Sala del Senado aprobó la idea de legislar sobre la regulación del contrato de trabajo por obra o faena

En forma unánime la Sala del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que modifica el Código del Trabajo para regular el contrato de trabajo por obra o faena y fijó el 8 de mayo como plazo para presentarle indicaciones.

La iniciativa que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta, precisa en el Código del Trabajo el concepto de contrato por obra o faena, confiriendo el derecho a feriado anual y una indemnización equivalente a dos y medio día de remuneración por cada mes trabajado si el contrato hubiere estado vigente por un mes o más.

Durante el debate intervinieron los senadores Adriana Muñoz, Rabindranath Quinteros, Carlos Bianchi, Ena Von Baer, Alejandro Navarro y José García Ruminot.

ALCANCES DEL PROYECTO
  • Precisa el concepto de contrato por obra o faena, señalando que se refiere a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada, en su inicio y en su término, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquella.
  • Otorga el carácter de contrato de plazo indefinido a aquella situación laboral en la que las partes celebran distintos acuerdos para cada una de las diferentes y sucesivas etapas de una misma obra o faena.
  • No tendrán el carácter de contratos por obra o faena los que implican la realización de labores o servicios de carácter permanente y que, como tales, no cesan o concluyen conforme a su naturaleza.
  • Extiende el derecho al feriado anual al trabajador que preste servicios continuos al mismo empleador en virtud de dos o más contratos celebrados por obra o faena determinada y que sobrepasen el año.
  • Reconoce al trabajador el derecho a indemnización por término de contrato, equivalente a 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días, cuando el contrato celebrado para una obra o faena determinada, hubiere estado vigente por un mes o más.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 7691-13.

Corte de San Miguel: la sanción por no pago de cotizaciones previsionales procede independiente de quien haya deducido la acción para poner término a la relación laboral

Con fecha 23 de enero de 2017, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acoge el recurso de nulidad interpuesto por el trabajador en contra de la sentencia que no aplicó la sanción de nulidad del despido ante el incumplimiento de su empleador en el pago de cotizaciones previsionales. Esto, pues la sanción de nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales procede sea que el trabajador o el empleador le hayan puesto término a la relación laboral. Además, respecto de la responsabilidad solidaria de la empresa principal, esta solo tiene lugar respecto de las obligaciones laborales y previsionales que se generan durante el servicio de los trabajadores subcontratados.

El fallo unánime considera que si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional, corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162 inciso 5º del Código del Trabajo, independiente de quien haya deducido la acción para ponerle término. Sea que la haya deducido el empleador o el trabajador, el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera es el mismo: el empleador no enteró las cotizaciones previsionales a los órganos respectivos en tiempo y forma. En consecuencia, la sentencia impugnada ha efectuado una incorrecta aplicación de los artículos 160 y 171 del estatuto laboral ya citado.

Sobre las alegaciones de responsabilidad solidaria, durante el periodo que la demandante trabajó en régimen de subcontratación para la demandada solidaria, el empleador pagó las cotizaciones de seguridad social, de Fonasa y de AFC. En efecto, los periodos impagos que la juez a quo da por establecido se refieren a periodos diversos a aquellos en que la demandante prestó servicios para la demandada de que trata. Consecuentemente, yerra la sentencia impugnada en su análisis del artículo 183 B del Código del Trabajo al entender que la demandada debe responder de las obligaciones labores y previsionales correspondiente a un período diverso a aquel durante el cual el trabajador prestó servicios en régimen de subcontratación. Aquello implica darle al artículo 183-B del Código del Trabajo un alcance restringido que no se justifica.

