Diputados piden urgencia a debate sobre Protección de Datos Personales

Como un tema urgente de abordar en el país calificó el diputado de la Democracia Cristiana y presidente del Comité de Evaluación de la Ley, Pablo Lorenzini, la modernización de la normativa vigente sobre protección de datos personales.

El parlamentario explicó que este es un proyecto muy complejo, que se analizó en el Departamento de Evaluación de la Ley, y que tiene que ver con el mundo privado, la ciudadanía y con las reglamentaciones internacionales.

En ese contexto, señaló que, tras revisar la realidad actual, queda en evidencia la vulneración a la privacidad de los chilenos, ya que las bases de datos son compartidas entre las empresas privadas, sin que exista un control adecuado al respecto.

Por ello, el diputado pidió que se asigne urgencia al debate sobre protección de datos personales, considerando, además, que se suscribió un compromiso con la OCDE para avanzar en esta línea, que aún no se ha concretado.

“Es necesario legislar en este ámbito, manteniendo los resguardos para no tener un efecto contraproducente, ya que hay aspectos sobre probidad y transparencia que, en el caso de las autoridades, deben ser públicos”, aclaró.

Asimismo, resalto que se requiere, además, la creación de una Agencia de Protección de Datos que pueda fiscalizar el nuevo sistema con total independencia, respecto del trabajo de los ministerios.

Proyecto de Ley

La iniciativa abordaría una serie de temas que dicho departamento analizó, entre los que se destacan el establecimiento de siete principios que regirían el tratamiento de los datos personales: licitud del tratamiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad e información. En este último se incorporan los Derechos Arcos, que a su vez, tipifican claramente los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición.

El nuevo texto crearía, además, el derecho de portabilidad de la información, regularía la cesión de datos, definiría datos sensibles y categorías especiales sobre estos. También incorporaría reglas especiales para ciertos tipos de datos, como por ejemplo, los relativos a la salud.

Al mismo tiempo, regularía el tratamiento de datos personales por parte de organismos públicos y crearía una Agencia de Protección de Datos Personales.

Evaluación de la Ley

Cabe destacar que los profesionales del Departamento de Evaluación de la Ley realizaron un estudio de la eficiencia y eficacia de la actual Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, texto que fue entregado al Ministerio de Hacienda a fines del 2016 y que recomienda, entre otras cosas, modificar el concepto de dato personal, como también el de dato estadístico, así como identificar el de personal identificable.

Asimismo, señala que la definición de «fuentes accesibles al público» es poco clara en la ley actual y con escaso control sobre su finalidad. Al tiempo que existiría una utilización abusiva de datos sensibles.

A lo anterior, se añade la ausencia de límites en el tratamiento de datos por organismos públicos y el escaso cumplimiento de las instituciones del estado de inscribir sus bases de información en el registro de bancos de datos personales a cargo del Servicio de Registro Civil. Las cifras oficiales señalaron que a mayo del 2016 sólo 99 entes públicos de un universo de 700 habían cumplido con esta obligación.

Por último, se establece que la actual Ley N° 19.628 carece de sanciones efectivas en caso de infracción a la normativa y la ausencia de un órgano administrativo autónomo que vele por el cumplimiento de esta.

(Fuente: Diputados)

Expertos en derecho digital analizaron junto a Comisión de Constitución el proyecto de derecho al olvido

internacional tratados cooperacion diplomaticos diplomaciaPedir la eliminación de información desfasada y eventualmente perjudicial en una red o páginas específicas de información, es lo que busca regular el proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, para efectos de garantizar al titular de datos personales el derecho al olvido, que fue analizado este miércoles por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Renato Jijena, profesor en derecho informático de la Universidad Católica de Valparaíso, señaló que debatir en torno a esta iniciativa es de gran importancia, debido a que esto abre un debate donde son varios los bienes jurídicos que requieren ser amparados.

