Corte de Apelaciones: «dejar el cuerpo de la menor nacida y posteriormente fallecida sin conocimiento de sus padres junto a restos orgánicos configura un hecho generador de daño moral»

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de apelación, confirmando la sentencia que condena de indemnización de perjuicios por daño moral al Hospital que trató de manera indebida el cadáver de una niña recién nacida que falleció luego del parto. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Con fecha 23 de enero de este año, la Corte de Apelaciones de Rancagua considero que en el caso se producía daño extracontractual por el indebido del cuerpo de la menor. Según los hechos establecidos en juicio, el cadáver de la menor fallecida fue desechado por el Hospital de manera indebida sin informar a los familiares. Su cuerpo sólo fue encontrado por la Brigada de Homicidios en una dependencia destinada al depósito de placentas, sobre unas bolsas plásticas con la leyenda de tratarse de residuos patológicos, y al interior de un congelador de plástico, marca «Fensa», de 84 × 62 × 87 cm de altura.

Teniendo en cuenta esto, la defensa arguyó que su responsabilidad era contractual, y solo llegaba hasta las prestaciones médicas entregadas a la madre y su hija, prestaciones que se habían cumplido íntegramente a pesar de no haber podido salvar la vida de la niña. El tratamiento del cadáver trascendía esta responsabilidad. Sin embargo, la corte estima que la responsabilidad de la clínica no se fundamenta en el régimen contractual que tenía la demandante con la demandada, sino que es una responsabilidad extracontractual –en virtud de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil– ya que el contrato de servicios médicos no cubre prestaciones posteriores a la muerte de la menor.

La defensa dijo que la clínica demandada menciona que el hospital no cuenta con unidad de anatomía patológica y, consecuencialmente, carece de las cámaras necesarias para el depósito de cadáveres. Esto significa que su actuar resultó impropio, representa culpa de su parte, y es el factor de imputación que puede atribuírsele, pues frente a tal escenario, una conducta diligente pudo efectivamente ser gestionar de inmediato el envío del cuerpo a un establecimiento con unidad de anatomía patológica o informar a la familia las condiciones en que se preservaría el cuerpo de la menor a la espera de la autopsia. Sin embargo, dejar el cuerpo junto a otros desechos orgánicos, considerando el estado de ánimo de la familia, fundamenta el daño moral reclamado.

Además, en el caso no se trata de una responsabilidad fundada en la labor de dirección o vigilancia respecto de terceros dependientes de la clínica, sino de la atribución de una responsabilidad directa a la clínica en relación a las situaciones que rodearon la entrega del cadáver de la menor fallecida y el trato que se le diera posteriormente a su cuerpo.

Corte Suprema condena a empresas a pagar indemnización a familiares de joven trabajador fallecido en accidente de tránsito

TRansitoLa Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a empresas mandante, contratistas y subcontratista a pagar una indemnización total de $275.000.000 (doscientos setenta y cinco millones de pesos) a la madre y hermana de Benjamín Vega Maldonado, joven de 15 años que falleció, el 7 de diciembre de 2013, atropellado mientras descarga un camión de bebidas.

En fallo unánime (causa rol 95.110-2016), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Alfredo Pfeiffer y la abogada (i) Leonor Etcheberry– confirmó la sentencia recurrida que condenó a la mandante Rendic Hermanos S.A.; a las contratistas Transportes Polar S.A. y Embotelladora Andina S.A., y a la empresa Ana María Díaz García EIRL, a pagar solidariamente $200.000.000 (doscientos millones de pesos) a Isabel Maldonado Carvajal (madre de la víctima), y $75.000.00 (setenta y cinco millones de pesos) a Jayleen Marzán Maldonado (hermana).

La sentencia confirma que las empresas demandadas son responsables por la muerte del joven trabajador, al no otorgar las medidas de seguridad necesarias para que cumpliera apropiadamente labores en la descarga de bebidas en un supermercado de Antofagasta.