Finalmente, se comenta que si el recurrente invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, no puede el tribunal de alzada variar los presupuestos fácticos a que ha arribado el juez de la instancia, toda vez que éstos resultan inamovibles para la Corte de Apelaciones. En la especie, se encuentra asentado en la sentencia que el actor prestó servicios para la empresa demandada a partir del 3 de marzo de 2010 y sobre la base de dicho presupuesto acogió la demanda por despido indirecto. Luego, el recurso no puede pretender por la vía de esta causal modificar los hechos asentados en el fallo que se revisa. A lo anterior ha de señalarse que el presente recurso de invalidación es de carácter formal y de derecho estricto, razones por las cuales, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 474, 477, 479 y siguientes del Estatuto Laboral que lo regulan, en el escrito de interposición el recurrente debe expresar con claridad y precisión las leyes que se habrían infringido en la sentencia. De igual forma, señalar como el vicio invocado ha influido en lo dispositivo del fallo cuestión que el recurso omite indicar.

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Extensión de cotizaciones para el seguro ante accidentes laborales y la creación de un fondo para el acompañamiento de menores serán analizados por la Comisión de Hacienda

La Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas.

El mensaje posee suma urgencia, más aún, al considerar que el 31 de marzo del presente año expira la obligación de una cotización  extraordinaria del 0,05% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, en favor del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744.

El objetivo de la norma es hacerse cargo del financiamiento de mediano y largo del plazo del Fondo de Contingencia de las Mutualidades de Empleadores, asegurando la sostenibilidad financiera de estas entidades y el respaldo de los compromisos futuros de pago de las prestaciones económicas por conceptos de pensiones y sus incrementos extraordinarios.

Para ello -tal como se desprende de las argumentaciones del texto legal- se ha estimado necesario extender la vigencia de la cotización extraordinaria a contar del mes de abril de 2017, estableciendo una disminución gradual hasta su extinción definitiva, en diciembre de 2019, para que el Fondo de Contingencia alcance el monto estimado al de los pasivos que está llamado a financiar.

FONDO DE ACOMPAÑAMIENTO

Por otro lado, el mensaje se hace cargo de la necesidad de fortalecer su sistema de protección social ampliándolo a contingencias que hasta hoy no se encuentran cubiertas y que al verificarse, producen un impacto severo en las familias, afectando sus ingresos laborales, su calidad de vida y su trayectoria de desarrollo. Estos avances son posibles en la medida que se implementen en forma gradual, con sostenibilidad financiera y con el compromiso de todos los sectores. El AUGE, el Seguro de Cesantía, la universalidad en la educación preescolar, el Sistema de Pensiones Solidarias y, más recientemente, la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo (“Ley Luis Ricarte Soto”) entre otras políticas públicas, son una prueba que ello es posible.

Ahora bien, una de las circunstancias imprevistas que afectan más severamente a una familia corresponde al período en que alguno de sus hijos menores de edad enfrenta una condición grave de salud y de alto riesgo vital. El cáncer o la necesidad de un trasplante de órgano son condiciones de salud inesperadas que requieren que un niño, niña o adolescente no sólo cuente con la atención médica necesaria, sino también con el cuidado, atención y acompañamiento de sus padres durante el período más crítico del tratamiento y de este modo, avanzar más rápidamente en la recuperación de su salud.

Haciéndose cargo de esta necesidad, el Gobierno ha resuelto impulsar un proyecto de ley destinado a crear un seguro obligatorio, de carácter solidario, que beneficie a las madres y padres trabajadores de hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 ó 18 años de edad, dependiendo de la contingencia cubierta, afectados por una condición grave de salud, con el objeto que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, recibiendo durante este período de tiempo una prestación económica que reemplaza total o parcialmente su remuneración mensual, la que será financiada con cargo al seguro. Este proyecto de ley, en consecuencia, crea el fondo a través del cual se financiará este seguro.

(Fuente: Diputados)

Corte Suprema acoge Recurso de Protección y ordena redireccionar cámara de vigilancia en flota de buses

La Corte Suprema confirmó el fallo que acogió el recurso de protección presentado por el sindicato de conductores en contra de la empresa Flota Talagante, por la instalación de cámaras de vigilancia al interior de los buses y que ordenó redireccionar los dispositivos para que no apunten al rostro de los choferes.