“Se tiene que ver cómo conjugar la necesidad de que exista transparencia de acceso a la información, con ciertos antecedentes que, eventualmente, fueron verdaderos en el pasado, y analizar qué pasa con esa información años después (…). Creo que el mejor ejemplo que se ha usado es el de los antecedentes penales”, afirmó.

Al mismo tiempo, Jijena añadió que el proyecto, como toda idea a debatir, es genérica y la mejor regulación requiere precisión y detalle. “Hay que trabajar las excepciones, porque son distintas las situaciones que se pueden presentar, entonces como un marco genérico conceptual de debate, me parece una muy buena iniciativa”, resaltó.

Una legislación completa

En tanto, Francisco Arellano, representante de la Fundación Datos Protegidos, aseguró que es sumamente importante que haya una discusión y legislación sobre el tema del derecho al olvido, pero el proyecto que se presenta es incompleto e impreciso, puesto que se corre el riesgo de vulnerar otros derechos fundamentales que colisionan con la legislación sobre el olvido.

“El derecho al olvido podría vulnerar la libertad de expresión, la memoria histórica, el ejercicio periodístico y el derecho a la información, entonces se requiere una legislación robusta y completa que se haga cargo de casos específicos, por ejemplo cuando una persona que fue imputada busca ser reinsertada en la sociedad”, planteó.

Asimismo, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, argumentó que las causales que establece este proyecto, para la aplicación del derecho al olvido, son excesivamente amplias y, por tanto, no permiten la correcta ponderación de los distintos intereses en juego, situación que según aclaró, podría significar una lesión a otros derechos constitucionales como lo son la libertad de prensa, el derecho al acceso a la información, la memoria histórica y el ejercicio del periodismo de investigación.

“Chile no cuenta con la legislación como la que tiene Europa y, al mismo tiempo, tampoco es efectivo que el camino europeo sea el más deseable, porque al establecer que se tiene que reclamar entre los motores de búsqueda, como lo ha hecho la Unión Europea, es hacer que sea un empresa privada la que, en primera instancia, tenga que decidir qué contenidos pueden estar o no disponibles en internet. Creemos que eso es complicado en términos de libertad de expresión y otros derechos fundamentales”, insistió.

Luis Pardo, presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social, en tanto, manifestó que el proyecto presenta muchos elementos difusos que son necesarios de precisar. “Es una iniciativa que está anclada a una ley que tiene que ver con la protección de datos personales, pero que incursiona en materias que dicen relación con la libertad de expresión y de prensa”, afirmó.

Materia controversial

Según expresó el presidente de la Comisión y autor de la moción, diputado Guillermo Ceroni (PPD), las exposiciones han permitido clarificar un tema que es complejo y donde se tendrá que legislar en forma especial. “El sentido que tiene el proyecto es que se elimine y quede caduco, después de un cierto tiempo, algún hecho de la vida privada, pero eso hay que hacerlo de tal manera que no signifique afectar el derecho a la información y borrar la historia de un país”, comentó.

En esa línea, el legislador recalcó que es un tema complejo e interesante de analizar, sobre todo porque, además, tendrían que existir tribunales especializados en la materia y no como existen hoy día en conjunto con otras entidades públicas.

Sobre lo anterior, precisó que se espera poder resolver el tema en una legislación compacta y escuchando a más expertos con el fin de compatibilizar otros derechos. “Vamos a escuchar al Consejo para la Transparencia; a la Defensoría Penal; y representantes de empresas como Google, para trabajar en un proyecto de ley mucho más completo”, expresó.

Por su parte, el diputado Daniel Farcas (PPD), también autor de la iniciativa, aclaró que esto es, sin duda, una materia controversial en donde lo que se quiere es que las personas tengan una oportunidad de defenderse frente a imputaciones que han sido injustas o que han sido desacreditadas a lo largo del tiempo.