«Que respecto, primeramente, de la infracción de ley denunciada por Ana Díaz García E.I.R.L., la sentencia establece que las instrucciones de la recurrente, empleadora directa de la víctima –joven trabajador que perdió la vida en el accidente-, lo expusieron a la probabilidad del daño, al ordenarle hacer la carga y descarga de bebidas de fantasía en la vía pública, sin tomar los resguardos mínimos necesarios para proteger su vida y salud, razón por la cual hace una correcta interpretación del artículo 2.330 del Código Civil, al desestimar su aplicación al caso, ya que fluye de los antecedentes antes descritos que no hubo por parte del trabajador una acción imprudente o temeraria que le sea atribuible», sostiene el fallo del máximo tribunal.

Resolución que agrega: «(…) en lo que dice relación con las restantes alegaciones referidas precedentemente, de los recurrentes Rendic Hermanos S.A., Transportes Polar S.A., y Embotelladora Andina S.A., cabe señalar que no se advierten las infracciones de ley acusadas, toda vez que la sentencia impugnada tuvo por acreditada la existencia de la relación entre cada una de las demandadas y el trabajador fallecido, así como las acciones ejecutadas y omisiones de cada una de ellas y el modo en que estas concurrieron en la ocurrencia del accidente, aplicando correctamente los jueces del fondo las normas citadas por las demandadas, tanto en cuanto se determina su responsabilidad en el hecho dañoso, como en cuanto se establece la naturaleza de aquella, disponiendo que cada demandada deba concurrir solidariamente al pago de las indemnizaciones decretadas, sin que sea posible para este tribunal modificar las conclusiones a que han arribado los sentenciadores, sin alterar previamente los hechos que se han dado por acreditados, lo que resulta improcedente atendida la naturaleza del recurso y desde que no se han denunciado infracciones a las normas reguladoras de la prueba».

«En lo referente –continúa–, concretamente, a la calificación de la participación de cada uno de los demandados en «un mismo hecho» –el atropello– (considerando vigésimo segundo), lo que lleva a aplicar la regla de la solidaridad del artículo 2.317 del Código Civil, que impugnan los recurrentes, es lo cierto que, aún en el evento de sostenerse que se ha incurrido en un error de derecho, no tendría influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto de igual modo debiera llegarse a la conclusión de que al haberse establecido que cada uno de los demandados, con su conducta, contribuyó a la producción del resultado dañoso, son obligaciones concurrentes que los hace responder de la totalidad del daño causado, en forma indistinta y hasta la concurrencia del monto total del mismo, por lo que si el daño lo repara uno, exonera al otro, circunstancia que si bien no es un caso de solidaridad, opera como tal y corresponden a lo que en doctrina se conoce como «obligaciones concurrentes o in solidum«.

(Fuente: Poder Judicial)

Patio 29: Corte de Santiago confirma fallo que ordena al Fisco pagar indemnización por errónea identificación de restos de ciudadano uruguayo

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a familiares de Arazati López López, ciudadano uruguayo cuyos restos fueron mal identificados por el Servicio Médico Legal (SML) a periciar osamentas inhumadas en el Patio 29 del Cementerio General.

En fallo unánime (causa rol 13.064-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Viviana Toro y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– confirmó la sentencia dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó indemnizar a los familiares de López López.

Los restos óseos del ciudadano uruguayo, detenido el 14 de septiembre de 1973 en una pensión de Avenida España, fueron erróneamente identificados en 1994 a través de pericias antropomórficas y repatriados a Uruguay. Sin embargo, en 2009 se comprobó con exámenes de ADN mitocondrial que habían sido mal individualizados.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo dictado por la jueza Rocío Pérez Gamboa, que estableció (causa rol 27.716- 2014) la responsabilidad del Estado por la falta de servicio del SML.

