Corte de Santiago revisa recurso de nulidad presentado por desaforado diputado Gaspar Rivas

gaspar-rivasLa Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó hoy -miércoles 8 de febrero- el recurso de nulidad  presentado por la defensa del desaforado diputado Gaspar Rivas  Sánchez, en contra la sentencia dictada por el Octavo Juzgado de Garantía que lo condenó en calidad de autor  del delito consumado de injurias graves a través de los medios de comunicación en contra de Andrónico Luksic Craig.

Tras escuchar los alegatos de las partes, los ministros Hernán Crisosto, Fernando Carreño y Alejandro Rivera, fijaron audiencia de lectura de fallo para el mediodía del próximo miércoles 22 de febrero.
(Fuente: Poder Judicial)

Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condena a 4 años de presidio a autor de robo con fuerza en lugar habitado

juez justicia penalEl Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó el –viernes 3 de febrero recién pasado– a Carlos Daniel Morán Carrera a la pena efectiva de 4 años de presidio, como autor del delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, ilícito perpetrado en junio pasado, en la ciudad.

En fallo unánime (causa rol 141-2016), el tribunal –integrado por los magistrados Rosalía Mansilla (presidenta), Rolando del Río (redactor) y Karina Luna– aplicó, además, a Morán Carrera las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; además del pago de las costas de la causa.

Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El fallo dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que el 4 de junio de 2016, Carlos Daniel Morán Carrera, concurrió al domicilio de la víctima ubicada en calle José Miguel Carrera, lugar donde forzó la puerta de ingreso, haciendo palanca a la chapa y marco de la puerta, logrando abrirla e ingresar, apropiándose de dos guitarras eléctricas, un notebook, tres cámaras fotográficas, un disco duro, $40.000 y otras especies muebles, las que llevó a su domicilio, lugar donde carabineros las encontró, luego de un llamado telefónico de la conviviente del imputado, recuperándose todas las especies, salvo el dinero.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago rechaza Recurso de Protección de funcionarios de la DGAC de Isla de Pascua por traslados

isla de pascuaLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de protección presentado por funcionarios que se desempeñan en el aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, en contra de la decisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que dispuso su traslado a nuevas destinaciones.

En fallo unánime (causa rol 112.131-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, Viviana Toro y Juan Opazo– rechazó la acción cautelar presentada por 23 funcionarios de la DGAC, tras considerar que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar decisiones de la autoridad administrativa.

«Como es fácil entender, se está tratando de utilizar la presente acción cautelar como si fuera un recurso jurisdiccional de carácter ordinario, para impugnar dos resoluciones que fueron dictadas por la autoridad recurrida en el ejercicio de sus legítimas atribuciones, según quedó expuesto en el motivo 13° de esta sentencia, dentro del marco de un Plan de Destinaciones, inserto en una Política de Recursos Humanos dispuesta en diciembre de 2015, a pocos días de asumir en calidad de Director General, según el informe respectivo.

Asimismo, la autoridad recurrida ha explicado que los criterios de selección objetivos se encuentran enunciados y desarrollados, al igual que en años anteriores, en el Instructivo sobre consideraciones y plazos definidos para la formulación y materialización del Plan de Destinaciones del año 2017. En el análisis de las solicitudes de traslado recibidas por el Departamento de Recursos Humanos, también se consideró la situación actual de cada unidad en términos de dotación, jerarquía de los funcionarios propuestos, complejidad y áreas críticas, entre otros factores, en conjunto con las directrices que imparte la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «la presente, desde luego, no constituye la vía idónea para impugnar dichas resoluciones, puesto que la ley no ha previsto, como medio de impugnación de determinaciones administrativas que disponen traslados. En efecto, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción cautelar que cumple, como se desprende de la definición del mismo que entrega el ya referido artículo 20 de la Carta Fundamental, un rol muy distinto que el de servir de medio de impugnación general, que se pueda utilizar contra toda clase de determinaciones o decisiones administrativas e incluso jurisdiccionales, que la autoridad dicta en el legítimo ejercicio de las atribuciones que la ley les asigna».

«(…) se trata, entonces –continúa–, a juicio de esta Corte y como tantas veces ocurre, de una utilización errónea y abusiva de este recurso, que se interpone en la errada creencia que se encuentra en la cúspide del sistema recursivo procesal y que resulta pertinente para impugnar toda suerte de resoluciones y decisiones, de la más variada índole, expedidas por autoridades administrativas e incluso, como se dijo, de orden jurisdiccional.