En fallo dividido (causa rol 39-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– ratificó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió la acción cautelar por considerar que la instalación original de las cámaras viola la protección a la vida privada y la honra de los trabajadores.

«Que luego del análisis de los hechos, la sentencia concluye que atendido que el objetivo y finalidad de la instalación de cámaras es la protección y seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros y no el control de los primeros, una cámara de grabación enfocando exclusivamente al conductor o el rostro del mismo y con el audio no se condice con el objetivo explícito de la medida y sí aparece como un medio de control, entendiéndose de esa forma o al menos amenazando el derecho constitucional contenido en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República», establece el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que: «se comparte el razonamiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel en cuanto entendió que correspondía respetar el derecho antes aludido, por lo que acoge el recuso sólo en cuanto se dispone que se redireccionen las cámaras sin enfocar el rostro de los choferes, respetando así el derecho de sus empleados a la vida privada, aún en su lugar de trabajo».

Decisión adoptada con el voto en contra de la ministra Egnem.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de La Serena: La no renovación de una contrata de manera infundada atenta contra el principio de confianza legítima de la administración

Con fecha 14 de febrero de 2017, la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acoge el recurso de protección interpuesto por un funcionario contra el Instituto Nacional del Deporte, por no renovar su contrata mediante una resolución infundada. El tribunal considera que la resolución que no renueva la contrata que lleva 10 años en la Institución debe ser debidamente fundamentada. De otro modo, deviene en un acto arbitrario que contraviene el principio de confianza legítima, como ocurre en el caso.

La sentencia unánime del tribunal de apelaciones considera que al ser renovada durante 10 años la vinculación de funcionaria, al actor le asistió –al amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5, 8 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica– la confianza legítima de que sería recontratado para el año 2017. La confianza legítima se traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente. Es deber derivado del principio de la confianza legítima que los órganos de la administración del Estado actúen coherentemente, y en el caso de determinar una decisión distinta a la que han venido adoptando, dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de carácter positivo debidamente motivado a través del cual este se manifieste, justificado en hechos o circunstancias comprobables.

En concreto, parte de la arbitrariedad está en que el acto de notificación en que se indica al recurrente que no será nombrado para un nuevo período no aparece respaldado por un acto administrativo formal emanado de la autoridad superior del Servicio, precisamente porque el tal acto no existía todavía. Tal deficiencia en el proceder se intenta salvar mediante la posterior dictación de una Resolución por parte del Director Nacional en el que aparecen una serie de imputaciones, las que a esa fecha se encontraban abarcadas por un sumario administrativo recién iniciado, encontrándose pendiente la citación al recurrente a fin de que preste declaración ante la Fiscal instructor a cargo. Lo cierto es que ninguna de esas imputaciones —dada su gravedad— están comprobadas en la sede administrativa correspondiente, como tampoco en esta sede de protección, vale decir, al momento de la exoneración no se encontraban acreditadas con el resultado final del sumario administrativo, que el propio Director Nacional ordenó incoar para establecer las responsabilidades del caso sancionar al funcionario si fuere encontrado responsable, incluso con la destitución del cargo si resulta mérito para ello.

Adicionalmente, el Instituto transgrede la presunción de inocencia que asiste al funcionario, y se vulnera respecto de éste la garantía a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso primero de la Carta Fundamental, y por derivación se conculca también la prohibición de discriminación arbitraria aludida en el artículo 19 N° 2, inciso segundo, y la obligación del legislador de garantizar un procedimiento racional y justo, a que se refiere el artículo 19 N° 3 inciso sexto. Todo ello sobre la base de que el funcionario fue objeto de una exoneración irregularmente tramitada, principalmente porque además de que la notificación de exoneración no tenía causa jurídica (que se intentó sanear con una resolución tardía), esta fue basada en conjeturas sometidas a la investigación de un sumario administrativo recién iniciado y sin que conste en él acusación alguna emanada de la Fiscal a cargo, y menos una resolución sancionatoria de la autoridad competente, que pueda, por el momento, dar pie a la decisión de exonerarlo de la institución.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, si bien es cierto el artículo 20 de la Constitución no ofrece el recurso de protección respecto de todas y cada una de las garantías constitucionales, sí lo hace respecto de aquella que garantiza la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, entendida como el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar arbitrariamente entre ellas. En el caso particular, esto ocurre porque se ha aplicado al actor un procedimiento de exoneración apartado de las formalidades administrativas mínimas y sustentada en motivaciones que al momento de su concreción se apartaron de una ponderación objetiva y de la justificación necesaria que tal medida requiere, afectando la garantía señalada, anticipando la pena derivada de un sumario administrativo inconcluso.