«Resulta un hecho público y notorio la necesidad de la ciudadanía, autoridades y por sobre todo de los familiares de víctimas detenidas desaparecidas de obtener certeza, no solo de su paradero en algunos casos, sino también de su identificación en el caso de los restos encontrados en el Patio 29 y que tal importancia y trascendencia ha sido expresada por el Estado en los distintos ámbitos y etapas de este proceso, lo que se ha podido apreciar por ejemplo en la resolución Exenta N° 554 del propio Servicio Médico Legal en el que se hace mención a la urgente necesidad de solucionar el problema de identificación, en la valiosa inversión económica que el informe Glasgow significó, y en los restantes esfuerzos económicos efectuados por el Ministerio de Justicia para implementar a este servicio de modernos equipos y capacitación para su personal», sostiene el fallo de primera instancia.

Resolución que agrega: «En este contexto la obligación y responsabilidad del Servicio Médico Legal resulta trascendente y relevante toda vez que debía emplear la mayor acuciosidad, seriedad y resguardo en el cumplimiento de esta tarea, advirtiéndose no solo la impericia de sus peritos y procedimientos aplicados, sino que además debió haber desplegado sus esfuerzos precisamente para refutar las conclusiones que se contenían en el denominado Informe Glasgow, omitiendo dar a conocer íntegramente dichos cuestionamientos, tanto a los tribunales que conocían de los diversos procesos como a los destinatarios de tal información».

«Valga consignar –continúa– que si bien es cierto que el avance de los conocimientos y de las técnicas de la ciencia, es permanente y en constante desarrollo, ello no eximía al Servicio Médico Legal de su deber de proporcionar un servicio de calidad y excelencia, debiendo estar al tanto de la ciencia a nivel internacional, sin que sea excusa para ello la falta de dotación o de implementación de la misma, puesto que el reproche que se le hace por esta sentencia no es carecer de ello, sino haber ocultado que existían reparos en su trabajo y en haber omitido en forma negligente, al parecer de esta juzgadora, que lo concluido tenia precisamente las características ya dichas, esto es, que estaba sujeto a los conocimientos y técnicas de que en ese momento se disponía, y más aún, que ya a esa data se contaba en el contexto internacional con otros medios de verificación. Lo esperable, era que al igual que en otros informes se consigne las salvedades, los porcentajes de certeza o margen de error (…) se tiene por establecido que el Servicio Médico Legal, en cuanto órgano de la Administración del Estado, entregó un servicio defectuoso, ocasionando una apresurada y errónea identificación de los restos del patio 29, que de generar daños obliga al Estado a su resarcimiento».

(Fuente: Poder Judicial)

Ideal contra Contacto: se hizo uso de la libertad de prensa de forma abusiva, sin permitir a la empresa presentar su versión de los hechos

contactoEl Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la empresa alimenticia Ideal S. A. contra Canal 13 por la transmisión, el día 9 de julio de 2013, de su capítulo de Contacto titulado: «Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?». Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 31 de enero, el tribunal de primera instancia acogió la demanda por responsabilidad extracontractual contra Canal 13 por la emisión de su programa de Contacto, donde se criticaban los productos de la empresa.

Según el tribunal, el ilícito civil cometido por el demandado se configura en la circunstancia de haber informado al demandante sólo 5 días antes de la emisión del programa de los cuestionamientos que merecían 3 de sus productos –Pan de Molde Integral, Pan de Molde Integral Light y Pan Blanco Light–. En el mismo sentido, no se le permitió a la empresa de forma real y efectiva el cotejo de los informes técnicos expuestos en el programa, para así poder evaluarlos y tener la chance de ejercer un real derecho a defensa con ocasión del programa emitido. Es más, después de salir el programa al aire e incluso 3 días después de televisado, el demandado no contaba con los análisis químicos de sus panes, lo que mermó las reales posibilidades de conducir las actuaciones necesarias para contener los efectos, de así quererlo.

