bono de escolaridad y las ayudas complementarias a este beneficio; los aportes a los servicios de bienestar; el aporte a establecimientos de educación superior; la bonificación de nivelación y otras bonificaciones generales.

Pero, además de estas materias que se focalizan más bien en beneficios monetarios específicos para el sector público, la iniciativa aborda otras consideraciones que también fueron aprobadas por las dos Cámaras.

En este último contexto, se pueden mencionar una autorización para la modificación de la Planta de Personal de la Fiscalía Nacional Económica; cambios a los requisitos de ingreso y promoción de las Plantas de Profesionales y Administrativos de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño; la autorización para crear la Planta de Técnicos en la Dirección de Presupuestos; la modificación de requisitos de ingreso y promoción de la Planta de Profesionales del Consejo de Defensa del Estado; el perfeccionamiento de las leyes sobre incentivo al retiro; el otorgamiento de una asignación por desempeño en condiciones difíciles al personal asistente de la educación; y la entrega de una facultad al director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para crear un Plan Piloto de Teletrabajo, entre otros.

Escenario del reajuste

Luego que la Comisión Mixta no llegara a acuerdo, se procedió a notificar a la Presidenta de la República. La Mandataria podía hacer uso de la facultad constitucional de solicitar a la Cámara de Diputados que considerara nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por el Senado.

Este procedimiento, conocido como «insistencia» fue descartado por la Mandataria, según comunicó esta mañana, por lo que el proyecto fue remitido para su promulgación, constando en él solo aquellas materias en que no hubo discrepancias entre ambas Corporaciones.

Respecto de los puntos no aprobados por el Parlamento, la Presidenta Michelle Bachelet puede apelar a su derecho constitucional (artículo 73) de devolver el proyecto a la Cámara de origen con observaciones (veto), dentro del término de treinta días.

Para este último evento, la Constitución establece dos escenarios posibles:

1. Si las dos Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.

2. Si las dos Cámaras desechan todas o algunas de las observaciones e insisten por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.

Cabe mencionar que el veto puede tener tres características:

  1. Supresivo: elimina normas o partes de ellas.
  2. Aditivo: agrega una materia no considerada en el proyecto aprobado, pero que esté incluido dentro de sus ideas matrices o fundamentales.
  3. Restitutivo: reincorpora alguna materia considerada originalmente, pero que no logró la aprobación del Congreso Nacional.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10938.

Diputados despachan a Ley proyecto que tipifica el delito de tortura

juez justicia penal garantíaCon 103 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que modifica el Código Penal en relación al delito de tortura.

El texto legal tipifica el delito de tortura, con la finalidad de que nuestro país pueda dar cumplimiento a los compromisos contraídos en virtud de los tratados internacionales que se encuentran vigentes en esta materia y alcanzar los estándares exigidos por dichos instrumentos.

El proyecto se extiende, además, a otras figuras penales que también vulneran gravemente la dignidad de las personas, como son los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y las vejaciones injustas.

De esta forma, la iniciativa sanciona con presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio (61 días a tres años y un día) a quien, sin ser empleado público, participe en la incomunicación o uso de rigor innecesario de una persona recluida o haga arrestar o detener arbitrariamente a una persona.

En tanto, el empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se aplique tortura, será penado con presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años). Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o haga cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.

La misma pena se aplicará al particular que, en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación de un empleado público, o con su consentimiento o aquiescencia, ejecute este tipo de actos.

Definición de tortura

La norma define la tortura como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.

También se entenderá por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines mencionados. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años).

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Si a causa de la tortura muere la persona, esto será calificado como homicidio y sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometa cualquier vejación injusta contra las personas, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, en cuyo caso se aplicará solo la pena asignada por la ley.

Si esta conducta se comete en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez; o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público, la pena se aumentará en un grado.

En tanto, el empleado público del orden administrativo que maliciosamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte UTM.

En el artículo transitorio se señala que la ley solo se aplicará a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, mientras que para delitos anteriores se seguirá aplicando la normativa anterior.

Tras la aprobación de la Cámara, la iniciativa fue despachada al Ejecutivo para su promulgación.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9589.

Unánime apoyo a proyecto que aumenta las sanciones para los delitos de cohecho y soborno

cohechoEn forma unánime la Sala del Senado aprobó el proyecto, en primer trámite, que aumenta las penas para los delitos de soborno y cohecho y que además tipifica el delito de soborno entre particulares y administración desleal, entre otras medidas. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de discutirse en particular por la Comisión de Constitución, para lo cual se fijó plazo el 6 de octubre para presentarle indicaciones.