Es fácil entender que, de acogerse, implicaría que el Poder Judicial, a través de este medio, vendría a ejercer y orientar las más diversas políticas públicas que, en rigor, corresponden a la autoridad administrativa, y que tienen sus medios de control y de impugnación propios.
El presente constituye un problema que es enteramente ajeno a la administración de justicia, y por lo mismo, la vía utilizada no es, como ya se dijo, la idónea, pues esta Corte no puede intervenir en las políticas de traslado de entidades como la que se ha recurrido en esta ocasión».

(Fuente: Poder Judicial)

Poder Judicial usa redes sociales para notificar en procedimiento de Protección Constitucional

facebook2En una decisión inédita, la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió –el martes 6 de diciembre recién pasado– notificar una resolución judicial a través de las redes sociales oficiales del Poder Judicial, resguardando el debido proceso y el derecho de las partes a ser oídas.

La resolución (causa rol 846-2016) fue tomada por la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Julio Kompatzki, Darío Carreta y Marcia Undurraga–, tras constatar las dificultades para notificar a Habit Ruth Santander Calcumir de la demanda interpuesta en su contra por una eventual vulneración de garantías constitucionales en la que habría incurrido, al haber publicado a través de Facebook, expresiones peyorativas en contra de la demandante.
Tras ser acogido a trámite el recurso de protección presentado por Edith Semper Barría, el pasado 7 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a Carabineros concurrir hasta el domicilio de Santander Calcumir, ubicado en un alejado sector rural de Lago Ranco, para notificarla; sin embargo, tras varios intentos, solo se logró entregar la notificación a parientes de Santander Calcumir.
«Esta resolución busca respetar el debido proceso, lo cual implica que todas las partes deben ser oídas y para que ello ocurra, estas deben ser notificadas. En este caso, ha sido complejo notificar a la demandada, por lo que se ha optado por un medio electrónico para la notificación, tal como lo faculta la ley, en este caso Facebook, para que la parte contraria pueda formular las observaciones que estime pertinente, en el contexto de la causa que la afecta», explicó el vocero de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ministro Darío Carretta, quien agregó que: «Esto con la finalidad que la Corte pueda tener mejores antecedentes para emitir una resolución basada en el mérito de las pruebas proporcionadas por ambas partes».
Recurrir a la red social para notificar, según el ministro vocero, «permite agilizar la tramitación de un proceso, para que, en el más corto plazo, se dicte una sentencia que venga a resolver la contienda que enfrenta a las partes».
En la inédita resolución se consigna que: «(…) previo a la vista de la causa y siendo indispensable para asegurar el derecho de la recurrida a ser oída y de acuerdo a los dispuesto en los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de lo resuelto el día dos de diciembre de dos mil dieciséis, se decreta que la recurrida deberá ser notificada de la presente acción constitucional por la vía más efectiva, en particular mediante la red social que dio origen al recurso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo tercero inciso final del Acta N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema».
(Fuente: Poder Judicial)

Caso SQM: Corte de Santiago rechaza sobreseimiento de Manuel Rodríguez Campillay

SQMLa Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que aprobó el sobreseimiento de Manuel Rodríguez Campillay, imputado en el denominado caso SQM.

En fallo unánime (causa rol 3.663-2016), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto, Alejandro Rivera y la abogada (i) Paola Herrera– revocó el sobreseimiento por considera que los hechos imputados no se encuentran prescritos.