Siguiendo el mismo sentido, la corte aclara que más allá de lo que hiciese o dejase de hacer la empresa a propósito de los hechos que se le imputaron y la efectividad o no de ser tales acusaciones fidedignas, correspondía que el público se formara su propio juicio sobre los panes criticados en el programa, contando con ambas versiones de los hechos. Sin embargo, esto fue imposible, dado que el demandado limitó el acceso a la información de los estudios realizados a la empresa, no pudiendo ésta defenderse, mostrándose en cámaras una sola versión de los hechos, una única hipótesis, una realidad incompleta.

En tal sentido, el tribunal resuelve que

(…) correspondía que Ideal S. A. tuviese a lo menos la oportunidad de conocer los informes en el cual se sustentaban las imputaciones, pudiendo así sentar ya sea en cámara o por otros medios, la discusión acerca de la efectividad de haberse encontrado frescas o no vencidas las muestras de pan de molde Ideal integral regular, integral light y blanco light, así como la relevancia o no de ello en lo que concierne al análisis de materia grasa.

Misma suerte fluye de la discusión en torno a la falta de especificación de lotes, número de muestras analizadas, omisión de los resultados de fibra dietaria, proteínas de las muestras y falta de indicación del factor de incertidumbre de los resultados o margen de error al momento de efectuar y elaborar el análisis químico por parte del DICTUC, aducidos por el demandante; así como el hecho de plantear la interrogante por Ideal de haberse sometido a análisis por el DICTUC productos cuya composición de ingredientes había variado a la fecha de emisión del programa, dado que el análisis químico se había realizado hace más de un año y medio antes de la transmisión del programa cuestionado.

El haber retenido Canal 13 el acceso a Ideal de los informes DICTUC, impidió que el actor se defendiese planteando las discusiones precedentemente señaladas y, así, dejar que el espectador tuviese a mano todas las versiones de los hechos, con un cabal acceso a la información, formándose su propio juicio acerca de las circunstancias.

Complementando esto, y ante la alegación del canal de estar amparado bajo la libertad de prensa, el tribunal considera que si bien existe este derecho, esto no implica que el periodista se encuentre facultado a su ejercicio bajo cualquier escenario y sin coto, sino que el régimen de responsabilidad civil imperativo en nuestro derecho sirve de marco teórico para su correcto ejercicio, lo que incluso tiene amparo constitucional en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental y asidero legal en cuerpos normativos específicos, tal como ocurre con la Ley N° 19.733 en su artículo 1. De esta manera, aun cuando la información pretendida divulgar por el demandado era de interés público –al ser el pan un producto básico y de consumo masivo–, y debiendo prevalecer este interés sobre el particular, se presentó como verdad absoluta un informe que a lo menos merece algún grado de cuestionamiento, y el canal limitó el derecho a conocer la información al afectado, no permitiéndole defenderse. Es decir, haciendo ejercicio de la libertad de prensa, la aplicó de forma abusiva, no pudiendo de esta manera acogerse esta defensa.

A propósito del daño efectuado por el ilícito civil, se estima, en primer lugar, que hay lucro cesante sufrido por el demandante como consecuencia del programa de televisión. Ello, pues la una mala publicidad del programa sí produjo efectos adversos en las ventas. Asimismo, se acredita que la emisión del programa de televisión sí se erigió en los consumidores como un elemento de mala publicidad que modificaría sus hábitos de consumo. Por lo tanto, hay un vínculo de causalidad entre el ilícito civil del demandado y los perjuicios comprendidos entre la emisión del programa.

Sin embargo, respecto al daño moral, si bien se considera que una persona jurídica puede sufrir daño moral, esta diría relación con el daño causado en su «nombre», «reputación» o «imagen», todo lo que se condice con el principio de reparación integral del daño conforme al artículo 2329 del Código Civil (ref:leg2522.2329). Pero no se pudo hacer lugar a este daño.