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Cámara de Diputados analizará en sala proyecto que crea bases de un seguro para trabajadores con hijos gravemente enfermos

Sentar las bases de un nuevo componente del sistema de protección social a través de la creación de un fondo que financie un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas menores de edad, afectados por una condición grave de salud y/o de alto riesgo vital es el fin del proyecto que abordará hoy la Sala de la Cámara de Diputados.

La propuesta legal, calificada con urgencia de Discusión Inmediata (seis para el trámite), fue discutida y aprobada ayer en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo. En ambas instancias, la iniciativa contó con el respaldo unánime de los legisladores presentes en cuanto a su idea de legislar, principalmente porque se reconoció las dificultades que los padres presentan a la hora de enfrentar la enfermedad grave de un hijo.

Sin embargo, la discusión también contó con observaciones y críticas, particularmente de la oposición en el caso de la Comisión de Hacienda, dirigidas a la urgencia del trámite y al hecho que la aprobación del sistema conlleva amarrada una institucionalidad que aún no existe y que solo se definirá a través de un proyecto de ley a presentarse con posterioridad.

Al respecto, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó que la demora en el ingreso de la presente propuesta se debió a que se buscó llegar al Parlamento con el acuerdo de las mutualidades en la mayor parte de las materias. Acotó que uno de los temas pendientes, que justamente ha imposibilitado la entrada del proyecto que crea el nuevo seguro para los padres (Sanna), es definir la forma en que se validará que los accidentes efectivamente existan (para las enfermedades bastará que estén contempladas en el sistema GES).

Otro tema de debate se radicó en el artículo tercero transitorio que, en lo fundamental, determina que, si dentro de los seis meses siguientes al envío del proyecto de ley que definirá el Fondo Sanna, este no fuese aprobado, se extinguirá la cotización creada en la presente propuesta legal.

Si bien ya había sido objeto de observaciones en la Comisión de Hacienda, fue en la Comisión de Trabajo donde la discusión tomó mayor realce, ya que diputados oficialistas refutaron la falta de confianza del Ejecutivo en el texto que se propondrá en el proyecto de ley Sanna.

A la hora de votar, la Comisión de Hacienda aprobó el conjunto de artículos (cinco permanentes y tres transitorios) por ocho a favor y cinco abstenciones (todos de la oposición). A su vez, la Comisión de Trabajo aprobó el articulado, con excepción del tercero transitorio, por siete votos a favor; en tanto que el tercero transitorio lo ratificó por cuatro votos a favor y tres en contra.

El hasta ayer presidente de la Comisión de Trabajo, Patricio Vallespín (DC), valoró el tenor de la propuesta legal y remarcó que la iniciativa responde a una demanda que nace de la sociedad civil. «Lo que hoy sucede en los hechos es que la gente no va al trabajo porque está con sus hijos y termina perdiendo el trabajo por esa situación no considerada y que muchos países la tienen. Por lo tanto, creo que estamos avanzando en la línea correcta y la Presidenta cumplió con ingresarlo el día de ayer y nosotros hemos cumplido con aprobarlo en la Comisión de Trabajo y hoy, no me caben dudas, que se va a aprobar en la Sala», planteó.