«Como se aprecia, en el presente caso la trascendencia procedimental de la denuncia criminal, se comprueba con la consecuencia que su ausencia tendría para el Ministerio Público, constituyendo un requisito de procesabilidad para proceder penalmente, lo que se encuentra reconocido expresamente en el inciso 1° del ya referido artículo 162 del Código Tributario, que dispone: «Las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio. Con todo, la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del Director», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «(…) por último, en relación al tipo penal especial que sí se asociaría a la conducta desplegada por el imputado, sería el consignado en el inciso final del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, que sanciona a todo aquél que maliciosamente confeccione, venda o «facilite«, a cualquier título, los documentos tributarios que en él se mencionan -entre los cuales se indican las boletas- empleando verbos rectores disyuntivos, siendo que el último se ajusta con precisión a la intervención que se le imputa al contribuyente en los hechos que son materia de investigación y, dicho sea de paso, habría proporcionado, aportado, suministrado o facilitado un total de diecisiete documentos, por la suma total de $28.333.339.- a la Empresa SOQUIMICH S.A., ilícito cuya penalidad no supera los cinco años de presidio menor en su grado máximo, el que se califica de simple delito y prescribe en igual periodo de tiempo (…) como corolario de todo lo que se ha venido señalando, es que, dado que el último hecho ilícito que se le imputa al denunciado aconteció en el mes de julio de 2010 y la denuncia criminal suspensiva lo fue el 2 de abril de 2015, aparece de manifiesto que esta tuvo el alcance señalado en el artículo 96 del texto penal, esto es, suspender el curso de la prescripción de cinco años de la acción penal respectiva, lo que habría acontecido conforme a la información con que se cuenta, en el mes de agosto de 2015. Por ello, es que no procedía declarar la prescripción como lo hizo el juez a quo, por lo que dicha decisión habrá de ser revocada».

«(…) a mayor abundamiento –continúa–, cabe señalar que no obstante que el escenario propuesto por el querellante Servicio de Impuestos Internos y Ministerio Público se circunscribió a imputar siempre un simple delito (artículo 97 N° 4, incisos primero o final del Código Tributario, respectivamente), esa propuesta no supone necesariamente una realidad objetiva inmodificable e invariable, siendo que su calificación jurídica como la referida a la participación criminal corresponderá en definitiva a la que se realice ante el tribunal respectivo».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma condena por pagar con cheque hurtado en restorán

chequeLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de nulidad y confirmó la sentencia que condenó a la pena efectiva de 3 años y un día de presidio a Rodrigo Abusleme Tamargo, en calidad de autor del delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil, perpetrado en mayo de 2015 en restorán de Providencia.

En fallo unánime (causa rol 3.483-2016), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros María Soledad Melo, Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida.

«De la lectura del fallo impugnado, no aparece ninguna contravención a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicos asentados en nuestra cultura, sino muy por el contrario se desarrolla aquella operación mediante la cual el sentenciador llega a una convicción mediante la valoración de la prueba rendida en el proceso, dado que la aportada por el órgano persecutor logró desvirtuar el principio de la presunción o estado de inocencia que a priori favorecía al acusado, no existiendo ninguna duda razonable sobre el hecho punible y su participación, lo cual no hace más que reafirmar aquel criterio orientador de nuestro sistema procesal penal vigente, en orden a que el recurso procesal de nulidad sólo es procedente cuando estemos en presencia de defectos esenciales, circunstancia que en la especie no acaece», sostiene el fallo del tribunal de alzada.

La resolución agrega que «(…) cabe tener presente que la impugnación realizada por la recurrente, se cimenta en la infracción a las reglas de la sana crítica, específicamente al principio de razón suficiente, sin perjuicio que de la atenta lectura del libelo de nulidad se advierte que su fundamento estriba en la diversa valoración de la prueba rendida. Luego, en gran medida, es una mera valoración de la prueba aportada al proceso, circunstancia ésta que, en particular el legislador fijó como criterio, que los sentenciadores eran soberanos en la apreciación y ponderación de la prueba, por lo cual no habiéndose vulnerado por el tribunal a quo las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos consolidados, resulta improcedente que prospere el recurso de nulidad deducido en esta causa, por la causal en estudio».

El fallo de primera instancia, dictado por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago estableció: «Que, entre la medianoche del día 01 y la madrugada del 02 de marzo de 2015, RODRIGO ABUSLEME TAMARGO, junto a terceros, concurrieron al Restaurant ‘Ají Amarillo’ ubicado en Avenida Manuel Montt N° 1719, en la comuna de Providencia, donde consumieron diversos alimentos y bebidas alcohólicas por un monto total de $245.000 (doscientos cuarenta y cinco mil pesos), por los cuales ABUSLEME TAMARGO pagó con el cheque serie BO N° 6437329 de la cuenta corriente N° 21900040455 del Banco Estado perteneciente a Mónica Meneses Retamal, que resultó ser falso, ya que la firma de giro puesta en el mismo no correspondía a la titular de dicha cuenta, el cual dejó en la mesa del local, tras lo cual se dio a la fuga del lugar y una vez detenido se encontró además en su poder, 05 cheques sueltos de la cuenta corriente N° 65-18658-6 del Banco Santander, del titular Marcelo Campos Salvador; 01 talonario de cheques del Banco Security de la cuenta corriente N° E-0280658-01; 03 cheques de la cuenta corriente N° 72200009577 del Banco Estado a nombre de Claudia Lopetegui Moncada; 01 chequera de la cuenta corriente N° 20100009138 del Banco Estado a nombre de Hernán Waldemar Arriaza Zbinden y; 01 chequera de la cuenta corriente N° 21900040455 del Banco Estado, especies todas que no le pertenecían».