“Lo que hemos escuchado, de parte de los expertos, es siempre esta contraposición de dos valores, es decir, cómo hacemos que en una sociedad democrática no exista ningún tipo de restricción a la libertad de prensa, pero, por otro lado que las personas sí tengan alguna posibilidad de defenderse, y lo que hemos visto en la experiencia europea es que hay una rigurosidad muy importante y significativa para terminar con este tipo de prácticas que tienen una defensa bastante más sistemática y rápida frente a este tipo de situaciones”, enfatizó.

Finalmente, el parlamentario añadió que, si bien el tema es muy complejo de analizar, se busca llegar a un equilibrio entre ambos valores, pero además entre metodologías de buscadores que hacen una labor tecnológica. “Esperamos llegar a aunar criterios y votar un proyecto de ley que permita a las personas algún tipo de procedimiento para poder salir de este atolladero”, concluyó.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10.608.

A Sala de Senado el «Convenio de Budapest»

SENADOLuego del respaldo de la Comisión de Relaciones Exteriores, el pleno del Senado deberá pronunciarse sobre el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001.

El acuerdo que se encuentra en su segundo trámite constitucional, «establece el acuerdo entre países para poder combatir los delitos informáticos que es la forma de delinquir de estos tiempos, lo que significa clonaciones de tarjetas, intervenir cuentas bancarias, hackear determinados programas, entre otros actos», precisó en senador Jorge Pizarro, Presidente de la Comisión de RR.EE.

DESARROLLO DE UNA POLÍTICA CRIMINAL

Al respecto, según consta en el mensaje, el principal objetivo del Convenio es el desarrollo de una política criminal común frente al ciberdelito, mediante la homologación de la legislación penal, sustantiva y procesal, y el establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.

Así, es posible constatar que existen diversos ilícitos asociados al uso de plataformas tecnológicas. Algunos de ellos son exclusivamente del ámbito del ciberespacio, como el sabotaje informático o el acceso indebido a sistemas de información, en tanto otros pueden ser facilitados o tener un alcance mayor gracias a internet, como la estafa, la adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil y la comercialización y producción de éste.

Nuestro país no está ajeno a la ocurrencia de este tipo de criminalidad y, de hecho, contamos desde el año 1993 con una ley que tipifica figuras penales relativas a la informática (ley 19.223). Es más, según informa la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el incremento en el uso de internet ha aumentado de 585.489 conexiones fijas en el año 2000 a 2.556.914 en el año 2015, lo que conlleva mayores probabilidades de que ocurran ilícitos de este tipo.

En este escenario, se puede manifestar que de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio Público los casos ingresados por sabotaje informático han aumentado de 5 el año 2006 a 770 el año 2014, mientras el espionaje informático aumentó de 1 caso el año 2006 a 206 el año 2014.

No obstante lo anterior, nuestra legislación no tipifica ciertas figuras penales. La adhesión al Convenio de Budapest nos obligaría a considerar un catálogo de delitos más exhaustivo y actualizado. En efecto, dicho instrumento establece que las Partes deberán adoptar en sus legislaciones nacionales determinados tipos penales relativos a violaciones de sistemas informáticos, fraude informático, pornografía infantil e infracción a la propiedad intelectual.

EL CIBERESPACIO NO RECONOCE FRONTERAS

El ciberespacio no reconoce fronteras, permitiendo iniciar en un Estado la ejecución de una conducta ilícita para generar sus efectos en otro y aprovecharse de las ganancias en un tercero. Todo esto puede ocurrir en forma instantánea, debido a que el desarrollo tecnológico basado en la interconexión global permite lograrlo a bajo costo, con menores riesgos y con altos niveles de eficacia. Por este motivo, para la detección y sanción de estas prácticas ilegales, es imperiosa la asistencia internacional que nos ofrece el Convenio de Budapest, particularmente el sistema de comunicación y asistencia técnica entre países en un formato de veinticuatro horas al día, siete días a la semana.