Datos del proyecto y del sistema que se creará

En su exposición de ayer, la Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, explicó que el proyecto contempla como primer objetivo hacerse cargo del financiamiento de mediano y largo del plazo del Fondo de Contingencia de las Mutualidades, asegurando la sostenibilidad financiera de estas entidades y el respaldo de los compromisos futuros de pago de las prestaciones económicas por conceptos de pensiones y sus incrementos extraordinarios.

Para lo anterior, precisó, la propuesta legal permite la extensión de la vigencia de la cotización extraordinaria que los empleadores pagan a las mutualidades, a contar del 1 de abril de 2017 y en forma indefinida, pero considerando una disminución gradual hasta su extinción definitiva.

Además, se establece un límite máximo de recursos que las mutualidades deben aportar al Fondo de Contingencia por la diferencia positiva del GPE (Gasto de Pensiones Equivalente) y el GAP (Gasto Ajustado de Pensiones) anuales, equivalente al 4% de los ingresos por cotización básica; al tiempo que se disminuye el requerimiento de respaldo con activos financieros líquidos del 100% del Fondo de Reserva de Pensiones a un 65%.

En segundo lugar, tal como se adelantó, el proyecto crea las bases para un fondo que financie un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas menores de edad, afectados por una condición grave de salud y de alto riesgo vital.

La idea, explicó, es que las madres y padres puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, a través de una licencia médica, para prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos enfermos o accidentados. Durante ese periodo, el seguro-subsidio entregará al trabajador una prestación económica que reemplazará total o parcialmente su remuneración mensual.

Según especificó la Ministra, los beneficiarios de este seguro serán los y las trabajadoras, dependientes del sector público y privado, así como los independientes, que cumplan los requisitos legales. En tanto, los causantes del beneficiario serán los hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años de edad, afectados por una condición grave de salud debidamente calificada.

Alejandra Krauss detalló que el sistema tendrá como base de financiamiento parte de la cotización que hoy se paga a las mutualidades y que este proyecto de ley extiende en su aplicación, justamente en la perspectiva de la concreción del Fondo Sanna. La proyección de los aportes será como sigue:

  1. Hasta diciembre de este año, la cotización será de 0,05%, con un 0,04% para las mutualidades y un 0,01% para el nuevo seguro.
  2. En 2018, la cotización total se reducirá a un 0,03% y el aporte se repartirá en un 0,015% para las mutualidades y en un 0,015% para el seguro.
  3. En 2019, la cotización pasa a ser de un 0,01% para las mutualidades y de un 0,02% para el Sanna.
  4. A partir del 1 de enero de 2020 la cotización total del 0,03% va al seguro.

Los Ministros sostuvieron que las mutualidades actuarán solo como entidades recaudadoras de la cotización y adelantaron que la administración del fondo, la calificación de los beneficiarios y la gestión integral de los beneficios será realizada por un órgano definido en la ley que creará formalmente el Sanna. Afirmaron que dicho proyecto de ley entrará a trámite legislativo al Parlamento dentro de los próximos 60 días y que se contemplará un plazo de seis meses para su aprobación (citado artículo tercero transitorio).

Finalmente, estimaron que la cotización tendrá enormes beneficios sociales y para la productividad laboral, dado que se reducirán las contribuciones que realizan los empleadores (de 0,05% a 0,03%), lo que implicará un ahorro para los afiliados a las mutualidades de más de $8.481 millones y de más de $866 millones para los afiliados al Instituto de Seguridad Laboral.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11161.

Ratifican cuota de 1% para inclusión de personas con discapacidad en mundo laboral

Con 106 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados ratificó la propuesta de la Comisión Mixta para el proyecto de ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral y modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad.

El texto consensuado establece que en los procesos de selección de personal, los órganos de la Administración del Estado, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad.

Asimismo, las instituciones antes mencionadas, que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación que establece esta ley. En el caso de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, esta obligación considerará sólo a su personal civil.

De no ser posible el cumplimiento de esta obligación, las entidades antes señaladas deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se considerarán razones fundadas aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución; no contar con cupos disponibles en la dotación de personal y la falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.

Empresa privada

El texto legal dispone también que las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez.

Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación correspondientes. El empleador deberá registrar estos contratos de trabajo sus modificaciones o términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, la que llevará un registro actualizado y reservado.

Las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente esta obligación, deberán darle cumplimiento en forma alternativa, con alguna de estas medidas:

a) Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, con un monto anual no inferior a 24 ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley de Donaciones. Entre otras reglas, se estipula que estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletines N° 7025 y 7855.

Contraloría se pronunció sobre incumplimiento de pago de honorarios y contratación de personas con discapacidad por parte de municipalidad

Contraloría General de la RepublicaSe denunció ante la Contraloría General de la República el incumplimiento en los pagos por servicios prestados en la Municipalidad de Cerro Navia en calidad de honorarios correspondientes al mes de abril y a los primeros días de mayo de 2016, por cuanto el trabajo que se habría desarrollado en esa entidad no tenía relación con el decreto alcaldicio que aprobaba la respectiva contratación, situación que habría originado la dilación en el desembolso de otros periodos en que ejerció sus labores. Añade que cuando consultó por la situación que le aquejaba, no tuvo respuesta por parte del Alcalde, la Administradora Municipal ni del Contralor Municipal.

Al respecto, el ente de control recordó que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa contenida en sus dictámenes N°s. 7.266 de 2005 y 40.050 y 49.429, ambos de 2014, ha considerado que las personas contratadas a honorarios, no le son aplicables las disposiciones de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por cuanto no tienen la calidad de funcionarios municipales.

Enseguida, la Contraloría indica a propósito de las indagaciones efectuadas sobre el particular, permitieron tomar conocimiento que la Municipalidad de Cerro Navia, el 30 de julio de 2015, dictó el reglamento N° 1 sobre “Contratación de Personas a Honorarios”, aprobado por la autoridad comunal en igual fecha, señalando sus artículos 23 y 24, las condiciones y fijación de la fecha de pago de esas personas dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.

Así, consta en dichos decretos la aprobación de las labores a honorarios del recurrente, fijándose como periodo de desempeño entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, cuyo cometido para el primer acto administrativo tenía relación con el “Estudio o proyecto que permita conocer de manera sistemática la situación actual de las organizaciones sociales de Cerro Navia, para construir fundamentalmente una propuesta que permita apoyar su desarrollo”, objetivo que fue cambiado en el mes de octubre de 2015 para “Desarrollar procedimientos de control interno a las operaciones que desarrolla la Dirección de Administración y Finanzas, en las áreas de Patentes Comerciales, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Recursos Humanos, con el fin de asegurar la eficiencia y resguardar la gestión municipal en éstas áreas”. Añade, que estas últimas funciones se prorrogaron y sancionaron para el año siguiente en el decreto alcaldicio N° 31, de 2016.
A su vez, la Contraloría hace presente que consultada a la autoridad comunal, esta indicó que habiendo revisado los libros de ingreso de correspondencia en la unidades de Recursos Humanos, Administración y Oficina de Partes, no existió constancia de la renuncia del denunciante, y que al no presentarse a trabajar la autoridad comunal dictó el decreto alcaldicio N° 312 de 2016, que le puso término al contrato a contar del 6 de mayo de ese año, en conformidad con la cláusula primera del acuerdo. Agrega, que conjuntamente se remitieron los desembolsos de las mensualidades de los servicios prestados por el afectado, desde el 2015 a marzo de 2016 y la hoja de observaciones N° 70, de 12 de abril de ese último año, del Contralor Municipal, quien no aprobó el pago de servicios del denunciante en el mes de marzo, pagaderos en abril, argumentando que la labor específica para la cual fue contratado no tenía relación con el informe mensual de actividades que describía las tareas asociadas al proceso de conciliación bancaria, concluyendo que eran ajenas a lo requerido y la improcedencia que fueran retribuidas.