(Fuente: Poder Judicial)

Juzgado de Letras del Trabajo: existe discriminación por edad cuando se despide a una enfermera con 35 años de servicio y se contratan a dos técnicos con menores remuneraciones en su reemplazo

enfermeraEl Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales y cobro de prestaciones interpuesta por una enfermera de una Corporación de Educación y de Salud por el despido discriminatorio de una trabajadora a causa de su edad. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 11 de Octubre, el tribunal laboral de Santiago acogió la demanda a través de la cual se denunciaba la discriminación a causa de la edad, exigiendo que se pagaran las indemnizaciones y recargos correspondientes.

Si bien la demandada justifica el término de los servicios de la actora en la forma dispuesta por la letra i) del artículo 48 del Ley N° 19.378, aparece sin lugar a dudas que la decisión de despedir a trabajadores de la Corporación de Salud municipal se llevó a cabo en relación a trabajadores que tenían más de 56 años, con más de 35 años prestando servicios para el ente edilicio y que percibían también las mayores remuneraciones para los profesionales de su categoría C.

Para adoptar dicha decisión la demandada no explicó de qué manera el actos de discriminación para decidir a quién despedir y a quién no, se alejaba de las prohibiciones consagradas en el artículo 2 del Código del Trabajo. La denunciada consideró un aspecto no propio de una causal objetiva de término de servicios, y por otra parte tampoco existió una pauta objetiva y que pudiera ser conocida por los afectados de manera de entender las razones de su desvinculación. Así es razonable establecer que en la especie se decidió el despido de la actora para luego apoyar dicha decisión en argumentos dados en juicio; es decir, hasta ahora hay explicaciones que se asumen luego de optar por el despido.

Además, una vez despedida la actora, la Corporación Municipal decidió contratar en calidad de técnicos de nivel superior en enfermería a diversos profesionales. Dichos contratos dan cuenta del ingreso de los profesionales a prestar servicios de TENS  (Técnico en Enfermería Nivel Superior) luego que la actora fue despedida, es decir, se despide a la actora conforme a la letra i) del artículo 48 de la Ley N° 19.378, pero contrario a la hipótesis de despido de dicha hipótesis legal, se contrata a profesionales jóvenes para prestar servicios a plazo fijo y por rentas muy inferiores a las percibidas por la actora según se puede ver al confrontar sus liquidaciones de remuneraciones y aquellas indicadas en los respectivos contratos de trabajo. En este contexto, ha de señalarse que incluso la propia disposición aludida por la demandada para despedir a la enfermera denunciante establece una limitación para efectos de poder contratar personal transitorio para ejecutar labores análogas a las que cumplía el funcionario al quien le fue aplicada la respectiva causal.

Sobre el ámbito normativo aplicable, en el caso el consultorio de Renca donde trabaja la enfermera dejó de estar bajo la administración del Servicio de Salud respectivo para pasar a depender de la Corporación de Salud y Educación de Renca, ente que escrituró un contrato de trabajo para la actora a partir del 01 de agosto de 1984. Al no haberse referido por la demandada que aquella contratación haya sido a plazo y dada la fecha desde la cual la actora ha prestado sus servicios, necesariamente habrá que establecer que la misma presta aquellos conforme a un contrato de duración indefinida, integrándose de esa forma a la referida dotación del consultorio de Renca.

A pesar de lo anterior, se aplica para efectos de la petición por pago de feriados la norma contemplada en el artículo 18 de la ley 19.378 de 1995, que hace referencia al uso y duración del feriado de los trabajadores regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, derecho que necesariamente debe ejercerse cumplido que sea el requisito para ello. Pero la misma no ha contemplado la procedencia de la compensación en dinero para el evento de que el funcionario no hubiere hecho uso del feriado en el período que le correspondía, como tampoco el pago del feriado proporcional, cuando se ha puesto término a la relación laboral. Que ha de tenerse presente que la ley 18.883, el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales aplicable para el caso de manera supletoria, tampoco contempla la procedencia del pago de la indemnización del feriado por el no uso del beneficio ni el pago del feriado proporcional por término de la relación laboral, ni menos contempla la figura del feriado progresivo. Además, ha de indicarse que la conclusión anterior no puede verse alterada por el hecho de que tales funcionarios fueron regidos por el Código del Trabajo, por cuanto con la entrada en vigencia de la ley 19.378 este último cuerpo legal estableció normas especiales en materia de feriado legal que prevalecen sobre cualquiera otra normativa sobre el particular.

