Corte Suprema confirma sentencia que condenó a banco a indemnizar a clienta suplantada en obtención de crédito

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó al Banco Ripley a pagar una indemnización de $15.000.000 (quince millones de pesos) a clienta que fue suplantada por una prima que solicitó un crédito.

En fallo unánime (causa rol 38.283-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Héctor Carreño, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich y el abogado (i) Jorge Lagos– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que condenó a la entidad bancaria a indemnizar a Magda Franulic de la Puente, quien fue suplantada en 2011, por Mourina de la Puente Vera en una sucursal ubicada en la capital de la Cuarta Región.

El fallo del máximo tribunal confirma la responsabilidad del banco por la falta de diligencia en el otorgamiento del empréstito, que le generó a la demandante una deuda y su ingreso a Dicom.

«La pretensión anulatoria del banco recurrente se afinca en que la demandante no advirtió oportunamente que había extraviado o que no mantenía consigo su cédula de identidad, postulando que esta conducta omisiva influyó causalmente en la contratación del crédito y en el daño cuya indemnización persigue, puesto que, de no haber incurrido en ella [esto es, de haberse dado cuenta de la pérdida del citado documento], la habría bloqueado y, consecuencialmente, su prima no habría podido obtener el empréstito al constatarse que dicho documento no estaba vigente», sostiene el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que: «sin embargo, el silogismo propuesto por el recurrente se estrella contra los hechos establecidos por los jueces del fondo desde que, como quedó dicho en el basamento cuarto, la demandante advirtió que no traía consigo su cédula de identidad el día 12 de julio de 2011, a raíz de una llamada telefónica por medio de la cual se le informaba acerca de una mujer que, portando su documento de identidad, se había acercado a una institución financiera requiriendo un crédito de consumo. Es decir, el día 6 de julio del mismo año, fecha en que doña Mourina de la Puente se presentó en la sucursal La Serena del Banco Ripley y exhibió la documentación que se le requirió para solicitar y obtener la aprobación de un empréstito, la demandante, doña Magda Franulic, no tenía conocimiento de que su documento de identificación le había sido sustraído desde la cartera que mantenía en su domicilio».

«Que la única omisión –continúa– que podría reputarse causalmente concurrente con la falta de diligencia del banco demandado y que impondría a los jueces del fondo la aplicación de la regla de atenuación de responsabilidad que consagra el artículo 2.330 del Código Civil sería aquella consistente en que, enterada la demandante del hecho que su prima le sustrajo su documento de identidad desde su billetera, no hubiere realizado ninguna acción en orden a bloquear tal instrumento e impedir su uso malicioso, cuestión que no fue demostrada en el proceso y, por el contrario, se acreditó que tan pronto tuvo conocimiento del extravío efectuó las gestiones necesarias ante la autoridad para precaver el uso indebido de su cédula de identidad».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema acoge recurso y anula fallo por incorporación de lectura de testimonio de testigo

La Corte Suprema acogió recurso de nulidad presentado en contra de sentencia dictada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a Ignacio Salazar Estelle a la pena de 7 años de presidio, como autor del delito de robo con violencia. Ilícito perpetrado el 24 de enero de 2016, en La Florida.

En fallo dividido (causa rol 4.693-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– ordenó al realización de un nuevo juicio, tras establecer que la resolución recurrida se dictó con infracción al debido proceso, al incorporar mediante lectura declaración de un testigo, modalidad que no estaba permitida a la época de los hechos.

«Que el análisis a que obliga la norma citada en el recurso y que supone la situación planteada, impone el estudio de la mayor o menor favorabilidad del estatuto que se reclama, lo que ha de hacerse en el caso concreto. De esta manera, entonces, se advierte desde ya el yerro del tribunal que pretende superar la objeción planteada sosteniendo que el nuevo escenario por el que reclama la defensa no es tal al encontrarse también a su disposición la misma herramienta en caso de requerirla, por cuanto tal argumentación es meramente formal y prescinde de analizar los efectivos derechos de que se ha visto privada la defensa con su empleo, en el caso en análisis», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «La situación producida, sin embargo, vicia, desde ya y gravemente, la sentencia dictada al dotarla de un grave sesgo de parcialidad, toda vez que se ha preferido una prueba ingresada sin los controles propios de la adversarialidad en relación a otra que lo fue con pleno goce de tales garantías, lo que no resulta posible de admitir».