Posteriormente, la autoridad comunal complementó la respuesta entregada inicialmente a la Contraloría, indicando que en forma previa al entero de los honorarios el ex contratado debe subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal en las hojas de observaciones N°s. 61, y 70, del 7 y 12 de abril de 2016, respectivamente, que objetaron el pago por los servicios prestados en marzo de este año, reiterando que las actividades informadas no daban cuenta del cumplimiento de las labores contratadas. Respecto a los desembolsos efectuados al ex servidor, se comprobó que en los meses de enero, febrero, agosto y septiembre todos de 2015, el entero se realizó en una fecha posterior a la periodicidad mensual establecida en el contrato a honorarios suscrito entre las partes y que existen montos adeudados desde abril de 2016 hasta los cinco primeros días de mayo.

Sobre la improcedencia del pago argumentada por el Director de Control de esa corporación edilicia, el órgano contralor aduce que tal como lo ha reconocido, los honorarios constituyen una contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador, en razón del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, en el cual el desempeño de una labor para la Administración lleva aparejado el pago de las sumas pertinentes, de manera que, de no realizarse dicho desembolso, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de ella, situación que acontecería en el caso que se analiza si no se pagan denunciante sus honorarios respecto del periodo mencionado precedentemente (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 75.482 de 2010, 54.812 de 2011, 62.690 de 2012, 5.620 de 2013 y 61.314 de 2014, todos de este origen).

De esa forma, la Contraloría concluye en síntesis manifestando que, en mérito de lo expuesto, la Municipalidad de Cerro Navia deberá, en el más breve plazo, pagar al afectado, informando de ello al Departamento de Atención y Denuncia Ciudadana, y ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que no adecuaron oportunamente el cambio de cometido asignado al afectado, remitiendo al citado Departamento la copia del decreto alcaldicio que lo disponga y la designación del fiscal en el plazo ya indicado.

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte Suprema acoge unificación de jurisprudencia y establece que empleadores no pueden descontar aportes del seguro de cesantía

Seguro cesantíaLa Corte Suprema acogió recurso de unificación de jurisprudencia y estableció que en los casos de despidos declarados injustificados, los empleadores no pueden realizar descuentos de los fondos aportados al seguro de cesantía de los trabajadores.

En fallo unánime (causa rol 65.375-2016), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y los abogados (i) Álvaro Quintanilla y Carlos Pizarro– determinó la ilegalidad los descuentos realizados por la empresa Maritano y Ebensperger Ltda. en el despido injustificado del trabajador José Saez Muñoz.

«Que tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.
En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Adicionalmente, si se considerara la interpretación contraria, constituiría un incentivo a invocar una causal errada validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza, por cuanto significaría que un despido injustificado, en razón de una causal impropia, produciría efectos que benefician a quien lo practica, a pesar que la sentencia declare la causal improcedente e injustificada».

«Mal podría validarse –continúa– la imputación a la indemnización si lo que justifica ese efecto ha sido declarado injustificado, entenderlo de otra manera tendría como consecuencia que declarada injustificada la causa de la imputación, se le otorgará validez al efecto, logrando así una inconsistencia, pues el despido sería injustificado, pero la imputación, consecuencia del término por necesidades de la empresa, mantendría su eficacia».

Fallo que tuvo en consideración que «(…) el objetivo del legislador al establecer el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.728, que no ha sido otro que favorecer al empleador en casos en que se ve enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la empresa, con una suerte de beneficio cuando debe responder de las indemnizaciones relativas al artículo 161 del Código del Trabajo».

«Es así como, tratándose de una prerrogativa, debe ser considerada como una excepción, y por lo tanto, su aplicación debe hacerse en forma restrictiva, lo que lleva a concluir que sólo puede proceder cuando se configuran los presupuestos del artículo 161 mencionado, esto es, cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de uno o más trabajadores, de manera que, cuando por sentencia judicial se ha declarado que tal despido carece de causa, no es posible que el empleador se vea beneficiado, siendo autorizado para imputar a la indemnización por años de servicio, lo aportado al seguro de cesantía», establece.