A juicio del senador Pizarro, «el Acuerdo significa una oportunidad de trabajar en acuerdo, en línea, en red, con contactos a nivel de todos los países que forman parte de este convenio y además en los tiempos adecuados. Muchos de estos delitos, para poder investigarlos o seguirlos, hay que hacerlo casi en el mismo tiempo, de manera simultánea, y formar parte de este convenio nos permitirá tener los datos, las informaciones, lo que está sucediendo en todo el resto del mundo y así ser más eficaces en la lucha contra este tipo de delitos».

«Son normas que requieren de actualización y de una tipificación muy técnica, por ello tuvimos varias sesiones donde escuchamos distintos expertos que han estado trabajando en estas materias, desde el plano legislativo y también desde el control policial de estos delitos», agregó el legislador.

CONTEXTO

El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el “Convenio de Budapest”, constituye el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y de otros sistemas informáticos. Fue elaborado por expertos del Consejo de Europa, con ayuda de especialistas de otros países ajenos a la Organización, como Estados Unidos, Canadá y Japón.

Entró en vigor el 1° de julio de 2004 y, a la fecha, ha sido ratificado por cuarenta y siete Estados. Además, cabe señalar que han sido invitados a hacerse Parte del referido Convenio otros Estados no miembros del Consejo de Europa, entre ellos, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, México y Perú.

El Convenio se encuentra estructurado sobre la base de un Preámbulo, en donde se consignan los motivos que tuvieron a las Partes para adoptarlo; y de cuarenta y ocho artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo dispositivo.

Proyecto que busca garantiza una velocidad mínima de acceso a Internet quedó listo para ser votado por la Sala

telefonia telecomunicaciones redes conexionesEn condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Ello, luego que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobara algunos de los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados en su segundo trámite y rechazara otras disposiciones.

Así lo informó el presidente de la citada instancia legislativa, senador Manuel Antonio Matta, tras explicar que es muy probable que se tenga que constituir una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias en torno a la iniciativa.

«El gran debate que tuvimos es de qué forma los servicios que procuran dar un servicio de internet adecuado al pago que realiza el usuario, efectivamente se cumple», dijo el senador tras precisar que «hoy existe una extremada liberalidad en la materia respecto de que lo que se cancela por parte del usuario no es el servicio que se otorga por parte de las empresas».

El senador Matta indicó que «tuvimos controversia con los criterios de la Cámara de  Diputados y al ser rechazados por parte nuestra, vamos a llegar a una mixta para poder subsanar los criterios diferenciadores».

En lo fundamental el proyecto busca lograr garantizar la velocidad de acceso a internet fijando, a su vez, un organismo independiente, externo y técnico a cargo de la verificación de los accesos de internet que ofrecen las compañías.

Los senadores aprobaron las normas que dicen relación con dotar de mayor autonomía e independencia a la entidad externa que verificará lo que ofrecen las compañías y las rechazadas dicen relación con los derechos de los usuarios y las garantías a las que se verían obligados los proveedores.

DECODIFICACIÓN ILEGAL

Asimismo, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones continuó con el estudio del proyecto, en primer trámite, que establece sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital de pago (boletín 10.294-15)

La iniciativa, tiene su origen en una moción de los senadores Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Manuel José Ossandón y Patricio Walker, quienes buscaron una fórmula para poder sancionar la decodificación ilegal de la televisión satelital de pago.

Según cálculos extraoficiales, en base a los registros de Aduanas, se estima que en Chile existen alrededor de 300.000 usuarios de dispositivos destinados a decodificar señales satelitales de forma ilegal, hecho que ha producido pérdidas de más de 66 millones de dólares en las empresas operadoras de TV satelital de pago, pérdidas que en Latinoamérica alcanzarían los 3.200 millones de dólares, lo que según los operadores puede atentar en contra del desarrollo de esta industria en la región.