«(…) cuando los jueces del fondo –continúa– autorizaron la introducción al juicio de una prueba en virtud de un estatuto diverso del que regía a la época de los hechos y que resulta más gravoso para el acusado, lo que impidió a la defensa el adecuado ejercicio de sus atribuciones, han dado aplicación retroactiva a una ley que le perjudica, lo que se encuentra vedado, incurriendo en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones (…), lo que en este caso quedó de manifiesto que no ocurrió, infracción que solo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación causal entre la prueba censurada y los hechos asentados, como ya se anotó, se retrotraerá la causa al estado de verificarse un nuevo juicio con exclusión de dicho testimonio en la forma que se ha censurado».

Por lo tanto, concluye: «se acoge el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública a favor de Ignacio Valentín Salazar Estelle y en consecuencia, se invalidan la sentencia de veintitrés de enero pasado y el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 1600081898-8, RIT 1-2017 del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose la posibilidad de presentar a juicio las declaraciones escritas, prestadas ante la fiscalía, por el testigo Camilo Arriagada Zavala, sin perjuicio de otros derechos».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago modifica sanciones aplicadas por ISP a laboratorio por no respetar normas de bioequivalencia

La Corte de Apelaciones de Santiago modificó las sanciones aplicadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) al Laboratorio Chile S.A. por no respetar las normas de bioequivalencia en siete medicamentos registrados por la empresa farmacéutica.

En fallo unánime (causa rol 13.328-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Mireya López y Viviana Toro– revocó parcialmente las sanciones aplicada tras sumario sanitario, al establecer que la cancelación de los registros sanitarios de los medicamentos establecida por el ISP, atenta contra el debido proceso.

«El sumario sanitario incoado fue porque se imputó al Laboratorio Chile el haber infringido el artículo 221 del Reglamento antes mencionado, esto es, no haber efectuado la demostración de equivalencia terapéutica de los siete medicamentos indicados, sin que en lo puntual se le haya recriminado haber además incurrido en alguna de las causales de cancelación», sostiene el fallo del tribunal de alzada.

La resolución agrega que: «conforme a lo anterior se atenta contra el debido proceso cuando al momento de sancionar se hace extensible al Laboratorio la posibilidad cierta de cancelar sus registros farmacéuticos, sin que previamente se haya debatido sobre esa posibilidad, pues aquello lo deja en la indefensión (…) si bien la cancelación se ha dispuesto previo informe favorable del Ministerio de Salud, ello no revierte la indefensión del Laboratorio en la instancia sumarial, en la cual corresponde formular los descargos y rendir las probanzas de rigor».

Asimismo, el fallo rebaja a 500 UTM (unidades tributarias mensuales) el monto de las siete multas que deberá pagar el laboratorio por no respetar la normativa sobre estudios de bioequivalencia farmacéutica.

«I. – Que se revoca la sentencia apelada de cinco de mayo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 373 en la parte que confirmó la orden de cancelación de los siete registros farmacéuticos del Laboratorio Chile S.A. previo informe favorable del Ministerio de Salud, y en su lugar se deja sin efecto dicha orden de cancelación;
II. – Que se revoca la sentencia en la parte que condenó a la reclamante al pago de las costas de la causa y en su lugar se le absuelve de las mismas por no haber resultado totalmente vencida;
III . – Que se confirma en lo demás apelado la referida sentencia con declaración que se rebaja cada multa impuesta a la reclamante a 500 Unidades Tributarias Mensuales por cada uno de los siete medicamentos respecto de los que no se han hecho los estudios de bioequivalencia».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones de Santiago eleva pena por declaración maliciosa de impuestos

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 5 años y un día de presidio efectivo, la pena que deberá cumplir Pedro Eduardo Fuentealba Escobar, condenado por infracción al artículo 97 N° 4, inciso segundo del Código Tributario; es decir, declaración de impuestos maliciosamente incompleta o falsa, ilícito perpetrado entre 2001 y 2002.