Es necesario cotejar en juicio la efectividad de haber sufrido el demandante daño en el ámbito extrapatrimonial. Sin embargo, en los dichos de la parte demandante se mezclan en materia de daño moral nociones en cuanto al «valor de la marca» y, por otro lado, menores ventas de todas las otras canastas de productos, es decir, de aquello que no corresponde a pan de molde, señalando que habría experimentado un menor nivel de ventas en general. El daño moral en este caso dice relación con el menor valor marca como consecuencia del Programa, y no con el menor volumen de ventas de otros productos suyos. El menor volumen de ventas de otros productos corresponden a lucro cesante, y podrían decir relación con un abanico tan amplio de motivos como gustos y preferencias de los consumidores tienen respecto a tales alimentos.

La corte, por tanto, acoge la demanda interpuesta condenando al pago de indemnización por la existencia de daño emergente y lucro cesante a causa de la comisión del ilícito civil.

Corte de Apelaciones de Valparaíso confirma sentencia que condenó a oftalmólogo por discriminación arbitraria

Corte-de-Apelaciones-de-Valparaiso-pjud.cl_La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó -el pasado viernes 3 de febrero- la sentencia recurrida, que condenó al oftalmólogo Carlos Daniel Schiappacasse Maturana, por discriminación arbitraria de la asesora del hogar Patricia Valdebenito Vargas, a quien intentó sacar de un ascensor del edifico Atlantis, el 26 de septiembre de 2015.

n fallo unánime (causa rol 1885-2016) la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Carolina Figueroa, Rosario Lavín y el abogado (i) Hugo Fuenzalida– confirmó la sentencia dictada el 26 de agosto de 2016 por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, que condena al facultativo a cancelar una multa a beneficio fiscal de 30 UTM (unidades tributarias mensuales).

«Que la parte demandada, esto es, Carlos Daniel Schiappacasse Maturana, al evacuar su informe reconoce que instó a doña Patricia Valdebenito Varas a bajarse del ascensor de mala forma, para luego proceder a sacar a la fuerza al perro e intentar hacer lo mismo con la parte demandante, quien se resistió a ello, aconteciendo que resulta fuera de dudas que la parte demandada identificó claramente a la parte demandante como una Asesora del Hogar», estableció el fallo confirmado.

La resolución de primera instancia agrega que la actitud del demandado «(…) involucra una perturbación en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República, en especial el consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Magna, esto es el de igualdad ante la ley»

El fallo concluye que «se declara que la parte demandada ha incurrido en una discriminación arbitraria respecto de la Asesora del Hogar, doña Patricia Angélica Valdebenito Varas, aplicándosele a don Carlos Daniel Schiappacasse Maturana una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales, a beneficio fiscal».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema condena al Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota por muerte de recién nacido en hospital de Quilpué

receta medicaLa Corte Suprema condenó al Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota a pagar una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) a madre de recién nacido que falleció el 18 de noviembre de 2011, en el Hospital de Quilpué por falta de servicio.

En fallo unánime (causa rol 31.492-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– estableció la responsabilidad del servicio recurrido por la falta de atención brindada al hijo de Jocelyn Fuentes Figueroa.

«Que a fs. 261 y 238 de autos se agregó el sumario administrativo en que se consignó, tanto en la formulación de cargos como en la sanción impuesta, que hubo un actuar negligente de dos funcionarias de la recurrida, sumario que según las normas citadas debe tenerse por reconocido y en consecuencia hace plena prueba. Establece que hubo faltas de esas funcionarias que implicaron negligencia o falta de cuidado debido en su actuar, lo que provocó el lamentable deceso del hijo de la demandante y recurrente», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «en el contexto de lo ya expuesto cabe concluir en este caso el elemento causal del daño producido es la falta personal de las funcionarias del Servicio recurrido, la cual compromete la responsabilidad de la demandada desde que se concretó justamente en el ejercicio de la función o servicio que a la demandada correspondía brindar a sus usuarios, en este caso la recurrente».