Corte de Santiago confirma sentencia y ordena a laboratorio pagar indemnización por error en resultado de examen de paternidad

PaternidadLa Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó al Centro de Biología Molecular y Genética Limitada a pagar $10.000.000 (diez millones de pesos) por entregar resultados erróneos de un examen de ADN en proceso de paternidad.

En fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Fernando Carreño y Patricia González– confirmó la sentencia recurrida, dictada el 22 de marzo pasado por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó al laboratorio a indemnizar a la madre de menor, por entregar resultados que fueron corregidos por pruebas realizadas por el Servicio Médico Legal.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia dictado por la jueza Sylvia Pappa Belleti, que estableció la responsabilidad extracontractual del Centro de Biología Molecular y Genética.

«(…) en cuanto a los dos primeros requisitos de procedencia de la acción por responsabilidad extracontractual, esto es, la existencia de un hecho imputable a dolo o culpa del deudor, en la especie, tratándose de la práctica de un examen específico, sujeto, por tanto, a estándares razonablemente exactos en su desarrollo, un error en el mismo, que es un hecho probado en la causa, en virtud de los exámenes posteriores a los que se sometieron los padres y el menor y que en definitiva llevó a acreditar la paternidad biológica tiene la gravedad suficiente para permitir presumir, y por esta va tener por establecido, que ha mediado de parte de la demandada una inobservancia de cuidados propios de la disciplina», sostiene el fallo confirmado.

Resolución que agrega: «Por otro lado, la demandada ha omitido toda defensa y prueba en torno a haberse respetado o seguido los cánones usuales y exigibles para la práctica de este tipo de exámenes, o la idoneidad del laboratorio para practicarlo, o incluso invocar la posibilidad de que el efectuado, conforme a algún parámetro estadístico propio de las características de los mismos, resultan inimputablemente errados. No habiéndose esgrimido, tampoco, un caso fortuito, la demandada falla en cumplir su carga procesal de probar que ha actuado con diligencia».

«En este orden de ideas –continúa–, es decir en relación al segundo de los requisitos, la imputabilidad de los daños por dolo o culpa, es necesario, advertir que el artículo 1437 establece que las obligaciones también pueden provenir de un hecho ilícito, que puede revestir la forma de un delito o cuasidelito. La obligación consistirá en la indemnización del daño ocasionado, así lo dispone el artículo 2314 del Código Civil que señala «El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito». Lo que caracteriza a los delitos y cuasidelitos es que se trata de hechos ilícitos que además causan daño. El artículo 2284 del Código Civil, que junto a los dos mencionados conforma la trilogía de la fuente de las obligaciones establece qué se entiende por delito y cuasidelito. «Será delito el hecho ilícito cometido con la intención de dañar; será cuasidelito el hecho ilícito culpable, cometido sin la intención de dañar. En el delito, por ende, hay dolo, en su acepción definida en el artículo 44 del Código Civil, que en ocasiones también se llama malicia; mientras que en el cuasidelito «hay culpa, es decir, negligencia, descuido, imprudencia, falta de la debida diligencia».

«(…) a mayor abundamiento, en relación a la culpa de la demandada, cabe señalar que a fojas 163, absolvieron posiciones los representantes legales de la demandada, don Hugo Rodrigo Jorquera González y don Carlos Víctor Durán Menchaca, siendo además el primero el que firma el informe de paternidad objeto de marras; señalando en su confesión que no pueden pronunciarse acerca de la identidad de quienes concurrieron a realizarse el examen; y que carecen de facultades para acreditar la identidad de los concurrentes, la que se consigna solamente en base a la buena fe de los solicitantes. Que tal argumento resulta para esta sentenciadora absolutamente improcedente, toda vez que es un hecho público y notorio que en cualquier centro médico, laboratorio y para cualquier examen de rutina solicitan la cédula de identidad para realizarlos, entonces, con mayor razón le es exigible a la demandada el debido cuidado en cuanto a la acreditación de identidad para la toma de muestras, atendidas las consecuencias jurídicas que devienen del resultado del mismo», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Luz verde a proyecto que permite a tribunales acceder a información de la Comisión Valech

Camara-Diputados-ChileLa Cámara de Diputados aprobó, con 62 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley que permite al Poder Judicial acceder a la información del recopilada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech.