En fallo unánime (causa rol 473-2016), la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Fernando Carreño y María Paula Merino– incrementó la pena de 541 días dictada por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirma la responsabilidad del condenado en el delito, pero descarta aplicar la aminorante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos investigados.

«El delito tipificado por el inciso final del artículo 97 N°4 del Código Tributario –que es de aquellos que la doctrina denomina de peligro abstracto y de mera actividad y no de resultado–, sanciona al que maliciosamente confeccione, venda o facilite a cualquier título, guías de despacho o facturas, notas de débito o de crédito, boletas falsas con o sin el timbre del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en dicho numeral, fue introducida por la Ley 19.738, conocida como la «Ley de Lucha contra la Evasión», cuyo espíritu no fue otro que condenar a las personas que cometían fraudes con facturas, esto es, el tráfico de facturas falsas (…) los elementos del tipo, el verbo rector consiste en confeccionar, vender o facilitar a cualquier título, incluso gratuito», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «En cuanto al elemento material, debe tratarse de facturas o de los otros documentos tributarios que indica, falsos. En lo que respecta al elemento subjetivo la norma se refiere a que el autor cometa o posibilite la comisión de los delitos de los incisos 1º, 2º y 3º. El sujeto activo puede ser cualquier persona natural, a diferencia de lo que ocurre en el ilícito tipificado en el inciso segundo en que este tiene que ser contribuyente sujeto a IVA».

«(…) los informes periciales acompañados en autos –continúa–, rolantes a Fs. 1, 125 y 249, sólo es posible determinar que el acusado Fuentealba Estobar disminuyó el impuesto a las ventas y servicios que debía ingresar en arcas fiscales, por cuanto imputaba al débito fiscal IVA un mayor crédito fiscal que se fundaba en facturas material e ideológicamente falsas (…) al registrar facturas irregulares en su contabilidad, aumentó ficticiamente sus costos y/o gastos operacionales, disminuyendo con esto la utilidad declarada en arcas fiscales, no pudiendo establecerse que él actuara como facilitador de algún tipo de facturas a terceros».

Además, «la minorante contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, exige por parte del agente un ánimo de colaboración para esclarecer los hechos materia de la investigación, el cual además, debe reunir la característica de ser sustancial, esto es, trascendente para alcanzar los fines del proceso: el completo esclarecimiento del hecho punible y/o la participación. Además, el aporte del imputado debe abarcar situaciones fácticas que, al menos hasta ese momento, los órganos persecutores no hayan estado en condición de acceder a ellos, por lo tanto no tenían conocimiento de su existencia (…) en la especie, resulta suficiente para desechar tal atenuante, el propio reconocimiento efectuado por el sentenciador al analizar la autoría que se le imputó al acusado en la presente investigación, pues reconoce que éste «niega su participación en los hechos investigados».

«Lo anterior motivó que ésta tuvo que determinarse teniendo en consideración la demás prueba aportada en el presente juicio, tales como los dichos de los supuestos proveedores de madera del encartado, los que no reconocen tal calidad, como asimismo, los peritajes allegados al proceso. Ergo, no corresponde beneficiar al sentenciado con la atenuante en comento, menos calificarla», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de San Miguel: la sanción por no pago de cotizaciones previsionales procede independiente de quien haya deducido la acción para poner término a la relación laboral

Con fecha 23 de enero de 2017, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acoge el recurso de nulidad interpuesto por el trabajador en contra de la sentencia que no aplicó la sanción de nulidad del despido ante el incumplimiento de su empleador en el pago de cotizaciones previsionales. Esto, pues la sanción de nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales procede sea que el trabajador o el empleador le hayan puesto término a la relación laboral. Además, respecto de la responsabilidad solidaria de la empresa principal, esta solo tiene lugar respecto de las obligaciones laborales y previsionales que se generan durante el servicio de los trabajadores subcontratados.