Por ello, «no procede que el empleador impute la suma de $ 3.095.685, correspondiente al aporte al seguro de cesantía a la indemnización por años de servicio, por lo que deberá accederse a la demanda, también, en esta parte».

Por lo tanto, ordena:
«1°.- La demandada debe proceder a la devolución al actor de la suma de $ 3.095.685 que descontó indebidamente por concepto de seguro de cesantía.
2°.- La suma señalada deberá pagarse con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del código del ramo».

(Fuente: Poder Judicial)

Contraloría determinó que personal a honorarios debe observar principio de probidad administrativa

Contraloría General de la RepublicaSe denunció ante la Contraloría General de la República –por parte del diputado Gonzalo Fuenzalida- que el personal que detalla de la Municipalidad de La Reina -durante su jornada laboral- habría participado directamente en la campaña electoral del ex alcalde de la comuna, en los pasados comicios municipales.

La entidad edilicia en cuestión informó que las personas insectionidualizadas en la presentación estaban contratadas bajo la modalidad de honorarios, por lo que no revisten la calidad de funcionarios municipales, encontrándose regidos por el respectivo contrato, el que no establece un horario laboral, de modo que, a su juicio, los actos que se cuestionan obedecen a actividades particulares de aquellos, desarrolladas en el ámbito de su vida privada y libertad de expresión.

Al respecto, el ente de control recordó que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4°, inciso tercero, de la Ley N° 18.883, las personas contratadas a honorarios se rigen por las reglas que establezca el respectivo convenio y no les son aplicables la disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo, sin que pueda entenderse, como indica el municipio, que se trata de un contrato arrendamiento de servicios inmateriales previsto en el Código Civil, pues este constituye una figura ajena al sistema de provisión de empleos públicos, tal como lo sostiene, entre otros, el dictamen N° 53.440 de 2015.

Agrega enseguida que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa, ha precisado que quienes cumplen actividades a honorarios no poseen la calidad de funcionarios y, por ende, carecen de responsabilidad administrativa (aplica dictamen N° 17.593 de 2015).
No obstante lo anterior, y a diferencia de lo que entiende el órgano comunal, la Contraloría expresa que quienes se desempeñan como contratados a honorarios en la Administración, deben observar el principio de probidad administrativa en el desarrollo de las tareas encomendadas en virtud del respectivo acuerdo de voluntades, por cuanto si bien no son funcionarios públicos, tienen el carácter de servidores estatales y realizan una función pública (aplica criterio contenido en el dictamen N° 27.856 de 2016).

Siendo ello así, indica el dictamen que aquellos que se encuentran ligados a la Administración en la mencionada calidad deben dar estricto cumplimiento en todas sus actuaciones al principio de probidad administrativa establecido en el artículo 8° de la Constitución Política y que se encuentra desarrollado en la Ley N° 18.575, cuyo artículo 62, en sus N°s. 2, 3 y 4, preceptúa que lo contravienen especialmente el hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.

De lo expuesto, el órgano contralor advierte que los servidores públicos -entre ellos los municipales-, cualquiera sea su jerarquía y con independencia del estatuto jurídico que los rija, están impedidos de desarrollar, en el ejercicio de sus cargos o funciones, dentro de las dependencias públicas o utilizando bienes públicos, cualquier actividad de carácter político, como lo sería, a manera ejemplar, hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 50.078 de 2013, y 69.300 de 2016).

De esa forma, concluye la CGR señalando que, de la documentación examinada -en especial, fotografías que darían cuenta del desarrollo de actos de campaña política en favor del ex alcalde de la Municipalidad de La Reina-, no ha sido posible apreciar si tales acciones fueron realizadas al margen del desempeño de la función pública, y utilizando recursos y bienes propios, circunstancias a las que no se refirió la entidad edilicia, por lo que corresponde que ese órgano comunal instruya la pertinente investigación a fin de indagar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los funcionarios involucrados, debiendo remitir copia del decreto que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría (aplica criterio contenido en el dictamen N° 58.415 de 2013).

(Fuente: Diario Constitucional)

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