El texto legal establece una excepción en la prohibición de acceso a la información para los tribunales de justicia.

La ley 19.992 estipula que son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, salvo el informe que dicha instancia elaboró y que se conoce como Informe Valech.

Este secreto se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes respectivos quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior.

Mientras rija el secreto ninguna persona, autoridad o magistratura tendrá acceso la información, salvo que los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, puedan darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia.

Con el proyecto aprobado por la Cámara y que ahora fue enviado al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional, se exceptúa entonces a los tribunales de Justicia, para facilitar de esta forma las investigaciones y procesos sobre derechos humanos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10883.

Tras Demanda Colectiva del SERNAC: Corte Suprema confirma condena a multitienda por mantener en Dicom a clientes por deudas renegociadas

2011-09-01-SernacTras rechazar los recursos judiciales presentados por la empresa, el Máximo Tribunal del país confirmó que la empresa infringió la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

Hay que recordar que a principios de febrero de 2012, el SERNAC presentó una demanda colectiva en contra de COFISA por mantener en DICOM a un grupo de consumidores que habían repactado voluntariamente sus deudas.

La multitienda avalaba su actuar en un convenio de pago que le hacía firmar a los consumidores que aceptaban la repactación y/o renegociación de la deuda, donde se establecía que el firmante aceptaba que no sería eliminado de sus antecedentes comerciales y/o financieros hasta el pago de la última cuota. Esto quiere decir que aunque el consumidor renegociara su deuda, la empresa los mantenía en DICOM hasta que pagara la última cuota.

Además de las indemnizaciones para los consumidores afectados, la justicia declaró nulas aquellas cláusulas que le permitían a COFISA mantener en los registros de morosos a los consumidores que habían renegociado sus deudas, ordenó a la empresa eliminar de los registros de morosidades y protestos a los consumidores afectados y determinó el pago de una multa de 240 UTM, esto es, 11 millones de pesos, por haber infringido la LPC.

Derechos de los consumidores

El Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, valoró la determinación de la justicia, agregando que se trató de una lucha judicial que se extendió por más de cuatro años.

“Cuando un consumidor repacta una deuda rigen nuevas condiciones y plazos, por lo que no se justifica que se mantenga al consumidor en ningún registro de morosidad, lo que ha quedado demostrado en esta decisión de la justicia y en otros que se han fallado recientemente”, enfatizó la autoridad.

Muñoz agregó que espera que el proyecto que fortalece la protección de los derechos de los consumidores que actualmente se tramita en el Senado sea prontamente aprobado, pues le permitirá al SERNAC, mediante las nuevas facultades, lograr soluciones adecuadas y oportunas para los consumidores cuando sus derechos sean vulnerados.

Indemnizaciones para los consumidores

Para determinar los montos de las indemnizaciones, el tribunal consideró dos grupos de consumidores afectados: aquellos usuarios que habían pagado o estaban en vías de pago de la deuda; y aquellos que todavía no lo hacían al momento de la presentación de la demanda del SERNAC.

 Grupo consumidores que habían pagado toda la deuda o que se encontraban en vías de pago:

  • 30 mil pesos para aquellos afectados no eliminados de los registros comerciales dentro de un período de hasta 24 meses anteriores a la presentación de la demanda.
  • 22 mil pesos para los clientes afectados no eliminados en un período superior a 24 e inferior a 48 meses.
  • 15 mil para los consumidores no eliminados en un período superior a 48 e inferior a 60 meses anteriores a la presentación de la demanda.

Grupo de consumidores que no habían pagado la deuda o que se encontraban en vía de pago: Para este universo de consumidores, la justicia determinó una indemnización de tres mil pesos desde la fecha de la presentación de la demanda y hasta 60 meses anteriores.

Para saber si le corresponden indemnizaciones, los consumidores podrán informarse a través de publicaciones que deberá realizar la empresa en diversos medios de comunicación de alcance nacional, o llamando al call center del SERNAC.

(Fuente: Sernac)

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