El fallo unánime considera que si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional, corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162 inciso 5º del Código del Trabajo, independiente de quien haya deducido la acción para ponerle término. Sea que la haya deducido el empleador o el trabajador, el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera es el mismo: el empleador no enteró las cotizaciones previsionales a los órganos respectivos en tiempo y forma. En consecuencia, la sentencia impugnada ha efectuado una incorrecta aplicación de los artículos 160 y 171 del estatuto laboral ya citado.

Sobre las alegaciones de responsabilidad solidaria, durante el periodo que la demandante trabajó en régimen de subcontratación para la demandada solidaria, el empleador pagó las cotizaciones de seguridad social, de Fonasa y de AFC. En efecto, los periodos impagos que la juez a quo da por establecido se refieren a periodos diversos a aquellos en que la demandante prestó servicios para la demandada de que trata. Consecuentemente, yerra la sentencia impugnada en su análisis del artículo 183 B del Código del Trabajo al entender que la demandada debe responder de las obligaciones labores y previsionales correspondiente a un período diverso a aquel durante el cual el trabajador prestó servicios en régimen de subcontratación. Aquello implica darle al artículo 183-B del Código del Trabajo un alcance restringido que no se justifica.

Finalmente, se comenta que si el recurrente invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, no puede el tribunal de alzada variar los presupuestos fácticos a que ha arribado el juez de la instancia, toda vez que éstos resultan inamovibles para la Corte de Apelaciones. En la especie, se encuentra asentado en la sentencia que el actor prestó servicios para la empresa demandada a partir del 3 de marzo de 2010 y sobre la base de dicho presupuesto acogió la demanda por despido indirecto. Luego, el recurso no puede pretender por la vía de esta causal modificar los hechos asentados en el fallo que se revisa. A lo anterior ha de señalarse que el presente recurso de invalidación es de carácter formal y de derecho estricto, razones por las cuales, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 474, 477, 479 y siguientes del Estatuto Laboral que lo regulan, en el escrito de interposición el recurrente debe expresar con claridad y precisión las leyes que se habrían infringido en la sentencia. De igual forma, señalar como el vicio invocado ha influido en lo dispositivo del fallo cuestión que el recurso omite indicar.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema: a la responsabilidad del porteador por incumplimiento del contrato de transporte no se le aplica la prescripción especial del Código de Comercio

Con fecha 2 de marzo de 2017, la primera sala de la Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante, revocando la sentencia que declaró la excepción de prescripción opuesta en juicio ordinario de resolución de contrato. Al no estar acreditado que las mercaderías se encuentren perdidas, la responsabilidad del porteador sólo puede entenderse circunscrita al incumplimiento de las obligaciones que el contrato de transporte le impone al porteador.

El juicio se constituye alrededor del plazo especial de prescripción de seis meses sin dar por establecida la hipótesis de responsabilidad por pérdida de las mercaderías que exige el artículo 214 N° 4 del Código de Comercio, que el fallo de apelación impugnado había aplicado. En el caso, atendiendo a su índole de ley especial, debe entenderse circunscrita a las hipótesis determinadamente señaladas en su texto: las acciones que se vinculan con las obligaciones del porteador por pérdidas, desfalcos y averías derivadas del contrato de transporte definido en el artículo 166 del mismo cuerpo legal y siempre que ese transporte se realice dentro del territorio de la República o se dirija desde Chile a territorio extranjero. Pero precisamente es esa señalada característica la que impide extender su aplicación a situaciones no contempladas en la norma, como lo es aquella relacionada con acciones destinadas a hacer efectiva la responsabilidad del porteador por incumplimiento del contrato de transporte, caso en el cual la prescripción ha de entenderse regida por la normativa general prevista sobre la materia en el artículo 822 del mismo Código, de acuerdo con el cual las acciones que procedan de las obligaciones de que se trata en el Libro II -en cuyo Título V se regula precisamente el transporte terrestre- y que no tengan un plazo especial de prescripción, durarán cuatro años.