«Desde esa perspectiva –continúa–, el Servicio recurrido no puede desvincularse de la falta personal en que incurrieron dos de sus funcionarias, puesto que los acontecimientos tuvieron lugar en un servicio de su dependencia, por profesionales asignados al mismo y en un horario normal de funcionamiento, de modo que las acciones desplegadas por ellas no se encuentran separadas del servicio, evento en el que resulta clara la responsabilidad del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, que tiene a su cargo al Hospital de Quilpué».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones de Santiago rechaza demanda contra Defensoría Penal Pública por falta de servicio

palacio tribunales santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo que rechazó demanda presentada en contra de la Defensoría Penal Pública –DPP– por una supuesta falta de servicio al no otorgar asesoría jurídica en un procedimiento abreviado a acusado por tráfico de drogas.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Pedro Advis y la abogada (i) Paola Herrera– ratificó la sentencia dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda presentada por Leonel Veliz Trujillo, condenado en julio de 2009, a la pena de 3 años y un día de presidio por el Juzgado de Garantía de Arica, y que alega que no tuvo asesoría jurídica oportuna de la DPP.

«Que ningún vicio se advierte en la especie pues ciertamente si lo que ha pretendido el actor, como lo señaló en su escrito de fojas 294, es que el servicio Médico Legal de Arica informara sobre las consecuencias post traumáticas que provocó a su parte el haber sido condenado por el delito de tráfico de drogas y si sufrió o no daño moral por la conducta negligente que se le imputa a la Defensoría Penal Pública, ha debido solicitar el nombramiento de un perito médico psiquiatra y procederse en la forma que prescribe el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, esto es, citando el tribunal a las partes a una audiencia en la que se debe fijar primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener y el punto o puntos materia del informe; y si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «en este orden de cosas, aun aceptando -para los efectos de construir la hipótesis- que lleva razón el apelante y que el daño moral sí está probado o que se lo debe presumir, lo cierto es que, como ha quedado de manifiesto, el fallo impugnado rechaza la demanda también porque aún de existir un daño éste no tiene relación causal con la falta de servicio acreditada sino que con la propia conducta del demandado al aceptar un juicio abreviado. De este modo, en esta hipótesis, igualmente la sentencia habría de confirmarse, pues esta última conclusión del fallo de primer grado -la de no haber nexo causal entre perjuicios y falta de servicio no ha sido atacada por el apelante».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago confirma fallo que ordenó a concesionaria indemnizar a víctimas por caída de pasarela en aeropuerto

aerolinea avion aeropuertoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a la empresa concesionaria SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. a pagar una indemnización de alrededor de $90.000.000 (noventa millones de pesos) a cinco mujeres que resultaron lesionadas por la caída de una pasarela en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en febrero de 2010.

En fallo dividido (causa rol 6.334-2016), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Pedro Advis y el abogado (i) David Peralta– confirmó la resolución dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago que condenó a la empresa por las lesiones sufridas por las demandantes, quienes se encontraban en el terminal aéreo la madrugada del 27 de febrero de 2010, en los momentos en que se registró un terremoto en la zona centro sur del país.

La resolución del tribunal de alzada confirma la resolución que estableció la responsabilidad de SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. por los desperfectos en la construcción de la pasarela que provocaron su derrumbe.

«Como puede advertirse, la norma recién transcrita le impone a las sociedades concesionarias de las obras públicas licitadas, entre las cuales se hallaba la demandada «SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.», la obligación de responder por todos los daños que se causen a terceros, motivo por el cual se les impone precisamente la obligación de adoptar las medidas que impidan tales daños, de modo tal que los desperfectos que presentaba la pasarela N° 2 son imputados por el ordenamiento jurídico a la señalada demandada, quedando así obligada a la indemnización», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «(…) la necesidad jurídica de indemnizar los daños padecidos por las demandantes se hace más evidente si se tiene en cuenta -como se ha asentado previamente- que no todas las pasarelas presentaron desperfectos con motivo del sismo que tuvo lugar el 27 de febrero de 2010, por lo que aquellos que experimentó la estructura siniestrada y causaron su caída son atribuibles a «SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.», que no los advirtió ni reparó».