En lo principal, la iniciativa presentada por los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín, aumenta las penas para el cohecho impropio a reclusión menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años); el de cohecho propio a reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo (5 años a 10 años).

Asimismo, propone que para el delito de soborno las penas fluctúen de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio, es decir entre los 541 días hasta 15 años; mientras que para el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, eleva la pena a reclusión menor en su grado medio a reclusión mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años).

Durante el debate intervinieron los senadores Pedro Araya, Hernán Larraín, Rabindranath Quinteros, Alberto Espina, Felipe Harboe y Alfonso de Urresti, quienes destacaron la importancia de elevar los estándares de la legislación nacional en esta materia a los niveles internacionales.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10739-07.

A Comisión Mixta bono para el retiro de profesionales de la educación municipal

educacionLos integrantes de la Comisión de Educación y Cultura tomaron conocimiento de los cambios realizados por la Cámara Baja al proyecto que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822.

La norma en tercer trámite pasará a Comisión Mixta. Así lo informó el senador Fulvio Rossi, quien explicó que las diferencias sustanciales entre los parlamentarios dicen relación con la fórmula que se utilizará cuando existan más postulantes a los beneficios, que cupos.

“En simple, esta norma va en favor del personal de la educación pública, quienes recibirán dos bonos: dineros equivalentes a un mes por año, con un tope de once años para mejorar las condiciones de retiro; y otro por antigüedad”, explicó.

A su vez, detalló que “en lo esencial estamos de acuerdo en el contenido, pero la Cámara de Diputados nos han hecho ver a quién vamos a priorizar cuando hayan más postulantes que cupos. Queremos generar una fórmula con un criterio justo”.

PROYECTO

El proyecto tiene por objeto prorrogar el plan de retiro voluntario establecido en la ley Nº 20.822, beneficiando a los profesionales de la educación del sector municipal y de los establecimientos de administración delegada regidos por el decreto ley N° 3.166, que hayan cumplido o cumplan las edades legales para pensionarse por vejez.

La norma permitirá, durante los nueve años que se encontrará vigente, que hasta 20.000 profesionales de la educación puedan acceder a la bonificación por retiro voluntario. De esta forma, se beneficiarán los trabajadores y trabajadoras que cumplieron o cumplan, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2024, 60 años de edad, si son mujeres o 65 años de edad, si son hombres, y aquellos que al 31 de diciembre de 2015 hayan cumplido dichas edades o más, siempre que reúnan los demás requisitos para acceder a la bonificación.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10744-04.

Nuevo criterio respecto de licencias médicas y seguros de accidentes favorece a funcionarios públicos y al personal a honorarios

Contraloría General de la RepublicaLa Contraloría General de la República estableció, mediante sendos dictámenes, la oportunidad en que los empleadores pueden efectuar descuentos de remuneraciones por rechazo o reducción de licencias médicas y también la facultad de organismos públicos para pactar seguros de accidentes personales para servidores a honorarios.

En el primer caso, el dictamen N° 56.059, del 29 de julio de este año, establece que el descuento de remuneraciones originado por una licencia médica rechazada o reducida sólo puede efectuarse por los empleadores tras una determinación formal y fundada de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) respectiva o una vez transcurrido el plazo establecido para formular el reclamo correspondiente.

Por otra parte, se reiteró el derecho que asiste a los afectados a solicitar a Contraloría General la condonación o facilidades para su reintegro, conforme a la facultad otorgada en el artículo 67 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la CGR.

El segundo tema, señalado en el dictamen N° 55.754 del 28 de julio de 2016, indica que si bien los servidores a honorarios no revisten la calidad de funcionarios públicos, por lo que no es obligatorio contar con un seguro de accidentes personales contemplado en la ley N° 16.744, es viable que el servicio contratante pacte una póliza para cubrir imprevistos de este tipo, según la naturaleza de las funciones que se ejerzan.

Se indica, además, que el beneficio no debe tener mayor cobertura que la entregada a los funcionarios de igual repartición y que su extensión no podrá otorgarse más allá de 2017, ya que a partir de 2018 los servidores a honorarios deberán cotizar obligatoriamente como trabajadores independientes, según lo dispuesto en la ley N° 20.894.

(Fuente: Contraloría)

Consulte las resoluciones de Contraloría N° 55.754 y 56.059.

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