Los jueces del fondo, si bien acogen la prescripción de seis meses estipulada en el artículo 214 N° 4 del Código de Comercio, no dan por establecidos los presupuestos de la responsabilidad del porteador por pérdidas, desfalcos y averías, sino que, descartadas estas últimas dos hipótesis por ser impertinentes a los hechos, lejos de dar por sentado que las especies estuviesen perdidas, dan por acreditado que las especies fueron recibidas el 31 de mayo de 2013 por la empresa que correspondía.

Habiendo resuelto lo anterior, se considera también que al no estar acreditado que las mercaderías se encuentran perdidas, la responsabilidad del porteador sólo puede entenderse circunscrita al incumplimiento de las obligaciones que el contrato de transporte le impone al porteador de acuerdo al artículo 191 del Código de Comercio, en particular la de concluir el viaje entregando las especies en el lugar de destino.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema: la revisión de los contactos de un celular incautado está dentro de la hipótesis de flagrancia que permite actuar autónomamente a la policía

Con fecha 6 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el acusado, frente a la sentencia de juicio oral que lo condenó como autor de un delito de robo con intimidación y de un delito de hurto. Fundamenta su recurso en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, señalando la infracción al debido proceso en relación al derecho a un proceso previo legalmente tramitado, por efectuarse llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautan al imputado y por un reconocimiento fotográfico deficiente. Sin embargo, se estima que en una situación de flagrancia los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito, pudiendo revisar los celulares que tenía el detenido con el fin de encontrar testigos o posibles víctimas. Así, por ser flagrancia tal situación no requiere autorización del Ministerio Público.

La sentencia considera respecto a la realización de diligencias no autorizadas, que en el caso se está frente a la situación de flagrancia de los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal, debido a que la policía recogió la denuncia de una presunta víctima que señaló la comisión de un reciente ilícito y del lugar por donde huía su hechor, obteniendo la pronta detención del sujeto. En esta circunstancia, los policías se encuentran obligados al registro e incautación de especies provenientes del delito y de los objetos utilizados para cometerlo. De esa manera, la incautación del celular se encontraba autorizada expresamente en ese supuesto, de conformidad al artículo 187 del Código Procesal Penal.

Además, señala el recurso que los policías efectuaron llamadas a través de los teléfonos celulares que le incautaron al imputado, realizando así una diligencia autónoma no autorizada. Sin embargo, los agentes estatales se encontraban facultados para realizar –sin necesidad de instrucción previa del Ministerio Público– las diligencias básicas e indispensables para identificar a los posibles testigos, según lo establece el artículo 83 letra d) del Código Procesal Penal. Por su parte, el acusado no señaló ningún derecho sobre los aparatos, por lo que no puso en duda la legitimidad de su revisión por parte de los policías.

Ahondando más en el asunto, la corte considera que se está ante lo que la doctrina ha llamado «descubrimiento inevitable», planteamiento que diluye el vínculo entre la supuesta infracción y el hallazgo de la evidencia incriminatoria. Conforme a esta doctrina, puede afirmarse que existiendo medios probatorios que indiquen que la prueba cuya ilicitud se discute también pudiese haber sido descubierta por medios lícitos, se puede también sostener la pérdida del vínculo causal entre la ilicitud original y el hallazgo posterior. Por lo tanto, el hallazgo de la prueba incriminatoria es inevitable y lícito. Dado que el acusado fue detenido de manera flagrante, de todas formas la Fiscalía iba a instruir la revisión de los teléfonos, sea inmediatamente después de que se le comunicara la detención y sus circunstancias, o durante el curso de la investigación, por lo que los policías no hacen sino adelantarse –con facultades para ello– a una diligencia que necesariamente debía ejecutarse más adelante.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema: no se dan por establecidos los elementos ni el desequilibrio de poder negociador para que haya un contrato de adhesión

Con fecha 2 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, en juicio ordinario sobre indemnización de perjuicio por infracción al derecho del consumidor por estimarse que el contrato de promesa de compraventa realizado con una inmobiliaria no es de adhesión. Para decidir esto, el tribunal considera que se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa suscrito con la inmobiliaria fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales. Sin embargo, no se prueba ni esto, ni un desequilibrio de poder negociador que permitiría imponer estas cláusulas.