«(…) una conclusión en sentido diverso –continúa– llevaría a la falta de operatividad del sistema de responsabilidad contemplado en el comentado artículo 62, por lo que también corresponde desechar la alegación de la sociedad concesionaria demandada de concurrir la eximente de responsabilidad de fuerza mayor o caso fortuito».

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Advis, quien consideró «que las demandantes no han demostrado los presupuestos de la obligación indemnizatoria cuyo reconocimiento se reclama».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema confirma sentencia que condenó a colegio de Chillán por suicidio de alumno víctima de matonaje escolar

supremaLa Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a establecimiento educacional de Chillán a pagar una indemnización de $8.000.000 (ocho millones de pesos) al padre de estudiante que sufrió maltrato escolar.

En fallo unánime (causa rol 58.852-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Guillermo Silva, Rosa María Maggi, Ricardo Blanco y los abogados (i) Daniel Peñailillo y Rafael Gómez– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida que condenó al colegio La Araucana de Chillán a indemnizar a un apoderado, cuyo hijo se suicidó en septiembre de 2011, tras sufrir varios episodios de maltrato escolar de compañeros.

«En lo que estrictamente atañe al recurso de casación que se analiza, el fallo ha dejado asentada la existencia de un contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre las partes en el que la demandada asumió no sólo el deber de prestar un servicio educacional al hijo de la recurrida sino también una obligación de seguridad consistente en proteger la integridad física y psicológica del educando según se explicita en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar que naturalmente debe entenderse incorporado a dicho contrato de servicios educacionales. También establecen que el beneficiario de esa convención sufrió reiterados episodios de burlas, amenazas y golpes al interior del Centro de Estudios La Araucana, suicidándose en su hogar el 7 de septiembre de 2011», sostiene el fallo del máximo tribunal.

Resolución que agrega: «En tales condiciones, los jueces determinan que correspondía al demandado acreditar que empleó el cuidado y diligencia debidos en el cumplimiento de sus deberes contractuales, sin que la prueba aportada resultara idónea para tales fines, estableciendo asimismo que dicha parte no cumplió con su obligación de resguardo respecto del estudiante, pues dentro del establecimiento educacional fue objeto de conductas de matonaje, acoso u hostigamiento, conocidas como «bullying» –que en la actualidad encuentran expreso reconocimiento en la Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, publicada en el Diario Oficial de 17 de septiembre de 2011– conductas que se ejecutaron incluso hasta el día anterior a la muerte del hijo de la parte demandante, determinando además que ni aún después de haberse producido el deceso de su estudiante el establecimiento educacional impetró las medidas disciplinarias diseñadas en su Reglamento Interno de Convivencia, pese a haberse comprometido ante la Dirección Provincial de Educación de Ñuble a investigar los hechos. Sobre la base del antedicho presupuesto fáctico los juzgadores expresan que la obligación de seguridad de que se viene tratando -y la de vigilancia que supone aquella- no resulta morigerada por la complejidad de las relaciones que el hijo del actor pudo mantener con sus pares o su renuencia a acatar las normas reglamentarias del establecimiento, ya que todavía en tal escenario propuesto por la defensa de la recurrente, tales conductas «constituían un riesgo aún mayor frente al cual el demandado debía intensificar los mecanismos que garantizaran su seguridad y que no cumplió, como se dijo, admitiendo, además, su fracaso, al señalar que jamás se enteró de las situaciones de maltrato que padecía el menor, ya que el cumplimiento de tal obligación suponía la pesquisa prematura de tales episodios, con prescindencia de la actividad de terceros», concluyendo así que el demandado no acreditó el cumplimiento de la obligación de seguridad y cuidado a que se encontraba obligado, «carga probatoria que era exclusivamente de su cargo, conforme lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil«.