Esta iniciativa pretende avanzar en la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de televisión satelital de pago, impidiendo la comercialización transfronteriza e intrafronteriza de dispositivos y/o softwares con capacidad de decodificar señales satelitales encriptadas, sin la debida autorización del distribuidor legal y/o dueño del contenido.

Se precisa que no se persigue sancionar a los dueños; meros tenedores; o poseedores de los dispositivos y/o softwares descritos previamente, ya que el objetivo es sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago.

Según explicó el senador Matta «se busca evitar cualquier situación de uso ilegal del sistema y poder sancionar debidamente con multa y decomiso, básicamente el uso ilegal… hay espíritu mayoritario de ver para entender requerimientos para mejorar el proyecto de decodificación ilegal».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 8584-15.

Comisión de Cultura aprobó proyecto que regula a los diarios electrónicos

Diario digital electronico internetEn una sola votación, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el proyecto que modifica la Ley 19733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, para consagrar expresamente a los diarios electrónicos como medios de comunicación social y exigirles el cumplimiento de las exigencias que le son aplicables a estos.

El grupo parlamentario aprobó la iniciativa en los mismos términos propuestos por la Comisión de Ciencia y Tecnología. Dicho texto define que se «entenderá por diario todo periódico, impreso en papel o publicado por vía digital o electrónica, que se publique a lo menos cuatros días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en el Título III de esta ley».

Para el caso de los diarios electrónicos o digitales, agrega el texto aprobado, el requisito de publicación se entenderá cumplido en la medida que se renueve la edición a lo menos cuatros días en cada semana.

Asimismo, se establece que, bajo ningún aspecto, las diferentes plataformas digitales se considerarán «diario» de conformidad a esta ley, sin el consentimiento expreso de sus propietarios.

Respecto de la iniciación de actividades de los medios escritos de comunicación social, sean impresos, digitales o electrónicos, se señala que se informará a la Gobernación Provincial o Intendencia Regional que corresponda al domicilio del medio mediante presentación, de la que esa Gobernación o Intendencia enviará copia al Director de la Biblioteca Nacional. La presentación deberá contener, entre otras enunciaciones, el nombre del diario, revista o periódico, señalando los períodos que mediarán entre un número y otro. Los diarios digitales o electrónicos a su vez deberán acreditar la inscripción del dominio en Chile.

También se incorpora en la normativa vigente que en la primera página o en la página editorial o en la última, y siempre en un lugar destacado de todo diario, impreso, digital o electrónico, revista o escrito periódico, y al iniciarse y al finalizar las transmisiones diarias de todo servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, se indicará el nombre y el domicilio del propietario o concesionario, en su caso, o del representante legal, si se tratare de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del director responsable.

En el caso de los periódicos digitales o electrónicos, las citadas menciones deberán ser ubicadas dentro de la página de inicio que sirva de portada al medio digital.

Finalmente se determina que en el caso de las publicaciones periódicas y diarios digitales o electrónicos, el Director de la Biblioteca Nacional estará facultado para suscribir convenios con los responsables de dichos medios para establecer modalidades de depósito legal mixto, reduciendo el número de ejemplares en papel, sustituyendo el resto por reproducciones de los mismos en microfilms y/o soportes electrónicos. Para estos efectos, en el caso de los diarios digitales o electrónicos, se entenderá como ejemplar aquella publicación realizada entre las 00:00 horas y las 23:59 horas de un mismo día, más todas las actualizaciones efectuadas a la misma en dicho período.

El diputado Ramón Farías resaltó que este es un proyecto que busca darles mejores herramientas a todos los medios digitales regionales ya existentes, que quieran adherirse a la actual ley de ejercicio del periodismo, buscando una alternativa de mejorar los ingresos y publicidad que circula en estos medios.

Explicó que, en la sesión de del jueves pasado, se expusieron los últimos puntos esenciales en torno a la propuesta, dándose a conocer los mitos y verdades en torno al ejercicio de los portales digitales. “Se ha dicho que los medios digitales ahora deberán pagar por su existencia, que existirá censura y una manipulación de la información libre, todos elementos falsos y que se han clarificado en el transcurso del debate”, concluyó el parlamentario.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletines Nº 9460 y 9461.

Comisión aprueba proyecto que regula velocidad de servicios de internet

TELECOMUNICACIONESLa Comisión de Ciencias y Tecnologías de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet.

En la sesión, donde concurrió el Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf y el presidente ejecutivo de Atelmo, Guillermo Pickering, se concluyó la votación de las modificaciones propuestas al texto que ya había sido aprobado por la Comisión de Obras Públicas.

El texto, que se encuentra en su segundo trámite constitucional -fue aprobado por el Senado en junio de 2015- junto con precisar normas sobre los proveedores de acceso a internet, establece que estos
deberán garantizar los umbrales definidos por la norma técnica de velocidades de acceso ofrecidas en sus distintos planes comerciales, tanto en las conexiones nacionales como internacionales, alámbricas e inalámbricas.

Asimismo, deben poner a disposición de los usuarios un sistema o aplicación que permita la medición de dichas velocidades y parámetros técnicos asociados.

Estas mediciones de calidad del servicio las ejecutará un organismo técnico independiente, que será designado por licitación pública de los proveedores del servicio de acceso a Internet, previa aprobación de las bases de dicha licitación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El diputado Ramón Farías, integrante de la Comisión de Ciencias, señaló que esta medida “va en directo beneficio de todas las chilenas y chilenos que contratan servicios de Internet banda ancha, independiente del proveedor que tengan. Hasta este momento no existía ninguna reglamentación que protegiera a los usuarios o clientes de malas prácticas en esta materia”.

“Si usted contrata un plan de 20 megas se debe respetar ese acuerdo, y no recibir un servicio que navega sólo al 50% de lo indicado en esa oferta. De no cumplirse esto, podrá dirigirse a la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) para exigir la reparación o restauración del servicio, además de una compensación por el tiempo en que estuvo navegando a menor velocidad de la ofrecida”, explicó el legislador.

Asimismo, indicó que disponer de un sistema o aplicación de medición del umbral de navegación, permitirá que en cada hogar se pueda realizar esta medición y verificar los parámetros técnicos asociados.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 8584.

Dan luz verde a proyecto sobre descuentos en la tarifa en casos de interrupción de servicios de telecomunicaciones

Con plazo hasta el 27 de agosto para presentarle indicaciones quedó la moción de los senadores Pedro Muñoz, Guido Girardi y Francisco Chahuán, sobre descuentos en la tarifa mensual en casos de interrupción de los servicios de telecomunicaciones.

Ello, luego que la Sala del Senado aprobara con 13 votos a favor la idea de legislar sobre la iniciativa que tiene por objetivo disminuir de 6 a 3 horas continuas – o a ninguna – el lapso de interrupción después del cual debe descontarse la tarifa a los usuarios y reducir de 48 a 12 (ó 24) horas continuas o discontinuas en el mes los períodos de interrupción que dan origen a la obligación de compensar con el triple del valor del servicio.

El senador Chahuán explicó que la iniciativa establece descuentos de la tarifa mensual en caso de interrupciones del servicio de telecomunicaciones. Añadió que el Ministerio de Obras Públicas otorgó recomendaciones para que en caso de interrupción del internet, ello sea descontado del consumo mensual de los usuarios y en caso que hayan transcurrido más de 12 horas de dicha interrupción de servicios de telecomunicaciones, las concesiones deberán indemnizar a los usuarios por el equivalente al triple de la tarifa diaria.

Por su parte, el senador Letelier dijo que el proyecto  fija como criterio único que si existe suspensión en servicio de telecomunicaciones  las empresas deberán descontar proporcionalmente el cobro de la tarifa a los usuarios.

(Fuente: Senado)

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