La sentencia unánime considera que para que sea aplicable la norma que permite al consumidor recurrir siempre a la justicia ordinaria debe tratarse en el caso de un contrato de adhesión. En efecto, el artículo 16 de la Ley 19.946 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se ubica en el párrafo 4° del Título II, titulado «Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión». Por lo demás, el inciso que inicia el artículo 16, que determina el ámbito de las reglas, se refiere expresamente a los contratos de adhesión. Sin embargo, el demandante no puede demostrar que existe un contrato de adhesión, por lo que para resolver cualquier conflicto del contrato corresponde se debe ejecutar la cláusula de arbitraje y no recurrir a la justicia ordinaria, como permite la ley.

El demandante ha fundado su alegación de que el contrato de promesa de compraventa es de adhesión en la circunstancia que habría sido redactado por la Inmobiliaria demandada, y en que existen varios contratos del mismo tipo celebrados por ella con otros promitentes compradores en los que la competencia queda radicada en los tribunales ordinarios, mientras en otros se radica ante el juez árbitro, lo que en su concepto demostraría que la cláusula de competencia queda entregada al arbitrio de la demandada. Tales postulados resultan insuficientes para evidenciar que en la promesa de venta de que se trata el consentimiento se haya formado mediante la sola aceptación expedida por el actor, de las condiciones dispuestas por la demandada.

Por regla general la compraventa de un inmueble es (y lo propio puede sostenerse de una promesa de compraventa, si se mantuviere la aplicación de estas reglas a ella) un contrato de libre discusión en el que las partes debaten y estipulan libremente su contenido. Por otra parte, si bien la doctrina reconoce que los contratos de adhesión pueden presentarse no sólo en aquellas situaciones en que hay condiciones generales de contratación o estandarización contractual, sino también en una convención aislada entre dos sujetos (donde la oferta no tendrá las características ni de generalidad ni de permanencia, y probablemente tampoco de minuciosidad, caracteres comúnmente pedidos para la adhesión), en todo caso debe estar presente un rasgo que se tiene por decisivo para calificar la adhesión: el desequilibrio del poder negociador de los contratantes.

En tal sentido, se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales: en particular, las relativas a la cosa, el precio, la forma de pago, y al plazo o condición que fija la época de celebración del contrato prometido en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1554 del Código Civil. Además, ciertamente debió demostrarse la presencia de elementos constitutivos de aquel desequilibrio del poder negociador que constituye el contrato por adhesión.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte Suprema: Seremi de Salud tiene facultades para prohibir el funcionamiento de la consulta profesional de una extranjera sin título convalidado

Con fecha 6 de marzo de 2017, la tercera sala de la Corte Suprema acoge de manera unánime el recurso de apelación, revocando la sentencia de protección que dejó sin efecto las resoluciones dictadas por la Seremi de Salud que prohibieron el funcionamiento de la consulta profesional de la recurrente, desconociendo el título que posee para ejercer su profesión. De esta manera, reinstaura la prohibición dictada por la autoridad administrativa. Se considera que en tal actuar no hay ilegalidad, toda vez que la Seremi tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud. La falta de inclusión de la carrera de optometría en el Código Sanitario de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional.

El tribunal considera que no es factible atribuir a la Seremi ilegalidad alguna por su resolución, toda vez que aquella tiene las facultades legales para prohibir el funcionamiento de determinados establecimientos en casos que exista un riesgo para la salud, según lo dispone el artículo 178 del Código Sanitario. Esta atribución debe ser directamente relacionada con los antecedentes de hecho del caso, pues el servicio de su profesión constituía un riesgo inminente para la salud de las personas, estableciéndose que la consulta de optometría funcionaba dentro de la sala de ventas de una óptica, soslayando que lo hacía en otra parte del mismo local comercial. Con esto, y lo dispuesto en el artículo 126 inciso segundo del Código Sanitario, se puede descartar además la arbitrariedad de la conducta atribuida a la Seremi de Salud regional.