(Fuente: Poder Judicial)

Suprema condena al Estado a pagar indemnización a seis sobrevivientes de la tragedia de Antuco

Antuco_VolcanLa Corte Suprema rechazó recurso de casación y ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) a cada uno de los 6 soldados conscriptos que sobrevivieron al ejercicio militar realizado el 18 de mayo de 2005.

En fallo unánime (causa rol 16269-2015), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jaime Rodríguez Espoz– confirmó el fallo impugnado que condenó al fisco a pagar las indemnizaciones.

«(…) tal como lo sostuvo esta Corte en los autos Rol N° 24.984-2014, la condena penal de los ex funcionarios del Ejército de Chile, como autores de cuasidelito de homicidio simple, implica admitir que aquellos incurrieron en lo que el derecho administrativo denomina una «falta personal» que ocasionó la muerte de algunos conscriptos que se encontraban a su cargo, así como el daño psíquico y psicológico respecto de otros conscriptos que sobrevivieron a los hechos. Sin embargo, atendido el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos, tal falta personal no se encuentra desvinculada del servicio, sino que se ha cometido, como lo refiere el fallo impugnado, en el ejercicio del mismo. En efecto, el hecho ocurre el día 18 de mayo de 2005, en circunstancias que los demandantes se encontraban realizando el servicio militar, razón por la que debían cumplir las órdenes emanadas del personal superior jerárquico en cuanto a ejecutar una marcha de repliegue hacia un recinto empleado como refugio, provistos para ello de ropa, equipo y alimentación entregada por el Ejército de Chile y capacitados e instruidos para realizar este tipo de ejercicios por la misma institución, por lo que claramente existe un entorno que está vinculado al servicio del que formaban parte los soldados intervinientes en estos hecho», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «En consecuencia, el Estado no puede desvincularse de la falta personal en que han incurrido sus agentes, por cuanto ha sido éste quien ha instalado a los conscriptos afectados en una determinada misión militar y les ha impuesto además la obligación de cumplir con los ejercicios o actividades de instrucción, de modo que la acción desplegada por los funcionarios condenados penalmente no se encuentra desprovista de vínculo con el servicio, sino que por el contrario, se ha cometido en el ejercicio de la función, la que se ha ejecutado indebidamente, comprometiendo por lo tanto la responsabilidad estatal».

«Que en efecto–continúa–, de lo hasta ahora razonado fluye la existencia de la relación de causalidad entre el hecho y el resultado dañoso, siendo del caso destacar que el vínculo causal es una materia que comprende un aspecto fáctico y otro aspecto normativo, siendo cuestionado a través del arbitrio únicamente el primer aspecto señalado, cuestión que en la especie no resiste análisis, toda vez que se estableció que los actores eran conscriptos que participaron en la fatídica marcha del 18 de mayo de 2005 y que a raíz de aquel suceso sufrieron daños que incluso fueron reconocidos por el demandado, quien esgrime que prestó ayuda sicológica a los conscriptos sobrevivientes para efectos de superar los traumas creados a partir de los hechos que motivan la presente acción. De este modo se descarta la infracción de los artículos 1698 del Código Civil en relación a los artículos 1437, 2314 y 2329 del mismo cuerpo normativo. Que, por otro lado, tal como se ha reflexionado, en los autos quedó asentada la existencia de una falta personal inescindible de la función pública desplegada por el agente del Estado, descartándose así la vulneración de los artículos 1° de la Ley N° 18.948, 42 de la Ley N° 18.575 y 2320, 2322 y 2284 del Código Civil, pues en la especie existe un factor de imputación que genera la responsabilidad del Estado».

(Fuente: Poder Judicial)

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