El tribunal entra a analizar, para hacer esta interpretación de la ley, el fin del artículo 126 del Código Sanitario, dictaminando que la prohibición de funcionamiento de consultas en el interior de establecimientos ópticos se hace aplicable a las consultas optométricas, toda vez que el optómetro es un profesional que puede medir la visión, detectar problemas y prescribir lentes correctivos.

El artículo 126 del Código Sanitario permite que en los establecimientos de óptica se abran locales destinados a la recepción y al despacho de recetas emitidas por profesionales relativas a lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente, estableciendo que en ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos. Esta normativa tiene claramente un fin preventivo relacionado con los conflictos de intereses que se pueden producir en un ámbito tan delicado como es la salud, puesto que resulta evidente que el interés que tiene el establecimiento óptico por vender sus productos no puede estar relacionado con la prescripción de aquellos por parte de los profesionales que se encuentren estrechamente relacionados con aquél.

Además, en atención a que en Chile tal carrera no se imparte por las Universidades chilenas nuestro Código Sanitario obvió su inclusión, pero aquello de modo alguno puede implicar que tal profesión se ejerza al margen de toda la normativa sanitaria nacional. Esto, máxime si en virtud de la Convención sobre Canje de Títulos contenida en la Ley N° 3860, únicamente se exime a los optómetras colombianos de la obligación de convalidar estudios ante la facultad de medicina de la Universidad de Chile.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Corte de Puerto Montt: beneficios de libertad vigilada a condenados por delitos sexuales contra menores por no cumplir el objetivo de resocialización

Con fecha 27 de Febrero de 2017, La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acoge el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía, revocando la resolución que otorgaba beneficio de libertad vigilada a los condenados por el delito de estupro. En el caso no se entregan en el proceso antecedentes sociales, laborales, educacionales y características de personalidad de los condenados, ni otros elementos suficientes que hubiesen permitido al Tribunal presumir que los beneficios carcelarios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores los disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

El voto de mayoría de la sentencia resolvió de tal manera, estimando que el espíritu de las penas sustitutivas es la de resocialización de los condenados por medio de sanciones cuyas consecuencias sean menos perjudiciales para éstos. De esta forma, el tribunal debe tener presente para determinar su procedencia y optar entre diversas penas sustitutivas, entre otras circunstancias: el tipo de delito cometido, las modalidades y móviles del ilícito, la extensión de la pena impuesta, y la existencia de penas anteriores. Todo esto, a fin de lograr un carácter disuasivo de la medida en el comportamiento posterior de éstos.

Por lo demás, se consideró que no se logró formar la convicción de que con la libertad vigilada intensiva y con la remisión condicional de la pena los condenados no volverán a delinquir, en atención a las naturaleza de los delitos imputados –estupro, obtención de servicios sexuales de menores de edad y almacenamiento de material pornográfico infantil–, su modalidad, su número y teniendo en especial consideración el estado de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas al momento de ser ofendidas penalmente.

Además, tampoco se allegan antecedentes sociales, laborales, educacionales y características de personalidad de los condenados, ni otros elementos suficientes que hubiesen permitido al Tribunal presumir que alguno de dichos beneficios lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos, resultando insuficiente para los fines perseguidos por la norma el único informe social que se conoció sólo respecto de uno de los condenados.

El fallo cuenta con el voto de disidencia del Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García, que estuvo por acceder al otorgamiento de las penas sustitutivas impuestas en la sentencia en alzada.

El disidente estima que los sentenciados estuvieron afectos a prisión preventiva y luego, hasta la fecha de comunicación de la sentencia, con arresto domiciliario total, medida cautelar esta última que ha sido cumplida de manera satisfactoria sin que exista constancia de su quebrantamiento. Con dicha conducta se revela que los condenados pueden someterse a condiciones especiales para evitar comisión de nuevos ilícitos, pudiéndose esperar en consecuencia una baja probabilidad de reincidencia.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

A %d blogueros les gusta esto: